El Gobierno pisa el acelerador y desbloquea una decena de leyes y consensos clave de la legislatura

La sensación que se respira estos días entre los miembros del Gobierno es parecida a lo que afirmó Yolanda Díaz en su toma de posesión como vicepresidenta tercera: “La legislatura empieza ahora”, dijo la política gallega en referencia al fin de la pandemia y de todo lo que le quedaba por hacer al Ejecutivo. La crisis del covid-19 estalló cuando la coalición de PSOE y Unidas Podemos apenas echaba a andar y, durante casi un año y medio, la gestión pública ha estado monopolizada por el impacto del coranavirus y sus consecuencias.

En el Consejo de Ministros son conscientes de que esa gestión de la pandemia, ligada generalmente a restricciones y a una gravísima situación económica, ha supuesto un desgaste para el Gobierno de cara incluso a su propio electorado. Y por eso ahora la intención es “darle mucha actividad al BOE, hacer todo lo que vinimos a hacer pero que no hemos podido porque estábamos lidiando con la peor pandemia en un siglo”, explica un miembro del Ejecutivo que añade: “ni siquiera Cataluña, que parecía el gran tema, se ha podido afrontar hasta ahora”.

De hecho, en los primeros días de enero de 2020, cuando Pedro Sánchez fue investido presidente, se hablaba de una legislatura que estaría marcada por la crisis política de Cataluña y por una ambición claramente reformista. Pero ha habido que esperar dieciocho meses para poder abordar ambas cosas. Ahora, con el país batiendo récords de vacunación y con datos históricos de creación de empleo, Sánchez y sus ministros aceleran su agenda legislativa con medidas de un marcado perfil progresista, principalmente en el terreno de los derechos sociales como las leyes de Igualdad (LGTBI y de libertades sexuales), la de eutanasia o la de infancia. En el terreno económico se acaba de concretar también una ambiciosa reforma del sistema de pensiones y quedan pendientes otras medidas que deberían tener luz verde a corto plazo, como la ley de vivienda, la derogación de la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Leyes pioneras ya en vigor

Desde el 25 de junio, hace poco más de una semana, en el Boletín Oficial del Estado están publicadas las leyes de eutanasia y de infancia. Con la primera, España se convierte en uno de los siete países del mundo que cuenta con una regulación en vigor para garantizar la muerte digna de aquellas personas que así lo requieran. Recurrida ante la Justicia por PP y Vox, la ley de eutanasia es una de las medidas estrella del Gobierno de coalición para legislar el reconocimiento a nuevos derechos. Tras una lucha de décadas por parte de asociaciones y familiares que vienen reclamando amparo legal al derecho de morir en libertad, la nueva ley contempla que un profesional sanitario pueda “poner fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de éste por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.

El mismo día que la de la muerte digna entró también en vigor la conocida como “Ley Rhodes” o ley de protección de la infancia. En adelante, la prescripción de los delitos relacionados con abusos a menores no empezará a contar hasta que la víctima no cumpla 35 años, y no 18 como hasta ahora. También se regula que, en los casos de violencia de género, se pueda suspender el régimen de visitas de los presuntos maltratadores si se dicta una orden de protección para la madre y existen indicios de que los menores han presenciado el maltrato.

Leyes de Igualdad

También tienen ya fumata blanca dos de los textos más enquistados en la coalición por las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos. Este próximo martes está previsto que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente la ley de libertades sexuales. Impulsada por el ministerio de Irene Montero y conocida como la ley del sólo sí es sí, aborda la violencia sexual de forma integral e incluye una reforma legislativa que dará respuesta a la demanda del movimiento feminista de que cualquier relación sin consentimiento es violación, oponga resistencia o no la víctima. Ahora empezará su tramitación parlamentaria y se calcula que antes de final de año podría estar publicada en el BOE.

También el Ministerio de Igualdad elevó para su aprobación al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva ley LGTBI el pasado martes. Tanto Irene Montero como el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hablaron de ese paso como “día histórico para los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos”. Entre otras muchos aspectos y tras una intensa batalla política entre la vicepresidencia de Carmen Calvo con el Ministerio de Igualdad, finalmente se lleva a cabo la propuesta defendida desde el principio por Unidas Podemos: de ahora en adelante las personas trans podrán ejercer libremente su derecho a cambiar de género en el registro sin necesidad de ser tratadas médicamente ni de someterse a ningún tipo de tratamiento hormonal o consulta psiquiátrica. Una ley que, en palabras de la ministra, “convierte a España en referencia de la defensa y protección de los derechos a las personas LGTBI”.

Impulso económico

En materia económica, Pedro Sánchez y su equipo se vuelcan ahora en que, tras el desastre provocado por la pandemia, la recuperación protagonice la segunda mitad de la legislatura. Todos los esfuerzos están centrados en que los fondos europeos contribuyan a “la reconstrucción económica” de España y la reducción drástica de los niveles de desigualdad. En ese sentido, y tal como adelantó infoLibre, el Gobierno ya trabaja en la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que pretenden ser aprobados “en tiempo y forma” y que consolidarían las políticas expansivas de inversión pública y gasto social.

