Judicialización de la política

El PSOE ha recurrido al Constitucional 24 leyes de Gobiernos del PP desde 2012

Soraya Rodríguez, con los valencianos Ximo Puig, Carmen Montón y Joan Lerma el pasado 14 de noviembre en la sede del Tribunal Constitucional.

En todas las legislaturas siempre se queda un espejo retrovisor, que mira hacia el pasado y lo recuerda. Y es así porque el Tribunal Constitucional (TC), el máximo intérprete de la Carta Magna, suele resolver a toro pasado, cuando esas leyes que fueron recurridas ya no están en la refriega política cotidiana y casi cayeron en el olvido o incluso cuando quien ocupa la Moncloa no es el mismo partido que las aprobó. Pasó, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, que el TC validó en 2012, con Mariano Rajoy de presidente y siete años después de que el PP impugnara la ley. Y probablemente pase con la Ley del Aborto de 2010, que los conservadores recurrieron, para la que aún no hay sentencia... y quizá llegue cuando esté en marcha la contrarreforma de Alberto Ruiz-Gallardón. 

Y ocurre porque los dos grandes partidos tienden a utilizar el TC como una suerte de tercera Cámaratercera Cámara, como el último instrumento a su alcance para protestar contra las normas del Ejecutivo. Cada uno lo defiende con sus argumentos, pero lo cierto es que la llamada al Alto Tribunal es frecuente cada legislatura, y ahí están los números. El PP, por ejemplo, presentó al menos 15 recursos contra normas aprobadas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2011, y en algunas ocasiones fueron derrotados: contra la derogación del trasvase del Ebro, las bodas gays, la Ley de Igualdad, la reforma de la Ley Orgánica del TC, la Ley del Suelo, la modificación del Reglamento del Senado, la Ley del Aborto o varias leyes de Presupuestos. A esa cifra habría que sumar las iniciativas contra decisiones de gobiernos autonómicos, como el Estatut o contra la ley que prohíbe los toros en Cataluña. Los socialistas, desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, han registrado 14 recursos de inconstitucionalidad contra normas del Ejecutivo central, más otros diez contra leyes autonómicas del PP. 24 en total, según la relación actualizada del partido. Y anuncia más contra leyes en cocina: la reforma local, la ley Wert o la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha.

El PSOE, en su época en el poder, se quejó del "uso abusivo" que los conservadores hacían del TC, como un mecanismo para bloquear las leyes estrellas de Zapatero. Así en el debate electoral a cinco en TVE previo a las elecciones generales del 20-N, las que ganó Rajoy, le decía Ramón Jáuregui a Gallardón: "No es posible, Alberto, que sigáis presentando recursos al Tribunal Constitucional. A la ley de igualdad, la del matrimonio homosexual, la del aborto... El avance moral y cívico que ha hecho este Gobierno no puede volver atrás con un Gobierno del PP". El propio Zapatero acusó al PP en 2010 de llevar al PP "lo que pierde, siempre, políticamente por las mayorías parlamentarias o por la mayoría social". Y su ministra de Igualdad, Bibiana Aído, también clamó contra el torpedeo de Rajoy a las leyes que suponían "avances". Los conservadores acababan de impugnar la Ley del Aborto. El partido de Rajoy, mientras, alegó que trasladarían al Alto Tribunal todo aquello que tuviera trazas de inconstitucionalidad

"Peor oposición de Europa"

Ahora las tornas han cambiado. El PP, en un argumentario distribuido el pasado 7 de noviembre a sus cargos públicos y militantes, en vísperas de la Conferencia Política del PSOE, acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de liderar "la peor oposición de Europa". "La política del PSOE se basa en bloquear el bienestar de los ciudadanos y recurrir las reformas de la recuperación", escribía. El secretario general del PSOE "se sitúa en el no permanente y recurre ante el Constitucional las soluciones a la situación que él mismo dejó". Y remachaba: "El PSOE ha llegado a un punto de bloqueo en el que anuncia recursos al TC incluso antes de que se presenten las medidas".

