El Corte Inglés

La Justicia investiga a El Corte Inglés por apropiación indebida y blanqueo

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno

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La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite un querella presentada por la Corporación Ceslar –que posee el 9,001% del accionariado de El Corte Inglés– contra la cúpula de la empresa por delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental, vulneración al derecho a la información y blanqueo de capitales. La Audiencia Provincial había ordenado que se abriera la investigación apenas un mes antes de que el Juzgado número 46 de Madrid lo decretara, según ha informado El Confidencial.

La admisión a trámite de la querella –que está dirigida contra el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, los consejeros Antonio Hernández-Gil, Manuel Pizarro, Carlos Anselmo Martínez Echevarría, Shahzad Shahbaz y Florentino Lasaga, así como como el supuesto asesor externo de la empresa David Barreiro y las sociedades Noganoir Capital y Tereze Capital– abre las diligencias de investigación. La Audiencia ordenó que el juzgado reclamara a los investigados unos contratos que justificarían el pago de 19,5 millones de euros por parte de El Corte Inglés a Noganoir Capital y Tereze Capital (vinculadas a Barreiro y radicadas en Singapur y Emiratos Árabes). Esos 19,5 millones los habría abonado El Corte Inglés por la supuesta labor de asesoramiento que estas desarrollaron en la operación del préstamo de 1.000 millones que concedió el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani –que compró el 10% de la empresa en julio de 2015– a través de la sociedad Primefin.

Carlota Areces, que fue expulsada del consejo de administración en agosto de 2015 y encabeza la Corporación Ceslar, sostiene que ese supuesto trabajo de intermediación por el que El Corte Inglés pagó cerca de 20 millones realmente no se produjo y añade que ese dinero realmente "encubre el pago de comisiones a favor de terceros cuya identidad se desconoce y que bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado".

"La contratación de Barreiro es ficticia, pues actúa a modo de parapeto de terceros propietarios de las mercantiles", insiste Corporación Ceslar, que en su escrito considera evidente que Barreiro "no es el titular último de Noganoir y Tereze ni el beneficiario último" de los 19,5 millones.

El auto de la Audiencia Provincial también critica que el Juzgado que tramita ahora el caso desestimara la querella presentada por Ceslar hace un año, en febrero de 2016, y califica de "prematura" la resolución, ya que "yugula el procedimiento", dado que se tomó "sin practicar la más mínima diligencia, cuando resulta manifiesta la gravedad de los hechos".

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