La nueva legislatura

Rajoy se enfrenta a 45 proposiciones de ley en el Congreso

Rajoy saluda a Ana Pastor en los actos del 38 aniversario de la Constitución.

"Pensamos aplicar aquellas que sea obligatorio aplicar". Así respondía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a una pregunta del líder de Podemos. Pablo Iglesias quería saber cuál iba a ser la actuación del Ejecutivo a la hora de "aplicar las decisiones del Legislativo". Con sus palabras, el líder del Partido Popular daba a entender que de las iniciativas que llevan los grupos a la Cámara baja, el Gobierno sólo se da por aludido por las proposiciones de ley una vez que estas hayan culminado todo el proceso legislativo y sean aprobadas. En efecto, estas son las únicas propuestas que puede presentar la oposición y que tienen efectos jurídicos.

Teniendo en cuenta las palabras del presidente del Gobierno en sede parlamentaria, a día de hoy el Gobierno ya se enfrenta a un total de 45 iniciativas parlamentarias que debería acatar si estas llegan a buen puerto. Es decir, si se completan todos los pasos de la tramitación

Por grupos, 16 de estas iniciativas corresponden al PSOE, 11 al Grupo Mixto, cinco a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuatro a Unidos Podemos, cuatro a Ciudadanos, tres al Partido Nacionalista Vasco y una al PP. También hay una iniciativa sobre revalorización de las pensiones que suscriben de forma conjunta PSOE, ERC, Grupo Mixto, PNV y Unidos Podemos.

Dentro del Grupo Mixto, todas las iniciativas, a excepción de una que pertenece a Unión del Pueblo Navarro (UPN), llevan la autoría del Partit Demòcrata Català (PDECat).

El reglamento

El procedimiento que el reglamento del Congreso marca para las proposiciones es el siguiente: la Mesa del Congreso ordena la publicación de la proposición de ley y su remisión al Gobierno para que exprese su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Transcurridos treinta días sin que el Gobierno manifieste expresamente su disconformidad a la tramitación, la proposición de ley queda en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.

A continuación, infoLibre repasa, por bloques, las iniciativas a las que Rajoy tendrá que hacer frente de una u otra manera en el el Congreso. La única baza en manos del Gobierno para vetar el avance de las proposiciones de ley es intentar vetarlas en la Cámara apelando a que implican compromiso presupuestario. A día de hoy son 16 las iniciativas de este tipo vetadas por el Ejecutivo y pendientes de resolución de la Mesa. En función de lo que se decida en próximas reuniones del órgano de Gobierno del Congreso, Moncloa se reserva un último recurso: acudir al Tribunal Constitucional, una prática que todas las formaciones de la oposición afean al considerar que el PP quiere ganar en los tribunales lo que ya no puede ganar en el Parlamento al no disponer de mayoría absoluta.

Entre los intentos de veto más destacados está el de la suspensión del calendario de la LOMCE, el de la subida del SMI y el de una proposición que reclama un alza del 1,2 de las pensiones para 2017.

  Políticas económicas

El PP y el Gobierno están convencidos de que cualquier marcha atrás en la bautizada como "senda reformista" iniciada cuando llegaron a la Moncloa en diciembre de 2012 sería dilapidar la "recuperación económica". Pero el resto del arco parlamentario está convencido de que si para algo ha de servir la minoría de los conservadores en el Congreso es para revertir las políticas económicas del PP y los recortes. Con esta idea como base, una parte muy importante de las proposiciones de ley que han pasado por el registro de la Cámara baja son de carácter económico.

Ya en la Comisión de Empleo y Seguridad Social está una iniciativa del grupo que lidera Pablo Iglesias para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2018, una iniciativa que el Gobierno no puede vetar apelando al incremento presupuestario porque no afecta a las cuentas actuales, que van a ser prorrogadas, ni a las que se aprueben para 2017.

Esta proposición establece que la cuantía del SMI, como máximo en el plazo de la presente legislatura, deberá alcanzar el objetivo de 13.300 euros al año. "Las subidas se efectuarán progresivamente cumpliendo como mínimo el siguiente calendario: con efectos de 1 de enero de 2018, 800 euros mensuales, equivalentes a 11.200 euros anuales. Con efectos de 1 de enero de 2020, 950 euros mensuales, equivalentes a 13.300 euros anuales". Recientemente, el PSOE logró que el PP aceptara una subida del SMI del 8% en 2017 como condición para que apoyara el techo de gasto.

Revalorización de las pensiones

La Proposición de Ley que aboga por la revalorización de las pensiones para el año 2017 y por implementar una serie de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social lleva la firma de cinco grupos: PSOE, ERC, Mixto, PNV y Unidos Podemos. Será la Mesa del Congreso la que se pronuncie sobre esta iniciativa que el Gobierno pretende vetar.

El Ejecutivo se escuda en el artículo 134.6 de la Constitución, que le permite paralizar las iniciativas que conlleven un aumento de los créditos presupuestarios o una caída de los ingresos.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista aboga por la reducción del IVA cultural en un texto legislativo presentado a mediados de noviembre.