Los socialistas lo ven desde una óptica diametralmente opuesta. "La Constitución se defiende andando, día, no envolviéndose en la bandera, como hace el PP. Nosotros tenemos la obligación de defenderla frente a los ataques del PP", prologa la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. El PSOE sostiene que Rajoy legisla "vulnerando la Constitución" y, "lo peor es que lo hace a sabiendas, consciente de que buena parte de sus leyes son contrarias a la Constitución". Para el partido de Rubalcaba, el problema es que el Gobierno, con sus recortes sociales, está "cambiando el modelo", afectando "al hueso, a la Ley Fundamental", haciendo "estructural la desigualdad", dinamitando los "consensos básicos labrados en democracia".

Rodríguez pone además dos ejemplos que están por venir: la Ley de Servicios Mínimos que anunció este jueves el presidente en RNE, o la reforma de las pensiones, para la que ha hecho "saltar por los aires el Pacto de Toledo". "No se dan cuenta de que un partido solo no puede hacer todos esos cambios profundos, por mucha mayoría absoluta que tenga. Ese es el gran error de Rajoy: pensar que con sus 185 diputados puede cambiar estructuras básicas del Estado. No lo hizo ni José María Aznar, ni tampoco Felipe González en 1982, pese a que tenía una mayoría absoluta aún más amplia. Entonces se acordó que había cuestiones a las que una sola fuerza no podía meter mano. Por eso estamos yendo al TC, para salvar lo construido en estos años", insiste la portavoz, en declaraciones a infoLibre.

La necesidad de controlar la institución

Marcelino Iglesias, su homólogo en el Senado, coincide: "La presentación de recursos en el TC es el único mecanismo de defensa al que podemos recurrir para que el Gobierno no sobrepase determinadas líneas rojas en su gestión política. Estamos hablando de un Ejecutivo que no tiene ninguna intención de pactar absolutamente nada y que se limita a imponer sus políticas. La alternativa jurídica del TC es la única respuesta posible a la política del PP y a su utilización espuria de la mayoría absoluta en el Parlamento. Los populares se han olvidado de consensuar las leyes y aprueban reformas trascendentales sin aceptar una sola enmienda".

La importancia del TC como epílogo de las batallas políticas explica la lucha por su control, en la que el PP es especialmente experto. Valga este dato: Rajoy ha sido el presidente que más rápido ha logrado una mayoría favorable, menos de 18 meses, frente a los cinco, seis y siete años que tardaron González, Aznar y Zapatero. Y hoy el Alto Tribunal tiene al frente a Francisco Pérez de los Cobos, afiado al PP, como mínimo hasta 2011. ¿No predispone la composición el signo de las sentencias? "No podemos dejar de recurrir al TC por el perfil de sus integrantes, porque no podemos dejar de defender la Constitución. Hay que apelar a la profesionalidad de los magistrados, aunque el golpe que el PP que ha asestado a la institución con un presidente militante es muy fuerte", responde Rodríguez, quien se muestra confiada con que, a la vuelta de los años, la Justicia dará la razón a su partido. "Quienes hoy cuentan número de recursos tendrán que contar luego número de derrotas", sentencia. 

¿Judicialización de la política?

El riesgo que siempre se menciona es la judicialización de la política, empantanar las leyes en un largo proceso que acaba dividiendo al TC y evidenciando sus dos bloques, progresista y conservador, como ocurrió, de forma paradigmática, con el Estatut o con el matrimonio homosexual. La portavoz socialista en el Congreso no lo ve así: "No, no creo que haya ese peligro. El Gobierno utiliza su mayoría para cambiar el modelo y estallar los consensos y nosotros tenemos que usar todos los recursos a nuestro alcance para frenarlo". 

