Refugiadas denuncian "maltrato institucional" en España: "Sin derechos por falta de citas"
La Asociación de Mujeres de Guatemala ha denunciado este lunes en el Congreso el "maltrato institucional" hacia las solicitantes de asilo y refugiadas en España, que en muchas ocasiones tienen que esperar hasta 15 meses o pagar hasta 600 euros en el mercado ilegal para obtener una cita con la que recibir su documentación o renovarla. Estas trabas burocráticas, que existen en el país desde hace al menos siete años, hacen que sea imposible para muchas de ellas acreditar que tienen una solicitud de asilo en vigor y, por tanto, trabajar, tener una cuenta bancaria, alquilar un piso o percibir las prestaciones sociales a las que tienen derecho.
Así lo refleja el informe Sin citas no hay derechos: Refugiadas contra la discriminación administrativa, realizado por esta asociación con apoyo de la ONG Oxfam Intermón y presentado este lunes.
Sin trabajo y tres niños: "No teníamos ni qué comer"
La investigación realiza un análisis jurídico de la situación y se nutre del testimonio de varias mujeres solicitantes de asilo y refugiadas en España.
Voces como la de la guatemalteca María Galiego, de ascendencia maya achí, quien tuvo que huir de su país con sus tres hijos por la persecución que sufría por parte del Ejército como "venganza" del activismo que ejerció su madre, pionera en la búsqueda de personas desaparecidas.
Cuando llegó a España en 2019, encontró trabajo en una residencia de ancianos, desde donde vivió "en primera fila" la crisis del coronavirus para después perder el trabajo por no encontrar cita para renovar su tarjeta de solicitante de asilo, con tres hijos menores de edad a su cargo. "Llegó un punto donde no teníamos ni qué comer porque nadie te da trabajo si uno no tiene permiso, por más ganas que tú le quieras echar", ha narrado.
Para estas mujeres, que ya arrastran historias muy duras de violencia, persecución y discriminación en sus países, caer en la irregularidad en España supone una exposición a nuevos riesgos, como la explotación laboral. Una de ellas cuenta en el informe que tuvo un trabajo cuidando a mujeres mayores, de interna, por el que cobraba 20 euros al día: "Estuve veinte días, porque cocinaba, las cuidaba y se aprovechaban de mí", lamenta.
En la presentación también ha participado Marta María Ramírez, activista política y feminista cubana que actualmente tiene su documentación como solicitante de asilo caducada por la falta de citas para renovarla, por lo que no puede, por ejemplo, firmar un contrato de alquiler. Ha relatado otras situaciones de discriminación institucional a la hora de, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco o solicitar una beca de comedor para su hija, al pedirle la administración documentación del padre, que está en Cuba, cuando sus abogados no la recomiendan ponerse en contacto con él por su situación.
Siete años de barreras para conseguir cita
La práctica imposibilidad de conseguir una cita para solicitar asilo en España o para renovar esta petición es un problema que España arrastra desde 2018, subraya el informe, cuando se implementó un sistema a través del Registro Electrónico Común.
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Desde entonces, las pocas citas que se ofrecen son monopolizadas por despachos de abogados, gestorías o particulares a través de medios informáticos avanzados y muchas se ponen a la venta en el mercado clandestino por precios que llegan a los 600 euros.
En 2022, ante la evidente ineficacia del problema, se eliminó la obligatoriedad del sistema telemático y se estableció que cada Subdelegación del Gobierno podría elegir su mecanismo -telemático, correo electrónico, teléfono o presencial- mientras que para la renovación de la documentación el trámite continuaría siendo el telemático.
A partir de 2023, los problemas con las citas se agravaron y la situación se mantiene hasta la actualidad "sin que el Gobierno haya tomado ninguna medida efectiva al respecto", denuncia el informe.