  Políticas sociales

Antes de la muerte de una anciana en Reus (Tarragona) tras un incendio provocado por las velas con las que se iluminaba después de que se le cortase el suministro eléctrico, la cuestión de la pobreza energética ya había llegado al Congreso de los Diputados de la mano del Partido Socialista. En el registro de la Cámara hay dos de estas iniciativas con el sello del principal partido de la oposición. La primera, la proposición de ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética, lleva fecha del mes de julio. Otra, con el mismo nombre, lleva fecha del pasado mes de noviembre.

"Esta iniciativa afronta situaciones de flagrante injusticia o de exclusión social y que ponen incluso en riesgo la salud y la integridad de las personas en los casos más extremos. La proposición realiza una definición de pobreza energética y propone una tarifa social mínima y asequible para la población que se halla en dicha situación", señalan los socialistas en el texto de la iniciativa. Un texto que está acorde con los estándares de la norma europea, "que vincula la protección del consumidor vulnerable con la noción de pobreza energética".

Gobierno y partidos políticos están en estos momentos explorando un pacto para la reforma de la Lomce, la ley de Educación de la etapa de José Ignacio Wert al frente de este ministerio, un contexto que podría conducir a que las iniciativas planteadas para paralizar la ley o suspender su calendario fuesen obviadas. Pero, a día de hoy, en el Congreso hay dos proposiciones de ley relacionadas con esta materia: una del PSOE y otra del PDECat, del Grupo Mixto.

A ojos del PDECat, que pide la paralización del calendario de implantación y la derogación de algunas disposiciones, "el Gobierno impuso su voluntad sin contar con el resto de fuerzas políticas, ni con la comunidad educativa, ni con los interlocutores sociales, y aprobó una reforma educativa segregadora e intervencionista, que supone un ataque a la igualdad de oportunidades y un retroceso en la equidad y en la mejora de la calidad de la educación". "Una reforma que invade las competencias de las comunidades autónomas y que menosprecia la realidad de aquellas que tienen lengua y cultura propias", añade.

Más avanzada está la propuesta del PSOE, ya en la Comisión de Educación del Congreso. En esencia, demanda la paralización del calendario.

También lleva la autoría de los socialistas la proposición de ley sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Un texto presentado en el mes de julio y que tiene la finalidad de devolver los derechos sanitarios "cercenados" a los ciudadanos en la primera legislatura de Mariano Rajoy.

En materia de conciliación y protección de la infancia destaca una "proposición de ley sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social ]para la crianza de los hijos" registrada por el Grupo Mixto, concretamente por el PDECat. 

  Justicia

La revisión o supresión de las tasas judiciales es una de las demandas coincidentes de la oposición en este campo. En ello coinciden el Grupo Parlamentario Socialista [dos iniciativas], Unidos Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto [PDECat]. El primer grupo en hacerlo fue el socialista el pasado mes de agosto, cuando no se sabía si Mariano Rajoy iba a poder reunir los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno o si se iban a tener que repetir las elecciones generales. La petición era muy concreta: la "supresión" de estos gravámenes.

Este verano, con pocos días de diferencia, ERC y el Partido Socialista presentaron sendas proposiciones de reforma de la ley del Poder Judicial relativa a la Justicia Universal. Ambas están listas para ser tomadas en consideración en el pleno.

Según justifica ERC en la exposición de motivos, la reforma pretende garantizar una "verdadera" jurisdicción universal, sin límites que puedan impedir la actuación de los jueces y tribunales españoles cuando se trate de investigar y conocer de crímenes internacionales.

La idea es que "los jueces y tribunales españoles, por lo que a crímenes internacionales se refiere, puedan ejercer su jurisdicción independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar en el que fueron cometidos los presuntos delitos".

Por su parte, el PSOE quiere invertir la reforma del PP, un texto que "ha representado un retroceso en el combate contra las violaciones de los derechos humanos y un menoscabo de la jurisdicción universal".

Una de las iniciativas más controvertidas del último tramo de la X Legislatura fue la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Entre otros aspectos, con la cuestión soberanista en el punto de mira, el texto establece sanciones para los responsables políticos que eviten el cumplimiento de las sentencias de Alto Tribunal. El PNV ha registrado una proposición de reforma y PDECat de derogación.

Desde ERC señalan que la "razón" de esta ley "estaba en Catalunya". "El Grupo Popular de la mayoría pues, obviando el principio de que la vocación de la leyes erga omnes [frente a todos], acomodó la redacción de los nuevos preceptos a su voluntad de sofocar jurídicamente cualesquiera decisiones que de forma democrática se adoptaran por la mayoría absoluta independentista, existente en el Parlament de Catalunya", indican.

La Ley del Código Penal también va a ser sometida a criterio del Congreso a iniciativa de los nacionalistas vascos y del grupo de Unidos Podemos.

También serán objeto de debate la ley del indulto,  la ley de enjuiciamiento criminal y la despenalización del derecho a huelga.

Contra la 'ley mordaza'

La última iniciativa registrada relacionada con este campo es la proposición del Grupo Parlamentario Socialista para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, la polémica ley mordaza de la primera legislatura de Mariano Rajoy.

