Mazón se olvidó de las tres medidas estrella del plan antinundaciones que había aprobado dos meses antes

La nota de prensa es del 29 de agosto de 2024. El día en que faltaban dos meses exactos para que una Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) anegara decenas de municipios y provocara 224 muertes y tres desapariciones en la provincia de València. Ese día, la Generalitat Valenciana distribuyó entre los medios una nota titulada Justicia e Interior pone en marcha la campaña de prevención de inundaciones y recuerda a los ayuntamientos los procedimientos de actuación. La circular en la que se recoge esa campaña, enviada por la Generalitat a la jueza que investiga la catástrofe, indicaba como principales novedades de ese plan que se pone en marcha cada año el sistema ES Alert de alerta masiva a la población mediante teléfonos móviles, la revisión del protocolo de contacto con Aemet y la comunicación permanente con las confederaciones hidrográficas, entre ellas la del Júcar. Se trata de los tres elementos que la instructora señala como el foco de las supuesta negligencia que causó 227 homicidios imprudentes.

El sistema ES Alert

"Desde este año está activo el sistema de alerta a la población (ES Alert) mediante la Red de Alerta Nacional, que permite el envío de mensajes a los teléfonos móviles de aquellas situaciones de especial gravedad y que impliquen actuaciones por parte de las personas receptoras", recogía la Circular 2024 de Prevención de Inundaciones, redactada por el departamento que dirigía la exconsellera Salomé Pradas. que aseguró que descubrió que existía la posibilidad de enviar esos mensajes minutos antes de hacerse. En realidad, ese servicio no era una novedad de ese año, sino del anterior. El plan de prevención de 2023 ya anunció su puesta en marcha y lo calificó como "un sistema de amplio alcance que supone una herramienta perfecta", según el comunicado de prensa de la Conselleria de agosto de este año, cuando todavía la dirigía Elisa Núñez, de Vox.

En el auto por el que, este lunes, cita como imputada a Pradas, así como en otras resoluciones anteriores, la instructora recuerda que el mensaje que el Cecopi no envió a través de ese sistema el pasado 29 de octubre hasta las 20.11 horas (cuando decenas de personas habían fallecido ya) fue "tardío y erróneo" al pedir a la población como única medida preventiva que evitara "cualquier tipo de desplazamiento por la provincia de Valencia". La magistrada también se refiere a ese SMS masivo al explicar las finalidades de su investigación judicial.

"La instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta juez instructora", sostiene en su resolución, "de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos". Ese mensaje, según la instructora, supone "una omisión en tiempo de las alarmas", por el retraso con el que llegó, y "una actuación errónea en su contenido", ya que, según el auto, "el consejo de subir a las zonas altas se produjo cuando ya se habían producido los fallecimientos".

Los protocolos de contacto con la Aemet

Entre las novedades para 2024 de la campaña de prevención, también se recogía como una actualización del Centro de Coordinación de emergencias de la Generalitat (CCE) la revisión de las comunicaciones con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente del Gobierno central. "Se ha revisado el protocolo de contacto con el servicio de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para el ajuste de las preemergencias que derivan del pronóstico meteorológico de lluvias, tormentas y estado de la mar", decía la circular en las que se recoge el plan. La Aemet es una de las instituciones dependientes del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la que el Gobierno de Mazón ha cargado más duramente para descargar su responsabilidad. Incluso llegó a falsificar conversaciones entre una técnico de esa agencia estatal y otro de Emergencias de la Generalitat para tratar de justificar un "apagón informativo" que, según la jueza de Catarroja, nunca se produjo.

"La Aemet ya anunciaba el 26 de octubre", es decir, tres días antes de la tragedia, sostiene la instructora, "que el 29 de octubre iba a ser el día en que se esperaban mayores acumulados de todo el episodio", dice el auto. Pero, además, la resolución recuerda que, al día siguiente, el 27 de octubre la agencia estatal envió un informe con "un aviso especial de fenómenos meteorológicos adversos" que expresaba que "a partir del 28 comenzaría la parte más adversa del episodio". La víspera de la catástrofe, recuerda la magistrada, un nuevo aviso recordó que al día siguiente se produciría "el punto álgido de este episodio".

Para subrayar la responsabilidad de la Generalitat, la instructora recuerda que "la previsión [de la Aemet] estaba en posesión de las autoridades autonómicas a lo que ha de sumarse la constatación efectiva de las lluvias de aquel mismo día". Es decir, que los protocolos de comunicación entre Emergencias de la Generalitat y la agencia estatal habían funcionado pese a lo cual, el Gobierno valenciano no actuó en tiempo y forma.

Comunicación con las Confederaciones Hidrográficas

Otro de los avances de la campaña de prevención de inundaciones de 2024 fue, según el documento, el contacto con los organismos de cuenca para avanzar la posibilidad de riadas. "Se mantiene permanentemente la comunicación con las confederaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Ebro en lo relativo al seguimiento de caudales y el proceso que lleva a la declaración de una situación de emergencia", decía el documento. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también ha sido objeto de la desinformación del Gobierno de Mazón para tratar de descargar culpas, también con una grabación manipulada para simular cortes en el flujo de información desde instituciones estatales y afirmando que los correos desde ese organismo dejaron de recibirse entre las 16.13 y las 18.43 horas del 29 de octubre.

Tal y como aclaró el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende de CHJ, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que presidió Salomé Pradas, estuvo permanentemente informado de la evolución de los cauces cada cinco minutos a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que actualiza permanentemente los datos de precipitaciones y caudales. Así lo estima también la jueza en su auto de este lunes: "No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH ni de la posibilidad de acceso al mismo", decía en su resolución.

Citando datos de ese sistema automatizado, la instructora refleja en su documento cómo el caudal del barranco del Poyo se cuadruplicó entre las seis y las siete y diez de aquella tarde pasando de 493,3 metros cúbicos por segundo a 1941,1. "La forma de visualización era, como se dice en el informe de la CHJ, a través de la aplicación SAIHWIN, aplicación que se afirma que se dispondría por el Centro de Coordinación de Emergencias" de la Generalitat.

Junto a las actualizaciones del operativo de emergencias por inundaciones desarrollado por el Centro de Coordinación de Emergencias, la campaña de 2024 también señalaba que "en todo momento del año, el teléfono 112 Comunitat Valenciana atiende cualquier emergencia o noticia de alcance referida a inundaciones que ciudadanos o ayuntamientos informen". "La transmisión a los servicios de intervención es inmediata, porque hay integración en el sistema único de gestión 112 Comunitat Valenciana", añadía.

Las llamadas a ese número es otro de los indicios de negligencia de la Generalitat que aprecia la jueza. Porque a lo largo de ese día se recibieron 19.821 desde distintos puntos avisando de incidentes relacionados con la riada. La franja en la que más peticiones de ayuda a ese servicio autonómico se tramitaron fue entre las 15.00 y las 18.00 de la tarde, coincidiendo con con el pico de la Emergencia. Pero el mensaje de alerta a los móviles no llegó hasta más de dos horas después, lo que no consiguió evitar los 227 homicidios imprudentes que investiga la instructora.