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Conflictos laborales

El negocio de la seguridad privada en los aeropuertos públicos: 190 millones para las empresas y empleados mileuristas

Colas para acceder al control de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a la huelga de los trabajadores de Eulen.

La huelga convocada estos días por personal de seguridad en El Prat (Barcelona) ha puesto en el foco la forma en la que se prestan estos servicios en los aeropuertos y las condiciones de trabajo de quienes los prestan. En España, la seguridad de los aeropuertos públicos está en manos de empresas privadas a causa de un acuerdo entre Aena –empresa controlada en un 51% por el Estado– y el Ministerio del Interior. Son cinco las grandes empresas que se reparten el pastel de los 48 aeropuertos (entre ellos, dos helipuertos) gestionados por Aena: 21 corresponden a Eulen, 17 a Prosegur , 7 a ICTS Hispania, 2 a Segurisa y uno a Trablisa. Los contratos en vigor suman 189.781.019 euros y la mayoría son por un periodo de dos años. Estas adjudicaciones se refieren únicamente a los filtros de pasajeros en los arcos metálicos y no a otros servicios también relacionados con la seguridad como el control de equipajes.

El contrato que ahora está en punto de mira, el del aeropuerto de Barcelona, es uno de los más cuantiosos de los que se han convocado para el servicio de seguridad privada en los filtros de pasajeros de los aeropuertos españoles. Su importe de adjudicación fue, según el expediente que puede consultarse en la base de datos de Aena, de 23.141.290 euros. Entró en vigor el 1 de junio de 2016 y finaliza el 1 de junio de 2018. Se adjudicó por el procedimiento negociado y cinco empresas pelearon por hacerse con él. Ganó Eulen, una compañía que se define como "pionera en la externalización de servicios generales a empresas".

Mientras, los trabajadores insisten en que en los controles de seguridad del aeropuerto falta personal, en que los nuevos contratos son precarios al no alcanzar los 900 euros mensuales y en que se han recortado pluses a los trabajadores de más antigüedad. En este contexto, este lunes, transcurrió la tercera jornada de huelga parcial: consiste en paros de una hora a las 5:30, a las 10:30, a las 16:30 y a las 18:30.

La huelga parcial arrancó el pasado viernes y, si en los próximos días no hay acuerdos, el paro sería total a partir del próximo 14 de agosto. Este lunes se celebró la segunda reunión entre el comité de huelga, la empresa y Aena, una cita que culminó sin acuerdo. Las partes implicadas reconocen algunos avances. Pero el anuncio del fin de los paros no parece inmediato.

Hasta la fecha, Eulen ha considerado "inadmisible y desproporcionada la petición de incremento inmediato salarial superior al 31%" que exigen los trabajadores.

Segundo frente laboral para El Prat

Pero no es este el único frente laboral que afecta a la prestación de servicios en el Prat. Los vigilantes de seguridad de la empresa Ilunion han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de agosto, que consistirá en el paro total de lunes a viernes, según explicaron a Europa Press fuentes sindicales. En este caso, el paro afectaría al servicio de seguridad privada de inspección de los equipajes de bodega, el acceso de los empleados, los vehículos y suministros y la vigilancia de las instalaciones. 

Los objetivos de la huelga son conseguir un plus de 350 euros para los vigilantes del aeropuerto; la equiparación de los pluses de toda la plantilla; el pago del parking "como se venía haciendo antes de la subrogación", y el pago en su totalidad del plus de escáner aeroportuario.

El contrato que afecta a este servicio se inició el 1 de junio de 2016 y finaliza el mismo día de 2018. El importe de adjudicación fue de 17.329.066 euros (este contrato no se incluye en los 189,7 millones de euros citados, que se refieren únicamente a la seguridad en los filtros de pasajeros).

"Asentar la precariedad laboral"

En este contexto, el PSOE acusó este lunes al Gobierno de "asentar la precariedad laboral" entre los trabajadores de la seguridad privada subcontratados por Aena a través de Eulen. El portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, David Serrada, registró una batería de preguntas para que el Ejecutivo explique por escrito las medidas puestas en marcha para solventar este conflicto.

"Además de privatizar servicios que antes prestaba la seguridad pública, de forma más general ha contratado servicios de seguridad con empresas privadas donde el único criterio de adjudicación es el precio, sin importar la incidencia que esto tiene en los derechos de los trabajadores afectados y, de rebote, en la prestación de estos servicios", indicó Serrada tras criticar la reforma laboral y la modificación de la legislación sobre seguridad privada.

Por su parte, Miguel Barrachina, portavoz de Fomento del PP, consideró que el hecho de que en uno de los aeropuertos de Aena "se haya generado un conflicto entre una empresa privada con sus trabajadores no debe ser utilizado políticamente por aquellos que se dedican a reclamar competencias que, después, no son capaces de ejercer, y a pesar de que el artículo 170 del Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de trabajo y relaciones laborales".

