Bunkering

ICV pide al Gobierno el informe secreto en el que se apoya Cañete para no inhibirse

El diputado de ICV Joan Coscubiela.

La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds Laia Ortiz ha presentado este viernes una solicitud de datossolicitud de datos para que el Gobierno facilite a su grupo el informe de la Abogacía del Estado por el cual el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, argumentó que no estaba obligado a inhibirse en las decisiones que se tomasen en Consejo de Ministros sobre el bunkering, pese a que presidió una empresa (Petrolífera Ducar) con intereses en la materia hasta el mismo día que fue nombrado ministro. InfoLibre solicitó hace dos semanas dicho documento a Agricultura, pero un portavoz de Cañete respondió que no era público.

En su petición, Ortiz resalta el eventual "conflicto de intereses" en que ha podido incurrir Cañete, que el pasado 30 de agosto declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no se había inhibido en las decisiones que se tomaron sobre el bunkering en Gibraltarbunkering . El ministro aseguró que tomó esta decisión porque el informe que había solicitado a la Abogacía del Estado señalaba que "no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario", no tenía por qué hacerlo.

La diputada ha asegurado en declaraciones a infoLibre que la opinión de su grupo es que "esta información debería ser pública", y ha hecho hincapié en la paradoja que para su partido supone que, tras la reciente aprobación de la Ley de Transparencia, estos documentos sean de carácter secreto. "La actitud del Gobierno ha sido toda la legislatura la de poner palos en las ruedas", ha asegurado Ortiz, que no obstante se ha mostrado confiada en que finalmente el Ejecutivo les facilitará el documento ya que, según ha dicho, "legalmente no se pueden negar". Asimismo, la representante ha afirmado que conocer el informe les ayudará a aclarar la implicación de Cañete en el tema del bunkering, un asunto que, asegura, les "genera dudas".

El número de acciones de la empresa es irrelevante

De expresarse el informe de la Abogacía en los términos que declaró el ministro, esto supondría una interpretación restrictiva de la Ley 5/2006 de Regulación de Conflictos de Intereses, que en su artículo 7 asegura que "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos [...] en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". 

Esta definición afectaría a Cañete, ya que según la leyel número de acciones que se posean en la empresa es irrelevante, y lo que se tiene en cuenta son los cargos que se hayan desempeñado en ella hasta dos años antes del nombramiento. Según la declaración de actividad del ministro –realizada cuando entró en el Gobierno–, abandonó la presidencia de Petrolífera Ducar el 22 de diciembre de 2011, el mismo día que tomó posesión de su cargo.

El ministro también argumentó para no abstenerse que la disposición aprobada no era un real decreto, que tiene efecto directo sobre terceros, sino de un proyecto de ley, que no lo tiene: "Son las Cortes las que son soberanas y las que elaboran la ley. El Gobierno pone en marcha un proyecto, pero a partir de ese momento no tiene un efecto normativo respecto a terceros; por lo tanto, no hay un acto que pueda perjudicar a un tercero en el que me deba inhibir", defendió Cañete.

Cañete sí se inhibió en 2012

No obstante, llama la atención que Cañete sí se inhibió el 30 de noviembre de 2012, cuando se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 1620/2012, que declaraba como Zona de Especial Conservación (ZEC) las aguas limítrofes al Peñón y prohibía el bunkering en ellas. Ante una pregunta de la diputada del PSOE Meritxell Batet, el Ejecutivo aseguró el pasado junio que Cañete se había inhibido en la votación por una cuestión de conflicto de intereses, y la propuesta tuvo que ser elevada y defendida no por él, sino por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

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