A priori, los conservadores no están dispuestos a acabar con esta iniciativa de forma completa. A lo que sí están dispuestos es a modificar aspectos puntuales. Antes de dar el paso de presentar la proposición, los socialistas midieron el clima favorable a su derogación en una moción consecuencia de interpelación urgente.

  Iniciativas contra la corrupción

En la primera legislatura con una comisión específica para tratar cuestiones de regeneración democrática, transparencia y medidas contra la corrupción no faltan iniciativas relacionadas con estas materias. Es muy posible, si el PP cumple su pacto con Ciudadanos, que en los próximos meses el Congreso acoja una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP a instancias de la formación naranja. Iniciativa que se sumaría a una muy similar registrada por los socialistas el pasado agosto y que en la actualidad está pendiente de ser debatida en la Junta de Portavoces.

Mientras se va dando entrada a esas iniciativas, en el registro del Congreso ya descansan varias proposiciones no de ley con los escándalos de corrupción de los últimos años como trasfondo. Una de ellas es del propio Partido Popular y está lista para ser incluida en el orden del día de un pleno. Pretende "promover la transparencia en la contratación pública".

Ciudadanos, por su parte, registró una "proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes". "La corrupción es la segunda preocupación de los españoles, solo por detrás del paro. Se trata de un problema de especial gravedad, pues no tiene consecuencias únicamente sobre la eficiencia de las Administraciones Públicas ni supone, simplemente, un perjuicio económico a las arcas del Estado. La corrupción es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia", señala el partido liderado por Albert Rivera en la exposición de motivos. 

Con esta proposición de ley, Ciudadanos pretende introducir "más transparencia, más responsabilidad y mejores y más eficaces medios de prevención y de control".

Por su parte, UPN, del Grupo Mixto, ha propuesto reformar la Ley de Financiación de Partidos Políticos. 

A ojos de los foralistas, pese a la prohibición introducida en la ley actual "sobre condonaciones de las deudas y de las limitaciones de manera especial sobre donaciones privadas a los partidos políticos, la realidad demuestra que no son suficientes para evitar prácticas poco ejemplarizantes amparadas en la actual normativa".

  Otras proposiciones

Por antigüedad, la primera proposición de ley en cola en el Congreso lleva el sello de ERC. Se trata de la "proposición de ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la memoria histórica". El Gobierno tiene hasta el 11 de febrero para pronunciarse sobre la misma.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se señala que esta tiene como "principal objetivo" la modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, "por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a fin de alcanzar el reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura que hasta el momento no han obtenido su justo reconocimiento y reparación".

Con este texto, ERC también pretende "la recuperación de la memoria histórica de la II República y de la represión franquista, que la propia dictadura y la amnesia de la transición tergiversó y escondió".

Del mismo grupo parlamentario es la proposición "por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España"

A juicio de la formación republicana, "una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión". En este sentido, reclaman tomar como ejemplo otros países de larga tradición democrática, "como los Estados Unidos de América, en el que su derecho constitucional considera que la quema y otros actos de sacralización de la bandera norteamericana están protegidos, en tanto que se consideran muestras de libertad de expresión".

Recientemente, el pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. La iniciativa contó con la abstención del PP. "Si bien la seguridad y defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido y al Gobierno compete su resguardo, y por ello el acceso de los ciudadanos a aquellas materias que pudieran afectarlo queda vedado, no es menos cierto que ese valor y su resguardo no es absoluto pues debe dialogar con otros valores y principios también constitucionalmente protegidos", señalan desde el PNV.

La situación de la televisión pública va a ser un debate recurrente en esta legislatura. El presidente del Gobierno ya ha tenido que responder sobre ello, a instancias del PSOE, en un reciente control al Gobierno. Y el PP tendrá que pronunciarse sobre una proposición del mismo grupo una vez que el Gobierno no ha mostrado oposición a la tramitación de esta iniciativa. Es la "proposición de ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos".

Con este texto, sus promotores pretenden volver a la elección parlamentaria por mayoría cualificada de los órganos de administración y gobierno de la corporación. Esto es, a juicio de los socialistas "la condición necesaria para recuperar el modelo que llevó a la corporación a sus mayores cotas de independencia y pluralismo y a sus mejores datos de consideración, audiencia y credibilidad".

También hay iniciativas en la línea de la mejora del medio ambiente. El Grupo Mixto, concretamente el PDECat, ha registrado un texto con medidas de fomento de la electrificación del transporte por carretera, para fomentar la movilidad con energía eléctrica. Se trata del mismo grupo que defiende la modificación de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, "con el fin de derogar la licencia federativa única para las actividades deportivas".

"Nos encontramos con el pretexto de simplificar la tramitación de las licencias para unificarlas, en un nuevo empeño de eliminar la diversidad, de recentralizar el Estado español e invadir competencias autonómicas, pero también con una vía de recaudación para compensar a las federaciones deportivas estatales por la reducción de financiación pública sufrida", se quejan los nacionalistas catalanes en la exposición de motivos.

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