Los jueces llevaron en 2017 al banquilllo por delitos de corrupción a 411 personas, según el Poder Judicial

Los juzgados españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó juicio oral o procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. Así se desprende del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción que elabora el órgano de gobierno de los jueces, que se dio a conocer este lunes tras incorporar los datos correspondientes al último trimestre de 2017.

De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden a los últimos tres meses de 2017. La Audiencia Nacional terminó la investigación de cuatro causas y la comunidad autónoma que más instrucciones concluyó fue Andalucía (22), seguida de Canarias y Cataluña (11), según estos datos.

De todas estas causas, los jueces y juezas españolas dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 411 personas, de las cuales 97 de ellas fueron sentadas en el banquillo de los acusados en el último trimestre.

Las sentencias parcial o totalmente condenatorias aumentan un 2,5%

Por otro lado, el repositorio informa de que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, juzgados y tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total. Este dato supone un incremento del 2,5% con respecto a 2016, cuando se dictaron 74 condenas. 

 

"Un paso más en la recuperación de la confianza de la sociedad"

Durante el acto de presentación del repositorio, que tuvo lugar este lunes, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, valoró positivamente los datos y mostró su confianza en que su publicación suponga para la sociedad "un paso más [...] en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones". "Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles", señaló.

Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, manifestó que este repositorio evidencia "la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo, ofreciendo una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial". 

Esta estadística, que contiene datos desde el tercer trimestre de 2015, considera "delitos de corrupción" los que tienen que ver con ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

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El repositorio es de acceso público y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores: personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, entre otros.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.