Los 24 recursos del PSOE presentados contra Gobiernos del PP se dividen en dos bloques: los 14 contra leyes del Ejecutivo de Rajoy, firmados por 50 diputados del Congreso (y a veces por más grupos), los 9 contra normas autonómicas aprobadas también por los conservadores, suscritos por senadores socialistas (y, en una ocasión, con el concurso de IU), y un caso particular: uno contra una ley regional canalizado a través del Congreso. Todas las iniciativas han sido admitidas a trámite por el TC, salvo la que protesta por la imposición de un nuevo equipo directivo en Canal 9, que se presentó hace poco más de una semana. Y todas están pendientes de sentencia excepto una, la que se refería a la supresión de la exigencia del catalán en las oposiciones en Baleares. Las 15 impugnaciones registradas por el Grupo Socialista en el Congreso son las siguientes:

  1. Contra el cambio en RTVE. El Gobierno modificó por su cuenta en abril de 2012 el sistema de elección del presidente y del resto del consejo de administración de RTVE. La ley de 2006, promovida por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaba a que los nombramientos se aprobaran por una mayoría parlamentaria de dos tercios, lo que exigía el consenso con el principal partido de la oposición. El PP cambió las reglas del juego e hizo posible la elección del consejo por mayoría absoluta, lo que en la práctica le otorgó el control de la radio y televisión públicas y le permitió designar como nuevo presidente a Leopoldo González-Echenique. Los socialistas recurrieron el decreto ley 15/2012 del Ejecutivo con el argumento de que no concurrían motivos de "extraordinaria y urgente necesidad" y denunciaron la modificación de "derechos y deberes constitucionales", pues se violaba el "control parlamentario de los medios de comunicación estatales". El Tribunal Constitucional aceptó el recurso en julio de 2012. 
  2. Contra la amnistía fiscal. El Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó como medida estrella, al poco de comenzar su mandato, el 30 de marzo de 2012, la regularización tributaria (decreto ley 12/2012). O sea, la amnistía fiscal, expresión anatema para Cristóbal Montoro. Con ella, los evasores de impuestos podían aflorar su dinero negro pagando sólo un 10% a Hacienda. El Gobierno pretendía ingresar 2.500 millones de euros, por lo que aflorarían 25.000 millones de euros. Al final, en cambio, sólo se recaudaron 1.200 millones, menos de la mitad. El PSOE, en su impugnación ante el TC, alegó que el indulto fiscal era "manifiestamente contrario a los principos de igualdad, proporcionalidad y progresividad". 
  3. Contra la reforma laboral. Los socialistas e Izquierda Plural acudieron juntos al TC, en octubre de 2012, para impugnar nueve artículos de la reforma laboral del PP (ley 3/2012)  que facilita la rescisión de contratos, reduce la indemnización por despidos y daña la negociación colectiva. Nueve artículos que, a su juicio, vulneran "hasta diez preceptos constitucionales". La reforma es "inútil" para crear empleo y genera "consecuencias muy negativas" para los trabajadores, dijo entonces la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez. "Es claramente nociva contra la ciudadanía", aseguró José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural. 
  4. Contra la Ley de Tasas Judiciales. "El acceso a los tribunales depende hoy de la tarjeta de crédito de los ciudadanos", sentenció Rodríguez en febrero de 2013, cuando llevó al TC el recurso del PSOE a la Ley de Tasas (10/2012), acompañada de la plataforma Justicia para Todos. El texto, admitido a trámite por el Alto Tribunal, clamaba contra las tarifas "abusivas, desequilibradas e injustas" impuestas por el Gobierno a instancias del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, y que establecía una subida generalizada de las tasas de entre 50 y 750 euros.
