PSOE y Unidos Podemos buscan dar protagonismo a sus propuestas sociales en el Congreso

La izquierda quiere poner tierra de por medio con el problema territorial y trasladar el debate público hacia los asuntos sociales. Y en ese sentido se han expresado en las últimas semanas los líderes del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que, conscientes de que la crisis en Cataluña no les favorece, han anunciado que en 2018 sus partidos plantearán varias propuestas en este sentido, algunas de ellas coincidentes. En los próximos días, Podemos abrirá fuego presentando en el Congreso una proposición de ley para establecer un impuesto a la banca para sufragar las pensiones, una iniciativa que los socialistas ya han anunciado que apoyarán.

Hace unos días, Iglesias señalaba que la prioridad para Podemos este año debe ser "hacer visible cada día" que "la defensa del derecho a la vivienda, del derecho a la salud y la educación públicas, la defensa de los derechos sociales como base de la dignidad, la democracia y la soberanía" o "la defensa de la emancipación de las mujeres", son la "razón de ser" del partido y "los ejes políticos del cambio". Por su parte, Sánchez planteó la semana pasada que "la política no puede quedar varada por la irresponsabilidad del secesionismo ni por la incapacidad del gobierno", y aseguró que dedicará "los mismos esfuerzos a resolver la crisis territorial que a responder a los desafíos sociales, ambientales, económicos y democráticos del país".

La pugna en la izquierda entre ambas formaciones, no obstante, sigue vigente, y si Sánchez propuso ese mismo día un impuesto a los bancos, Iglesias se apresuró a anunciar que pasaría "del desayuno a la ley" llevando la iniciativa al Congreso en los próximos días. Pero, más allá de la pelea por el liderazgo de la izquierda, PSOE y Podemos han coincidido en varias proposiciones de ley que se encuentran ya en tramitación en el Congreso y en sus programas plantean iniciativas similares a nivel social, si bien el partido morado rechaza ofrecer detalles sobre qué medidas concretas quiere impulsar prioritariamente en 2018 y únicamente se remite al discurso que ofreció el pasado sábado Iglesias ante la cúpula de su partido.

Por el contrario, los socialistas sí han bosquejado sus plan de trabajo para este año, y Sánchez fue el encargado de plantear los ejes que seguirá el PSOE en materia social en 2018. Lo hizo en un desayuno informativo hace unos días, en el que señaló que los socialistas buscarán "diez acuerdos de país" para abordar "el combate contra la desigualdad, la regeneración democrática y propiciar una recuperación económica justa", unas propuestas que serán fruto de las asambleas con militantes que celebrará Sánchez hasta mayo. El PSOE, según anunció su secretario general, comenzará a llevar estas propuestas al Congreso a partir de junio.

Además del impuesto a la banca para financiar las pensiones, Sánchez planteó también un segundo tributo a las transacciones financieras para este mismo fin, una medida que Unidos Podemos también incluía en su programa electoral. Asímismo, el líder del PSOE propuso derogar la reforma de las pensiones que sacó adelante el PP y elevar el salario mínimo hasta 1.000 euros en 2020 con el fin de "elevar las bases de cotización y la recaudación de la Seguridad Social". El Congreso ya admitió a trámite en noviembre de 2016 una proposición de ley de Unidos Podemos para elevar el salario mínimo a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020, pero la Mesa –con mayoría de PP y Ciudadanos– ha impedido que se vote su aprobación definitiva ampliando sucesivamente el plazo para la presentación de enmiendas.

Para combatir la pobreza, los socialistas también promoverán otra de las medidas que incluían en su programa: "la creación de un ingreso mínimo vital", un subsidio dirigido a los más de 700.000 hogares sin ingresos. Se trata de una propuesta similar a la de "renta garantizada" que incluía Unidos Podemos en su programa, una ayuda de 600 euros para las familias unipersonales que iría creciendo en función del número de miembros de la unidad familiar. Y, con respecto al mercado laboral, Sánchez afirmó que el PSOE promoverá un "pacto de rentas" para combatir el problema de los "trabajadores pobres". El objetivo, señaló, es que los salarios crezcan "un 3% de media anual hasta 2021" para compensar la "reducción de 9.500 millones de euros de la masa salarial" desde el inicio de la crisis.

En este sentido, el PSOE presentó hace unos días un "plan de choque contra la precariedad laboral", con un total de 11 medidas concretas sobre el mercado de trabajo. Entre ellas, los socialistas planteaban "reforzar el principio de causalidad en la contratación" con el fin de que los contratos temporales sean "la excepción", fijar penalizaciones a las empresas que abusen de este tipo de contratos y "elevar las indemnizaciones" por su finalización. Además, se plantea la necesidad de "limitar y reordenar los incentivos económicos" a la contratación, reforzar la Inspección de Trabajo y garantizar que los trabajadores subcontratados tengan las mismas condiciones laborales y salariales que los de la empresa matriz.

