El Gobierno paga a una empresa de Florentino por el funicular cerrado del Valle

En julio de 1975, cuando al dictador Francisco Franco le quedaban pocos meses de vida, se inauguró el funicular del Valle de los Caídos, un aparato concebido para transportar un millar de personas a la hora desde la explanada de la Basílica hasta la terraza de la Cruz de Cuelgamuros. Por aquel entonces, el proyecto se vendió como una atracción turística que potenciaría las visitas al mausoleo fascista. Sin embargo, desde hace una década el aparato no es otra cosa que un pozo sin fondo de dinero público. El Ejecutivo, a través de Patrimonio Nacional, ha dilapidado sólo en los últimos seis años casi 200.000 euros en un funicular que lleva desde 2008 cerrado al público. La práctica totalidad de este desembolso se lo llevó una de las compañías del grupo que preside Florentino Pérez. Y, en algunos casos, a través de contratos que se adjudicaron de forma irregular, tal y como denunció en 2016 el propio Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del consejo de administración de Patrimonio Nacional.

Sólo entre 2012 y 2017, el Estado enterró en el funicular del Valle de los Caídos un total de 191.531,91 euros, tal y como se desprende de la respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a una pregunta parlamentaria planteada por el senador de Compromís Carles Mulet. Del total, una parte muy pequeña, apenas 2.178 euros, fue desembolsada en 2016 a la empresa SGS Inspecciones Reglamentarias SA para la “prestación de servicios y estudio de las condiciones de seguridad” del aparato. El resto, 189.353,91 euros, fueron devorados en concepto de mantenimiento: 41.501,63 euros en 2012, 41.243,48 euros en 2013, 42.243,52 euros en 2014, 42.243,52 euros en 2015 y 21.121,76 euros en 2016. Este diario ha intentado, sin éxito, conocer a cuánto asciende el gasto desde que el aparato fue clausurado al público y los motivos por los que no consta ninguna adjudicación relativa al mantenimiento del funicular ni en la respuesta del Gobierno a Mulet ni en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los trabajos de conservación del aparato los lleva realizando la empresa Moncobra SA desde 2006, cuando consiguió la adjudicación del contrato “Operación y mantenimiento del funicular del Valle de los Caídos”. Dicha firma pertenece al Grupo Cobra, filial de la constructora ACS –que dirige Florentino Pérez– dedicada al desarrollo, creación y operación de infraestructuras industriales.

En los últimos meses, Moncobra SA ha saltado a la palestra en el marco del denominado caso La Sal, una investigación sobre la presunta trama de corrupción montada alrededor de la adjudicación de la Planta Desaladora Escombreras, en Cartagena. En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, lleva meses tratando de esclarecer una supuesta malversación de 600 millones de euros que salpica a varias firmas del grupo ACS –entre ellas Moncobra– y a varios exaltos cargos del Ejecutivo murciano.

Fraccionamiento de contratos

Algunos de los contratos de mantenimiento del funicular del mausoleo fascista fueron, además, adjudicados de manera irregular. Así lo indicó en 2016 el Tribunal de Cuentas, que dejó constancia de ello en un informe de fiscalización del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional: “Se aprecia en varios casos el fraccionamiento de las mismas prestaciones con la misma empresa en sucesivos contratos menores, cuya suma en el año supera el límite establecido para su tramitación por este procedimiento, eludiendo así los requisitos de publicidad y concurrencia”. En concreto, el organismo fiscalizador hacía alusión, entre otras adjudicaciones, a las dos para el mantenimiento del funicular que fueron concedidas en 2013 a la firma del grupo ACS. Por estos trabajos, conseguidos sin encontrar apenas competencia, la empresa del holding que capitanea Florentino Pérez se embolsó 42.243,48 euros, impuestos incluidos.

La Ley de Contratos del Sector Público que por aquel entonces estaba en vigor establecía que cualquier adjudicación que no fuera de obras sólo podía licitarse por la vía del contrato menor si no superaba los 18.000 euros (IVA excluido) –desde marzo de 2018, el listón se ha rebajado hasta un máximo de 15.000 euros–. Si Patrimonio Nacional hubiera sacado la conservación del aparato en una sola licitación, el límite legal habría sido rebasado y el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia debería haber recurrido al concurso público. Pero al partir estos trabajos en dos licitaciones diferentes –una de 17.999 euros y otra de 18.000 euros, impuestos excluidos–, la adjudicación pudo hacerse por la vía del contrato menor, eludiendo así los requisitos de publicidad y concurrencia.

Esta práctica, no obstante, es ilegal según la Ley de Contratos del Sector Público. “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”, recoge el artículo 86.2 de la citada norma –el 99.2 de la ley que actualmente está en vigor–. Y así se lo recordó el Tribunal de Cuentas al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en el demoledor informe de fiscalización hecho público en 2016. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia ni siquiera trató de defenderse de dichas acusaciones en las casi 200 páginas de alegaciones que presentó ante el órgano fiscalizador.

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El funicular del Valle de los Caídos fue abierto al público en julio de 1975. Al acto inaugural, que se inició con la bendición de las instalaciones por parte del entonces abad mitrado de Cuelgamuros, José María de Lojendio e Irure, acudieron el presidente de Patrimonio Nacional, el subsecretario de Información franquista y el alcalde de Madrid. Así, entre los aplausos de los asistentes, comenzó a funcionar en el complejo monumental un aparato con el que se buscaba potenciar las visitas al mausoleo fascista. “Puede transportar mil personas por hora. (…) Con este funicular cobran nuevos atractivos la visita turística al Valle de los Caídos”, se señalaba en el NO-DO del 21 de julio de 1975.

El aparato estuvo en funcionamiento continuo hasta 1999, cuando fue cerrado por primera vez al público. Permaneció fuera de servicio hasta 2004, cuando se reabrió después de una inyección de 2,34 millones de euros realizada por Patrimonio Nacional para la modernización de los sistemas de seguridad y la rehabilitación de la cafetería abierta en sus instalaciones. Sin embargo, y a pesar del enorme desembolso que supuso la nueva puesta a punto del funicular, los visitantes sólo pudieron disfrutar de él durante cuatro años. Desde julio de 2008, está “en funcionamiento limitado exclusivamente para el servicio interno y la conservación, en correcto estado, de la instalación” por el riesgo que tiene para las esculturas de la base de la cruz, según la versión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas.

A pesar de llevar una década completamente parado, desde Patrimonio Nacional han defendido la necesidad de seguir desembolsando dinero anualmente para su conservación. “La continuidad en este mantenimiento es importante para conservar el valor de la instalación y evitar su degradación, permitiendo el acceso de personal técnico a la base de la cruz. Si no se verificasen periódicamente un mínimo de operaciones, la degradación de la instalación supondría actuaciones futuras y mucho más costosas en cables de tracción, poleas y cojinetes, baterías y motores de accionamiento. (…) Por otro lado, un cierre prolongado de los equipos sin pasar las inspecciones anuales provocaría la pérdida de la autorización de funcionamiento que otorga la Comunidad de Madrid”, señaló el organismo dependiente de Presidencia en sus alegaciones ante el Tribunal de Cuentas.