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¿Negociar en el Congreso o dar por perdida la ley? Unidas Podemos afronta su propio debate sobre el 'sí es sí'

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Vestrynge, en la manifestación de la Comisión 8M.

Dos meses. Es el plazo que se ha dado el PSOE para aprobar la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, en el Congreso, justo en vísperas de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo. Los socialistas insisten en que aún queda mucho tiempo para llegar a un acuerdo con su socio de gobierno, Unidas Podemos, que este martes votó en contra de la toma en consideración de la ley, enarbolando un discurso muy crítico contra la formación de Pedro Sánchez. "Quieren volver al calvario probatorio. Le están dando la espalda a todas las mujeres", lamentó su portavoz, Lucía Muñoz.

En la bancada socialista no sentó nada bien ni el tono ni el discurso. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, acusó a Unidas Podemos de mantener una "posición irresponsable" por no "reconocer el problema" generado tras el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales. En declaraciones a la Cadena Ser, señaló que sus socios de coalición habían "mentido descaradamente" al asegurar que el PSOE había pactado la modificación con PP y Vox. Los de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor mientras que los de Santiago Abascal optaron por la abstención.

Todo el grupo confederal de Unidas Podemos votó unido en contra de la propuesta del PSOE, pero este miércoles algunas voces admitían que el discurso de Muñoz fue "excesivo" y manifestaban sus reservas con la línea dura del ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero. Unas diferencias que la vicepresidenta Yolanda Díaz trasladó a Montero el martes a última hora, en una reunión improvisada que se produjo a escasos minutos de la votación en una sala anexa al hemiciclo en la que también participo el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago.

El propio presidente del grupo parlamentario y líder de los comunes, Jaume Asens, ha llamado a "bajar los decibelios" para intentar un futuro acuerdo, en alusión a la fase de tramitación de la normativa: "Hay que confrontar menos y trabajar más", ha señalado. En este sentido, Asens considera que su grupo debe negociar con el PSOE en el Congreso para tratar de mejorar el texto en la fase de enmiendas. Sin embargo, desde la dirección de Podemos dudan de que esta vía dé resultado y ya aventuran que los socialistas no se van a mover ni un ápice de sus posiciones.

Por su parte, los de Patxi López trasladan que están dispuestos a negociar y, por tanto, a ceder. Es más, fuentes del partido están convencidas de que el pacto puede llegar más fácilmente desde el Congreso que desde el ministerio por las tensiones entre Montero y la titular de Justicia, Pilar Llop. Estas fuentes aluden a la "buena sintonía" que hay entre López y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, lo que, a su juicio, podría contribuir a "acercar" posturas. En todo caso, ese acuerdo debería contar con supervisión ministerial y ser ratificado por Llop y Montero.

Hacer públicas las propuestas: la baza de Unidas Podemos con las enmiendas

Desde el Ministerio de Igualdad insisten en que su voluntad siempre ha sido pactar y que, por ese motivo, han puesto diez alternativas sobre la mesa que el Ministerio de Justicia ha desdeñado. Sin embargo, esos documentos nunca se han hecho públicos amparándose en la "discreción" de las negociaciones. Una vez que se inicia el trámite parlamentario, los morados podrían jugar con esta carta para incluir algunas de estas demandas en las enmiendas al articulado. Una posibilidad que, según fuentes del grupo parlamentario, todavía no se ha explorado.

La tramitación parlamentaria durará semanas. Si algún grupo lo pide, el texto podría enfrentarse a un debate de enmienda a la totalidad, una posibilidad que, por lo pronto, desde Unidas Podemos descartan. Luego llega la fase de enmiendas parciales, que añadiría, como mínimo, una semana más al trámite. Según el calendario que manejan los socialistas, la siguiente siguiente semana el texto podría pasar ya por ponencia y comisión. Por último, la norma debería ser debatida y votada en el Pleno. Según los cálculos más optimistas, todo este proceso se llevaría a cabo en el plazo de un mes.

Si supera el trámite en la Cámara Baja, el texto pasaría al Senado. En el PSOE sitúan en 20 los días necesarios para completar este trámite. En Unidas Podemos hay quien ve "interés electoral" por parte de los socialistas para conseguir que la ratificación de las Cortes de la reforma del solo sí es sí se produzca en los primeros días de mayo. Esto implicaría que la norma estaría lista en vísperas de la campaña electoral del 28M, cuyo pistoletazo de salida está fijado para el 12 de mayo.

Desgaste pero no ruptura

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El presidente Pedro Sánchez ha tratado de quitarle hierro a la negativa de Unidas Podemos a modificar su propia ley. De esta manera, quiere salvaguardar uno de los principales activos que defiende de la coalición: una unión mucho más estable de lo que se pronosticó y que ha logrado sacar adelante hasta tres presupuestos generales del Estado, ampliando cada año los apoyos parlamentarios. Una tesis en la que coincide Díaz, que este miércoles ha apelado a la responsabilidad de todas las partes para reconducir la situación y ha admitido que los dos socios no deberían haber llegado a esta situación.

El fantasma de la ruptura no amenaza, a pesar del enfado de unos y otros. "No está en riesgo el Gobierno de coalición sino los derechos de las mujeres", ha asegurado Montero en declaraciones a la prensa. Desde el ala socialista tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el de Presidencia, Félix Bolaños, han augurado que habrá Gobierno "para rato".

Aunque en el PSOE preferirían un gran acuerdo con los morados y el resto de los socios de investidura, creen el hecho de sacar esta reforma con la derecha no tendrá el coste electoral que apunta Podemos. Los socialistas argumentan que la mayoría de ciudadanos apuesta por reformar la ley, que ha supuesto por ahora la rebaja de 721 penas, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En al menos 74 casos la aplicación llevó a la excarcelación del agresor.

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