Justicia

Los fiscales de Madrid se rebelan contra el plan de trabajo diseñado por su jefe

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la reunión del Consejo Fiscal del pasado 24 de abril.

Los fiscales de Madrid no se rinden. Están en contra del plan de reorganización y distribución del trabajo impuesto por el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, lo consideran un "profundo error", y quieren que se avenga al diálogo. Ya han elevado su protesta ante el máximo responsable del Ministerio Público, Eduardo Torres-Dulce, pero este de momento ha pedido informes antes de resolver. Mientras llegan esos estudios, se prevé que el nuevo sistema comience a implantarse, lo que derivará, según advirtió ayer viernes la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en un "auténtico enfrentamiento entre la jefatura y los compañeros de Madrid".

Polo fue aupado al cargo de fiscal jefe provincial de Madrid en julio pasado por Torres-Dulce, quien hizo caer al que había nombrado su antecesor, Cándido Conde-Pumpido, en 2008, Eduardo Esteban Rincón. El pasado 9 de abril, Polo expuso ante la Junta de Fiscales –que conforman los cerca de 200 miembros del Ministerio Público que trabajan en Madrid– su proyecto de reorganización del trabajo. Y se sometió a votación. La perdió: 135 fiscales votaron en contra, otros 20 lo apoyaron, 18 se abstuvieron y otros dos votaron en blanco. El conflicto interno estallaba de forma definitiva. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía de Madrid es la mayor de toda España, la que lleva los asuntos más complejos y la más difícil de estructurar de una forma eficiente, pues la primera queja es la de la falta de efectivos. 

Apenas dos días después, 98 fiscales de la Comunidad suscribieron una impugnación del nuevo sistema que presentaron ante el Consejo Fiscal, el órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, compuesto por 12 miembros. Los firmantes subrayaron en su escrito que el proyecto de Polo supone una modificación "profunda" del modelo de trabajo existente en la Fiscalía de Madrid, cuya idea básica es "desarrollar el sistema de potenciación de especialidades", mediante la creación de tres categorías de fiscales: de instrucción (para "aportar mayor claridad en el criterio de despacho"), de especialización (para incidir "en una verdadera especialización profesional", atribuyéndoles competencias con un criterio lo más amplio posible) y de apoyo (para la "cobertura de incidencias, tanto de despacho como de servicios"). 

Los recurrentes, no obstante, no cuestionan la legitimidad de la decisión de Polo, ya que según el Estatuto del Ministerio Público, el fiscal jefe tiene la potestad de estructurar la plantilla como desee. De hecho, como reconocen fuentes jurídicas, cada Fiscalía provincial se organiza como quiere. La de Barcelona, por ejemplo, la más parangonable a la de Madrid, se organiza de un modo semejante a como persigue Polo.

Retomar el modelo de 2008

¿Y cuál era el sistema vigente hasta ahora? La Fiscalía Penal se divide en cinco secciones, entre las que se distribuyen los 54 juzgados de instrucción de Madrid. Cada juzgado es llevado por dos fiscales que, aparte de las cuestiones de despacho, asisten a los juicios de falta y prestan el servicio de guardia. Cada fiscal, además de llevar medio juzgado de instrucción de Madrid lleva una especialidad (delitos económicos, ejecutorias, vigilancia penitenciaria, delitos contra el medio ambiente, delitos de siniestralidad laboral, cooperación internacional, contencioso-administrativo, laboral, menores...). Así, los fiscales de Madrid capital están presentes en todo el curso del procedimiento penal. 

El nuevo sistema pretende, según los recurrentes, retomar el modelo que existía antes de 2008, de un fiscal sólo por cada juzgado de instrucción de Madrid capital. De este modo, 54 fiscales llevarían cada uno un juzgado, organizados en las mismas cinco secciones que ya existen. Las especialidades pasarían a ser especialidades exclusivas o puras. Es decir, que los miembros del Ministerio Público no harían otra cosa que la materia propia de su especialidad. Se sustituye así un modelo "mejorable", aunque al menos "simple y eficaz", por otro "en extremo complejo", que supone un "empobrecimiento profesional de la plantilla, tanto de los fiscales como de las especialidades que paradójicamente se pretendía potenciar". 

En su escrito, los fiscales de Madrid creen que es un "profundo error estructural de previsibles consecuencias negativas a todos los niveles, y de difícil reparación en el futuro". ¿La razón? Que "a medida que transcurra el tiempo, el desempeño de una determinada especialidad en exclusiva mermará las posibilidades de que el fiscal especialista desempeñe funciones de otra especialidad (de modo que las posibilidades de cambiar de especialidad que se recogen en el proyecto no son reales ya que nunca será idóneo para desempeñar otra) y disminuirá asimismo su potencial en el desempeño de las funciones de instrucción (cuando estamos a las puertas de asumir la instrucción en el futuro Código procesal Penal)". 

Atender la opinión "cualificada" de los colegas

En el Consejo Fiscal, celebrado el pasado jueves, 24 de abril, en Madrid, no tomó ninguna decisión, porque el competente es el propio fiscal general del Estado. Y este decidió pedir varios informes para resolver el conflicto. Uno de ellos se lo requiere a Polo; otro, al fiscal superior de Madrid (jefe de Polo en el escalafón), Manuel Moix, y la Inspección Fiscal. Cuando tenga todos estos informes sobre la mesa, Torres-Dulce adoptará la decisión definitiva, según informaron fuentes del Ministerio Público. No hay plazos fijados. 

Ayer viernes, tanto la UPF como la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) emitieron sendos comunicados en los que volvían a mostrar su disconformidad con los planes de Polo. La UPF lamentó "profundamente" la decisión de Torres-Dulce de "aplazar su resolución permitiendo la puesta en marcha de la nueva organización prevista por la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid en contra del criterio mayoritario de la práctica totalidad de la plantilla". Una cuestión que, alerta, puede acabar en un "auténtico enfrentamiento entre la jefatura y los compañeros de Madrid". La asociación mayoritaria, aunque más tibia, sí expresó su "preocupación" y recalcó la importancia de la Junta de Fiscales (no atendida por Polo), "siempre cualificada", y la necesidad de encontrar "mayores puntos de encuentro". 

"Los fiscales se quejan no por el sistema nuevo en sí mismo, sino porque lo ven difícil de encajar, porque es incoherente, está mal definido, se ve inaplicable –opina Álvaro García, presidente y portavoz de la UPF–. Polo puede organizar el trabajo como quiera, es su competencia, pero también tiene la obligación de escuchar a sus compañeros". García añade que en la carrera, tras la decisión del jueves, cunde la sensación de "desamparo", de "frustración". "¿Qué más podemos hacer después de votar en contra mayoritariamente, acudir al Consejo Fiscal y nada?", se pregunta el portavoz, quien no obstante rechaza que la determinación de Polo responda a una cuestión "ideológica".

Desde la AF, entienden que no son "competentes" para decir si debe o no entrar en vigor el nuevo modelo, pero sí insisten en que ahora se deben "tender puentes de entendimiento", y que Polo ha de escuchar la opinión "cualificada" de sus colegas, en palabras de Emilio Frías, portavoz de la asociación. "El acuerdo entre el fiscal jefe y la Junta de Fiscales es el mejor sistema". Aún queda una última duda: si en Barcela este armazón ha funcionado bien, ¿por qué en Madrid no va a suceder lo mismo? "Esa es la gran incógnita. La inspección dijo en su momento que había deficiencias en Madrid, y eso motivó el cambio, pero se duda de que este modelo sea el mejor". 

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Impugnación de 98 fiscales de Madrid ante el Consejo Fiscal (PDF)

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