Acuerdo presupuestario de la derecha en Andalucía

Ni Día de la Reconquista, ni cierre de Canal Sur: Vox suma y sigue con sus bombas mediáticas sin resultado concreto

Ni Día de la Reconquista, ni cierre de Canal Sur: Vox suma y sigue con sus bombas mediáticas sin resultado concreto
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¿Alguien recuerda los 52.000 inmigrantes que Vox exigía expulsar de Andalucía en enero de 2019, recién estrenado en el Parlamento? Es posible que no demasiados se acuerden a estas alturas. Ha llovido mucho. Instalada la política en una lucha por el control de la agenda y la obtención de atención, el seguimiento hoy de lo que ayer fueron grandes titulares pierde importancia. Si alguien se molesta en recorrer las huellas de una propuesta para ver hasta dónde llegó, no logrará tanta repercusión el que hizo la propuesta el día en que la hizo. Aunque, a la postre, la propuesta quedase en nada, como es el caso de la expulsión masiva de Vox. El importante es el titular de hoy, no su plasmación mañana. Es la lógica del partido de Santiago Abascal, fácil de observar en Andalucía. El bombazo del día es importante tanto por el protagonismo que da como porque impulsa la agenda y el imaginario de Vox. En el caso de este miércoles, con el acuerdo presupuestario para 2021, el partido ultraderechista ha vuelto a usar este esquema, poniendo su énfasis en un selecto catálogo de sus obsesiones, que consiguió poner en primer plano. Algunas son ya tradicionales, como los menores inmigrantes no acompañados, las políticas de género o los símbolos del autonomismo. Otras, más recientes, como la iberosfera, entelequia que da cobertura al discurso nacionalista de Vox, que ha utilizado el presupuesto andaluz para volver a controlar el marco.

Volvamos a los 52.000 inmigrantes. El partido de ultraderecha, que había irrumpido con 12 escaños en las elecciones de 2018, hacía valer el protagonismo que le daba ser imprescindible para investir a Juan Manuel Moreno (PP) como presidente andaluz con una propuesta que se aupó a lugares de honor de la prensa y los informativos. La idea, que animaba al Gobierno andaluz a utilizar los datos sanitarios de los inmigrantes en situación irregular para delatarlos, no tenía la menor base. Los 52.000 eran dato cortado y pegado del ofrecido sin explicar su origen por un sindicato policial. Obviamente, la Junta no ha expulsado a 52.000 inmigrantes. No puede. Para empezar, porque no tiene competencias para ello. Era ruido. Es una dinámica habitual de la política andaluza, que tiene a Vox como árbitro.

El partido de Santiago Abascal goza de un inusitado protagonismo político-mediático cuando logra poner en primer plano sus propuestas y logros en el campo simbólico. Es un espacio conquistado a base de exigencias y, en ocasiones, acuerdos concretos firmados junto a los partidos del Gobierno, PP y Cs, que lo ven como cesiones aceptables. Esas medidas quedan a menudo en meras intenciones. Si se concretan en algo, su impacto presupuestario suele ser mínimo. PP y Cs incluso llegan a negar que tengan importancia, mientras Vox las vende como enormes éxitos. Un ejemplo: el teléfono de violencia intrafamiliar, un triunfo político-semántico de Vox, que niega la existencia de violencia de género, a pesar de lo cual que los partidos de Juan Manuel Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) restan importancia porque el teléfono de violencia de género sigue abierto.

Este reparto de roles permite a Vox determinar la agenda y reivindicarse como una fuerza exigente, que consigue cosas, cumple su programa y habla de lo que nadie más habla. Hasta la fecha, la va bien. Crece y se hace fuerte. En paralelo, el acuerdo sobre lo más material, sobre el dinero y los servicios públicos, los impuestos, la sanidad y la educación, sobre las ayudas sociales y a sectores productivos, roza el 100% y se renueva y amplía con cada acuerdo. Ya va por el tercer presupuesto acordado por las tres fuerzas y la legislatura está encarrilada. La política andaluza sufre de agitaciones en superficie pero en el fondo es un mar en calma. El esquema funciona.

Inmigración, Toma de Granada, Consejería de Familia

Los 52.000 inmigrantes no son el único ejemplo de bombazo político-mediático con el que Vox rentabiliza su posición parlamentaria para hacer propaganda. El partido de ultraderecha es especialista en propuestas con gancho mediático que jamás pasan al papel con timbre oficial, pero que le permiten hacer avanzar su agenda. Por ejemplo, en su batalla contra los emblemas del autonomismo, que incluye un abierto desprecio a Blas Infante, Vox llegó a plantear cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero, jornada del referéndum autonomista, por el 2 de enero, día de la Toma de Granada por los cristianos y “culminación de la Reconquista”. Se presentía convertir el Día de Andalucía en el Día de la Reconquista. Lo cierto es que ahí sigue el 28-F, sin un rasguño. Ahora Vox ha retomado Canal Sur como objeto de su señalamiento, pero ya lo hizo, y de forma mucho más contundente, justo después de las elecciones, cuando exigía su cierre como requisito para su apoyo. Ahí sigue Canal Sur, tan abierto como siempre. Y Vox ya va por su tercer presupuesto apoyado.

