TORTURA EN ESPAÑA

Piden una comisión sobre la tortura en España ante la inacción del Defensor del Pueblo para investigarla

Cartel Teatro del Barrio

La tortura fue una práctica sistemática del Estado español durante décadas y hasta hace bien poco. Es lo que ha documentado el Instituto Vasco de Criminología, dirigido por el forense Francisco Etxeberría, que, tras su investigación, ha concluido que 6.000 casos están probados y que hay hasta 20.000 víctimas, especialmente en Euskal Herria. Unas prácticas que comenzarían en los años sesenta y que habrían sido habituales hasta 2014. Hasta ahora, instituciones como el Defensor del Pueblo o los poderes públicos han rechazado investigarlas.

Por ello, el Teatro del Barrio ha organizado dos jornadas que buscan informar a la ciudadanía y abrir un debate público sobre la tortura en España con el fin de promover una Comisión de la Verdad que arroje luz sobre estos asuntos. 

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La primera será este martes, 30 de septiembre, de 18:30 a 21:00 h en el Teatro del Barrio (Madrid). En ella, se proyectará el documental Arg(h)itzen, dirigido por Mikelatxo Urbi, en el que se recogen los testimonios de 30 personas que sufrieron torturas en la comarca de Sakana entre los años 1966 y 2011. 

Al acabar la proyección, se celebrará una mesa redonda presentada por Jorge del Cura en la que participarán el director del documental y varios expertos como Laura Pego (doctora en Derecho e investigadora de la práctica de la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra), Ainara Gorostiaga (integrante de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa) y Martxelo Otamendi (exdirector de los diarios Egunkaria y Berria).

La segunda jornada tendrá lugar el próximo 7 de octubre, de 19:00 a 21:00 h en la misma ubicación. Una mesa redonda moderada por Sara López analizará el estado de la investigación de las denuncias por tortura desde la muerte de Francisco Franco; contará con la intervención de Juan Ignacio Ruiz-Huerta (ex jefe de gabinete del Defensor del Pueblo), Gabriela López (Centro SiRa) y Joaquín Urías (profesor del Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla). 

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