Justicia

La mano derecha de Lesmes participó en la designación de los jueces que cobraron de la Comunidad de Madrid

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial.

El vocal a propuesta del PP en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial Gerardo Martínez Tristán fue uno de los magistrados que aprobaron en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la designación de los jueces y secretarios que cobraron las dietas de la Comunidad de Madrid, según confirmaron a infoLibre fuentes del propio Poder Judicial, que especifican que la reunión se celebró el 28 de noviembre de 2011.

La Sala de Gobierno la componían entonces, además de Francisco Vieira como presidente del TSJM y Martínez Tristán, en calidad de máximo responsable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; el presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andrés; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer; y el juez decano, José Luis González Armengol, según informa el diario Confilegal.com.

Y en esa reunión, los magistrados acordaron designar a los jueces que iban a formar parte de los grupos de trabajo con la Comunidad de Madrid. El diario El País publicó quejueces, fiscales y otros funcionarios adscritos al TSJ recibieron más de 200.00 euros de la Comunidad de Madrid. Y lo recibieron de forma directa o indirecta con la participación de la empresa Indra. Precisamente, el TSJ es el órgano que se encarga de investigar a los aforados del Gobierno madrleño, presidido por Ignacio González (PP).

Comité Permanente

En concreto, el trabajo de los magistrados consistió en el desarrollo de una herramienta informática en decanatos y órganos judiciales que se puso en marcha en 2010. Asimismo, nueve juristas que conformaban el denominado Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados y tribunales de Madrid (integrado por tres jueces y seis secretarios) percibieron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno (27.000 en total).

La actuación de Martínez Tristán, marido de la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por María Dolores de Cospedal, fue muy polémica al pretender que todos los recursos presentados contra la privatización de la Sanidad madrileña se decidieran en el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que él presidía. El PSOE llegó a plantear la recusación de Martínez Tristán por su proximidad al PP. Al final, este magistrado acabó siendo propuesta como vocal del Poder Judicial, en donde ahora se le considera la mano derecha u hombre de confianza del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Servicio de Inspección

La Comisión Permanente, de la que forma parte Martínez Tristán, fue la encargada de enviar este caso al Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero. También este mismo órgano reclamó al Servicio de Inspección del Poder Judicial que elaborara un informe, confirman a este diario fuentes oficiales del Consejo. Según el diario Confilegal.com este servicio ya ha iniciado sus pesquisas con entrevistas a los magistrados que participaron en los trabajos.

infoLibre se ha puesto en contacto con un magistrado, de reconocido prestigio, que explicó que lo prudente por parte de Martínez Tristán habría sido abstenerse: "Que la Comisión Permanente reclame un informe podría parecer neutro, pero realmente debería de abstenerse. No era necesario que se encargara este informe, ya que Martínez Tristán que estaba ahí mismo, podía informar del tema", completa el juez que reclama anonimato.

Pero el papel de Martínez Tristán como integrante de la Comisión Permanente del Poder Judicial podría tener un mayor peso. Esta comisión tendría la facultad de obligar al instructor a que reabriera el caso si éste hubiera decidido archivarlo. Y en caso de que la comisión disciplinaria acordara una sanción, el recurso tendría que ser resuelto por la Comisión PermanenteComisión Permanente.

Declaradas a Hacienda

Según reconoció Vieira en una nota de prensa, la intervención de los magistrados ha sido "esencial" para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas "adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración". También aseguró que todas las cantidades percibidas habían sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.

Asimismo, Vieira explicó que desde un principio entendió que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorizaciónCGPJ o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343".

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