Corrupción

Cuenta atrás hacia la sentencia que amenaza con definir oficialmente al PP como beneficiario de los manejos de 'Gürtel'

El extesorero del PP Luis Bárcenas, a su salida de la de la Audiencia Nacional.

Año y medio después de que el primer macrojuicio de la trama Gürtel comenzara en la Audiencia Nacional, la sentencia de la pieza denominada Época 1 verá la luz en cuestión de días para marcar un definitivo punto de inflexión. Porque, al margen de las larguísimas condenas a que se arriesgan los principales acusados, esta será la primera resolución que determine si el PP se benefició económicamente de los manejos de la trama que durante años y bajo la batuta de Francisco Correa prosperó al amparo de administraciones públicas gobernadas por esas mismas siglas.

La importancia de la inminente resolución no se limita, sin embargo, al punto relativo al PP. Si, como prevén distintas fuentes conocedoras de los entresijos de la Audiencia, la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, resultase condenada a penas de obligado cumplimiento -más de dos años de cárcel- y el tribunal le impusiera el ingreso en prisión sin esperar a que se pronuncie el Supremo, todos los expertos coinciden en que el extesorero del PP acabaría transformado en un auténtico volcán en erupción.

Si el tribunal declara a la formación conservadora partícipe a título lucrativo de los delitos perpetrados por la red, el PP tendrá que devolver al erario público 245.000 euros: esa es la cifra en que Anticorrupción cuantifica el provecho obtenido gracias a los delitos perpetrados por dos de sus antiguos alcaldes, los de Majadahonda y Pozuelo, en conexión con el grupo de Correa. Según la Fiscalía, el PP se benefició de esos delitos al ahorrarse la financiación de las campañas en ambos municipios en las elecciones municipales de 2003.

Junto con el PP, también la exministra Ana Mato fue señalada por la Fiscalía y las acusaciones populares como partícipe a título lucrativo por los viajes y regalos recibidos. En su caso, la cuantía cuya devolución reclama la Fiscalía asciende a 28.467 euros.

Pero, más allá de la devolución de fondos, si la Audiencia endosa al PP la etiqueta de partícipe a título lucrativo quedará oficialmente marcado por el oprobio de haber sacado rédito de prácticas corruptas aunque sin responsabilidad penal en su comisión. El 24 de octubre, ya en la recta final del juicio y durante la exposición de sus conclusiones definitivas, la fiscal proclamó en distintas ocasiones que la existencia de una caja B en el PP había quedado "plena, constante y abrumadoramente" acreditada.

La responsabilidad penal no existiría aquí en ningún caso dado que los hechos enjuiciados en esta causa se remontan al periodo 1999-2005. Y en esas fechas ni el Código Penal avizoraba la posibilidad de sentar en el banquillo a un partido como tal ni la financiación ilegal estaba conceptuada como delito. 

La clave se llama Rosalía

La importancia de la inminente resolución no se limita, sin embargo, al punto relativo al PP. Si la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, es condenada a penas de prisión y entra en la cárcel, ello podría ser el detonante para nuevas revelaciones del extesorero, con mayor alcance que cuando en 2013 se confesó autor de los papeles bautizados con su apellido y aportó al juez Pablo Ruz múltiples detalles sobre su contenido. Es decir, cuando validó los manuscritos que reflejan los movimientos de la caja B del PP entre 1990 y 2008 y ya para siempre conocidos como los papeles de Bárcenas. Entonces, el extesorero aseguró haber hecho a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal entregas en efectivo en 2008, 2009 y 2010.

Para Bárcenas, la Fiscalía pide 39 años y medio por cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida, estafa y delito fiscal. Para su esposa, reclama 24 por apropiación indebida, delito fiscal, estafa, falsedad y blanqueo.

¿Guarda Bárcenas recibís de los sobresueldos que figuran anotados en los papeles? Y, en el supuesto de que así sea, ¿está dispuesto a difundirlos en alguna circunstancia? Entre quienes siguen el caso desde dentro o desde fuera, hay unanimidad en un punto: que su máxima prioridad se llama Rosalía Iglesias. "Él -dice alguien que le conoce en profundidad- espera lo mejor, que le condenen solo por delito fiscal en todo caso, pero está preparado para lo peor, que es volver a la cárcel, pero cree remota la posibilidad de que la Fiscalía pida el ingreso en prisión de su mujer". ¿Por qué? "Porque ninguno de los dos miembros de la pareja presenta el menor riesgo de fuga, como se ha visto desde que Bárcenas recuperó la libertad en enero de 2015".

Entonces, 22 de enero de 2015, y mientras abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real, el extesorero pronunció las siguientes palabras: "Yo no tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy: eso sí, he hecho caso a su consejo, y le doy las gracias: Luis ha sido fuerte de verdad". La alusión implícita pero evidente a los mensajes cruzados con el presidente -el celebérrimo "Luis, sé fuerte"- se completó con otra frase que igualmente parecía cargada de significado: "El PP no tiene nada que temer de mí, pero yo he asumido mi cuota alícuota de responsabilidad, y las responsabilidades las tenemos que asumir todos".

Tras su excarcelación vino un nuevo cambio de estrategia. Se atrincheró en el silencio. Rebajó luego el alcance de sus acusaciones -llegó a definir sus papeles como "anotaciones extracontables". Se retiró del caso abierto por la destrucción del que reclamaba como su ordenador y por el que el PP ha terminado procesado. Y se opuso con vehemencia a que Mariano Rajoy se viera forzado a declarar como testigo en el juicio cuya sentencia se espera ahora. 

El rol que la sentencia acabe asignando al PP como partido y la pena que endose a Rosalía Iglesias constituyen, según distintas fuentes, los dos grandes motivos de discrepancia en el seno del tribunal que juzgó la causa y debe ahora dictar sentencia. De hecho, y en una actuación que los juristas consultados por infoLibre calificaron de insólita, el presidente de la sala, Ángel Hurtado, hizo pública la existencia de disensiones.

Lo anormal, sostienen los expertos pulsados por este periódico, no fue tanto que el ponente -aquí, Hurtado- encargase a los otros dos miembros del tribunal la redacción de aquellas partes de la sentencia en la que había discrepancias sino que el episodio saliera a la luz por iniciativa del magistrado. Los otros dos miembros del tribunal son Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Ambos ya habían mantenido varios enfrentamientos con Hurtado durante el juicio. El más sonado, el que gracias a la mayoría que sumaban ambos forzó la ya mencionada declaración testifical de Rajoy.

Entre octubre de 2016 y noviembre de 2017, compartieron banquillo en esa causa 37 acusados, entre ellos una decena de antiguos altos cargos del PP. De los 37 encausados, tres ya estaban -y allí siguen- en prisión por la sentencia del caso Fitur, el de los contratos de la Generalitat valenciana para esa feria de turismo. Hace menos de dos semanas los tres -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- recibieron un nuevo mazazo cuando, el mismo día en que finalizaba el juicio por la financiación del PP valenciano el Supremo confirmó las condenas de Fitur. Para Correa, la Fiscalía pide en Época 1 nada menos que 125 años de prisión; para Crespo, 85 años y medio; y para Álvaro Pérez, cinco y dos meses.

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