El Gobierno envía al Congreso la ley contra la corrupción en la contratación pública
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes para remitirlo al Congreso el proyecto de ley orgánica de integridad pública, una norma que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.
En la rueda de prensa de balance del curso político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que la ley crea una agencia independiente de integridad pública y ha confiado en que los grupos parlamentarios tengan la "altura de miras que exige el momento" y voluntad de diálogo para aprobarla.
La iniciativa forma parte del plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por Sánchez en julio del año pasado, cuando compareció en el pleno de la Cámara Baja para abordar el caso Koldo y tras la entrada en prisión provisional de quien fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según ha explicado Sánchez, que ha destacado el asesoramiento de la OCDE para diseñar el texto, tras aprobarse el anteproyecto en febrero se han incorporado a la ley aportaciones de organismos estatales y autonómicos y también de la sociedad civil.
El proyecto de ley modifica seis leyes orgánicas y endurece las penas aplicables, amplía de cinco a siete años la prescripción de determinados delitos, refuerza la valoración de la reparación económica para acceder al tercer grado y mejora los instrumentos de localización, preservación y decomiso de activos.
Entre las leyes modificadas para impulsar las buenas prácticas, destacan las que afectan al régimen electoral, a la financiación de los partidos políticos, al régimen penitenciario, al Poder Judicial y a la protección de datos, junto a varios artículos del Código Penal, con el objeto de desarrollar "una cultura de la integridad" en el conjunto de las Administraciones.
Sobre la financiación de los partidos, establece que las formaciones políticas no podrán financiarse a través de criptoactivos y se refuerzan las restricciones y controles sobre la financiación procedente de Gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o vinculadas a ellos.
Otra novedad será la de no poder aceptar publicidad gratuita en redes sociales, además de reformularse el régimen sancionador sobre publicidad de donaciones o aportaciones.
Se dotará de un mayor peso a las unidades de auditoría interna obligatorias, de tal forma que será la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la que las controle.
Las sociedades mercantiles, la contratación pública y la financiación de los partidos políticos son las tres áreas destacadas en las que se han centrado para reforzar el control y la prevención de la corrupción con el establecimiento de nuevos sistemas de publicidad para conocer al detalle su actividad.
En el ámbito de las empresas, se buscará conocer quiénes están al frente de las mismas o cómo se han realizado transmisiones de las participaciones, ya que en ocasiones adolecen de publicidad registral suficiente.
En lo que se refiere a la contratación pública, se fomentarán medidas como la contratación centralizada, pliegos tipo, procedimientos estandarizados o las mesas de contratación más profesionalizadas. Otra novedad destacada es la puesta en marcha de auditorías ciudadanas sobre la gestión pública.
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La Agencia Independiente de Integridad Pública constituirá el eje de este nuevo sistema que integrará servicios antes dispersos en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de IGAE, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Oficina de Conflictos de Intereses. Para subrayar su independencia, su responsable será elegido a través de una convocatoria pública abierta, y se exigirá una mayoría reforzada en el Congreso para confirmarlo.
La protección al informante será un área determinante de tal forma que a quienes adviertan de prácticas posiblemente fraudulentas en el ámbito público se les respaldará con medidas cautelares frente a posibles represalias, aparte de darle apoyo psicológico y financiero o indemnizaciones por posibles daños o lucro cesante.
A través de una reforma en el Código Penal, se endurecen hasta un máximo de 20 años la pena de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas del Estado, el acceso a contratos del sector público o beneficios en determinados tributos o en la Seguridad Social a los que realicen actuaciones corruptas.
