Los hospitales privados reclaman 246 millones mientras Gobierno y autonomías discrepan sobre quién paga

Cerrada la fase más aguda de la pandemia, aunque con el riesgo abierto de los rebrotes, la patronal hospitalaria, Alianza de la Sanidad Privada (ASPE), ya ha hecho sus cuentas. Y reclama "un máximo" de 246 millones de euros al Estado por su contribución, explica a infoLibre Carlos Rus, presidente de ASPE. De momento, es una reclamación pública. Pero, de fondo, surge la hipótesis de la vía judicial si no hay acuerdo.

¿De dónde sale la cifra de los 246 millones? No hay una respuesta fácil. En las autoridades sanitarias predomina el silencio, mientras la patronal sanitaria no ofrece todos los datos. Aunque algunos sí. Y, sobre ellos, estimaciones. Un total de 124 hospitales privados han atendido, según un informe elaborado para ASPE por la consultora Madimer, a 19.289 pacientes "diagnosticados o con sospecha de covid-19". Es la cifra que ASPE considera de pacientes "hospitalizados". Además, otros 1.536 pasaron por las UCI de estos 124 hospitales, según ASPE. El número de PCR y "otros test relacionados con covid-19" ascendió a 11.924, según la misma fuente

Aunque estas cifras circulan en numerosos medios como el total de los pacientes atendidos y de pruebas realizadas por la sanidad privada, a preguntas de infoLibre ASPE aclara que los 124 hospitales son sólo una muestra, que no se corresponde con el total de lo aportado por la sanidad privada. ¿Cuál es el número total de pacientes, entonces? La respuesta es una estimación "conservadora" y "precavida", según Rus: 25.000 hospitalizados y 2.200 en UCI.

Hay que integrar estos números en las estimaciones de tiempo medio de hospitalización y de coste diario que maneja ASPE. Son dos:

1) La estancia media de hospitalización es de 8,46 días por paciente, con un coste de 730 euros al día.

2) La estancia media en UCI es de 18,76 días por paciente, con un coste de 2.304 euros al día.

Tomando como referencia los 25.000 pacientes hospitalizados que estima ASPE, el coste sería de 154,39 millones de euros. Y sobre la base de los 2.200 pacientes en UCI, el montante ascendería a 95,09 millones. Por otra parte, los hospitales privados han realizado 111.924 PCR "y otros test relacionados con covid-19", según ASPE. El coste que asigna la Generalitat de Cataluña a las PCR, cuantía con la que ASPE está de acuerdo, es de 93 euros cada prueba. No obstante, no es posible aplicar los 93 euros a las casi 112.000 pruebas, lo cual superaría los 10 millones, porque no está detallado cuáles son esos "otros test".

En cualquier caso, la cuantía total superaría los 250 millones de euros, tomando como base las estimaciones de ASPE. Pero Rus recalca que "el máximo" estimado para la reclamación al Estado nunca superaría los 246 millones, incluyendo los "gastos de disponibilidad" de los recursos sanitarios. Es decir, el coste por haber destinado a la lucha contra el covid-19 recursos propios que han dejado de dedicarse a otras tareas.

Ahora mismo sólo hay un acuerdo sobre cómo calcular el coste de la parte catalana, no cuantificada. Según los datos facilitados por el departamento de Sanidad de Cataluña, hasta el 16 de junio hubo 4.319 pacientes ingresados por covid-19 en hospitales privados, más 481 en UCI.

El decreto catalán

La patronal ha encargado ahora un "dictamen jurídico" al bufete Santiago Mediano Abogados para exigir "responsabilidad patrimonial" al Estado, en compensación por la intervención de la sanidad privada durante el estado de alarma.

La advertencia llega ante lo que ASPE considera un "abandono" por parte del Gobierno, con el que no ha acordado una compensación. La patronal, que denuncia su exclusión del llamado "Fondo Covid", negocia directamente con las comunidades autónomas, pero sólo ha alcanzado un acuerdo con una: Cataluña. Carlos Rus, presidente de ASPE, indica que su "referencia" para calcular la compensación se basa en el acuerdo con la Generalitat. ¿Y qué dice este acuerdo? Que cada ingreso en UCI son 43.400 euros, independientemente del tiempo de ingreso. Que cada hospitalización sin UCI son 2.500 euros si son menos de 72 horas, 5.000 sin son más. Que cada PCR son 93 euros.

Rus asegura que el acuerdo con Cataluña, recogido en un decreto de la Generalitat, es "extrapolable" al servicio prestado en todas las comunidades autónomas añade que las cuentas catalanas son compatibles con las de la propia ASPE. El decreto brinda un marco adecuado para resolver la situación, según ASPE. Además de diversas tarifas, dicha norma establece para los centros privados "un pago fijo correspondiente a la facturación del mes de febrero de 2020, como pago a cuenta".

