El futuro de Cataluña

Los indultos se abren paso y ya suman el respaldo del Congreso, los empresarios, los sindicatos y los obispos catalanes

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este jueves en Barcelona.

Poco a poco, la intención del presidente Pedro Sánchez de contribuir a la distensión política en Cataluña indultando a los doce presos del procésgana más adeptos. Entre los últimos y más sorprendentes, el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, así como los empresarios y los obispos catalanes. A todos les parece una buena idea. Y suman sus voces a las de los principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que ya se manifestaron hace días, y al Congreso de los Diputados, que esta misma semana se pronunció por mayoría absoluta a favor de las medidas de gracia.

Enfrente, mientras Sánchez, su gobierno, PSOE y Unidas Podemos se esfuerzan en explicar sus planes —el presidente ha convocado el lunes en el Liceu de Barcelona a 300 personas, según La Vanguardia—, PP, Vox y Ciudadanos no logran sumar adhesiones para pararlos. El intento de Pablo Casado de abrir una brecha en el PSOE en torno a esta cuestión ha resultado infructuoso. Así que después de quedarse por debajo de las expectativas en la manifestación del domingo en la madrileña plaza de Colón, y de que las mociones contra la medida de gracia no estén logrando dividir a los socialistas, a la derecha ya sólo le queda una carta: el recurso que los tres partidos planean presentar ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo en cuanto el Gobierno apruebe el decreto con los indultos.

De ahí que el Ministerio de Justicia esté preparando con sumo cuidado la motivación del decreto que con toda probabilidad aprobará el Gobierno antes del mes de julio. El Ejecutivo se juega mucho e intentará que la medida de gracia no pueda ser impugnada por los tribunales.

Garamendi fue muy claro en una entrevista en TVE: los indultos son bienvenidos si llevan a “que las cosas se normalicen” en Cataluña. Aunque luego, a la vista del enfado de PP, Vox y Cs, tratase de matizar sus propias palabras afirmando que la CEOE no toma partido ni a favor ni en contra de las medidas de gracia a los condenados por el procés.

El presidente de la patronal española sí explicó qué entiende por normalización: “Que se cumpla la Constitución, se actúe dentro del Estado de Derecho, respetando ley y el Estatuto, y que se hable de lo que se tenga que hablar”, concluyó no sin desaprovechar la ocasión para valorar el saludo de este miércoles entre Felipe de Borbón y el president de la Generalitat, Pere Aragonès. CEOE, zanjó, defiende la unidad de España pero también desea “estabilidad política”.

No fue el único desaire que Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas tuvieron que escuchar este jueves. En Barcelona, delante del líder del PP, el vicepresidente del Cercle d’Economia, Jordi Gual, apoyó abiertamente los indultos. No deben ser vistos como “concesiones inaceptables ni vergonzosas”, defendió, sino como el inicio del diálogo.

Gual no es cualquiera. Preside el Consejo de Administración de VidaCaixa y la fundación Fedea, una referencia para la derecha, y es miembro del Consejo de Administración de Telefónica. Por citar sólo algunas de las responsabilidades que adornan su currículum.

Y no fue el único, lo que demuestra que es un debate maduro entre los empresarios. En el mismo foro, Foment del Treball, la patronal catalana, se sumó también a la defensa de los indultos. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, abogó  por “poner todos los elementos a nuestro alcance para que los dos gobiernos dialoguen y se normalicen las relaciones. Los indultos son un mecanismo más con el que también estamos de acuerdo”, subrayó.

Del lado de las medidas de gracia se alinearon también los obispos catalanes. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Tarraconense, que representa a la iglesia católica catalana, declaró que, ante el contexto social y político en Cataluña, está convencida “de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto”.

Hace falta algo más que “aplicar la ley”

“El logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley”, afirman los obispos. “Hay que proponer el diálogo siempre como vía efectiva que da respuesta a la esperanza de resolver las divisiones. Si el diálogo es serio, capaz y abierto, y si se admite que dialogar siempre significa renunciar a las propias exigencias para encontrarse en el camino con las renuncias del otro, habrá avances”.

La posición expresada por los empresarios y los obispos es muy relevante para el Gobierno porque puede facilitar nuevos apoyos en los próximos días. Y se suma además a que ya hicieron pública hace diez días UGT y Comisiones Obreras con el fin de abrir un “nuevo tiempo político” y “superar episodios pasados” en Cataluña.

La permanencia en prisión de los dirigentes independentistas condenados supone, en opinión de ambos sindicatos, un “serio impedimento” para “propiciar ese escenario de diálogo” en Cataluña y “para reconducir el camino deliberativo y transaccional propio de la política”.

La opinión de los agentes sociales y de al menos una parte de la Iglesia católica se suma además a la voluntad expresada esta semana por la mayoría absoluta del Congreso. Fuerzas políticas que ocupan 190 de los 350 escaños (PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, EH Bildu, Junts, PDeCAT, PNV, Más País, Compromís y el BNG) respaldaron los planes del Gobierno y votaron en contra de una iniciativa del PP que no logró que el legislativo desautorizase los planes de Sánchez. Los de Casado sólo sumaron los apoyos de Vox, Cs, Foro, UPN y PRC. Apenas 160 votos.

El PP cuestionó en el Pleno la justicia y la equidad de una medida que creen que sólo será de “utilidad” para el Gobierno y que en ningún caso facilitará la normalización política de Cataluña. El PSOE, en cambio, volvió a pedir a los españoles que “confíen” y “no duden” del proceso de diálogo y reencuentro con Cataluña que ha puesto en marcha el presidente del Gobierno y que incluye, además, la reanudación de la mesa de diálogo con la Generalitat.

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