El partido liderado por Santiago Abascal también se prodiga en acuerdos inconcretos, difíciles de evaluar, en ocasiones fuera de las competencias de la Junta. Ese impulso se observa desde su debut como fuerza parlamentaria. El acuerdo de investidura firmado por PP y Vox en enero de 2019 recoge medidas como: “La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”. ¿Cómo se mide eso? También recogió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarían con la llegada de una inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental”, lo cual apunta a una discriminación de los inmigrantes no cristianos, especialmente los musulmanes, puestos en el punto de mira de Vox.

El pacto de investidura también recogía la creación de una “Consejería de Familia”, en singular, que aludía a una noción unívoca del modelo familiar típico del catolicismo conservador español. Una vez firmados, el carácter vinculante de los acuerdos sobre aspectos simbólicos es relativo. No se creó la “Consejería de Familia”, sino una de “Salud y Familias”. Tampoco el Gobierno andaluz ha impulsado ninguna “Ley de Concordia” que sustituya a la Ley de Memoria Democrática, a pesar de que está en el acuerdo con el PP. No hay mayoría posible para tal ley, a pesar de lo cual Vox lanzó finalmente su Ley de los Caídos. Cayó en saco roto, por supuesto.

Violencia intrafamiliar, "transversalidad de género", memoria

El acuerdo presupuestario para los ejercicios de 2019 y 2020 da idea de hasta qué punto para Vox el lenguaje lo es todo en su batalla político-cultural. Al mismo tiempo que se alcanzaba el compromiso por un “teléfono de violencia intrafamiliar”, el pacto establecía que las cuentas debían "sustituir el concepto de 'transversalidad de género' por el de 'principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres'. Pura batalla semántica. Punto para Vox. El acuerdo incidía en la necesidad de dar la máxima importancia al Descubrimiento de América en las aulas, medida que contrasta con el rechazo de Vox a los contenidos centrados en el periodo 1936-1978.

Vox utiliza frecuentemente la técnica de señalar objetivos arrancando compromisos de estudiarlos a fondo para ver si hay irregularidades, lo cual supone asumir que hay una sospecha fundada. El acuerdo del presupuesto de 2020 incide en esa práctica. PP y Cs se han comprometido a auditar los informes de impacto de género, una forma de cuestionar las políticas de género. Está por ver en qué quedará. Los tres partidos llevan desde la campaña electoral anunciando todo tipo de auditorías a fondo del sector público andaluz. Aún no han culminado. Las políticas de género llevan en el punto de mira desde el arranque de la legislatura. Francisco Serrano, primer portavoz parlamentario de Vox, llegó a solicitar los datos de los trabajadores de violencia de género para "fiscalizar y comprobar el destino" de las ayudas concedidas por la Junta en los últimos años.

Otro objetivo de Vox, señalado con dedo acusador: las asociaciones de memoria histórica. Sin un solo dato en la mesa que avale la existencia de irregularidades, Vox arrancó a PP y Cs en 2019 una medida contra las asociaciones de memoria que necesita encaje normativo ad hoc. El Gobierno andaluz se comprometió a que la normativa reguladora de las subvenciones a estas asociaciones establecerá que nunca más de un 20% del total de la subvención "venga a financiar gastos estructurales de la asociación". Se de la presunción de Vox de que las asociaciones son "chiringuitos cazasubvenciones". Ni Vox, ni PP, ni Cs han presentado ni un caso de irregularidades de estas asociaciones que justifique el cambio. Pero la sospecha quedó sembrada.

Antiguo PER, menores inmigrantes, pin parental

Los acuerdos con Vox también han realizado un cuestionamiento del antiguo PER. El pacto alcanzado en 2019 recoge la "reformulación del programa PFEA". No hay ningún acuerdo contra el fraude fiscal, pero sí está recogida esta preocupación constante de Vox: el supuesto descontrol de las ayudas que llegan a los jornaleros con escasez de peonadas, lo que antes era el PER y ahora el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Fue una preocupación acentuada en Francisco Serrano, azote de las "paguitas", que tuvo que dimitir acorralado por un caso de supuesto fraude de subvenciones. Aunque el PFEA es un programa de ámbito estatal, el pacto entre las tres fuerzas establece: "En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma se implementarán los mecanismos necesarios para mejorar el control de los fondos" del PFEA. ¿Se trata de fiscalizar o se trata de lanzar el mensaje de que hay fraude con el PER?

Ahora, con el acuerdo para los presupuestos de 2021, PP y Cs asumen la vinculación entre inmigración y delincuencia que propugna Vox aceptando meter en las cuentas el concepto “seguridad en centros MENA”. Al preguntar al vicepresidente, Juan Marín (Cs), y al consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), por los detalles de la medida, no se consiguen concreciones. Pero Vox sí tiene claro el discurso. Así presentaba este miércoles la medida: “Incremento de seguridad en los centros de menas. Queremos barrios seguros”.

