El PP aprueba en el Senado excluir la violencia sexual de los juzgados de violencia machista
El pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción del PP que insta al Gobierno a sacar de los juzgados de violencia machista los delitos de violencia sexual sobre la mujer, incluidos los de trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina, que incorporó la ley de eficiencia de la Justicia, aprobada en enero de este año. Aunque la iniciativa se debatió el martes, la Cámara Alta la ha aprobado este miércoles con 143 votos a favor, 112 en contra y 5 abstenciones.
Fue el pasado viernes 3 de octubre cuando cambió la situación en los juzgados de Violencia sobre la Mujer en España al entrar en vigor esta ley, la cual extendió a esos juzgados otros delitos contra la mujer, y no solo los que tienen lugar en el ámbito de la pareja o expareja. El Gobierno aprobó la creación de 50 plazas judiciales especializadas -un 42% más respecto a las existentes en ese momento- para un incremento en la carga de trabajo que consideraron sería del 12,9% de media.
Desde Moncloa aseguraban que la aprobación de esta ley servía "para garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas". La senadora del PSOE Araceli Martínez defendió la actual ley y las medidas que ha tomado el Ministerio de Justicia para que las víctimas sean atendidas adecuadamente.
Una ley con críticas en el gremio
Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia de pareja o sexual
Ver más
Antes de entrar en vigor, la ley suscitó quejas en el entorno de los jueces, que argumentaban que pese al engrosamiento de la plantilla, la medida saturaba una institución ya colapsada, y que la atención a las víctimas estaría en juego.
La senadora del PP Verónica Casal ha defendido este martes la moción de su partido recordando este riesgo de "saturación" de los juzgados que suponía la asunción de todos esos casos y citó titulares periodísticos que daban cuenta de estas críticas de los jueces a esa nueva situación. "Ampliar funciones sin recursos es abocarlos al colapso", dijo Casal, quien, además, opinó que sumar esos delitos a unos juzgados ya saturados "no mejora la protección" de las víctimas.
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, declaraba en marzo a razón de esta opinión: "Nosotros nos tememos que cuando el ministro habla de aumentar el 50%, se refiere a convertir a muchos jueces y juezas de instrucción en jueces de violencia sobre la mujer. Es decir, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. El Gobierno genera un problema nuevo y, para solucionarlo, provoca otro problema mayor en la jurisdicción penal".
