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caso Avalmadrid

Los contribuyentes españoles también pagaron parte del préstamo que no devolvieron los padres de Ayuso: 206.000 euros en 2015

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) pagó el 31 de octubre de 2015 a Avalmadrid 206.123,5 euros por el aval concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según la información proporcionada por la propia compañía pública a infoLibre través del Portal de Transparencia, esa cantidad equivale al 50% del préstamo de 400.000 euros afianzados por Avalmadrid, más los intereses devengados en aquel momento. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro.

Cersa actuaba como reavalista, es decir, afianzaba al primer avalista, que era Avalmadrid. Cersa es una sociedad con un 98% de capital público y dependiente del Ministerio de Industria: el 74% de sus acciones son de Patrimonio del Estado y el 24% del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Es la encargada de otorgar el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíprocas que existen en España. Firma cada año un acuerdo con éstas, para reavalar las operaciones, con un importe entre el 35% y el 80%, suscritas con pymes en todo el país. 

Como desveló infoLibre hace tres semanas, lo mismo hizo la Comunidad de Madrid, que en su caso reavaló el 25% de los 400.000 euros de la operación de MC Infortécnica SL. Así que el 3 de marzo de 2016 tuvo que pagar un total de 102.030,55 euros. En 2011, el Gobierno que entonces presidía Esperanza Aguirre suscribió un convenio para complementar los reavales de Cersa.

En definitiva, la pregunta de quién pagó realmente los 400.000 euros que no devolvieron los padres de Ayuso y sus socios en MC Infortécnica SL, tiene la siguiente respuesta a día de hoy:

206.123,5 euros los abonó Cersa. Como es una compañía pública en un 98%, el dinero salió prácticamente en su totalidad de los impuestos de todos los españoles.

102.030,5 euros los pagó la Comunidad de Madrid. En este caso el dinero salió íntegramente del bolsillo de los madrileños.

125.198,0 euros los asumió finalmente Avalmadrid. Esa es la cantidad resultante de restar a los 433.352 euros que tuvo que poner inicialmente –el importe del préstamo más intereses y otros gastos–, los 308.154 euros que percibió de los reavalistas. Un dinero que también sale parcialmente de los contribuyentes madrileños, puesto que la Comunidad es el principal accionista de Avalmadrid (a 31 de diciembre de 2018 controlaba el 26,14% del capital).

En definitiva, el 78% del dinero que no pagaron los padres de Ayuso y sus socios, lo pusieron los contribuyentes. En cifras absolutas 336.758 euros, distribuidos así: 202.001 euros vía Cersa, 102.030 euros directamente a través de la Comunidad y 32.727 euros vía Avalmadrid.

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Esas son las cuentas a día de hoy, ¿pero pueden cambiar en el futuro?

MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos, dejó de pagar en diciembre de 2011 el préstamo que le había concedido Caja España gracias al aval de Avalmadrid. Justo cuando debía hacer frente al primer plazo de su devolución. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de la sociedad de garantías madrileña acordó abonar a Caja España el importe impagado, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios de la empresa para solicitar el aval: una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica SL.

Pero hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó a Cobralia, la firma que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. Es decir, dos años y medio después de que Cersa cubriera el fallido y dos años después de que lo hiciera la Comunidad de Madrid. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros, aunque el valor de mercado de la nave de Sotillo es muy inferior.

Además, jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. De hecho, Avalmadrid permitió con su falta de diligencia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido del patrimonio de los socios de la empresa siete de los 14 bienes inmuebles que tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Esos siete inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y los restantes ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos. Los padres de Isabel Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de la nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia.

Tanto Cersa como la Comunidad de Madrid tienen derecho a recuperar los importes pagados a Avalmadrid por los fallidos que reafianzan. También el de MC Infortécnica SL. Deben percibir su porcentaje sobre el precio que Avalmadrid obtenga de la venta de los activos que embargue a los morosos. Pero en el caso de MC Infortécnica SL, la sociedad madrileña sólo ha conseguido hacerse con una nave que debería vender para devolver a Cersa y la Comunidad de Madrid sus reavales. Y, aun así, sólo podría reintegrar una mínima parte del dinero pública aportado por ambas.

Así que la respuesta a la pregunta de si puede cambiar la situación en el futuro es la siguiente: es muy improbable. Los avalistas se deshicieron de sus bienes inmuebles y la nave en el pueblo de Ávila tiene escaso valor. Si Avalmadrid consigue venderla, o si termina actuando contra los avalistas solidarios y encuentra algún bien, las cantidades que se ingresen tendrán que repartirse de la siguiente forma: 50% para Cersa, 25% para la Comunidad y 25% para Avalmadrid. 

 

La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa.

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La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa, compareció el pasado martes en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las irregularidades descubiertas en Avalmadrid tras una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. A preguntas de la diputada de Unidas Podemos Soledad Sánchez Maroto, explicó que si una empresa reavalada suspende el pago de las nóminas a su plantilla, Cersa puede negar el abono del reafianzamiento a la sociedad de garantías que la avaló. La compañía pública revisa las operaciones que le presentan, centrándose en la “elegibilidad” de las empresas avaladas, indicó Ana Vizcaíno. Por ejemplo, si resulta que no es en realidad una pyme, o que no es una empresa nueva, o si incumple sus obligaciones con la Seguridad Social, Cersa no paga. Tampoco puede reavalar a empresas en concurso de acreedores o que se encuentren en causa de que un tercero inste el concurso.

Ése fue el caso de MC Infortécnica SL, que dejó de pagar las nóminas de sus 40 empleados en junio de 2011, apenas tres meses después de serle concedido el aval y haber recibido un préstamo de 400.000 euros. En septiembre despidió a la mayor parte de la plantilla. Los trabajadores tuvieron que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus salarios y reclamar sus indemnizaciones de despido.

Pero para que Cersa pudiera haber negado el abono del 50% del aval, Avalmadrid debería haberle informado de que MC Infortécnica había incumplido sus obligaciones con la plantilla. Está obligada a enviarle un informe sobre cada una de las operaciones reafianzadas que hayan resultado fallidas, según consta en el contrato que firman cada año, y paga el importe de la cobertura establecida “como máximo en el mes siguiente a la fecha de la recepción” de ese documento.

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