El patrimonio de los políticos

El policía que investigó el ático de lujo de González termina en los tribunales

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el pasado día 2.

La Audiencia de Madrid acaba de avalar la decisión de un juez de la capital de investigar al policía que inició las pesquisas sobre el ático de lujo que el presidente Ignacio González disfruta en Estepona y cuya compra por una sociedad pantalla de Delaware (EEUU) ya investiga un juzgado de esa ciudad. La investigación sobre esas pesquisas “ilegales”, que le costaron una sanción por falta grave y un traslado forzoso al entonces comisario de Marbella, Agapito Hermes, se articulará como pieza separada del caso del espionaje en Colombia bajo la batuta del juez Adolfo Carretero, hermano de un alto cargo del Gobierno de Ignacio González.

Abiertas hace cinco años, Adolfo Carretero indaga en esas diligencias sobre los seguimientos a que el presidente de Madrid fue sometido durante un viaje a Cartagena de Indias en 2008. En ese caso el juez también investiga la difusión, en enero de 2009, de un dossier sobre las actividades privadas de Ignacio González. El juez considera “calumnioso” el contenido de ese dossier. Y la Fiscalía, inocuo penalmente porque sus datos procedían de registros públicos.

El magistrado no cita por su nombre al policía Agapito Hermes ni a otro inspector que trabajaba a sus órdenes. Pero hace suyos los argumentos de la Comunidad de Madrid –que sí menciona con nombre y apellidos a Hermes- y mantiene que las averiguaciones que el entonces comisario inició en el verano de 2011 pertenecen al mismo paquete delictivo que el espionaje colombiano y el dossier.

Según Carretero, los tres episodios muestran “el mismo modus operandi” y se cometieron “sin solución de continuidad”, es decir, sin interrupción temporal pese a que entre el dossier y las primeras averiguaciones policiales mediaron dos años.

En su auto, el que ahora revalida la Audiencia, Carretero subrayaba que Ignacio González había denunciado por ilegales las indagaciones realizadas por Agapito Hermes sin mandato judicial. Y agregaba que, en marzo de 2013, el presidente madrileño seguía sin tener respuesta del ministerio público.

"Socavar la carrera de Ignacio González como servidor público"

La Sección Cuarta de la Audiencia, que ha tardado casi 14 meses en resolver el recurso con que la Fiscalía se opuso a la apertura de una pieza separada sobre aquellas pesquisas policiales, prima los argumentos de la Comunidad de Madrid: “El recurso [de la fiscal del caso], que carece de fundamento, debe ser desestimado”.

Eso, lo primero. Y, después, esto: “Para el letrado de la Comunidad de Madrid, todas las actividades que están siendo investigadas responden a una misma finalidad, dañar la imagen pública del presidente de la Comunidad de Madrid y socavar su carrera como servidor público (…). De este modo, siendo esta la hipótesis investigadora, este tribunal concluye que no puede descartarse prima facie la existencia de conexión entre todas las actividades delictivas investigadas”.

En resumen, la Audiencia da carta de naturaleza a la tesis de que los detectives que grabaron a Ignacio González mientras entraba y salía de una vivienda de Cartagena de India y los que elaboraron luego el dossier sobre sus actividades privadas podían estar concertados con los policías que, con Agapito Hermes en cabeza, iniciaron luego averiguaciones preliminares sobre el ático de 495 metros que González y su familia ocupan desde junio de 2008.

Situado en una urbanización de lujo de Estepona cercana a la playa en el límite con Marbella, Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero, pagaban por el dúplex-ático un alquiler mensual de 2.000 euros a Coast Investors Llc, sociedad de Delaware administrada por el testaferro profesional Rudy Valner. En diciembre de 2012, meses después de que el diario El Mundo cuestionase la verdadera propiedad del inmueble, el matrimonio González-Cavero escrituró el ático a su nombre previa compra a Coast Investors Llc por 770.000 euros.

Cómo Coast Investors Llc, constituida en marzo de 2008 en Delaware, supo que un ático de Estepona estaba en venta es una de las incógnitas del caso. Lo compró en mayo de ese año y, al mes siguiente, se lo alquiló a González y Cavero.

La mujer del presidente madrileño llegó a ser imputada en diciembre por la juez de Estepona que investiga las operaciones de Coast Investors. El sindicato policial SUP, cuya denuncia activó finalmente la apertura de esas diligencias, se opuso al igual que la Fiscalía a la imputación de Cavero: en ese momento, alegó el SUP, ningún indicio incriminaba a la esposa del presidente de Madrid. En mayo, la Audiencia de Málaga le levantó la imputación.

Ahora, y una vez que la Fiscalía del Supremo se ha opuesto a la admisión de sendas querellas –una de los socialistas y otra de extrabajadores de Telemadrid- que presentan el ático como un supuesto soborno en especie, el paso dado por la Audiencia madrileña abre un nuevo escenario. Y es el que buscaba el Ejecutivo regional, cuyo letrado es quien pidió a Carretero la apertura de una pieza separada dentro del caso del espionaje.

La estrategia del equipo de Ignacio González, que se declara indefenso y víctima de una persecución, pasa por situar el eje del caso en las pesquisas policiales “ilegales” que en el segundo semestre de 2011 desarrolló el entonces comisario de Marbella, Agapito Hermes. Y en que el control de esa nueva investigación quede en manos del juez Adolfo Carretero.

Su hermano Agustín, que también procede de la carrera judicial, dirigió la Academia de Policía de Madrid. Actualmente, ocupa una dirección general en la Consejería de Presidencia. El titular de esa consejería, Salvador Victoria, ostentó el cargo de viceconsejero de Ignacio González  en sus tiempos como número dos de Esperanza Aguirre. Fue Victoria quien, en enero de 2009, interpuso denuncia por los seguimientos a su jefe en Colombia.

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