Memorialistas culpan a la Junta de Castilla y León de poner trabas a la exhumación de víctimas de la dictadura

"Llevaban años sin meterse en estos temas, y ahora que lo han hecho ha sido solo para obstaculizar nuestro trabajo". Así define Emilio Silva, fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el último decreto aprobado por la Junta de Castilla y León (PP) en materia de memoria histórica, concebido el pasado abril para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura franquista en la comunidad. La realidad, sin embargo, es bien distinta de la pregonada por la administración conservadora.

Tras casi veinte años y más de 800 víctimas desenterradas a sus espaldas solo en Castilla y León, la ARMH ha financiado y realizado más de 140 intervenciones en favor de preservar la memoria histórica y ayudar a las familias de los represaliados a encontrar a sus seres queridos. Aunque siempre han obrado por su cuenta y riesgo relacionándose directamente con ayuntamientos, juntas vecinales o iglesias para que les permitieran llevar a cabo su trabajo, los últimos movimientos del Gobierno de Juan Vicente Herrera han creado todo un "laberinto administrativo que retrasa la actuación de los familiares". "Supuestamente iban a mejorar la situación, pero lo único que han hecho es poner más trabas y obstaculizar las exhumaciones", lamenta Silva en conversación con infoLibre.

En concreto, el Decreto de Memoria Histórica de la comunidad fue pensado para intentar "colaborar en la búsqueda" de las víctimas y obligar a que ayuntamientos y particulares permitan las excavaciones "cuando se tengan indicios suficientes de que hay un enterramiento de represaliados", según señaló en abril el vicepresidente regional, José Antonio de Santiago-Juárez. La situación, sin embargo, no se ha dado de la manera prometida, sino que desde su entrada en vigor el decreto solo ha servido para paralizar dos exhumaciones en la comunidad. Así, la ARMH tenía previstos dos desenterramientos en julio, pero según denuncia aún no se han resuelto los casos administrativamente.

Boadilla (Salamanca): cuatro víctimas a la espera

El pasado mes de febrero, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se puso en contacto con el ayuntamiento de Boadilla, un pequeño pueblo del municipio La Fuente de San Esteban (Salamanca). El motivo: sus últimos estudios habían localizado una tumba con los cuerpos de cuatro vecinos. Las víctimas –Emilio Gutiérrez, Julio Calzada, Esteban Mateos y su hermano Tiburcio– fueron asesinadas el 12 de agosto de 1936 y enterradas en el fondo del cementerio vecinal en una fosa común.

A pesar de contar con el apoyo de la Junta Vecinal para desenterrar los cuerpos en el camposanto del municipio, el Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban se negó a otorgar el permiso en papel oficial en contra de lo dictado por la propia Ley de Memoria Histórica (2007). Haciendo uso de la reciente reglamentación, la ARMH solicitó el amparo de la Junta de Castilla y León, que resolvió no actuar de ningún modo porque la solicitud de exhumación (febrero) se había realizado antes que la aprobación del decreto (abril), congelando así todos los procesos. 

 

Familiares de Tiburcio y Esteban Mateos observan la tumba de los dos hermanos en Boadilla, Salamanca.

Santa maría del Tiétar (Ávila): tres represaliados en parálisis

Gracias a la memoria de una vecina de Santa María del Tiétar (provincia de Ávila), la asociación pudo localizar la tumba de tres vecinos de Casillas, una localidad cercana. Las identidades de los tres represaliados, asesinados extrajudicialmente el 11 de octubre de 1936, corresponden a Regino Rodríguez, un hombre apodado El Patarrillo y una tercera persona cuyo nombre y origen siguen investigándose. Sus cuerpos, arrojados en dos puntos de la zona, permanecen intocables ante el silencio administrativo.

Porque la ARMH cuenta a día de hoy con todos los permisos necesarios para llevar a cabo la exhumación de las víctimas, que solicitaron en junio de este año. Todos, excepto el de la Junta de Castilla y León, que ha paralizado el desenterramiento alegando que "no habían recibido ninguna documentación al respecto". Tras una segunda reclamación por parte del consistorio local, el expediente apareció "milagrosamente" en la Oficina de la Secretaría General de Valladolid, narra Emilio Silva.

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Geras de Gordón: otra intervención pendiente

La tercera actuación pendiente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica dentro de Castilla y León se da en un pequeño enterramiento clandestino en medio de la carretera. En el PK 11 de la vía que une Pola de Fordón con el embalse de San Pedro de Luna se encuentra la tumba de Francisco Alonso Alonso, un vecino de Trobajo del Camino asesinado el 25 de octubre de 1937 en Geras de Gordón. Durante la caída del frente norte se refugió en la zona hasta que fue apresado por los falangistas, que lo fusilaron junto a su hermano Gregorio –enterrado en el cementerio de León–.

A día de hoy, ni Emilio Silva ni la ARMH entienden el por qué de este nuevo decreto, aunque sí tienen sus teorías. "Creo que es una operación de marketing, para vendernos la moto, porque ya sabemos cómo son y lo que les importa", señala Silva. Porque la falta de atención de la Junta ha afectado sobre todo a los familiares de las víctimas, que son quienes reclaman la búsqueda de sus seres queridos y que muchos de ellos, de ya avanzada edad, "no tienen tiempo que perder para encontrarlos".