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Coronavirus

Sanidad cree que las comunidades del PP distorsionan datos sobre el material recibido para blanquear su gestión

Protección Civil reparte mascarillas en una estación del Metro de Málaga.

La decisión de varias Comunidades Autónomas, las gobernadas por el PP y Ciudadanos —en algunos casos con el soporte de Vox— además de Cataluña y el País Vasco, de elevar el tono contra el Gobierno no ha gustado nada en Moncloa. Y, aunque la consigna del presidente Pedro Sánchez sigue siendo callar, favorecer la unidad y la coordinación y reservar la batalla política para después de la pandemia, el enfado dentro del Ejecutivo es cada vez más evidente.

Mientras el Gobierno y los ciudadanos dedican un enorme esfuerzo a luchar contra los contagios, aseguran fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por infoLibre, en el terreno político “el Ejecutivo ha estado solo y, en la mayor parte de las ocasiones, ha tenido que remar hacia adelante mientras, desde determinados partidos y líderes políticos han soplado de costado cuando no de frente”.

Las mismas fuentes afirman que no se trata sólo de falta de apoyo, sino de “algunas piedras colocadas intencionadamente en el camino desde la oposición” y “de quienes les han querido escuchar y seguir” con “un objetivo cada vez menos disimulado”: tratar de difundir una imagen de “gestión desastrosa” para contraponerla con una supuesta “gestión ejemplar de algunas comunidades”.

En Sanidad creen que “la mayoría” los “anuncios catastrofistas” difundidos desde que, a primeros de febrero, se convocaron las primeras reuniones de los organismos sanitarios europeos y los primeros consejos interterritoriales de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, “se han despeñado”. Como que las UCI “iban a colapsar al día siguiente”, que España tenía “la tasa de mortalidad más elevada”, que “el Gobierno desoyó las advertencias de la OMS”, “pecaba de inacción”, no conseguía suministros sanitarios en el mercado internacional y además “bloqueaba en las aduanas las compras de mascarillas que decían haber traído” dirigentes como la presidenta de Msdrid, Isabel Díaz Ayuso, o que se “requisaba material sanitario” y “se dejaba desprotegidos a los hospitales” o que se “tenía secuestrado el parlamento” para no dar cuenta de la gestión que se estaba haciendo.

Con el paso del tiempo, remarcan, no se ha confirmado “ni un solo caso de bloqueo aduanero o de incautación de material” y ya llegan materiales sanitarios comprados por las Comunidades Autónomas. “Ahora ya no se acusa al gobierno central de bloqueo: todo lo contrario; algunos dirigentes se han venido arriba y, en poco más de una semana, desde su primer avión, parecen haber encontrado suministros sanitarios como para tener nueve veces más que lo que les ha repartido el ejecutivo central”, ironizan. “El problema es que se les ha calentado la boca y las cuentas no salen”.

Al Gobierno le ha sentado particularmente mal que algunos presidente, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, hayan dicho que los test proporcionados por el Gobierno “no son concluyentes ni con los positivos ni con los negativos”. “Demuestran muy mala fe o muy poca preparación: el Gobierno no ha dicho que fueran concluyentes, sino complementarios de las pruebas diagnósticas que se hacen en hospitales”, conocidos conocidas como PCR. “Si hubieran consultado a sus profesionales y se hubieran leído la guía de aplicación de los test rápidos, sabrían que dichos test tienen una fiabilidad de entre el 64 y el 82% y que deben utilizarse en colectivos con elevada prevalencia de casos” como hospitales y residencias de ancianos. “Si resulta positivo, se da como positivo. Si da negativo y la persona tiene síntomas, se hace una prueba PCR, que tiene una fiabilidad cercana al 100%”, explican.

En estos momentos, según Sanidad, la producción española es de unos 200.000 PCR semanales “que se ponen a disposición de los diferentes hospitales”. Y con las medidas implementadas para impulsar un incremento de estas pruebas seguras, “se pueden llegar en próximas fechas a las 50.000 pruebas diagnósticas diarias (ahora son en torno a 20.000, siempre según el ministerio que dirige Salvador Illa).

Las cifras “no cuadran”

A ojos del Gobierno “resulta sorprendente que se hayan puesto de acuerdo a la vez los dirigentes autonómicos de Galicia, Madrid y Andalucía para sostener que los elementos de protección individual que les llegan del Gobierno apenas suponen un 10% de los que utilizan cada día en su comunidad”. Una afirmación, que aseguran, “se desmonta con una sencilla operación de cálculo matemático: a España han llegado hasta ahora un total de 72 millones de unidades de protección individual —a las que se suman los 14 millones que se repartieron el lunes— que se han distribuido a las comunidades autónomas. Esos EPI han sido importados nada más y nada menos que en 22 aviones de transporte” y hasta el 12 de abril se han repartido del siguiente modo: 6.517.960 para Andalucía, 2.690.154 para Galicia y 18.340.280 para Madrid.

“En total, 27.548.394 EPI”, remarcan las fuentes citadas. Y si esos 27 millones “son solo el 10% de lo que gastan, quiere decir que las tres comunidades habrán comprado y distribuido entre sus hospitales, centros socio-sanitarios y ciudadanos un total de 270 millones de mascarillas y otros elementos de protección sanitaria contra el coronavirus (tres veces más que el Gobierno).

Esto supone “que habrían necesitado operar no menos de 30 o 40 vuelos para importar esa cantidad de materiales. Y, sinceramente, nadie se imagina que la presidenta de Madrid hubiera desaprovechado tanta foto, habida cuenta de la propaganda que le ha dedicado a las tres aeronaves que había contratado”.

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En el caso de Andalucía, en Sanidad alimenta la suspicacia el hecho de que la Junta de Andalucía se limite a hablar de ”la inminente llegada de partidas de mascarillas o de la llegada de suministros a Madrid, pero ni hora, ni tipo de vuelo ni nada de nada”. El presidente Juanma Moreno “no aparece en ninguna foto de recepción de aviones”.

La única explicación, añaden, es que “hubieran exagerado a la vez los diferentes mandatarios, en lo que parecería una coincidencia estratégica de partido. Y la situación no está para mentiras con algo tan serio”. O bien que “estuvieran adelgazando las transferencias de suministros que llegan del Gobierno central para engordar artificialmente sus compras”.

Para despejar cualquier duda, Sanidad cree que bastaría con que estas comunidades hiciesen públicos los contratos que han firmado y el cuadro de distribución de EPI entre sus provincias, “tal y como hace cada día el gobierno central”.

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