Comunidad de Madrid

El rodillo PP-Vox en Madrid: sólo un 50% de votos iguales pero tándem perfecto para tirar leyes de otros grupos

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto a la líder de Vox, Rocío Monasterio.

Las elecciones autonómicas del pasado 4M terminaron por abrir un nuevo ciclo político en Madrid. La cita con las urnas sirvió para eliminar de un plumazo esa tensión que existía en la Puerta del Sol durante la anterior legislatura. La derivada Ciudadanos ha desaparecido por completo. E Isabel Díaz Ayuso gobierna más tranquila que nunca. Aunque los comicios no le otorgaron la mayoría absoluta, es como si la tuviera. La extrema derecha no suele darle demasiados quebraderos de cabeza. Es más, entre ambos han levantado una suerte de muro que frena los intentos de la izquierda de legislar. No hay forma de que las proposiciones de Ley o las enmiendas que ponen sobre la mesa sean aceptadas por el bloque de la derecha. Únicamente las proposiciones no de Ley, iniciativas que simplemente tienen un valor simbólico, logran esquivar el rodillo parlamentario. Y no todas. En concreto, solo una de cada tres.

Con los resultados de las autonómicas sobre la mesa, en el bloque progresista reconocían que se abría una etapa complicada en la que, una y otra vez, se encontrarían con los vetos continuos de PP y Vox a sus propuestas. "Claro que estamos atados de pies y manos", reconocía el pasado mes de julio en una entrevista con infoLibre la socialista Hana Jalloul. Una impresión que, cinco meses después, ha quedado confirmada en las diferentes sesiones celebradas en la Asamblea de Madrid.

Dos proposiciones de Ley de la izquierda se han llevado a Pleno en la Cámara de Vallecas para su toma en consideración. Y ninguna de ellas ha superado el muro de la derecha. El texto que Unidas Podemos puso sobre la mesa para que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que designa la Asamblea sean elegidos por concurso público fue tumbado con el voto en contra de PP y Vox. Un tándem perfecto que también se encargó de hacer caer la ley de Más Madrid para proteger a los alertadores de corrupción. En este caso, la jugada fue distinta pero el resultado el mismo: el PP pulsa el no mientras la ultraderecha se pone de perfil sabedora de que con el voto contrario de los conservadores es suficiente para que caiga.

El rodillo está tan engrasado en la región que hasta las enmiendas de la izquierda se tiran sin tan siquiera mirarlas. Es lo que va a pasar con los Presupuestos para 2022. El acuerdo para sacar adelante las cuentas públicas al que llegaron los de Ayuso y los de Monasterio deja negro sobre blanco el compromiso de Vox a "no apoyar ninguna" de las modificaciones totales o parciales "presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea". Por el momento, la extrema derecha ha cumplido la primera parte del trato. Y todo parece indicar que pasará exactamente lo mismo con la segunda esta semana. Más de 3.700 enmiendas presupuestarias de la izquierda que irán directas a la papelera.

"Están ustedes enfermos de sectarismo", decía hace un par de semanas a ambos grupos en el Pleno de la Cámara la líder de la oposición, Mónica García, quien afeaba que las dos formaciones rechazasen "sin mirar" las ideas puestas sobre la mesa. Hay cientos y cientos de propuestas hay inversiones de todo tipo. Para construir nuevos centros escolares, levantar nuevas residencias de mayores, poner en marcha más centros de salud, aumentar el personal del Summa 112, ampliar la red pública educativa de cero a seis años o mejorar la red eléctrica en la Cañada Real.

La misma posición mantuvieron ambos grupos durante la tramitación del proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa. Aunque en este caso no existía acuerdo escrito, la primera semana de diciembre ambas formaciones se pusieron de acuerdo durante la sesión de la ponencia legislativa para cambiar el método de trabajo, evitando abordar de forma individual las enmiendas al considerar que el debate estaba quedando reducido a la simple lectura de propuestas de modificación que ya conocían y habían leído.

Fue entonces cuando estalló el enfrentamiento en la Cámara. El PP acusó a la izquierda de intentar obstaculizar la tramitación. Y el bloque progresista, que acusó a conservadores y ultraderecha de intentar cercenar el espíritu parlamentario, elevó un escrito a la Mesa de la Asamblea. Una semana más tarde, se procedió a la votación de las enmiendas en bloque. La izquierda llevaba 117. PP y Vox tumbaron de golpe las 30 de Unidas Podemos, las 15 del PSOE y 71 de Más Madrid. Solo aceptaron una de los de Mónica García: la quinta, que afectaba a la exposición de motivos y guardaba relación con las personas con discapacidad.

