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La Fiscalía de 'Gürtel' se queja de nuevo de la Agencia Tributaria

El magistrado Pablo Ruz saliendo de la Audiencia Nacional

"El informe se remite sin la firma del funcionario que lo ha elaborado a la espera de que se le indique por este juzgado en calidad de qué debe firmarlo, pues entiende que no puede hacerlo con su número profesional (Numa), dado que recientemente ha sido destinado fuera de la Agencia Tributaria". Este párrafo lo suscribe hasta en tres ocasiones la inspectora jefe de la Oficina de Investigación contra el Fraude (ONIF), departamento dependiente de Hacienda. De esta forma trata de justificar el motivo por el que hasta tres dossieres aportados al sumario del caso 'Gürtel' sobre las empresas de José Luis Ulibarri, uno de los principales imputados, no están firmados por su autor.

Petición de la Fiscalía sobre la ONIF

Este es el motivo por el que las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura han solicitado al magistrado que instruye el caso, Pablo Ruz, que se recabe de la Agencia Tributaria información sobre la situación administrativa en la que se encuentra el trabajador público y fecha desde el cambio de destino a que se refiere la comunicación de Hacienda. En todo caso, explican las responsables del Ministerio Público, el funcionario tendrá que firmar los informes presentados como perito judicial, "dado su nombramiento y aceptación del cargo", según consta en un documento del 14 de marzo.

Las fiscales también se interesan por el contenido de los informes. Y por eso piden al juez que la Agencia Tributaria suministre "toda la documentación" a la que se hace referencia en los informes: "Que, sin embargo, ni obra en la causa ni se ha aportado como anexos (escrituras públicas, otras bases de datos y declaraciones tributarias a las que se hace referencia)". Esta documentación fue aportada, según se pude leer en los dossieres, por el empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso. Las empresas citadas son UFC y Begar, cuyos nombres aparecen en numerosas ocasiones en el sumario como sospechosas de colaborar con la red de Francisco Correa.

De esta forma, la Agencia Tributaria vuelve a ser objeto de una queja de las fiscales del caso. El anterior desencuentro se produjo la semana pasada cuando el Ministerio Público comunicó la negativa de Hacienda a suministrar documentación relativa al Partido Popular. Ruz, asumiendo la postura de las fiscales, dio un plazo de cinco días a la Agencia Tributaria para que aportara esta información relativa al PP: "Que sean aclarados los términos del oficio remitido por el gabinete de la directora general, de fecha 8 de marzo, respecto de las causas que motivan la falta de disposición de los apartados solicitados". Entre esta documentación se encontraban las donaciones y los cheques cobrados por los populares en los últimos años.

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