A ello se suman los precios de por hospitalización en planta o UCI. Se añaden otros conceptos como altas por convalecencia en "hospitales de campaña" (1.381,3 euros) y altas de hospitalización "a domicilio" (942,08). Y añade: "Una vez se dé por finaliza la situación de emergencia sanitaria, el Servicio Catalán de la Salud deberá encargar una auditoría externa de los gastos incurridos en la prestación de la actividad extraordinaria [...] a fin de garantizar que no hay un abuso de posición de dominio por parte de la administración sanitaria ni tampoco un margen de beneficio superior al razonable por parte de las entidades [...]".

Rus insiste en que el decreto catalán fija un marco que sería válido para todo el Estado, aunque se muestra consciente de las particularidades de las diferentes comunidades. Entre aquellas con las que ha iniciado conservaciones, cita a Madrid –epicentro de la pandemia en España–, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Murcia, Canarias, Castilla y León, Baleares, Navarra y La Rioja. No obstante, tal y como ha comprobado este periódico, hay más comunidades negociando.

La reclamación de ASPE es que el Gobierno y las autonomías lleguen a algún acuerdo para compensar a la sanidad privada. "Ahora mismo todos se están pasando la pelota unos a otros", afirma. En caso de que no haya acuerdo satisfactorio, según declara Rus a este periódico, no descarta la vía judicial, aunque prefiere la negociación. Para valorar la "viabilidad" de esta medida, precisamente, ha encargado el "dictamen jurídico".

El ministerio y las autonomías

Al otro lado de la mesa, hay pocas respuestas. infoLibre ha preguntado por su posición al Ministerio de Sanidad y las 17 autonomías. El panorama es muy heterogéneo a nivel regional. Por su parte, el departamento que dirige Salvador Illa, insistentemente requerido, ofrece una respuesta que apunta a las autonomías: "Las comunidades tienen mecanismos establecidos para compensar el gasto por derivación de pacientes". Nada más.

En las comunidades, Andalucía y Galicia sitúan la pelota en el tejado del Gobierno, aunque con diferentes tonos. La Consejería de Salud de la Junta es la más categórica y señala a la responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Es una reclamación que se hace al gobierno central, ya que nos encontrábamos en estado de alarma con un mando único".

El Ejecutivo de la Xunta de Galicia señala que "la solución que se pudiera dar debería ser similar en todo el Sistema Nacional de Salud y no una solución distinta en cada comunidad autónoma". 

La Junta de Castilla y León afirma que ha solicitado al ministro que establezca "las medidas normativas oportunas de forma homogénea en todas las comunidades con el fin de disponer de un criterio común para todo el Sistema Nacional de Salud". Castilla y León cree que el acuerdo con Cataluña "no es comparable" porque "las clínicas privadas están integradas" en el sistema público.

El Gobierno de la Región de Murcia afirma que las conversaciones están "abiertas" y que "se están estudiando las propuestas del sector".

Asturias señala que firmaron acuerdos de colaboración y que "a cambio de la disponibilidad de un número de camas, el servicio de salud les suministró [a los hospitales privados] el material de protección necesario y medicación asociada“.

El Ejecutivo de Extremadura responde que "se realizará el pago por las estancias de los pacientes ingresados derivados por el Servicio Extremeño de Salud". Y añade: "No entenderíamos ninguna compensación adicional ya que por expectativa de uso no consideramos se deba compensar y más teniendo en cuenta que en el periodo de alarma la actividad asistencial programada se redujo al mínimo".

¿Y Madrid, epicentro de la pandemia en España? La respuesta es muy parca. Un portavoz afirma que las partes siguen "en conversaciones" y no es posible "concretar más". Lo cierto es que es en Madrid donde más exigido ha estado el sistema. No obstante, ni ASPE ni la Fundación IDIS, el lobby que abarca a las distintas patronales del campo sanitario –hospitales, farmacia, seguros, tecnología–, hacen público el reparto por comunidades de la atención a pacientes por coronavirus en centros privados.

Madrid, Cataluña y Navarra arrancan las derivaciones de pacientes con covid-19 a la sanidad privada en la segunda ola

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Este periódico no ha logrado recabar respuesta de Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco, Baleares, Castilla La Mancha, Navarra, Aragón, Cantabria y La Rioja.

Hay más de 460 hospitales hospitales privados en España. La facturación del sector ha superado los 6.400 millones de euros al año, según el último informe de la Fundación IDIS, con datos de 2018. Los 13 principales agentes, aquellos que facturaron en 2018 más de 100 millones, concentran el 42% de los hospitales y el 56% de las camas. El líder es Quirón, con una facturación de 2.800 millones. Los siguientes son Vithas, Ribera Salud, HLA-Asisa, HM, Hospiten, Sanitas, Clínica Universitaria de Navarra, Viamed, Pascual y Juaneda, con datos de IDIS de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

ASPE agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados. Esta patronal asegura que todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa por pandemia: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79%, las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%, siempre según los datos de la patronal.