Limpia, fija… y busca mecenazgo: la RAE, entre el BOE y el Ibex-35
La Real Academia Española (RAE) está en el centro del debate cultural tras su choque con el Instituto Cervantes. Las palabras de Luis García Montero, director del segundo, aludiendo a que la primera “está en manos de un experto en llevar negocios para empresas multimillonarias”, encendieron una disputa que trasciende lo personal.
García Montero se refería con estas declaraciones a Santiago Muñoz Machado, director de la RAE desde 2013, abogado de profesión y el primero desde la década de los 50 en ocupar el cargo sin ser lingüista de formación, como hizo notar García Montero. La academia ha manifestado su "absoluta repulsa" por las "incomprensibles manifestaciones" del director del Cervantes.
Detrás de la polémica late una pregunta de fondo: ¿qué tipo de institución es hoy la RAE y de quién depende su sostenibilidad económica?
Personalidad jurídica propia, presupuesto ministerial y fundación
La RAE tiene, según sus estatutos, personalidad jurídica propia, pero recibe su financiación ordinaria mediante subvenciones nominativas en los Presupuestos Generales del Estado, a cargo del Ministerio de Ciencia y Universidades, con quien mantiene su relación administrativa, aunque no depende directamente de él.
A falta de presupuestos generales, el ministerio le otorga, junto al resto de academias de otras ciencias, una subvención directa mediante real decreto. En 2024 y 2025, ascendió a 7,45 millones de euros, un millón menos que la cantidad destinada al resto de academias juntas, un total de 16.
El complemento económico a las partidas públicas de la Academia llega a través de la Fundación pro-RAE, creada en 1993 para canalizar donaciones y colaboraciones privadas. Sus estatutos, actualizados en junio de 2023, establecen que el presidente de la Fundación es el gobernador del Banco de España y que el rey ostenta la presidencia de honor, mientras que el director de la RAE actúa como vicepresidente. En el Patronato se sientan también los presidentes autonómicos —de forma rotatoria— y varios miembros de la academia.
A esa representación institucional se suma un peso notable del sector privado: el Patronato reúne a figuras como Ana Botín (Banco Santander), Isidre Fainé (La Caixa), Marc Murtra (Telefónica), Marta Álvarez (El Corte Inglés), Juan Sánchez-Calero (Endesa) o José Mayor Oreja (Fundación ACS), además de a directivos de Mutua Madrileña, Cajasol, Grupo Planeta o la Cámara de Comercio de España. Un consejo en el que conviven el gobernador del Banco de España y varios presidentes autonómicos con varios de los principales nombres del Ibex 35, en un formato que mezcla la participación de las instituciones públicas y de las grandes empresas.
Los estatutos de la Fundación, actualizados en junio de 2023, permiten este equilibrio: los patronos pueden ser designados “por su relevancia en el ámbito académico, cultural, económico, social o profesional”. Esta combinación de dinero público y mecenazgo privado convierte a la RAE en una rara avis entre las instituciones culturales españolas. No es un organismo estatal, pero vive en parte de fondos del Estado; no es una fundación enteramente privada, pero se apoya en grandes empresas para financiarse.
Choque de modelos
El choque con el Instituto Cervantes no es solo una cuestión de legitimidades, sino también de enfoque sobre cómo preservar y proyectar el español, como dejan entrever las declaraciones de Luis García Montero.
El Cervantes, plenamente público, actúa como brazo cultural del Estado y defiende una visión más abierta, que asume la diversidad del idioma y su relación con otras lenguas del país. La RAE, en cambio, combina la subvención con el patrocinio y mantiene una función normativa más clásica, centrada en fijar criterios y preservar la unidad. Ambas comparten objetivo —promover el español en el mundo—, pero difieren en su manera de hacerlo y en el modelo de autonomía que reivindican.
En ese punto intermedio entre el BOE y el Ibex, la RAE sobrevive gracias a los equilibrios de un modelo mixto, tan propio del siglo XXI como las disputas sobre la lengua que debe custodiar.
