Un hijo del juez de 'Kitchen' y la caja B del PP de Madrid trabaja como letrado del Gobierno de Díaz Ayuso

El juez Manuel García Castellón.

Un hijo de Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que desde 2017 investiga los que tras Gürtel se han convertido en los mayores casos de corrupción vinculados al PP, trabaja como funcionario interino del cuerpo de letrados del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde una fecha indeterminada pero en cualquier caso posterior a diciembre de 2020. García Castellón, y así lo asegura su entorno, no cree que de lo anterior se derive un conflicto de intereses ni que se ponga en riesgo la apariencia de imparcialidad.

Entre los asuntos judiciales cuya instrucción está o ha estado asignada a García Castellón constan, entre otros, el relativo a la caja B del PP en Madrid (caso Púnica) y el espionaje a Luis Bárcenas (la llamada pieza Kitchen del caso Villarejo).

La Comunidad de Madrid ejerce la acusación particular en Púnica —la causa a la que quedó adscrito lo relativo a la financiación del PP madrileño, con Esperanza Aguirre como imputada de mayor rango político— y en Lezo, que gira en torno a los manejos de su antiguo delfín y luego sucesor, Ignacio González.

Pese a ello, la presidenta Isabel Díaz Ayuso homenajeó a Aguirre el pasado lunes. Lo hizo en un acto oficial donde, tras presentar el retrato de su antecesora encargado y pagado por la Administración madrileña, la definió en los siguientes términos: “Es una de las figuras más extraordinarias que ha dado la política de nuestro país en los últimos años”.

Aunque el titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia ha declinado hacer declaraciones a infoLibre sobre la entrada y estancia de su hijo en la Administración madrileña, su entorno ha remarcado tres ideas. La primera, que el hijo de García Castellón consta asignado como funcionario interino al área de derecho laboral y no a la penal y civil. La segunda, que entró en el Cuerpo de Letrados porque las bases de las oposiciones a las que se presentó —en 2020— preveían que quienes superasen el primer ejercicio aunque no los siguientes podrían convertirse en funcionarios interinos. Y la tercera, la ya enunciada sobre su convicción de que no cabe plantear la existencia de un potencial conflicto de intereses.

Tanto el área de derecho penal y civil como la de laboral pertenecen a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Fue el 11 de diciembre de 2020 cuando el Boletín Oficial de Madrid (BOCM) incluyó su nombre en la tríada de opositores susceptibles de incorporarse a la lista de espera de funcionarios interinos del Cuerpo de Letrados. El 2 de febrero, el BOCM confirmó su inclusión en la lista.

El pasado miércoles, este periódico envió tres preguntas sobre las tareas que realiza y la fecha en que el hijo de García Castellón —cuyo nombre completo facilitó este periódico— se incorporó al Cuerpo de Letrados. Las preguntas llegaron a Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, la consejería que dirige quien hasta el desembarco interno de Alberto Núñez Feijóo ostentó el cargo de secretario nacional de Justicia del PP, Enrique López. Transcurridas 27 horas, el portavoz al que se había dirigido el cuestionario se limitó a responder por escrito que el Ejecutivo no aporta información respecto a la labor profesional de una persona que forma parte del cuerpo de funcionarios de la Administración regional.

La documentación oficial de resoluciones sobre convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Letrados indica que en mayo de 2020 el descendiente de García Castellón ya había superado el primer ejercicio de las oposiciones de aquella anualidad. Ahora, los boletines oficiales señalan que el 16 de febrero de este año aprobó el primer ejercicio de una nueva oposición. Y que para someterse a la segunda prueba se fijó la fecha del 30 de mayo.

