Congreso

Sánchez logra sacar adelante en el Congreso sus seis decretos sociales

Un momento de la reunión de la Diputación Permanente celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

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El Gobierno ha logrado este miércoles que la Diputación Permanente del Congreso, pese al rechazo del PP, haya convalidado los seis últimos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, y ninguno de ellos tendrá modificaciones pues la Cámara ha rechazado tramitarlos como proyectos de ley, según informa Europa Press. En concreto, la Diputación Permanente del Congreso, que es el único órgano que permanece activo tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, ha convalidado los decretos que establecen cambios en el mercado del alquiler, la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas, la recuperación del subsidio de desempleo de 52 años, la habilitación para que comunidades autónomas y ayuntamientos utilicen sus superávit, medidas en caso de un Brexit sin acuerdoBrexit y el desarrollo de la liberalización del sector de la estiba.

En todos ellos, el Gobierno ha contado con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís y EH-Bildu, apoyos suficientes para sacar adelante las votaciones, ya que juntos suman 33 de los 65 diputados de la Diputación Permanente. El PP, por su parte ha votado en contra de todos los decretos del Gobierno al considerar electoralista la aprobación de estas normas urgentes en un periodo en el que las Cortes Generales están disueltas.

Por su parte, Ciudadanos y UPN han respaldado el decreto con medidas de urgencia en caso de producirse una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, y también la ampliación de los permisos de paternidad. Ambos han optado por abstenerse en el decreto de la estiba, mientras que la formación navarra se ha desmarcado de PP y Cs apoyando la recuperación del subsidio de desempleo y absteniéndose en el decreto de alquileres.

Por otra parte, la Diputación Permanente del Congreso ha rechazado la posibilidad de introducir cambios en los decretos leyes convalidados, ya que tanto PP como PSOE han rechazado la tramitación de estas modificaciones legales como proyectos de ley.

El PSOE acusa al PP de partido "antisocial"

El Gobierno ha celebrado que la Diputación Permanente del Congreso haya convalidado los últimos seis decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez y ha acusado al PP de ser un partido "antisocial" por rechazar todos ellos, incluido el relativo al Brexit, con el que, a su juicio, los conservadores han roto la unidad en política exterior. En los pasillos de la Cámara Baja, la portavoz socialista Adriana Lastra ha asegurado que el de este miércoles era "un gran día para los españoles" porque el Ejecutivo ha conseguido sacar adelante los decretos aprobados en el último mes gracias, sobre todo, a los votos de Unidos Podemos, el PNV y el Mixto, a quienes ha agradecido este apoyo.

Lastra ha lamentado la deriva del PP de Pablo Casado, que, a su juicio, nada tiene que ver con Rajoy" porque "se está dejando arrastrar por la ultraderecha también en política exterior". "Sabíamos que el PP era un partido antisocial, pero lo que es inexplicable es que haya quebrado la política exterior", ha insistido. Preguntada sobre si el apoyo del PNV responde a la consecución de alguna transferencia extra para el País Vasco, la dirigente socialista ha recalcado que "nunca" se ha vinculado una cosa con la otra.

Frente a las críticas de "electoralismo" de la oposición a los decretos del Ejecutivo, Lastra ha recalcado que el PSOE va a gobernar "hasta el último momento". "Es la obligación del Gobierno", ha zanjado.

  Decreto contra la precariedad laboral

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en el mercado de trabajo que incluye el subsidio para mayores de 52 años. Concretamente, el Real Decreto ha salido adelante con 34 votos a favor, 25 en contra y 6 abstenciones. Por otro lado, se ha denegado su tramitación como Proyecto de Ley por procedimiento de urgencia.

Esta mañana, durante el debate de convalidación del decreto en la Diputación Permanente, Magdalena Valerio afirmó que son medidas de "urgente necesidad" y que restablecen los derechos sociales suprimidos. Por ello, pidió a los grupos su convalidación inmediata. Sobre el subsidio de mayores de 52 años, la ministra de Trabajo ha insistido en que "en absoluto" está suspendida la tramitación de este subsidio. Además, ha recordado que va a afectar a 380.000 personas e implica dotar de un mínimo de capacidad adquisitiva a un mayor número de personas.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Carlos Rojas cree que las medidas incluidas en el decreto son "una quimera" y que están "solo al alcance de quien fue presidente por una moción de censura y dejará de serlo en las urnas". También ha criticado que haya "miles de solicitudes del subsidio de mayores de 52 años paralizadas". "La mala vieja política ha inundado de demagogia nueve meses para olvidar", ha apuntado Rojas, tras afirmar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hace creer que es social lo que es solo propaganda electoral".

