Manifestaciones

El juez pide a la Asamblea ratificar que Cifuentes es aforada para decidir sobre una querella

Cifuentes podría ser imputada por prevaricación durante las Marchas de la Dignidad de 2014

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El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha pedido a la Asamblea de Madrid que certifique la condición de aforada de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, según adelantó El Mundo. Es el paso previo a remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que podría imputar a la presidenta en relación a los graves enfrentamientos entre manifestantes y Policía durante las Marchas de la Dignidad, que confluyeron en la capital el 22 de marzo de 2014 y que se saldaron con más de un centenar de heridos. Por entonces la política era delegada del Gobierno en Madrid. El escrito remitido, como asegura el medio, lleva el encabezamiento de “prevaricación administrativa”.

La plataforma Marchas de la Dignidad interpuso el 13 de febrero de 2015 una querella criminal contra Cifuentes y todos los mandos, tanto políticos como policiales, que a juicio de la organización tuvieron algún grado de responsabilidad en los enfrentamientos: desde el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, hasta el cargo homónimo de la Guardia Civil, Arsenio Fernández, pasando por inspectores, jefes intermedios y “todos aquellos que resulten responsables de los delitos (…) en el curso de la investigación”, como asegura el comunicado.

La querella fue interpuesta por la plataforma junto a numerosas organizaciones, que atribuyen a los denunciados los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, delito contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación y de delitos contra los derechos constitucionales y cívicos. Arguyen, expone el periódico, que infiltrados de las fuerzas de seguridad provocaron la violencia que justificaba la intervención de los antidisturbios, y que la acción policial no se dirigía contra los alborotadores, sino contra el conjunto de los manifestantes, que en el momento de la carga leían un manifiesto en la plaza de Colón dentro de las horas permitidas y estipuladas para la concentración.

La plataforma Marchas de la Dignidad pidió en su página web ayuda para sufragar el pago de los 48.000 euros que le exigía el juzgado como fianza. La sala argumentó, según la organización, que la cifra estaba justificada por “los intereses del conflicto, el número de querellantes y querellados y los delitos que se imputan a los querellados”.

Respuesta de Cifuentes

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En una tribuna publicada en el diario El Mundo, Cifuentes califica la querella presentada de "auténtico disparate". "Según parece, está basada en una supuesta prevaricación administrativa, es decir, dictar una resolución injusta, por parte de todos los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, incluidos mandos operativos y yo misma como delegada del Gobierno en Madrid, por las medidas que se tomaron ante los violentísimos incidentes ocurridos al final de la manifestación conocida como marcha de la dignidad".

"Quienes teníamos responsabilidades en aquellos momentos en materia de seguridad ciudadana, lo que hicimos fue cumplir la ley para restablecer el orden público y evitar los graves daños físicos y materiales que causaban los violentos.Hoy, sin embargo, quienes cumplimos la ley y velamos por la seguridad de los ciudadanos nos vemos en el punto de mira de los violentos que la vulneraron sin miramientos, y que están tratando de instrumentalizar las leyes y la Justicia, como arma de descalificación y manipulación política", sostiene. 

"Es el mundo al revés", sentencia.

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