El Gobierno ha redoblado su apuesta por la defensa de la sanidad pública en un momento crucial de la legislatura para hacer frente al avance de las derechas y sus modelos privatizadores con el fondo del escándalo del Hospital de Torrejón, en Madrid, evidenciando así las tripas de la gestión que pone los intereses económicos en primera línea.
La sanidad pública es una de las principales banderas de la coalición progresista y su gestión está llenando los discursos políticos de los ministros en el contexto, además, de arranque del ciclo electoral con varias citas autonómicas empezando por Extremadura (las regiones son las que tienen las competencias en sanidad). Un momento en el que el Ejecutivo también tiene una grieta abierta en este campo por la huelga de médicos convocada contra la propuesta del nuevo estatuto marco y por las críticas también por parte de Podemos a la tibieza que, en su opinión, tiene la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre una desprivatización total.
La titular de Sanidad está pilotando, con el apoyo del ala socialista, un plan para la desprivatización que tendrá como medida estrella una futura ley de gestión pública y de integridad del Sistema Nacional de Salud que limitará la colaboración público-privada y que blindará la sanidad pública frente a los fondos de inversión. La idea que tiene el Ejecutivo es que pase por el Consejo de Ministros en enero e iniciar así ya los trámites para sustituir la actual norma vigente que data de 1997 (cuando estaba José María Aznar al frente del Gobierno central).
Investigación sobre Ribera y Quirón
El Ministerio que dirige García también ha ampliado la investigación que encargó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada en manos del Grupo Quirón. El Gobierno central ha reclamado a la Comunidad de Madrid las auditorías económicas y las actas de la comisión mixta entre la administración y el grupo Ribera, además de los escritos de denuncia de los directivos cesados.
“No se trata de rencillas entre directivos. Es el resultado de un modus operandi que se da sobre todo en Madrid y residualmente en la Comunidad Valenciana y en Galicia. Quirón y Ribera son las dos caras de la misma moneda, un sistema engrasado que necesita de la connivencia del PP de Madrid”, señaló García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes, donde defendió una ley que ponga por delante los criterios de gestión pública frente a los objetivos económicos.
Precisamente García llevó a la reunión semanal del Consejo de Ministros un informe sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España que deja como una de sus principales conclusiones que la colaboración con entidades privadas ha dejado de ser recurso excepcional para ser ya una práctica estructural.
El documento refleja que el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud ha aumentado más de un 36% en la última década, en tanto que el gasto total en ellos se incrementó un 84,6% entre 2011 y 2023. El informe considera que este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud, a la vez que advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.
Asimismo, señala que la sanidad pública asume más del 95% de los tratamientos más costosos (como trasplantes, grandes quemados o neonatos de muy bajo peso), mientras que la privada tiende a la atención selectiva, concentrando los casos menos complejos.
El informe recoge la contradicción de que, a pesar de que los ciudadanos prefieren la sanidad pública a la privada, no para de crecer el número de seguros. En 2024 el 32,6% de la población española se había hecho alguno, casi el doble del 17,2% que se registraba en 2018. Con contrastes entre las autonomías: Madrid está a la cabeza con un 44% frente a Navarra que registra sólo un 19%.
Batalla política y en los tribunales
Esta lucha contra el modelo del Hospital de Torrejón también se va a librar en los tribunales. El PSOE de Madrid ha llevado el caso a la Fiscalía al considerar que las prácticas conocidas podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública. “La sanidad es un derecho. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que nunca más nadie haga negocio con la sanidad pública de Madrid”, señaló el líder de la federación y ministro de Transformación Digital, Óscar López. También Más Madrid y Podemos han anunciado que acudirán a la Fiscalía respecto a este caso.
El escándalo del Hospital de Torrejón ha endurecido todavía más la batalla entre el Gobierno central y la Puerta del Sol. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, acusó a la coalición progresista de avivar la polémica como “un trending topic para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas y los puteros”. La responsable autonómica llegó a referirse a la ministra García como la “pistolera de Vallecas”.
Tensiones por el estatuto marco
El PSOE lleva a la Fiscalía la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón (Madrid)
El Ministerio de Sanidad tiene a la vez un frente abierto con la redacción del nuevo estatuto marco para los profesionales sanitarios, un texto que se encuentra en fase de borrador y que vendría a sustituir al actual que data del año 2003, aprobado durante el Gobierno de Aznar. Los médicos están en pie de guerra contra García e iniciaron este martes una huelga en toda España con paros durante cuatro días para pedir un estatuto propio.
García tendió la mano a los médicos y subrayó que se han incluido todas las reivindicaciones de los sindicatos dentro de las competencias del Ministerio, pero precisó que hay aspectos, como las reclamaciones sobre retribuciones, que dependen de las autonomías. Apeló al diálogo y dijo que si no sale adelante el texto, no habrá mejoras como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, los límites a las jornadas semanales y el establecimiento de oposiciones cada dos años. El Ejecutivo mantiene su intención de llevar la norma al Consejo de Ministros y posteriormente a las Cortes.
Pero el choque no viene solo desde la derecha, sino que Podemos marcó también sus diferencias con García apoyando las movilizaciones de los médicos. Y, asimismo, avisó de que la ley de gestión que prepara el Gobierno no tendrá el voto de los morados si no garantiza una prohibición real de la privatización de la gestión de centros públicos. Los morados advierten que no tolerarán “puertas raras por detrás”, por lo que aseguran que ya están preparando una proposición de ley propia para derogar la actual de 1997.
El Gobierno ha redoblado su apuesta por la defensa de la sanidad pública en un momento crucial de la legislatura para hacer frente al avance de las derechas y sus modelos privatizadores con el fondo del escándalo del Hospital de Torrejón, en Madrid, evidenciando así las tripas de la gestión que pone los intereses económicos en primera línea.