"Entiendo que el Gobierno tenga mucha prisa electoral, pero no cosataba nada haber intentado negociar esta norma", ha apuntado el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Francisco De la Torre, que también ha criticado que la estimación del coste del subsidio de mayores de 52 años sea de 1.340 millones según la memoria económica del decreto y de 700 millones según Valerio.

La diputada del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos Yolanda Díaz, aunque ha mostrado la voluntad de votar a favor, ha asegurado que es un decreto "absolutamente menguante", un "sucedáneo de mala calidad" que deja intactas las normas laborales que "han destrozado el mercado laboral". "Han tenido tiempo de sobra para derogar las reformas laboral y de pensiones, no querían hacerlo, porque son otros los intereses que se han impuesto a sus propias voluntades", ha apuntado, tras afirmar que "el PSOE deroga leyes cuando hace mítines y está en campaña" y resaltar que cuando "está en el Gobierno, la vida y la CEOE se imponen".

Carles Campuzano, por el PDeCat, ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de revertir algunos de los aspectos más nocivos de la reforma laboral y ha criticado "la ausencia de coraje de algunos grupos políticos". Campuzano ha finalizado su intervención pidiendo a los grupos que repensasen cómo gestionan el poder que le otorgan los ciudadanos, ya que cree que "algunos grupos han fallado en materia de empleo" y han perdido una oportunidad en materia de pensiones en el Pacto de Toledo. Desde el Grupo Mixto, mayoritariamente se ha dejado claro que para avanzar hacen falta más medidas.

Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Mercè Perea ha asegurado que el decreto beneficia a múltiples personas y da respuesta a un colectivo que necesitaba medidas urgentes. Así, ha pedido su convalidación porque afecta a más de 2,5 millones de personas y le ha trasladado a la derecha que lo que ellos llaman decretazos electorales, más bien es "lucha contra la desigualdad".

Asimismo, el real decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. También se establecerán bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Así, los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el SEPE.

Además, se clarifica el Plan de Garantía Juvenil, destinado a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, para evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años. La norma incorpora un Plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con una bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años.

Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 euros para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019.

Por último, en materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012, con una dotación de 70 millones.

  decreto de alquileres

La Diputación Permanente del Congreso también ha convalidado el decreto ley con medidas para regular el mercado del alquiler con los apoyos de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís y EH-Bildu. PP y Ciudadanos han votado en contra, mientras que UPN ha optado por la abstención. El decreto de medidas urgentes en materia de alquiler, en vigor desde el pasado 6 de marzo, limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado y amplía a cinco años la prórroga de su duración frente a los tres actuales. De esta forma, se vuelve a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de las viviendas en alquiler, aunque en este caso el IPC no será obligatorio como entonces y sólo operará como techo.

Esta medida solo se aplica a los contratos suscritos desde el pasado 6 de marzo aunque, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes pueden adaptarse al régimen jurídico establecido en el nuevo decreto.

La norma incluye la elaboración de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte a medidas de carácter fiscal. Este índice de referencia, para cuyo plazo de elaboración el Gobierno se da ocho meses desde su entrada en vigor, se actualizará anualmente y será lo más detallado posible.

Esta herramienta estatal de referencia será compatible con otros índices que puedan elaborar las comunidades autónomas para definir la aplicación de sus competencias en políticas de vivienda. No obstante, este índice en ningún caso habilita a las administraciones al establecimiento de sistemas de regulación de precios de alquiler.

Aunque el borrador del real decreto sí recogía una bonificación del 80% del IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por este índice de precios, la norma aprobada da a los ayuntamientos y comunidades la posibilidad de que decidan su política de vivienda de acuerdo con su marco fiscal.

La norma sí contempla la eliminación de la obligación de que el inquilino repercuta el IBI en el caso de las viviendas sociales, y ofrece de nuevo a los ayuntamientos la posibilidad de dar a las viviendas en alquiler de renta limitada por una norma jurídica una bonificación del 95% de la cuota íntegra del IBI.

  Decreto de igualdad de oportunidades

La Diputación Permanente del Congreso también ha convalidado el decreto ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo que, entre otras medidas, amplía el permiso de paternidad a ocho semanas. El texto ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que ha votado en contra al considerar electoralistas que todos los decretos que el Gobierno ha aprobado con las Cortes disueltas.

