Corrupción

La jueza cita como imputado a un amigo de Feijóo por “tráfico de influencias” en la trama de cursos falsos de Galicia

El empresario Pachi Lucas, con camisa blanca y aplaudiendo, justo detrás de Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo en el palco de autoridades de la plaza de toros de Pontevedra.

Xan García

La sombra del empresario Francisco Ramón de Lucas Blanco, más conocido como Pachi Lucas, vuelve a proyectarse sobre su amigo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pachi Lucas acaba de ser citado en calidad de investigado (lo que hasta hace poco se conocía como imputado) por la jueza que investiga la trama de subvenciones públicas a cursos de formación falsos que la policía sacó a la luz el transcurso de la Operación Zeta. La jueza quiere averiguar si, tal y como sostuvo en su día la policía y señalan algunos testimonios, el amigo de Feijóo se valió de su posición para cometer un delito de tráfico de influencias al actuar como intermediario entre los promotores del negocio ilegal y los altos cargos de la Xunta de los que dependía el dinero público utilizado para alimentar los falsos cursos de formación.

El principal acusado en la causa, el empresario coruñés Gerardo Crespo, relaciona abiertamente a Pachi Lucas no sólo con Feijóo sino también con Mariano Rajoy. Hace ahora un año aseguró que "no solo es amigo de Alberto Núñez Feijóo; es muy, muy amigo y gran protegido de Mariano Rajoy". Los tres han sido vistos con frecuencia compartiendo palco con otros amigos en la plaza de toros de Pontevedra.

"Fue apadrinado por familias de Pontevedra donde está Mariano Rajoy", apostilló el supuesto cabecilla de la trama. "Este señor se relaciona maravillosamente y luego de quien se hace amigo es de Núñez Feijóo, que es íntimo amigo, es como su novia", añadió Crespo, que también explicó que decidió contactar con él "a través de las familias de Pontevedra", entre la que situó a la de Mariano Rajoy. "Lo ficho como empleado para mis empresas porque me parece el mejor representante, el mejor comercial posible". "Él hace su trabajo, lo hace bien y con las bendiciones del presidente de la Xunta", precisó.

La jueza que instruye la causa también ha citado en calidad de imputada (lo que ahora se conoce como investigada) a Ana María Díaz López, alto cargo de Feijóo y actual directora general de Conservación da Natureza de la Xunta.

Así se recoge en el auto hecho público este viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, al que tuvo acceso Europa Press, a través del cual también han sido llamadas a declarar otras 23 personas, entre ellas la actual conselleira de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio y exresponsable de la Consellería de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y el actual secretario general de Pesca en funciones y exdirector xeral de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy.

Ana María Díaz está siendo investigada como supuesta autora de un delito de prevaricación, el mismo que se atribuye al exdirector de Formación e Colocación durante el bipartito de la Xunta, Pastor Fuenteseca Díaz.

A este nombre, se suma, también por el presunto delito de prevaricación, el de Juan José Barrera Cerezal, exdirector general de Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración durante el último Gobierno socialista.

La jueza acuerda, además, la citación en calidad de investigados de "quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico".

Se trata de 21 personas que serán citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental en una trama por la que ya fueron imputados –antes de cambiarse la denominación a investigado– una treintena de personas, entre ellas el también exdirector xeral de Traballo, Odilo Martiñá.

“Indicios de connivencia”

En el caso de los exaltos cargos, asegura que se basa no solo en "los datos objetivos ya apuntados en relación al examen de los expedientes administrativos en que intervinieron, que revelan una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto" sino también en la existencia de "indicios de connivencia con los principales actores de la trama".

En relación con el empresario Pachi Lucas, al que la investigación considera el conseguidor de subvenciones pública para la trama, el auto apunta a la existencia de correos electrónicos remitidos desde el grupo empresarial de Gerardo Crespo en los que se alude a "asuntos en Madrid y Galicia", "referencias concretas a adjudicaciones y cobros pendientes" y "una cita concertada" por el ahora citado como investigado para el empresario coruñés con la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor.

El presidente de la Xunta siempre se ha negado a explicar qué relación mantiene con el conseguidorse ha negado a explicarconseguidor pese a las numerosas preguntas que le han dirigido periodistas y portavoces de la oposición. Siempre se ha aferrado a que no existía ninguna resolución judicial que afectase a su amigo, pero ahora esa excusa se ha derrumbado con la decisión de la jueza de investigarle por "tráfico de influencias".

El auto de la jueza que instruye el sumario de la Operación Zeta vuelve a poner de actualidad las amistades peligrosas del presidente gallego. Primero fue Marcial Dorado, el amigo del presidente condenado por narcotráfico con el que viajaba y compartía tiempo libre cuando él era un alto cargo de Manuel Fraga y el hoy preso de la cárcel de A Lama (Pontevedra) ya había sido detenido dos veces, la última de ellas en el marco de la llamada Operación Nécora, dirigida por el juez Baltasar Garzón.

Ahora es su amigo Pachi Lucas, un empresario madrileño afincado en Bueu (Pontevedra) al que la Policía considera el intermediario entre la lucrativa trama que se hizo con 20 millones de euros organizando cursos falsos con dinero de la Xunta, del Gobierno central y de otras comunidades autónomas.

La citación judicial al amigo de Feijóo llega además en pleno año electoral en Galicia. El Parlamento de Galicia debe renovarse antes del próximo mes de noviembre y las encuestas están lejos de garantizar al PP la renovación de su actual mayoría absoluta. Precisamente este domingo Feijóo, a través de un entrevista publicada en el diario Faro de Vigo, reveló no sólo que aún sabe si optará a la reelección al frente del Gobierno gallego sino que no tomará una decisión hasta el mes de abril.

Será precisamente ese mes cuando se agote el plazo para que el Congreso de los Diputados elija nuevo presidente. Si para entonces no lo ha conseguido, habrá nuevas elecciones. De hecho, en la misma enrtrevista asegura: "Es difícil contestar a si quiero ser candidato de la Xunta o del PP de España"

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