Solo pasan algunos textos más simbólicos

Otra cosa son las proposiciones no de Ley, que no son más que posicionamientos políticos. Ahí, la mano se abre algo más, aunque tampoco mucho. La base de la Asamblea de Madrid recogía hasta este martes la tramitación de 34 de estos textos procedentes del bloque progresista en lo que va de legislatura. De ellos, fueron aprobados en la Cámara autonómica once. Algo menos de una de cada tres de las que pusieron sobre la mesa Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

La apisonadora conservadora y de la extrema derecha ha hecho que terminen guardadas en un cajón iniciativas de todo tipo. No importa la materia. En educación, cayó una proposición exigiendo para este curso el mantenimiento de las ratios reducidas en los colegios que se adoptaron en el primer año de la pandemia. En medio ambiente, otra pidiendo la eliminación en la región de los productos de plástico de un solo uso y el diseño y aprobación de una Ley Regional de Cambio Climático y Transición Energética. En materia de vivienda, una más de Unidas Podemos instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a adquirir las viviendas suficientes hasta completar la totalidad de las 2.935 del antiguo Ivima que acabaron en manos de fondos buitre.

Y, por supuesto, nada de remover lo sucedido en las residencias madrileñas durante la primera ola. A comienzos de noviembre, PP y Vox se encargaron de tumbar juntos una proposición no de Ley en la que se reclamaba indagar en este sentido. "La investigación ya está hecha, no la necesitamos", zanjó en la Asamblea el diputado de la extrema derecha José Ignacio Arias. Se refería, en concreto, a la comisión de investigación que arrancó durante la pasada legislatura, frenó en seco con la convocatoria electoral y se rechazó reabrir con la nueva composición de la Cámara. Entonces, la ultraderecha sirvió de muleta al PP poniéndose de perfil. Ahora, sin embargo, ya se posiciona en contra junto a los conservadores.

Por contra, sí que permitieron la aprobación de una PNL en la que se instaba al Consejo de Gobierno a promover la fusión de Mancomunidades –PSOE, PP, Mas Madrid y Vox registraron una enmienda transaccional–, otra pidiendo el impulso de un Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo o una tercera instando al Ejecutivo autonómico a aprobar un paquete de medidas urgentes a incluir en el nuevo Plan de Salud Mental. De hecho, son las tres únicas iniciativas que han conseguido el voto a favor unánime de la Cámara regional.

PP y Vox votan igual en el 50,9% de iniciativas

En este tipo de proposiciones es menos habitual de lo que parece que PP y Vox pulsen el mismo botón a la hora de emitir su voto. De nuevo, datos. De las 57 iniciativas analizadas por este diario –entre proposiciones y proyectos de Ley y PNL–, conservadores y extrema derecha dijeron exactamente lo mismo en 29: el 50,87% del total.

Donde más coinciden es en aquellas cuestiones en las que se trabaja especialmente desde la izquierda. Así, ambos votaron en contra a finales de septiembre de una proposición no de ley de Más Madrid instando al Ejecutivo regional a poner en marcha un Plan Integral de Salud Menstrual. "Esto no es una iniciativa solamente delirante, esto es mucho más, ideológicamente. Estamos hablando de valorar dos modelos: el modelo de la libertad o el del comunismo, el del socialismo, el de la intervención", señalaron desde el PP.

Una semana antes, ambas formaciones también dijeron no a una propuesta de Podemos exigiendo al Consejo de Gobierno la elaboración y aprobación de una estrategia de agresiones cero al colectivo LGTBI. Y antes del verano, los dos partidos pulsaron juntos el a favor de eliminar de la Guía de la Comunicación Clara toda referencia al uso del lenguaje inclusivo.

En algunas ocasiones, la extrema derecha recurre a lo que denomina como "abstención crítica": se pone de perfil para criticar al Ejecutivo regional al tiempo que impide, sabedor de la actual aritmética parlamentaria, que la iniciativa de la izquierda llegue a buen puerto o que la propuesta del PP caiga. Es lo que hizo con la reforma legislativa de los conservadores para tomar el control de Telemadrid o con la propuesta de la izquierda para reabrir la comisión de investigación de residencias en la Asamblea: mucha crítica y dureza durante el debate pero abstención en la votación para que la primera prospere y la segunda acabe guardada en un cajón.

En muy pocas ocasiones los dos partidos han adoptado posturas radicalmente opuestas. En concreto, en solo en siete de las analizadas. Hay una sobre la remodelación del Matadero de Buitrago de Lozoya y tres más exigiendo máxima transparencia en la gestión de los fondos europeos, reformas para reducir las listas de espera a un máximo de 15 días y que se pida al Gobierno central acometer ya "las reformas estructurales necesarias y pendientes en nuestro país". En estas, Vox dejó solos a los conservadores. Como sola se quedó la ultraderecha en sus iniciativas pidiendo que la Comunidad de Madrid renuncie a los ingresos por la recaudación del impuesto del recibo de la luz o la retirada de las subvenciones a patronal y sindicatos, donde el PP votó junto al bloque progresista.

Tampoco se encontraron en una proposición no de Ley sobre la gratuidad de la FP. Sin embargo, en aquel caso la extrema derecha no se quedó sola. A sus votos a favor se sumaron los del PSOE, frente al rechazo de PP, Más Madrid y Unidas Podemos. Era la época en la que esas propuestas de los de Rocío Monasterio eran utópicas. Ahora, sin embargo, el acuerdo presupuestario recoge un plan de inversión con el objetivo de avanzar hacia la gratuidad en los ciclos no obligatorios con la ampliación de las ayudas concedidas a las familias.

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