Con el silencio del Gobierno de Díaz Ayuso quedaron así sin respuesta oficial las preguntas sobre la fecha en que el hijo del juez adquirió la condición de funcionario interino y la de si trabaja a las órdenes del jefe de la unidad penal y civil. Tampoco se ha accedido a facilitar información acerca de cuántos funcionarios interinos fueron contratados a la par que el anterior. Ni sobre si la Comunidad considera que puede generarse alguna duda sobre un hipotético o potencial conflicto de intereses. Fuentes ajenas a la comunidad y al juez García-Castellón indicaron luego a infoLibre que el joven no trabaja en el área penal y civil.

García Castellón asumió la instrucción de Púnica y Lezo en junio de 2017 cuando, tras 16 años como juez de enlace primero en Francia y luego en Italia, regresó a la Audiencia Nacional a petición propia. Hasta entonces, y desde que Púnica estallara en octubre de 2014 y Lezo saliera a la luz en abril de 2017 con la detención de Ignacio González, los dos casos habían estado en manos del juez Eloy Velasco, que ocupaba la plaza del juzgado de instrucción 6 de forma provisional.

Una conversación entre Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana y captada por la Guardia Civil desveló que el sucesor de Esperanza Aguirre había intentado, como mínimo, maniobrar para que Eloy Velasco saliera 'disparado' del juzgado 6. Y que lo pusieran (literalmente) a “escarbar cebollinos” .

Fechada en noviembre de 2016, en esa conversación Zaplana le dice a González que hay una "jugada" planeada, respecto a una salida de Velasco. Entonces, González le comenta: "Vamos a ver, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia y tenemos a un juez que está provisional".

Como relató el diario El Español, González se refería a que la plaza que ocupaba Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pertenecía a Manuel García-Castellón, que estaba de juez de enlace en Roma. El digital reprodujo así lo que se oye en el audio: "Yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular. Que ya me las apañaré con el titular, coño. Que al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente rogelio y le dan de magistrado de enlace en Roma, y gana una pasta vive como dios y el tío no quiere saber nada, claro. Yo le llamo a éste y le digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste a tomar por culo. Pero ¿qué te cuesta eso? Y a este tío le pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¡Pero qué cojones de chantaje! Pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla", se lamenta el expresidente de Madrid.

Como luego explicó eldiario.es, al hablar de un "rogelio", González estaba confundiendo a García Castellón con otro juez, Miguel Carmona, fundador de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y que, en efecto, había sido trasladado fuera de España, pero a Londres.

En agosto de 2021, García Castellón abrió juicio oral contra Ignacio González por varios delitos de corrupción relacionados con contratos del Canal de Isabel II, el grupo empresarial hídrico de la Comunidad de Madrid.

El pasado 25 de enero, y con el respaldo de la Fiscalía, el juez rehusó aprobar una nueva prórroga y cerró la instrucción de la pieza de financiación ilegal del PP, la PS9 del caso Púnica. El día 4 de ese mes se habían incorporado a esa misma pieza los documentos que uno de los condenados en Gürtel, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, aportó con el argumento de que confirmarían cómo Esperanza Aguirre desvió dinero público para el partido. Los papeles de Ortega no pudieron llegar a investigarse. El juzgado adujo que el exalcalde siempre podrá declarar en el juicio “sin que sea preciso dilatar la investigación a la espera de un hipotético análisis de una documentación que, según se dice en el escrito, no se le habría facilitado en el centro penitenciario”.

Entre las decisiones más polémicas por el enfrentamiento que desencadenaron entre el juez y la Fiscalía se cuenta el archivo, en julio de 2021, de la imputación que pesaba sobre María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen. Es decir, el del espionaje a Luis Bárcenas.

El pasado 20 de abril, la Sala de lo Penal de la Audiencia tumbó el recurso de Anticorrupción contra la desimputación de Cospedal y dejó fuera del caso a la antigua secretaria general del PP. Ahora, los nuevos audios de Villarejo desvelados dejan abierta la posibilidad de una reapertura. El PSOE la pidió hace dos semanas. Y Podemos acaba de adherirse. El juez ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre si considera que debe reabrirse la instrucción.

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