Tal y como establece en el texto, el permiso de paternidad se ampliará de forma progresiva: se elevará a ocho semanas en 2019; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad. Una vez equiparados, las seis primeras semanas posteriores al parto serán obligatorias e ininterrumpidas, y las diez restantes que tendrá cada progenitor serán a distribuir hasta que el bebé cumpla un año.

El Consejo de Ministros aprobó en marzo este decreto ley, aunque demoró su entrada en vigor a este lunes, 1 de abril. Además de ampliar de cinco a ocho semanas el permiso de paternidad este año, la norma también obliga de preparar planes de igualdad a empresas a partir de 50 empleados, la transparencia de tablas salariales o la recuperación de la cotización de las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes.

Aunque la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido la urgencia de estas medidas, en aras de avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la oposición se ha mostrado crítica con el contenido del decreto. Así, aunque la mayoría ha apoyado el texto, lo han calificado de "descafeinado", "corto" o "falto de ambición", entre otros calificativos. El PSOE también ha sido atacado, durante el debate, por usar estas medidas sociales en "beneficio" de la campaña electoral de Pedro Sánchez.

Por su parte, el PP ha acusado a Sánchez de ser "una pésima copia" del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, prometiendo medidas que cuestan "600 millones de euros" que, según apuntan, "España no tiene". "Tendrá que ser el PP quien tenga que solucionar estas cosas", ha declarado la portavoz del Grupo Popular en esta materia, Beatriz Escudero.

Tras la convalidación del texto, la Diputación Permanente ha tenido que votar, también, la petición de Ciudadanos para que este decreto ley fuera tramitado como proyecto de ley. La Cámara ha rechazado este procedimiento, con los votos en contra de PP, Unidos Podemos y PNV.

La ampliación del permiso para 2020, supondrán 705 millones más anuales para el Estado y 166 para los empresarios. Esta cifra se elevará hasta los 1.107 millones de incremento en los Presupuestos Generales del Estado en 2021 y 261 millones en relación a las empresas, ya con las 16 semanas de permiso.

  Decreto para un 'Brexit' sin acuerdo

También ha recibido luz verde el real decreto ley destinado a aplicar medidas de contingencia para el caso de que el Brexit se produzca sin acuerdo,Brexit a pesar del voto en contra del PP, que considera electoralistas todos los decretos aprobados tras disolverse las Cortes. Así, el decreto ley ha logrado el visto bueno del Congreso por amplia mayoría, 40 votos a favor y 25 en contra, aunque los portavoces de todos los grupos de la oposición, durante el debate, han acusado al Gobierno de "improvisar" las medidas, imponerlas sin diálogo. También le reprochan haber olvidado asuntos importantes como las exportaciones agrícolas, la situación específica de Canarias, o el hecho de que vayan a decaer las órdenes europeas de detención y entrega que queden pendientes. El PP ha tildado al Gobierno de "chapucero".

Las medidas son unilaterales pero están sujetas a la reciprocidad por parte de Reino Unido. En virtud del decreto, si Reino Unido termina saliendo de la UE de forma abrupta, los alrededor de 400.000 británicos que viven en España tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para solicitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero, el documento que acreditará de forma definitiva su residencia legal en España. El Gobierno espera tener listos todos sus documentos en un plazo de 21 meses desde la fecha de salida.

Además, sus permisos de conducir tendrán en España una validez de nueve meses y en ese plazo podrán canjearlo por uno español. Después de ese periodo no será posible el canje hasta que España y Reino Unido firmen un convenio bilateral para ello.

El decreto regula el procedimiento para la emisión de una autorización de trabajo a los nacionales del Reino Unido que sean trabajadores fronterizos en España, y ello "se condiciona a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por las autoridades británicas que garantice el mantenimiento de la actividad laboral especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 trabajadores españoles". En la misma línea, aunque los gibraltareños serán "nacionales de un tercer Estado", se hará lo posible para que no haya "disrupción en los flujos de personas que transitan".

  REFORMA DE LA ESTIBA Y SUPERÁVIT DE CCAA Y AYUNTAMIENTOS

Asimismo, el Congreso ha convalidado los dos decretos aprobados en el último Consejo de Ministros, uno de los cuales para completar la reforma de la estiba y su liberalización. En este decreto se incluye una línea de ayudas de unos 120 millones de euros para sufragar prejubilaciones y bajas voluntarias en los puertos, como consecuencia de la reestructuración del sector.

El último de los decretos en convalidarse permite a ayuntamientos y comunidades autónomas a reinvertir el superávit de 2018 en inversiones financieramente sostenibles en este ejercicio y en 2020, lo que permitirá a Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco invertir entre todas 1.670 millones de euros.

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