  5. Contra la reforma de la Ley de Tasas. El Gobierno se enmendó posteriormente a sí mismo y aprobó un real decreto ley, el 3/2013, que modificaba y reducía en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en los recursos de algunos órdenes. El Congreso simplemente se limitó a convalidar el texto en marzo pasado, sin más debate y sin poder introducir enmiendas. "Las mismas razones que justificaban la presentación de recurso de inconstitucionalidad en la primera Ley de Tasas, siguen vigentes y justifican la presentación de este segundo recurso", dijo Rodríguez. El ministerio, abundó, sólo había hecho un "lavado de cara" y la "barrera económica" que existía en la primera norma, "como un verdadero muro de acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos, sigue presente".
  6. Contra la no revalorización de las pensiones. Hasta siete grupos de la oposición –y 140 diputados– firmaron conjuntamente el recurso contra el artículo 2. 1 del real decreto ley 28/2012, el que hace referencia a la no revalorización de las pensiones conforme al IPC. Podían haber sido más partidos, de no haber vetado PSOE y UPyD que Amaiur suscribiese la iniciativa, lo que hizo que se descolgaran ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís-Equo y Geroa Bai. Los firmantes defendieron que se mantuviera el poder adquisitivo de los jubilados, pidieron que se anulase ese precepto contrario a los derechos adquiridos de los mayores y que entendían que, en consecuencia, violaba el principio de irretroactividad de las leyes. 
  7. Contra la jubilación parcial y anticipada. El pasado 13 de junio presentaron su impugnación contra el decreto ley 5/2013 que supuso un endurecimiento del acceso a la jubilación parcial y anticipada, pues se cambió la edad de acceso y el número de años cotizados. Además de reprobar el recurso continuo del Gobierno al decreto ley sin la necesaria justificación de urgencia y necesidad, los socialistas alegaron que el PP aprobó un texto que afecta a "aspectos sustanciales" del derecho de acceso a la Seguridad Social, que rotularon como un derecho constitucional. El 1 de enero de 2013 había entrado en vigor la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Gobierno socialista y los agentes sociales, que también abordaba la jubilación parcial y anticipada, que Rajoy dejó en suspenso para sancionar este decreto ley. 
  8. Contra la quita de las preferentes. El decreto ley 6/2013 impuso unas enormes quitas a los preferentistas y titulares de deuda subordinada, de hasta el 70% del valor y un 90% si acudían a un proceso de conversión de acciones de forma obligatoria. Una decisión "política, injusta y errónea", para los socialistas, que recurrieron el pasado 24 de junio la norma ante el Constitucional. 
  9. Contra la Ley Antidesahucios. La impugnación contra la ley 1/2013, la solución limitada que el Gobierno dio al drama de los desahucios, fue objeto de polémica en sí misma. El PSOE, que en principio no pensaba recurrir la norma, se sentó con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que le hizo llegar su borrador. Los socialistas asumieron su argumentación y prometieron darle una vuelta para reforzarlo. Ada Colau, portavoz del colectivo, acusó al partido de Alfredo Pérez Rubalcaba de "apropiarse" de su recurso. Ahí las cosas se torcieron. Aunque al final el PSOE hizo suya la fundamentación jurídica de la PAH, esta le acusó de "oportunismo" y "burdo electoralismo", y de no conferir suficiente protagonismo a la sociedad civil. Los demás grupos de la izquierda, al alejarse la PAH, se descolgaron.
  10. Contra la Ley de Costas. La oposición en pleno se lanzó en tromba contra la reforma de la Ley de Costas (ley 2/2013), por considerar que en la práctica suponía la "privatización" del litoral español. El PSOE impugnó varios artículos de la norma impulsada por Miguel Arias Cañete, como también recurrieron las comunidades de Andalucía, Asturias y Canarias –todas ellas fuera del control del PP–. Los puntos calientes de la ley son el indulto a las viviendas e industrias situadas junto a la playa –a las que se prorroga la concesión administrativa 75 años, más los 30 que les otorgó la anterior norma, de 1988– y la amnistía a 12 núcleos urbanos, al ser excluidos del dominio público marítimo-terrestre (caso de Empuriabrava, Xilxes o Platja d'Aro). 
