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Enrique López, el juez que no tenía "interés, ni cercano ni remoto" en el PP en el que acabó como 'ministro en la sombra' de Casado

Isabel Díaz Ayuso con Enrique López antes de una sesión plenaria celebrada en la Asamblea de Madrid.

"No concurre interés alguno, ni directo ni indirecto, ni cercano ni remoto, tampoco albergo algún tipo de prejuicio o inclinación personal, ni una predisposición personal, más allá de la obligación que como profesional tengo de asumir y resolver aquellos asuntos que por normas de reparto me son encomendados". Así defendió Enrique López en el año 2015 su rechazo a ser recusado de los tribunales que iban a juzgar varias piezas del caso Gürtelcaso Gürtel, una petición lanzada por las acusaciones populares, que veían en este juez de la Audiencia Nacional una vinculación total con el partido conservador por cargos anteriores que había desempeñado a propuesta de esta formación política y su participación en varios cursos de Faes y mesas redondas organizadas por el propio PP.

López no negaba los hechos objetivos: había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) patrocinado por el PP, de igual modo fue designado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE, y acudió a seminarios, como ponente o mero asistente, en la fundación que preside José María Aznar desde 2003 y por los que, según reconocía, había cobrado 11.102,26 euros. Pero en el escrito en el que se oponía a su recusación afirmaba que "las dudas o recelos" que las acusaciones podían tener no se basaban en esos datos objetivos, sino en la "apariencia que se haya podido generar".

Rechazaba que mantuviera o hubiera mantenido una "relación indebida" con los acusados del caso Gürtel o con el PP y que le era "absolutamente indiferente" que el partido o la exministra Ana Mato pudieran resultar "condenados o absueltos" –ambos fueron condenados como partícipes a título lucrativo, esto es, por beneficiarse de las actividades de la primera época de actividades de la trama corrupta–. López defendía su profesionalidad como magistrado y que su papel era limitarse a ejercer su trabajo impartiendo justicia, para después recalcar que "jamás" había ostentado "cargo alguno" en los que se le hubiera "sometido a la disciplina de un partido político". 

Estos fueron los argumentos que utilizó el juez cuando fue designado miembro de los tribunales que iban a juzgar varias piezas de Gürtel, incluida la de la primera época de la trama que condenó al PP, y la causa sobre el supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova de Madrid. Tanto ruido generó su inclusión como miembro de esos tribunales que hasta el partido conservador salió en su defensa asegurando que no había "prueba alguna" de su afinidad. El pasado de López llevó finalmente a la Audiencia Nacional a apartarle al considerar imprescindible que los jueces encargados de la macrocausa, como en todos los juicios, han de ser imparciales y, además, parecerlo.

Negociador para renovar el CGPJ

Sus empeños por no parecer vinculado al PP en 2015 contrastan ahora habiendo dado el paso definitivo a la política: en la Comunidad de Madrid, es consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde agosto de 2019, y en el propio partido, Pablo Casado le nombró responsable del área de Justicia hace poco más de un año. Entre sus principales encargos, la negociación con el Ministerio de Justicia de la nueva composición del CGPJ, que lleva bloqueado más de dos años por la oposición de la formación conservadora a la participación de Unidas Podemos a pesar de ser uno de los socios del Ejecutivo de coalición.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, su presidente, Pablo Casado, y el responsable de Justicia del partido, Enrique López, en el Comité Directivo semanal.

En el último año y medio ha acaparado parte del foco mediático por estos puestos de responsabilidad política, pero ha sido en la última semana cuando ha vuelto la sombra de sus vínculos con el PP desde la posición que tuvo como magistrado de la Audiencia Nacional al conocerse que puso en contacto al abogado del partido, Jesús Santos, con un empresario amigo del extesorero Luis Bárcenas en el año 2017. López y Santos se conocían de sus respectivas etapas precisamente en la Audiencia Nacional, el primero como juez y el segundo como teniente fiscal.

Las "dudas o recelos" que, según López, tenían las acusaciones populares de Gürtel para recusarle se encuentran en su currículum. Tras estar destinado en varios juzgados de instrucción en distintas ciudades españolas, aterrizó en el CGPJ, donde trabajó hasta 2001 como jefe de Sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. De ahí, a vocal del Consejo a propuesta del PP. En los siete años en que estuvo en el puesto –hubo un bloqueo en la renovación que se extendió durante casi dos años–, ejerció como portavoz del órgano, pero fue la llegada a La Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 lo que le llevó a tomar partido. En una ocasión, llegó a decir que "el CGPJ se va a convertir en la oposición al Gobierno". Se formaron entonces dos bandos en el organismo: el encarnado por López como portavoz oficial y el opositor liderado por el ahora ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también vocal en esa época. A pesar de ello, forjaron una buena relación que aún se mantiene, como ambos han declarado.

