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Escándalo de las tarjetas

El PSOE expulsa a todos los militantes implicados en el ‘caso de las tarjetas B’

Pedro Sánchez decía este lunes que la instrucción de los expedientes abiertos contra los implicados en el escándalo de las tarjetas estaba concluido y que las decisiones se conocerían de forma "inminente". Así ha sido. A primera hora de hoy martes, el partido confirmó, vía comunicado, que había resuelto la expulsión provisional (y fulminante) de diez afiliados, y otros seis se habían dado voluntariamente de baja. 

Los 10 apartados cautelarmente del PSOE son Ángel Gómez del Pulgar, Joaquín García Pontes, Miguel Muñiz de las Cuevas, Gonzalo Martín Mascual, Virgilio Zapatero, Enedina Álvarez Gayol, Ignacio Varela, Miguel Ángel Abejón, José María de la Riva Ámez y José María Arteta. De ellos, el único que tenía cargo orgánico era Gómez del Pulgar (149.700 euros de cargo a la entidad), ya que era vocal de la ejecutiva del PSM, a cuyo frente se encuentra Tomás Gómez. Este fue uno de los primeros dimisionarios.

Los seis que pidieron la baja voluntaria fueron Antonio Romero, Francisco José Pérez Fernández –ambos hombres de la confianza del exlíder del PSM Rafael Simancas–, Ramón Espinar (expresidente de la Asamblea de Madrid), Juan José Azcona (nombrado a propuesta de CCOO) y José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid hasta que estalló el caso. 

Las tarjetas opacas ha acabado, pues, con la militancia de históricos como el exministro de Felipe González Virgilio Zapatero, que la semana pasada envió una durísima carta en la que acusó a Sánchez de practicar una política de "marketing y titulares" y de querer ejercer de "justiciero". De nada le ha servido patalear y devolver parte del dinero. El PSOE le ha expulsado igualmente, tal y como estaba cantado desde el comienzo. En la lista también figura el sociólogo de cabecera de Ferraz durante años, Ignacio Varela, o el exalcalde de Móstoles José María Arteta, el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid José María de la Riva, el exdiputado autonómico Joaquín García Pontes, el ex director general del Teatro Real Miguel Muñiz o la exdiputada nacional Enedina Álvarez. Dos entraron en el consejo de administración de la entidad a propuesta de UGT, Gonzalo Martín Pascual y Miguel Ángel Abejón. 

El 1 de octubre, cuando estalló el caso y se conoció la existencia de las visas black que los consejeros y directivos de Caja Madrid endosaron a la entidad desde 2003 a 2012, y que supusieron un cargo total de 15,5 millones de euros, el secretario general se comprometió a echar a todos los militantes que tuvieran algo que ver. Al día siguiente, la Secretaría de Organización del PSOE, dirigida por César Luena, nombró a una instructora, la dirigente Susana Sumelzo, y solicitó a las personas presuntamente implicadas que presentaran información para aclarar por qué se les dio las tarjetas, de las que eran titulares, en qué se gastaron el dinero y si los cargos estaban relacionados con gastos de representación o derivados de una actividad en función de su puesto, y el tratamiento fiscal de las visas (si tributaron o no). 

El PSOE les concedió un plazo para que formularan alegaciones, presentasen pruebas o incluso se personasen ante Sumelzo para dar cuentas de lo sucedido. Concluido el plazo y vistas sus explicaciones, "concurren las circunstancias que justifican la adopción de medidas disciplinarias previstas en la normativa del partido y se procede a su expulsión provisional", dice la nota

Sánchez prometió "contundencia", aplicar con máxima rigidez los estatutos, de forma "implacable". Dictó sentencia así desde el primer minuto. Aunque los afectados pueden acudir a la Comisión de Garantías (y a los tribunales), ya hay una respuesta oficial desde la dirección en tiempo récord. 

Zapatero amenaza con ir incluso hasta el TC

A la Justicia promete acudir Virgilio Zapatero. El exministro intervino hoy en Las mañanas de RNE para avisar de que está dispuesto a ir a los tribunales ordinarios, e incluso ante el Tribunal Constitucional para defender sus derechos. La decisión de expulsión forma parte de la estrategia de Sánchez, dijo, de "afirmar su poder". "Maquiavelo decía que todo reinado tiene que empezar con una ejecución memorable", abundó, definiendo su "ejecución" no como memorable, sino como "arbitraria".

Zapatero criticó la "nocturnidad" del procedimiento y que se supiera de antemano el resultado antes de dictar sentencia. No obstante, recurrirá primero a los órganos de garantías del partido y, si no dan resultado, acudirá a los juzgados ordinarios. A su juicio, el problema no es el uso de una tarjeta de crédito, "sino el mal uso", porque el uso de la visa "no es reprobable". El exministro insistió en que espera conocer las razones de su expulsión provisional para dar su "respuesta". 

Sánchez exige al PP que aplique "la misma medicina"

Desde los pasillos del Congreso le contestó el portavoz socialista, Antonio Hernando: se tomó una decisión "en tiempo récord y aplicando los estatutos". Los que estén disconformes, "están en su derecho" de recurrir y defenderse. 

En Toledo, el secretario general enhebró una referencia a este asunto durante un acto organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). La contundencia "es algo que se le debe a los ciudadanos". "Tenemos que hacer cosas desde la política para hacer de nuestro país un lugar mejor". Y en política "son importantes las palabras y los hechos". "Dije que iba a ser inflexible con la corrupción y la falta de ejemplaridad, que todos aquellos usuarios de tarjetas negras de Bankia tendrían tarjeta roja, y hoy han sido expulsados del PSOE" porque "no hay lugar para aquellos que no tengan un comportamiento ejemplar", remató Sánchez. Al PP y a su líder y presidente del Gobierno, le pidió que aplique "la misma medicina" y eche de su partido a los usuarios de visas black que militen en sus filas. 

Aprobación del código ético

El sábado pasado, en el Foro de Limpieza Democrática, el secretario general volvió a señalar la puerta de salida a los 16 implicados: a los que usaron las tarjetas black, "tarjeta roja directa", dijo. En ese cónclave el partido aprobó un código ético que prohíbe a todos sus cargos públicos aceptar regalos, en efectivo o en especie, de personas relacionadas con su actividad política y cuyo valor supere los 60 euros (no más de 100 euros al año si proceden de una misma persona o empresa).

El documento también obliga a los próximos expresidentes del Gobierno socialistas (o expresidentes autonómicos) a que renuncien a la remuneración a la que tienen derecho por haber ejercido este cargo si pasan a desempeñar una actividad profesional retribuida y no ligada a la gestión pública. El partido también obliga a los representantes públicos del PSOE a informar a las ejecutivas respectivas de las dietas de asistencia recibidas, así como de las dietas de transporte, alojamiento y manutención. El primer mes de cada año acreditarán documentalmente las cuantías percibidas. También renunciarán "a cualquier otro privilegio u otro beneficio económico, en dinero, en especie o articulado a través de prestaciones". 

Las medidas recogidas en el código ético se aplicarán de forma obligatoria para todos los cargos públicos socialistas y los miembros de organismos y entidades públicas empresariales designados por el PSOE. Los militantes podrán adherirse de forma voluntaria

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