Sánchez reescribe a la baja en plena campaña el núcleo de la propuesta territorial del PSOE

“Queremos mantener el statu quo”.statu quo Y eso significa “el Estatuto de Autonomía de Cataluña”. No “una recentralización” de las competencias autonómicas pero tampoco una “mayor descentralización”, que era lo que los socialistas defendían hasta hace poco. Son palabras del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, pronunciadas en una de las numerosas entrevistas que está concediendo durante la precampaña electoral en plena escalada verbal contra el independentismo.

El Gobierno que preside dio este viernes un paso más en esa dirección, esta vez no sólo verbalmente, al pedir al Tribunal Constitucional que advierta con toda gravedad a la Mesa del Parlament de Cataluña de las consecuencias legales que sus miembros tendrán que asumir si vuelven a a permitir el debate y aprobación de resoluciones contrarias a la Carta Magna o si se resisten a anular las que la Cámara autonómica aprobó en julio reivindicando el derecho a la autodeterminación y reprobando al Jefe del Estado.

Mantener el statu quo sin avanzar hacia una mayor descentralización significa un nuevo paso atrás de Pedro Sánchez, que hace ya tiempo abandonó la idea de España como un Estado plurinacional en el que había sitio para el reconocimiento de varias naciones, una idea que llegó a manejar antes de su regreso a la Secretaría General del PSOE, en mayo de 2017. El mismo Sánchez que a comienzos de septiembre borró toda referencia a Cataluña del programa común que propuso a Unidas Podemos en un último intento de tentar a los de Pablo Iglesias para que le hiciesen presidente sin entrar a formar parte del Gobierno. Y que hasta hace pocos meses reconocía que el actual Estatuto, cuya validez ahora defiende, no goza del respaldo de los catalanes, porque fue recortado por el Tribunal Constitucional.

Un Pedro Sánchez que está tomando distancia, sobre todo, con el programa electoral con el que ganó las elecciones el 28 de abril, en el que el PSOE aseguraba que “la España de las Autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad”.

Los socialistas presentarán este lunes la nueva versión de ese programa, con el que ahora Sánchez pedirá el voto el 10 de noviembre, y está por ver si incluye alguna propuesta en materia territorial o en relación con la crisis política de Cataluña. El de abril no hablaba de reforma federal, pero sí de la necesidad de modificar la Constitución en línea con las propuestas que el partido había venido defendiendo desde 2013 para incorporar a la Carta Magna “los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios”, así como “las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos”. Y apostaba por “recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica”.

La propuesta electoral con la que los socialistas ganaron el 28 de abril incluía también el compromiso de incluir “las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos” en busca de “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”.

Sánchez parece haber enterrado, al menos de momento, la oferta política que el PSOE consensuó en 2013, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba era todavía el secretario general, para plantear una solución que hiciese compatibles las demandas catalanas de más autogobierno con la unidad de España. Una apuesta que tomó forma federal en consonancia con la tradición histórica de los socialistas y que los socialistas pusieron negro sobre blanco en julio de 2013, un año después de que el PSC decidiese defender el derecho a decidir a través de una consulta “legal y acordada” y abriese una crisis con el PSOE que a punto estuvo de provocar una ruptura.

Fue Rubalcaba quien se encargó de negociar y cerrar un compromiso político compartido por todos los barones socialistas en torno a la idea de una reforma federal del Estado. La Declaración de Granada, que es como se conoce el documento que nació de aquel acuerdo, sentó las bases del proyecto socialista para Cataluña y para España, “un proyecto para seguir juntos”, según la expresión utilizada por el entoces secretario general.

Corregir “disfunciones”

Aquel documento reivindicaba el Estado de las Autonomías pero reconocía la existencia de “disfunciones”. “La Constitución dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales del modelo autonómico, como la propia determinación de las Comunidades Autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado, el modelo de financiación, la organización de las Administraciones Públicas o los mecanismos de cooperación entre ellas”, precisaba.

En aquella cita, en la que participaron algunos barones que todavía siguen al frente de sus respectivos territorios, entre ellos algunos tan significados como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara, el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

Fue Rubalcaba, antes que Sánchez, el que levantó la bandera de una reforma constitucional dirigida a consagrar una nueva estructura “territorial de carácter federal”. Una reforma que incluyese también la transformación del Senado en una auténtica Cámara de representación territorial “sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal”, que estableciese un sistema de financiación autonómica estable y que incorporase los “hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad”, estableciendo al mismo tiempo “mecanismos de cooperación y de participación institucional propios de los Estados federales. Una reforma, eso sí, “con un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”, precisaba el documento de 2013.

Sí fue Sánchez quien —con la complicidad de Miquel Iceta— dio el siguiente paso a través de la Declaración de Barcelona, firmada a pocos meses del anunciado referéndum del 1 de octubre que sirvió de apoyo a la proclamación unilateral de independencia de Cataluña.

