Rajoy sigue sin responder a las víctimas de Angrois un año después de que solicitaran reunirse con él

"He trasladado a las víctimas el apoyo, la solidaridad y el afecto de los españoles". Con estas palabras brindaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su respaldo a las víctimas que pedían no derogar la prisión permanente revisable. Lo hacía el pasado 15 de marzo. Unas pocas semanas antes se cumplía un año desde que otras víctimas, las del accidente de Angrois, remitieran una misiva al presidente solicitando una reunión con ellas. Mariano Rajoy, denuncian, ni tan siquiera les ha respondido.

Los miembros de la Plataforma de víctimas del accidente del Alvia 04155, que en julio de 2013 acabó con la vida de 80 personas en las cercanías de Santiago, solicitaron el miércoles 1 de febrero de 2017 reunirse con el presidente del Gobierno, a través de una carta [consultar el documento íntegro aquí]. Lo hicieron un día después de que las familias de víctimas del Yak-42 se reunieran con el jefe del Ejecutivo y con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en un encuentro que concluyó con la promesa de una "satisfacción moral y jurídica para los familiares".

"Cada asunto tiene su momento, llevamos tres años y medio de lucha y esperamos no tener que esperar otros tantos", señalaba entonces Jesús Domínguez, presidente de la plataforma. Los tres años y medio se han convertido ahora en cuatro y medio, y la respuesta brilla por su ausencia. "No queremos juzgar por qué sí se reúne con otras personas, pero sí creemos que merecemos una respuesta, que el presidente nos reciba y nos dé las explicaciones oportunas", señala Domínguez en conversación con infoLibre. "Por lo menos que nos conteste", añade. Su sensación, reconoce, es que "hay que esperar a que estén amortizados ciertos cargos públicos", porque "80 muertos son bastante incómodos para este Gobierno".

Una primera investigación sobre el accidente del tren de alta velocidad Alvia 04155, siniestrado en la curva de Angrois, finalizó con la decisión del juez instructor y el fiscal de señalar al maquinista como único culpable, pero en mayo de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juzgado continuar con el proceso, partiendo de la fase de diligencias previas. Obligaba, de este modo, a una "ratificación y aclaración" de dos informes periciales y de las pruebas necesarias para determinar si existió "evaluación integral" del peligro existente en el tramo perteneciente al barrio compostelano. Asimismo, pedía al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela que confirmara si "existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones".

En julio de 2016, la Agencia Ferroviaria Europea dictaminaba que la investigación no había sido independiente y había pasado por alto aspectos fundamentales a la hora de esclarecer los hechos que provocaron la tragedia. En enero de 2017, y con el proceso judicial aún abierto, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara dio la razón a las víctimas tras exigir a la Comisión Europea una investigación verdaderamente independiente, con el objetivo de suplir las carencias demostradas por el Estado español.

La instrucción judicial del accidente analiza, a día de hoy, si Adif y Renfe previeron el posible riesgo que existía en la línea por un exceso de velocidad. Actualmente se encuentran imputados Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif; su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, y dos técnicos de Adif, Fernando Rebón y Fernando García. El juez también ha tomado testimonio a varios técnicos que instalaron la seguridad del AVE Ourense-Santiago, quienes confirmaron que Adif no había pedido evaluar el riesgo de la curva de Angrois.

A finales de septiembre pasado, fue aprobada en el Congreso la constitución de una comisión de investigación sobre el accidente, que sin embargo lleva meses de retraso. En Marea solicitó en febrero la puesta en marcha de esta comisión, en sintonía con la petición de las víctimas, con el fin de desbloquear la situación. "Es un acto de justicia, la comisión es necesaria y se debe concretar en tiempo y forma", decía el portavoz de En Marea, Miguel Anxo Fernán Vello.

"Tenemos la verdad"

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Jesús Domínguez hace balance del recorrido hasta ahora. "No se nos ha pedido perdón ni ha dimitido nadie", lamenta. El presidente de la plataforma recuerda que ya en 2016 las víctimas se quedaron sin la reunión prometida por Ana Pastor, ministra de Fomento en el momento del accidente, "con la excusa de que justo era el día de su nombramiento" como presidenta del Congreso. Sí consiguieron reunirse con el actual ministro Íñigo de la Serna, quien como alcalde de Santander había reclamado una comisión de investigación sobre el siniestro. Pese al encuentro, sus peticiones fueron desoídas.

La perspectiva de futuro es difusa para las víctimas. "Seguiremos luchando con los recursos y el tiempo del que disponemos", admite Domínguez. "Tenemos la verdad, que poco a poco va saliendo, especialmente gracias a Europa", añade. En ese sentido, su principal aspiración es que "la gente conozca lo que ocurrió". El Gobierno, recuerda, "no sólo engañó a las víctimas, sino también a la ciudadanía" al asegurar que la línea contaba con todas las garantías de seguridad. "Se vendió una línea y un tren con unas garantías que eran engañosas", de modo que "el Estado debe una respuesta".

infoLibre se puso en contacto con el gabinete de Comunicación del Gobierno de Rajoy, el pasado 20 de marzo, para conocer los motivos de su silencio y si tiene previsto recibir a las víctimas en algún momento. La petición de información fue reiterada en días sucesivos. Moncloa no ofreció ningún tipo de respuesta.