Conflicto entre jueces por los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas

Tras la renovación del CGPJ en 2005, obtuvo una plaza de magistrado en la Audiencia Nacional, concretamente en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Fue en esos años cuando estalló el caso Gürtel, pero a su sección no le correspondía hacerse cargo de los recursos durante la fase de instrucción. Pero sí estuvo en el tribunal que se hizo cargo del conflicto entre los jueces de instrucción Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez por hacerse con la causa conocida como papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. En un auto consultado por infoLibre, López y otros dos magistrados –Ángel Hurtado y Julio de Diego– suspendieron cautelarmente la declaración del extesorero del PP fijada para marzo de 2013 por Gómez Bermúdez, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, tras la publicación de las anotaciones de la contabilidad opaca en el diario El País y la posterior querella presentada por IU.

El juez Ruz, que dirigía el Juzgado Central 5, había reclamado la investigación de esa documentación al considerar que tenía relación con Gürtel y se planteó un conflicto de competencia. Antes de que se resolviera, Gómez Bermúdez citó a Bárcenas, pero el tribunal del que formaba parte López, encargado de resolver los recursos del Juzgado Central 3, paralizó de forma cautelar la comparecencia a peticion de la Fiscalía. Al resolver el fondo del asunto, un par de meses después, los tres jueces determinaron que Gómez Bermúdez no había obrado correctamente, pero las pesquisas ya habían pasado a manos de Ruz y en su juzgado se quedaron. Esta es la única ocasión en que López tocó alguna cuestión relacionada con las causas de corrupción que aún hoy salpican al PPtocó.

En el mismo 2013, y tras seis años de vetos en el Senado por parte del PSOE ante la intención del PP de nombrar a López magistrado del Tribunal Constitucional, este ansiado puesto llegó para el juez, que obtuvo la plaza por designación del Consejo de Ministros que presidía entonces Mariano Rajoy, en la cuota de miembros del tribunal de garantías que corresponde al Gobierno. Pero no le duró mucho, ya que un año después López dimitió tras ser detenido por conducir ebrio, sin casco y saltarse un semáforo en rojo.

Del ostracismo a la política

A partir de 2014, llegó una etapa de cierto ostracismo para López. Tocado por su paso fulminante por el Constitucional y su abrupta dimisión, regresó a su plaza en la Audiencia Nacional y un año después llegó la recusación de los juicios de Gürtel junto con Concepción Espejel, también por sus vínculos con el PP. La decisión de apartar a los jueces es de los miembros de la Sala de lo Penal, esto es, de los compañeros de los magistrados, que en el caso de López fue de catorce votos frente a cuatro.

El camino para los dos recusados fue muy diferente a partir de entonces. Mientras que Espejel fue nombrada por el CGPJ a mediados de 2017 presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –puesto que sigue ejerciendo aunque ha intentado varias veces acceder al Tribunal Supremo sin lograrlo–, López fue colocado en la Sala de Apelaciones, un tribunal de nueva creación a consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 para introducir una instancia adicional en la Audiencia Nacional. En esta plaza, López y los otros dos magistrados designados, José Ramón Navarro y Eloy Velasco, revisaron sentencias como la de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), confirmando las condenas a los ocho jóvenes acusados, o las de los raperos Valtonyc, Pablo Hasel y el grupo La Insurgencia. En el caso de los dos últimos, rebajaron las condenas.

Tampoco duró mucho el magistrado en este puesto, pues dos años después, el Tribunal Supremo anuló su designación y la de Velasco tras estimar el recurso de otros aspirantes al puesto, que alegaron que la elección de estos dos jueces para la Sala de Apelaciones no se ajustó a derecho en los requisitos del concurso. López siguió adscrito a la Sala de lo Penal, pero Isabel Díaz Ayuso llegó al rescate y le fichó como consejero de Justicia e Interior. Unos meses después, Pablo Casado le colocó en su círculo de confianza y las sombras de duda sobre su cercanía al PP se terminaron de confirmar.

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