Caso Gürtel

Suiza impide a Ruz que utilice las últimas pruebas sobre una cuenta bancaria de un testaferro de Bárcenas

El juez Pablo Ruz junto a su colega en la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

Las autoridades suizas se han vuelto a dirigir al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel,Pablo Ruz, para reclamarle que suspenda "inmediatamente" la utilización de nuevas informaciones bancarias que habían sido enviadas a España el pasado 12 de febrero.

La documentación aporta datos novedosos sobre las cuentas abiertas por una fundación del extesorero del PP Luis BárcenasLuis Bárcenas en una entidad bancaria de este país, según un documento al que ha tenido acceso infoLibre.

Este comunicado de las autoridades suizas está firmado por el procurador federal de la Confederación Helvética, Sergio Mastroiani, y en la misma se indica que la prohibición, que no es definitiva, se produce a instancias del Tribunal Penal Federal suizo.

En concreto, Suiza reclama a a Ruz que no utilice la documentación que había sido aportada el 12 de febrero desde la entidad financiera suiza Lombard Odier sobre una cuenta de la Fundación Sinequanon, creada en Panamá y que la policía atribute a Bárcenas.

En esta documentación, que ya tienen las partes personadas en el caso Gürtel, se puede constatar que el presunto testaferro de Bárcenas Iván Yáñez da instrucciones al gestor de la cuenta de la la asociación: "Federico [Mentha], creo que has hablado con nuestro amigo común para hacer el traspaso del fondo desde mi cuenta a la suya (sin gastos para él). El traspaso del dinero habrá que hacerlo al valor liquidativo del día que se haga. Cuando esté el efectivo, necesitaría que transfieras 110.000 euros a mi cuenta de Deustche Bank Madrid”.

Cuentas en Suiza

Esta no es la primera vez que Suiza pone impedimentos a Ruz para que pueda utilizar la documentación bancaria de Bárcenas e Iván Yáñez, el hijo del fallecido empleado del PP Francisco Yáñez, que también disponía de cuentas en Suiza al margen del fisco.

En enero pasado, la Oficina Federal de Justicia de Suiza reiteraba su negativa a que los documentos ya enviados a Ruz pudieran servir para acusar a Bárcenas de fraude fiscal: "Las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal", especifica el texto.

Esta negativa se extendía también a la documentación aportada por Suiza sobre el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

Suiza adoptó esta decisión al considerar que los sobornos de Bárcenas "repercutían en perjuicio del Partido Popular y no en el de la Hacienda pública española". "Dicho de otro modo", prosigue el escrito, "en este momento no se desprende que el Estado español hubiese sufrido un perjuicio patrimonial por fraude fiscal".

Dos extesoreros del PP

Precisamente, esta nueva documentación aportada al sumario del caso Gürtel es el centro de la nueva disputa jurídica entre Bárcenas y Ruz. Las representaciones legales de los extesoreros del PP Bárcenas y Sanchís, y la de Iván Yáñez enviaron al juez escritos en los que solicitaban que se dejara sin efecto la decisión de Ruz de trasladar a las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Policía Judicial.

Según estos tres acusados, al que se ha sumado el hijo de Ángel Sanchís, Ruz ha pedido nuevos informes cuando el sumario de la pieza de Gürtel denominada Época I, 1999-2005, ya está cerrada. “El instructor, al recabar informes del Ministerio Público y de las unidades de Policía Judicial y de Auxilio de la AEAT), está vulnerando las garantías procesales que amparan a mi mandante como imputado/acusado, así como sus derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías”, denunciaba el escrito presentado por Yáñez.

No es una diligencia novedosa

Pero un auto firmado este mismo jueves por el juez Ruz asegura, "en consonancia con el Ministerio Público", su decisión de mantener la resolución, pues la comisión rogatoria se expidió durante la fase de instrucción.

Además, el traslado de esta nueva documentación, "que no petición de informe, no supone la práctica de una diligencia novedosa, [...] por lo que en modo alguno se vulneran los derechos a la defensa y a la tutela judicial", confirma el auto del juez Pablo Ruz.

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