Mientras, desde Palma, tras reunirse con el rey Felipe VI, Mariano Rajoy reclamó "responsabilidad, sensatez y sentido común" a Eulen y a los trabajadores de la compañía de seguridad para recuperar la normalidad "cuanto antes" y criticó que se esté utilizando "un tema puntual" por razones políticas.

Rajoy defendió que todos los aeropuertos de Aena están "funcionando normalmente" y que las colas a causa de la huelga en El Prat son "un problema puntual". "No hay que ser mezquinos, no voy a entrar en polémicas", advirtió.

En sus declaraciones Rajoy obviaba que el aeropuerto de Palma de Mallorca, ciudad desde la que hablaba, a punto estuvo de vivir una huelga similar a la de El Prat el pasado julio. En este caso, los paros, que fueron desconvocados antes de arrancar, afectaban a los servicios prestados por la empresa Trablisa, encargada de la vigilancia en esta infraestructura. Y que el 14 de julio el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES) desconvocó una huelga parcial en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas (Madrid). En este caso es Prosegur la firma que tiene encomendada las labores de seguridad.

Madrid y Barcelona, a la cabeza en gasto

El aeropuerto de Madrid está a la cabeza en lo que a gasto en los servicios de inspección de personas, tripulación y equipajes se refiere. No obstante, la diferencia respecto al de El Prat es mínima: 23.724.334 euros frente a 23.141.290. En la capital, no obstante, el contrato recayó en Prosegur. Se inició el 1 de julio de 2015 por un periodo de dos años y fue prorrogado un año más. A este procedimiento negociado concurrieron 10 empresas.

Pese a que es Eulen la empresa que más servicios de seguridad presta en los aeropuertos de la red de Aena, con un total de 21, Prosegur gana en lo que tiene que ver con el importe de las adjudicaciones. Así, sus 17 contratos le reportan 97.675.564 euros frente a los 33.990.463 que ingresa Eulen. Esta compañía suma a El Prat, principalmente, la seguridad en infraestructuras de menos de 500.000 pasajeros al año. Es el caso, por ejemplo, de Vitoria (905.047 euros) Valladolid (509.420) o Badajoz (329.901). 

Por su parte, junto al de Madrid, los aeropuertos que más beneficios reportan a Prosegur son Gran Canaria (11.166.005,6 euros)  y Tenerife Norte (10.122.912,24 euros).

Entre las empresas adjudicatarias de los dos principales aeropuertos españoles se ubica, en volumen de negocio, ICTS Hispania (36 millones de euros). Su principal cliente es el aeropuerto de Málaga (18.101.606 euros), seguido de Bilbao (7.551.787) y Girona (3.450.031).

Trablisa, por su parte, gestiona el servicio de seguridad del aeropuerto de Palma (20.702.840 euros). Y Segurisa los de Jerez (837.252 euros) y Santander (1.412.152 euros). En total, 1.412.152 euros.

En 1989, ICTS Hispania se vio envuelta en una gran polémica tras conocerse que, dirigida por militares israelíes, operaba en España desde hacía dos años sin permiso del Gobierno y al margen de las normas encaminadas a controlar la entrada de empresas extranjeras en el campo de la seguridad. Actuaba bajo el nombre de H Seguridad y utilizaba a testaferros vinculados al multimillonario Jacques Hachuel.

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¿Quiénes estaban tras este nombre? Según publicó El País, cuatro personas integraban el consejo de administración de H Seguridad desde la fundación de la compañía, el 5 de noviembre de 1987 hasta el 2 de agosto de 1989. Tres poseían todo el capital social (10 millones de pesetas, divididas en 10.000 acciones): Ignacio López de Hierro, ahora marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; Carlos Fanjul y Luis Lizariturry. La cuarta persona era la abogada Coloma Armero.

Cuando se aceptó la renuncia de los miembros de este consejo de administración, las acciones quedaron depositadas en el bufete del abogado Jorge Trias Sagnier y se tramitó un cambio de nombre: pasaría a denominarse ICTS Hispania. Durante nueve meses la Policía investigó la estructura de seguridad montada por el grupo Hachuel.

En cuanto a Segurisa, ocupó un papel central en la trama del espionaje madrileño ya que su dueño, Enrique Sánchez, fue una de las personas que viajó a Sudáfrica con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ahora encarcelado. Aquel fue uno de los viajes en que espiaron a González, quien aseguró que había pagado en efectivo los 8.000 euros que le había costado a él y a su mujer el periplo. Al trascender los hechos, González aseguró que nunca había adjudicado nada al dueño de Segurisa. En realidad, sólo en dos contratos de la Comunidad de Madrid había recibido 59 millones de euros.

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