El Gobierno recurre la adscripción del Colegio de Abogados a la Complutense que aprobó Ayuso
La adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid se encuentra con obstáculos. La idea, que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, ha sido recurrida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Fuentes del ministerio, dirigido por Diana Morant, aseguran que es algo inédito que un colegio profesional pueda repartir títulos. Además, afirman que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.
La aprobación de la adscripción a la UCM del centro de la ICAM tendría que ver, según recoge elDiario.es, con la falta de financiación de la Universidad Complutense, algo que se podría aliviar mediante esta operación ya que las universidades reciben dinero por alojar centros adscritos. También, apunta el medio digital, sigue la línea del gobierno de Ayuso, que querría tener más influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con su constante privatización de la educación.
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Precisamente, fuentes del ministerio han asegurado a elDiario.es que “el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”.
Con este centro, la propia Complutense se estaría haciendo competencia a si misma, ya que en el grado de Derecho no llena todas las plazas, con una tasa de cobertura del 90%. De esta forma, dicen fuentes del ministerio, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública". También han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".
El recurso del Gobierno se une al que ya presentó el PSOE hace pocos días y, además, podrían no ser los únicos. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también lo haría ya que considera que es un paso "forzado" y "un error". El rector asegura que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una declaración que también comparte la Universidad Complutense.