La Declaración de Barcelona buscaba evitar el choque de trenes que finalmente se produjo abriendo “un nuevo escenario de diálogo” con el que “superar el enfrentamiento entre el inmovilismo del gobierno central y la deriva independentista unilateral”. Para abrirlo, Sánchez promovió la puesta en marcha en el Congreso de una comisión de evaluación del Estado de las Autonomías que sirviese de embrión a una reforma territorial de la Constitución. La iniciativa, sin embargo, acabó languideciendo en la Cámara alta, sometida al boicot activo de todos los grupos, excepción de los socialistas: la derecha del PP y de Cs, los nacionalistas, los independentistas y hasta de Unidos Podemos.

El documento impulsado por Sánchez e Iceta hacía referencia a la reforma constitucional de corte federal comprometida en Granada y aludía expresamente a la legitimidad que la nueva Carta Magna conseguiría, también en Cataluña, si resultaba aprobada en referéndum. Esta era una de las ideas centrales que el PSOE contraponía a la propuesta independentista de un referéndum de autodeterminación —una solución pactada que actualizase el encaje de Cataluña en España y que fuese aprobada también en una consulta por los catalanes— mientras Sánchez mantuvo viva la llama del diálogo con la Generalitat, una estrategia que acabó enterrada en el mes de febrero cuando los partidos independentistas —Junts y Esquerra— contribuyeron a tumbar el proyecto de presupuestos y forzaron la convocatoria de elecciones anticipadas.

Aquella reforma que entonces proponían Sánchez e Iceta debería incluir “el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat, un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas y el establecimiento de un Senado federal”, muy en línea con la Declaración de Granada.

En tanto esa reforma no se llevase a cabo, la Declaración de Barcelona proponía la puesta en marcha de medidas concretas: la reforma de la Ley del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial; el reconocimiento de la institución de las veguerías como entidad local distinta de la provincia ajustando a ellas la delimitación provincial tal y como recoge el Estatuto de Cataluña o la regulación por ley de la obligatoriedad de pactar con los gobiernos autonómicos las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales.

“Identidad nacional”

También reivindicaba la reforma del modelo de financiación, el cumplimiento de la previsión estatutaria que vincula la inversión del Estado al PIB catalán y, sobre todo, un amplio paquete de medidas destinadas al “reconocimiento de elementos simbólicos” referidos a la “identidad nacional” y la “historia” de Cataluña.

PSOE y PSC se comprometieron entonces a promover una ley de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España, a culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado, a asegurar la presencia de Cataluña en la Unesco y a resolver “cuestiones relativas a la memoria histórica como la anulación radical y expresa del juicio al president Lluís Companys”.

A pocos días de la sentencia del procés, y con las relaciones entre Pedro Sánchez y el independentismo en su punto más bajo, ya no quedan ni los ecos de la propuesta que Iceta trasladó al Govern en noviembre de 2018 —en coordinación con Sánchez— para reabrir el diálogo político sobre el autogobierno. Fue en la mesa creada por el president Quim Torra a instancias del Parlament y en el contexto del diálogo abierto entre la Generalitat y el Gobierno. En ese foro Iceta presentó un documento que proponía reconstruir puentes entre independentistas y no independentistas sobre la base, entre otras cosas, del “respeto a la legalidad y al actual marco institucional hasta que no haya el necesario consenso para reformarlo a través de los mecanismos y las mayorías establecidas”. Y “abrir el debate sobre la mejor manera de fortalecer el autogobierno y mejorar la financiación y sobre los procedimientos para acreditar un apoyo ciudadano mayoritario al acuerdo al cual se llegue”.

La estrategia del PSOE de Pedro Sánchez para abordar el problema catalán está en ese documento: “Buscar soluciones factibles, aunque sean temporales o transitorias, porque ahora no hay una solución definitiva”.

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Y reconociendo que “Cataluña es una nación plural y diversa y España una nación de naciones”, algo que “no rompe la unión política de España ni da a los catalanes derechos diferentes de los del resto de españoles. Es en el federalismo donde se encuentran las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España sin disminuir la cohesión social y la igualdad entre españoles”.

La solución, proclamaron en noviembre los socialistas, “sólo puede llegar a través de un proceso de diálogo. Una vez alcanzado un amplio consenso, de como mínimo dos terceras partes del Parlament, será el voto del ciudadano el que, en última instancia, ratificará o no la propuesta que se someta a referéndum”.

Casi un año después, no queda casi nada de aquel intento de diálogo. Sánchez repite a diario su intención de responder con “firmeza” y “proporcionalidad” a cualquier nuevo intento de romper la legalidad. La advertencia a la Mesa del Parlament, vía TC, que el Gobierno aprobó este viernes va en esa dirección. Del discurso del líder socialista se ha caído la doble fórmula para avanzar en una solución negociada que había defendido hasta abril. La primera, una negociación entre las fuerzas políticas catalanas, independentistas y no independentistas. La segunda, una exploración en el Congreso —o en el Senado, al que los socialistas querían dar protagonismo en materia territorial— de las reformas constitucionales necesarias para reforzar el autogobierno de Cataluña.