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La exconsejera de Interior de Navarra lleva a la justicia su supuesto espionaje por parte de la 'brigada política'

La exconsejera de Presidencia, Justicia e Interior de Navarra María José Beaumont.

La exconsejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra María José Beaumont pone sobre la mesa de la Audiencia Nacional su supuesto espionaje por parte de la brigada política. La abogada ha pedido personarse como acusación particular en el caso Kitchen por los chats del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de los que se deduce que ella también pudo estar bajo la lupa del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz. Para la letrada, los mensajes intercambiados entre Martínez y un alto mando policial desvelan la existencia de una actuación "político-policial" absolutamente "impropia" en un Estado de Derecho y una "intromisión absolutamente ilegítima e ilegal" en su vida personal, privada y familiar.

Los hechos en cuestión se remontan al miércoles 22 de julio de 2015. Aquel día, a primera hora de la mañana, el entonces número dos de Interior intercambia mensajes por la aplicación Whatsapp con Enrique García Castaño, excomisario y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el grupo de la Policía Nacional encargado de los seguimientos, las escuchas o la captación de fuentes. Ambos charlan sobre la llamada "Plataforma de profesores independientes", que horas antes el agente había trasladado a su superior que era "el embrión de la plataforma pro independencia elecciones generales". "Bildu está detrás, pero no se anexionarán hasta septiembre", le había adelantado la tarde anterior García Castaño a Martínez.

A las 9:14 horas, tal y como desveló infoLibre, el ex secretado de Estado escribe: "Oye y de la consejera de bildu (Navarra) no tienes cosillas...?? Le pregunté a Barón y...". "De Navarra pregunto", responde el excomisario. Y añade: "Te anticipo está muy limpia". "Y su entorno?", insiste Martínez. "Ya miro", concluye García Castaño. Ninguno menciona nombre alguno en aquella conversación. Sin embargo, la única mujer vinculada a EH Bildu que ese mismo día es nombrada consejera del recién estrenado Ejecutivo de Uxue Barkos es María José Beaumont, que había sido durante una década portavoz y letrada de la Coordinadora de Itoiz, contraria a la construcción de un pantano en la zona contra el que se llevaron a cabo algunos sabotajes.

Aunque los chats se extrajeron hace meses del móvil de Martínez, lo cierto es que no se incorporaron a la causa hasta hace pocas semanas. Ahora, con el contenido de esas conversaciones sobre la mesa, la exconsejera de Interior ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional denunciando los hechos y pidiendo que se le tenga por personada para ejercer como acusación particular en el caso Kitchen en lo referente a estos mensajes. Esta causa, en concreto, versa sobre la supuesta operación de espionaje parapolicial organizada desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para evitar que pudieran incorporarse a Gürtel todas aquellas pruebas perjudiciales para la formación conservadora.

En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, Beaumont señala que ha sido objeto de "espionaje e investigación policial" ajena a "cualquier cauce admisible" en un Estado democrático y de Derecho" por parte de "integrantes" de la "cúpula política y policial" del Ministerio del Interior que se encuentran en la actualidad investigados en Kitchen –Anticorrupción ya ha pedido quince años de cárcel para Martínez y doce y medio para García Castaño por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad–. Una actuación "al margen de cualquier procedimiento legal", continúa, protagonizada por quienes tienen la "obligación" de velar por el "escrupuloso respeto a las normas elementales y a los derechos fundamentales".

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La denuncia hace un análisis del intercambio de mensajes, cuyo acceso a las partes ha suspendido el magistrado Manuel García Castellón para salvaguardar la seguridad nacional. Y, a partir del mismo, llega a varias conclusiones. La primera, que el ex secretario de Estado "ya había indagado con anterioridad" sobre la exconsejera. Para ello, ponen de relieve el primer mensaje de Martínez, del que se deduce que ya habría preguntado "a Barón" por el asunto. En este sentido, destacan que en el momento de los hechos quien ejercía como comisario general de Información de la Policía Nacional era Enrique Barón Castaño. Y señalan que la Unidad Central de Apoyo Operativo, de la que formaba parte García Castaño, "dependía jerárquicamente" de Información.

El Parlamento navarro pide llegar "hasta el final"

Por otro lado, de las respuestas que ofrece el exjefe de la UCAO, y en particular del "te anticipo está muy limpia", infieren que ya se habría hecho una "previa indagación policial" sobre la exconsejera. Además, destacan que las contestaciones muestran la predisposición por analizar el "entorno" de la abogada, que en el momento en el que se produce la conversación ya era "público y notorio" que iba a formar parte del nuevo Gobierno navarro. De hecho, días antes de la conversación el Ejecutivo central ya había calificado de "muy mala noticia" la intención de Barkos de situar a Beaumont al frente de la cartera de Interior. Es más, algunos medios deslizaban ya la posibilidad de que la Policía dejase de colaborar con Navarra por ese nombramiento.

La publicación del intercambio de mensajes tuvo repercusiones en suelo navarro. El Parlamento regional aprobó hace una semana, con los votos a favor de todos los partidos, una declaración institucional en la que se consideraba "de extrema gravedad" que se haya podido espiar a una consejera del Gobierno de Navarra, pedía depuración de "responsabilidades" y adopción de medidas para que no vuelvan a ocurrir hechos similares y manifestaba su voluntad de "llegar hasta el fondo" para conocer si ha podido haber más miembros del Ejecutivo autonómico bajo la lupa. El caso, además, ha sido llevado al Congreso de los Diputados tanto por EH Bildu como por Unidas Podemos, que ha pedido información al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre este tipo de actuaciones.

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