Varias proposiciones de ley, ya en el Congreso

Además, en el Congreso tanto Unidos Podemos como el PSOE ya han presentado proposiciones de ley de carácter social que se encuentran en diferentes puntos del proceso de tramitación. Y, aunque en la mayor parte de los casos lo han hecho por separado, lo cierto es que varias de ellas son muy similares. Es el caso de la iniciativa que persigue crear un fondo estatal que garantice la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, que fue presentada por Unidos Podemos a principios de diciembre y por el PSOE apenas dos semanas después. Entre otras cosas, estas proposiciones persiguen que el 1% del presupuesto total de cada obra pública se destine a hacerlo accesible para los discapacitados.

Ambas proposiciones de ley se encuentran a la espera de que se vote su toma en consideración en el pleno, y ocurre lo mismo con sendas iniciativas de PSOE y Unidos Podemos que buscan garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familiares, así como declarar la nulidad de las condenas que los tribunales de la dictadura dictaron por motivos políticos. Los socialistas la plantearon a mediados del mes pasado y la coalición morada hizo lo propio unos días después, por lo que el inicio de su tramitación no ha sido aún votado por el Congreso.

No todas las proposiciones de ley presentadas por el PSOE y Unidos Podemos son tan parecidas, aunque ambos grupos han registrado iniciativas sobre los mismos temas en los últimos meses. La última registrada por la coalición morada, el pasado 3 de enero, busca cambiar la ley que regula el derecho a prestación por desempleo de los empleados a tiempo parcial para evitar que perjudique a las mujeres, que son casi el 80% de quienes trabajan con este tipo de contratos. Y los socialistas también han planteado iniciativas relativas al mercado laboral: ya ha comenzado a tramitarse la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que crear un registro de la jornada laboral diario para evitar que no se paguen las horas extra, si bien la Mesa ha prorrogado en varias ocasiones el plazo de enmiendas de los grupos con el fin de obstaculizar el proceso de aprobación de la norma.

Trabajo, sanidad y educación

De la misma forma, en materia laboral, Unidos Podemos y el PSOE –junto a otros grupos de izquierdas– aprobaron el pasado noviembre iniciar la tramitación de una proposición de ley de la coalición morada para prohibir que los becarios que realicen prácticas en empresas durante su formación universitaria puedan hacerlo gratis. De aprobarse la norma, las empresas tendrían que pagar a los becarios el salario mínimo interprofesional calculado en proporción al número de horas dedicadas, y debería costear su transporte y manutención en las mismas condiciones que el resto de los empleados.

La sanidad y la educación son otros de los asuntos sobre los que Unidos Podemos y el PSOE han planteado proposiciones de ley que se encuentran pendientes de tramitación. La coalición morada presentó hace unas semanas una iniciativa con la intención, según afirmaron entonces, de "cerrar la puerta al copago" sanitario. En esencia, la propuesta de Unidos Podemos busca reagrupar en una misma cartera todos los servicios sanitarios –el modelo establecido hasta 2012– con el fin de evitar la fragmentación de los mismos y que algunos puedan ser objeto de copago.

Por su parte, los socialistas tienen tres proposiciones de ley para modificar la Lomce presentadas desde septiembre y pendientes de que el pleno vote el inicio de su tramitación. Con ellas, el PSOE propone que los centros educativos que segreguen a los alumnos por sexo no puedan suscribir conciertos con las comunidades, así como que la comunidad educativa tenga más peso en la elección de los directores de los centros y que todos los alumnos cursen la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, con independencia de que escojan o no la materia de Religión católica.

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Normas de igualdad

Unidos Podemos y el PSOE también tienen proposiciones de ley pendientes de tramitación en el Congreso relativas a la igualdad. Es el caso, por ejemplo, de la iniciativa de la coalición morada para defender al colectivo LGTBI, a través de la cual Unidos Podemos busca que los transexuales no tengan que someterse a exámenes psicológicos para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo o garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos a cualquier persona con capacidad de gestar, independientemente de su orientación sexual. La proposición de ley fue admitida a trámite en septiembre, pero desde entonces la Mesa ha prorrogado hasta en 11 ocasiones el plazo de enmiendas, lo que está obstaculizando su tramitación parlamentaria.

La que sí parece avanzar es la proposición de ley del PSOE para mejorar la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género, que actualmente se encuentra pendiente del informe de la comisión de empleo del Congreso después de haber recibido ya las enmiendas de los grupos parlamentarios. La propuesta busca garantizar que los hijos de mujeres asesinadas por violencia machista, sin excepción, cobren pensión hasta los 21 años, y también que esta ayuda sea compatible con otras pensiones estatales.