PP y Cs firman acuerdos con Vox que en ocasiones no pueden cumplir. En Andalucía el partido de Abascal ha logrado dos veces el compromiso de PP y Cs –tanto para los propuestos de 2019 como para los de 2020– de crear un órgano de coordinación de la Junta con la Policía Nacional para facilitarle información que permita la expulsión de inmigrantes irregulares. Por supuesto, no hay tal órgano. Pero la propuesta ha servido a Vox para dar cobertura a su discurso antiinmigración en Andalucía, a pesar de que las competencias son estatales.

Los dos partidos gobernantes se comprometieron también al pin parental, sin darle ese nombre. Finalmente, la Consejería de Educación, en manos de Javier Imbroda (Cs), se resistió. Antes de que el covid-19 mandase al traste el orden de prioridades previo, en febrero, el debate político en Andalucía giraba en torno al pin parental. Y Cs, con la herida fresca de su siniestro electoral en noviembre de 2019, se enrocó en el no. ¿Qué hizo Vox? ¿Rompió la baraja? No. Anotó el desplante en el libro de agravios y ha vuelto a introducir el tema en el acuerdo presupuestario para 2021, que prevé “el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”. Es la misma fórmula que antes se incumplió. Vox es un partido paciente. Va ganando posiciones poco a poco.

Inmersión lingüística

El nivel de impacto mediático de las medidas de Vox y la poquedad de su impacto real queda expuesta en un ejemplo emblemático. PP, Cs y Vox acordaron en junio de 2019, para aprobar los presupuestos del pasado ejercicio, subvencionar a los descendientes de andaluces en Cataluña para darles protección contra las políticas de inmersión lingüística. ¿En qué se concretó? En una línea de ayudas de 100.000 euros, que no podía ser sólo para Cataluña, aunque esa era la idea original de Vox. Los funcionarios de Presidencia tuvieron que encarar múltiples dificultades técnicas para dar una forma jurídicamente aceptable al acuerdo. Finalmente, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó en junio una orden que pretende "mantener vivos los vínculos de los andaluces en el exterior". Lo haría subvencionando actividades como "concursos de redacción sobre la cultura y las tradiciones de Andalucía", "actividades relacionadas con el cante y el baile tradicional andaluz" y "recuperación de juegos infantiles tradicionales de origen andaluz". Entre los grandes titulares, nada menos que una batalla librada desde Andalucía contra el identitarismo nacionalista, y la realidad, una pequeña ayuda para juegos tradicionales, hay un abismo. Poco importa: Vox logró repercusión cuando tocaba.

Y ahora, ¿cómo la logra? Con Canal Sur, los menores inmigrantes no acompañados ("mena", en el acrónimo que utiliza el partido) y las políticas de género. Vox utiliza los presupuestos como mirilla para apuntar contra estos tres objetos. Logra que estén en el punto de mira. ¿En qué quedarán los compromisos alcanzados? En Canal Sur, lo que recoge el acuerdo es un "objetivo" de ahorro de 14 millones, sin más. En cuanto a la mayor seguridad en los centros de menores, no está cuantificada. Está por ver en qué queda la auditoría sobre los informes de impacto de género. Lo indiscutible es que Vox ya tiene abierto el abanico de temas con los que desplegar sus discursos. Para el PP y Cs, el presupuesto; para Vox, la agenda. 

Coincidencias de fondo

El empeño simbólico de Vox no significa que el partido de ultraderecha se despreocupe del BOJA. Lo que ocurre es que en los grandes temas contantes y sonantes, en las grandes líneas estratégicas, en sanidad, educación y fiscalidad, así como en orientación de ayudas sociales y a sectores económicos, Vox está alineado casi al 100% con PP y Cs. Si acaso, el partido liderado en Andalucía por Alejandro Hernández siempre reclama un poco más, aunque a la hora de la verdad da su apoyo. No en vano, ha dado el sí a tres presupuestos en menos de dos años. Ha apoyado las bajadas de impuestos y los planes de promoción de la educación concertada, un respaldo ahora prorrogado y ampliado con el acuerdo para 2021.

¿Cómo se diferencia en estos campos? Básicamente, reivindicando que se cumpla lo acordado. Así Vox ha intentado apuntarse un tanto que en realidad ya estaba en el acuerdo de PP y Cs, como la subida de remuneración a los médicos de la sanidad pública que también trabajan en la privada. Su otra opción es ser aún más exigente en sus planteamientos fiscales a la baja, o en el ultraliberalismo educativo. Ahí sí se destaca con su propuesta de eliminar por completo las zonas educativas, en la línea aguirrista más marcada. Casi nadie se acuerda ya de que esa eliminación está en el acuerdo de investidura entre PP y Vox. Es de Vox la propuesta, finalmente incluida en el dictamen andaluz de la comisión de reconstrucción para la era post-covid, de “Impulsar la armonización de la fiscalidad medioambiental, en el entendimiento de que esta fiscalidad no debe suponer obstáculos a la reactivación económica”. Se vincula así impuestos verdes con trabas al progreso económico. Está por ver si se cumple. No siempre lo firmado se transforma en realidad. O no tan rápido como a Vox le gustaría. El partido de Abascal siembra más de lo que recoge. Pero siembra mucho y recoge cada vez más.

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