Rueda puso la primera piedra de la ciudad deportiva del Celta antes de tener los permisos ambientales

El pasado 10 de julio el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, puso la “primera piedra de la segunda fase” de la ciudad deportiva que el Celta está construyendo en un monte comunal de Mos. Sin embargo, las obras de urbanización de esa fase no contaron con su informe de impacto ambiental aprobado por la Consellería de Medio Ambiente hasta 12 días después, según acaba de constatar este martes el Diario Oficial de Galicia. Un hecho que se añade a que la primera fase del proyecto, que cuenta con el apoyo expreso del Gobierno gallego y del PP, se inició en 2019 de forma ilegal, según confirmó la justicia de manera firme, y fue posteriormente legalizada.

El complejo, con el apoyo expreso de la Xunta y del PP, acaba de iniciar su segunda fase después de que la primera comenzara en 2019 de manera ilegal, según constató la justicia, y fuese después legalizada

El 10 de julio, en la colocación de la primera piedra, el presidente Rueda recordó los comienzos de la “aventura” de hacer el complejo del Celta en Mos tras el enfrentamiento del presidente de la sociedad anónima deportiva —entonces Carlos Mouriño y hoy su hija, Marián— con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Según dijo, Mouriño lo fue a ver acompañado de José González Vázquez, actual conselleiro de Empleo —hace ocho años era diputado del PP, después fue conselleiro de Medio Rural y antes, como inspector de Hacienda, administrador concursal del Celta—. “Al principio —dijo Rueda— quedábamos en sitios más o menos discretos y me dijo que tenía este sueño”.

Ese sueño, presentado en 2018, comenzó a levantarse en 2019 bajo el supuesto amparo de una licencia municipal del Ayuntamiento de Mos, gobernado por el PP, que la justicia consideró ilegal. Cuando esa sentencia fue firme, la primera fase del complejo ya estaba inaugurada por Feijóo y Ayuntamiento, Xunta y Celta ya habían comenzado la tramitación de varios planes urbanísticos para legalizar lo ya construido y ampliarlo con siguientes fases.

Para esas siguientes fases fue para lo que el pasado 10 de julio Rueda colocó una nueva primera piedra en el complejo. Lo hizo sin indicar qué obras concretas representaba aquella primera piedra y 12 días antes de que el 22 de julio la Consellería de Medio Ambiente firmase el informe de impacto ambiental “del proyecto de urbanización de las fases II y III”, autorizado con diversos condicionantes. Ese documento, publicado ahora en el DOG, incide en cómo el Celta, gracias a la fragmentación por fases de su proyecto, logró eludir sucesivamente una evaluación ambiental completa de todo su complejo y fue superando evaluaciones simplificadas parciales.

Gracias a la fragmentación de las obras el complejo eludió una evaluación ambiental completa y ahora el nuevo permiso ambiental constata que “la zona en la que se va a realizar se encuentra antropizada y con zonas ya urbanizadas” anteriormente

Así, el informe señala expresamente para esta “urbanización” de las fases II y III —esto es, para los viales y espacios verdes y libres— que “no es previsible que se generen efectos significativos sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, debido a que la zona en la que se va a realizar el proyecto se encuentra antropizada y con zonas ya urbanizadas”. Es decir, las obras ya realizadas en la zona por el Celta en la fase I, iniciada ilegalmente y después legalizada, hacen que las obras de urbanización del entorno ya no vayan a alterar significativamente esa zona, mismo argumento que reflejó la Xunta en la autorización ambiental del proyecto urbanístico para las siguientes fases del complejo que están ampliando lo ya construido.

La autorización ambiental ahora emitida por la Xunta destaca, en cambio, que “el proyecto prevé la creación de zonas verdes” que ayudarán a mitigar “los posibles impactos ocasionados”.

Finalmente, la ciudad deportiva del Celta tendrá unas dimensiones notablemente reducidas respecto al proyecto lanzado por la sociedad anónima deportiva en 2018. Si aquel proyecto afectaba a un total de 86,4 hectáreas e incluía un gran centro comercial, ahora afectará a 30,1 hectáreas y no contará ni con centro comercial ni con pabellón, tras recortar la empresa sus aspiraciones para así evitar nuevos procesos judiciales.