Aún así, en la Moncloa se acumulan las reformas económicas pendientes, algunas de gran calado. Una de ellas sí se ha concretado esta misma semana, tras alcanzarse un acuerdo para la reforma de las pensiones entre sindicatos, gobierno y patronal. El documento firmado introduce un cambio legal que da respuesta a la principal demanda de los jubilados: que las pensiones se revaloricen cada año según el IPC para garantizar su poder adquisitivo. También se aumentan las bonificaciones al retraso de la jubilación y se deroga el factor de sostenibilidad introducido por el PP, aunque la alternativa a ese modelo aún no se ha concretado y sigue enfrentando a los socios de Gobierno.

En un horizonte más o menos cercano tiene el Gobierno la intención de concretar otros asuntos de mucha carga política para su electorado y el primero de ellos podría ser la ley de vivienda. Tras acercar posturas hace un par de semanas sobre la regulación de los precios del alquiler, los ministros José Luis Ábalos e Ione Belarra siguen sin cerrar un texto que continúa siendo motivo de enfrentamiento político. Desde el PSOE, la apuesta es la congelación de precios y la incentivación fiscal a los propietarios que decidan bajarlos. En Unidas Podemos insisten en que el acuerdo firmado contempla que las administraciones públicas no solo puedan congelar esas rentas sino incluso bajarlas. En cualquier caso, la intención del Gobierno es cerrar el texto cuanto antes para dar respuesta a otra de las demandas más importantes de la ciudadanía y más sensibles para el electorado progresista, como es el acceso a la vivienda.

Pero hay mucho más. Esta misma semana el presidente del Gobierno y la vicepresidenta y ministra de Trabajo se han reunido para afrontar asuntos pendientes como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la derogación de la reforma laboral. Las primeras noticias tendrían que llegar del SMI, cuya subida reclama Yolanda Díaz desde principios de 2021 y avala el informe elaborado por la comisión de expertos. Desde el ministerio de Economía son contrarios a esa actualización alegando que este Gobierno ya ha acometido la mayor subida del salario mínimo hasta fijarlo en 950 euros y que supone una amenaza para la ya complicada situación de muchas empresas y de la economía española en su conjunto. Los históricos datos de creación de empleo conocidos este viernes podrían ser un argumento más para que el Gobierno considere asumible para las empresas una actualización del SMI en 2021 que los expertos fijan en 18 euros. Para derogar la reforma laboral comprometida en el acuerdo de Gobierno habrá que esperar más. Al menos, hast que finalicen las negociaciones en la mesa del diálogo social que componen empresarios, sindicatos y el propio Gobierno.

La parte de Unidas Podemos en la coalición está convencida de que todas esas reformas pendientes se acabarán solucionando desde una óptica “claramente de izquierdas, sin medias tintas”. En primer lugar, “porque es lo que la gente espera de un Gobierno progresista como el nuestro, quienes nos han votado no entenderían otra cosa”, explica un alto cargo morado en el Ejecutivo que añade una conclusión más: “en el Congreso ya no hay geometría variable. Con el desplome de Ciudadanos y su vuelta a Colón, Pedro Sánchez solo puede sacar leyes adelante con la mayoría de la investidura, es decir, con la izquierda. Y la izquierda no te va a probar una ly de vivienda timorata”.

Una muestra de que al Gobierno le preocupa dar respuesta a las demandas de la mayoría social que le dio el poder es la reforma de la tarifa eléctrica. El Ejecutivo tardó poco en darse cuenta de que la medida había sido recibida de manera casi unánime como un claro perjuicio al bolsillo de los consumidores, especialmente de los más vulnerables. Dos semanas después, el Consejo de Ministros aprobó una baja del IVA desde el 21% a 10%.una baja del IVA desde el 21% a 10%

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Ley de Memoria

También durante el mes de julio, previsiblemente en el Consejo de Ministros del día 13, el Gobierno sacará adelante la nueva ley de memoria histórica. Ese texto supondrá un paso en el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil, que incluirá a los fallecidos durante la Guerra, a los represaliados por la dictadura, y a los niños y familiares directos de niños robados o adoptados de manera irregular. Además, las fundaciones que supongan apología del franquismo serán ilegalizadas y serán declaradas nulas las sentencias impuestas durante la Guerra o la dictadura por razones políticas.

El presidente del Gobierno ha confirmado en repetidas ocasiones que agotará la legislatura y que quedan más de dos años hasta la convocatoria de las elecciones. Un alto cargo del Gobierno resume el espíritu de cómo se afronta ahora ese tiempo: “Llevamos un año y medio muy duro y con un acoso y derribo de la derecha en el peor momento, tenemos que pilotar la reconstrucción económica de este país. Y no hay que olvidarse de darle razones a los nuestros para que estén orgullosos de lo que votaron frente a los cenizos de Colón que dicen que ‘no’ a todo”.