  11. Contra la reforma de la Ley de Fomento del Alquiler. El PSOE presentó su impugnación contra la disposición adicional segunda de la ley 4/2013 por considerar que la decisión del Ejecutivo de eliminar los préstamos subsidiados para la compra o la rehabilitación de viviendas ya concedidos en anteriores planes de vivienda contraviene la Constitución. Ese precepto supone que aquellos beneficiarios que, aun cumpliendo los requisitos para poderles renovar las ayudas no podrán hacerlo, por lo que no recibirán las subvenciones que antes se le descontaba de la mensualidad. 
  12. Contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los socialistas siempre han reiterado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, la 4/2013) es "un asalto al Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y un ataque a la independencia judicial". Y siempre se han opuesto a la posibilidad, que introdujo el texto de Gallardón, de que el órgano de gobierno de los jueces pueda ser renovado parcialmente si un partido cuenta con el apoyo de tres quintos de una Cámara (como el que tiene el PP en el Senado), igual que han rechazado que haya vocales del CGPJ que no tengan ya dedicación exclusiva. También las asociaciones profesionales han protestado contra la reforma. No obstante, la renovación del CGPJ está ya pactada por PP (que se reserva la mayoría absoluta), PSOE, CiU, PNV e IU. El PSOE ha defendido que es compatible denunciar la ley y no bloquear el normal funcionamiento de las instituciones. 
  13. Contra la reforma del sistema eléctrico. El pasado 13 de noviembre el TC comunicó que admitía a trámite los recursos de PSOE y Navarra contra el recorte a las renovables. Porque de eso también se ocupaba el decreto ley 9/2013: el texto fija un nuevo régimen retributivo para las energías renovables que consiste en un incentivo referenciado al bono del Tesoro conforme al principio de rentabilidad razonable. Los socialistas señalaron que la retroactividad en la revisión de las retribuciones vulnera la necesaria seguridad jurídica, sentando un "peligroso precedente para todas las actividades reguladas".
  14. Contra el cierre de Canal 9. Fue Ximo Puig, el secretario general del PSPV-PSOE quien anunció, en el arranque oficial de la Conferencia Política del PSOE, que su partido recurriría el decreto ley "ilegal y dictatorial" de cerrar la Radio Televisió Valenciana (RTVV) y de modificar de urgencia la normativa para cambiar su dirección e imponer un liquidador del ente. Los socialistas lo presentaron finalmente el pasado día 14, y alegaron que el Consell de Alberto Fabra pasó por encima de Les Corts para nombrar a la nueva cúpula directiva –la anterior dimitió cuando se anunció el cierre de Canal Nou– y que se violó así el artículo 20 de la Constitución, que establece el necesario control parlamentario de todos los medios de comunicación públicos. Esta es la última impugnación presentada por Rubalcaba, y sobre la que el TC aún no se ha pronunciado.
  15. Contra el LAPAO y el LAPAPIP. Los socialistas hicieron posible que se presentara un recurso contra la Ley de Lenguas de Aragón, por su "involución" respecto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos de esa comunidad. La iniciativa la firmaron 63 diputados del PSOE, IU-ICV-CHA, CiU y ERC. Las Cortes autonómicas derogaron en mayo de 2013 la normativa lingüística de 2009 que reconocía el castellano, el catalán y el aragón, y aprobaron la nueva ley 3/2013, apoyada por PP y Partido Aragonés y rechazada por socialistas, IU y Chunta. El texto rebautiza el catalán que se habla en la Franja como Lengua Aragonesa Propia del Aragón Oriental (LAPAO) y el aragonés como Lengua Aragonesa Propia de las áreas Pirenaica y Prepirenaica (LAPAPIP).  

Gana la Comunidad de Madrid

El Grupo Socialista del Senado, por su parte, ha presentado estos nueve recursos en lo que va de legislatura, todos contra leyes autonómicas aprobadas por Ejecutivos del PP, en su mayoría el de la Comunidad de Madrid. Todos han sido admitidos a trámite por el TC, y uno de ellos, el relativo al uso del catalán en Balears, fue desestimado recientemente: 

  1. Contra la privatización del Canal de Isabel II. El 8 de mayo de 2012, el TC admitió a trámite la impugnación presentada por los senadores socialistas, a instancias del PSM, contra el artículo 5 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Precepto que abría la puerta a la privatización del Canal de Isabel II de Madrid, que Tomás Gómez ha pedido frenar en multitud de ocasiones. 
  2. Contra los recortes del Consell valenciano. El PSPV promovió el recurso junto a representantes de los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF, Cemsatse e Intersindical. El motivo, el decreto del Consell valenciano de enero de 2012. Según los socialistas valencianos, el plan de medidas urgentes para la reducción del déficit y que preveía un recorte de 1.000 millones de euros, vulnera los derechos de los trabajadores y ataca el Estatuto autonómico. El decreto paralizó los nuevos sexenios para profesores y quitó la paga de julio y agosto a los docentes interinos con vacante. Los sanitarios también vieron visto rebajado a la mitad su complemento por la carrera profesional. 
  3. Contra la reforma electoral de Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal cambió en 2012 la Ley Electoral manchega para aumentar la Cámara regional, de 49 a 53 escaños. Los socialistas votaron en contra y fueron al Alto Tribunal para denunciar que esa asignación de cuatro nuevos diputados a cuatro provincias se había hecho "sin ningún criterio objetivo", de forma "arbitraria". Pero esa ley durará poco. Porque apenas unos meses después, la presidenta manchega anunció que rebajaría el número de parlamentarios a la mitad. Y para ello aprobó en solitario una reforma del Estatuto de Autonomía que precisamente el pasado martes fue tomada en consideración por el pleno del Congreso, con los únicos votos del PP. 
  4. Contra la eliminación de la exigencia del catalán en las oposiciones de Baleares. Hace un año, el TC aceptó el recurso a la Ley de Función Pública del presidente José Ramón Bauzá. Los socialistas consideraron que la norma pretendía "aminorar el uso del catalán en el ámbito institucional y político" dado que los nuevos empleados públicos no tendrían la "obligación de conocer la lengua propia". O sea, alertaban de la "tendencia a la castellanización". Sin embargo, el pasado octubre el Alto Tribunal validó la ley y sostuvo que "no existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano". Contra la sentencia se formularon dos votos particulares de cuatro magistrados progresistas. 
  5. Contra el euro por receta. Segundo recurso promovido por el PSM. Esta vez, contra el euro por receta que impuso el Gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid el 1 de enero de 2013. Una medida calificada por Gómez como "una agresión contra los ciudadanos" y una "imposición injusta e inconstitucional". El TC paralizó la iniciativa, pero no por la impugnación del PSOE, sino porque el propio Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió, igual que había hecho en Cataluña. En junio el Alto Tribunal decidió mantener la suspensión cautelar
  6. Contra la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de Madrid. Los socialistas madrileños llevaron al Constitucional cinco artículos de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles del Gobierno de González porque creaba "en la práctica, un uso residencial en el suelo rústico". El Ejecutivo autonómico permitió que ciudadanos que quieran se construyan una casa en fincas rurales que no se hallen en tierras protegidas por la legislación sectorial y tengan un mínimo de seis hectáreas. 
  7. Contra la privatización de los hospitales madrileños. El PSM está combatiendo la privatización sanitaria en la Comunidad por distintos frentes. En marzo de este año usó la llave del TC y presentó un recurso contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2013, que en sus artículos 62 y 63 abrió la vía para la externalización de seis hospitales de gestión mixta y 27 centros de salud. La privatización está paralizada de hecho de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
  8. Contra la supresión del sueldo a los diputados manchegos. También en marzo de 2013, los socialistas manchegos impugnaron la reforma del Reglamento de las Cortes regionales, en vigor desde el 1 de enero, que suprimió la dedicación exclusiva de los diputados autonómicos y les dejó sin sueldo mensual fijo, tal y como quería Cospedal. 
  9. Contra la Ley de Patrimonio Histórico de Madrid. PSOE e IU presentaron su recurso en septiembre pasado contra la ley madrileña de Patrimonio Histórico aprobada por el PP en solitario antes del verano. Ambos sostuvieron que en la norma hay artículos que "rebajan" la protección del patrimonio de la Comunidad. Una reforma que la oposición cree que se hizo sólo para favorecer al magnate Sheldon Adelson y su proyecto Eurovegas. 

La palabra ya es del TC. Y cuando hable, un partido u otro, PSOE o PP, podrá proclamarse ganador o perdedor. Aunque la victoria o derrota llegue tarde. A toro pasado.

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