El Supremo acuerda investigar una demanda de paternidad contra Juan Carlos de Borbón

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admitió este miércoles a trámite la demanda de paternidad presentada por la belga Ingrid Sartiau contra el rey Juan Carlos.

Los doce magistrados de la Sala Primera se reunieron en una sesión plenaria para analizar dos demandas de paternidad contra el exjefe del Estado junto a los informes de la Fiscalía, que eran contrarios a su tramitación al considerar que no se acompañan del principio de prueba que establece el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los magistrados rechazaron admitir la demanda del español Alberto Solá, que decía que la inviolabilidad del rey no afecta a las conductas privadas que realizó cuando no era jefe de Estado. En los próximos días, la Sala hará publico el auto y por tanto se conocerán los fundamentos jurídicos de esta doble decisión.

Solá, que asegura ser el primogénito de Juan Carlos, presentó en junio la Audiencia de Madrid una demanda acompañada de una prueba de ADN con una "fiabilidad superior al 99,9%". La Audiencia Provincial remitió la causa al Supremo tras la abdicación. El abogado de Solá pedía que si esta prueba no era admitida se realice otra y se llame a declarar como testigo al perito que ha analizado su fiabilidad.

El fiscal José María Paz la calificó como una "mera hipótesis", que no aporta el principio de prueba de filiación que exige la ley. Solá defiende que Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Su abogado mantiene que la inviolabilidad no ampara las conductas privadas que realizó cuando todavía no era jefe del Estado.

Sin embargo, los magistrados han entendido que la demanda presentada por Sartiau sí cumple con los requisitos legales, ya que a diferencia de la de Solá incluye un acta notarial firmada por su madre, Liliane Ghrislaine Sartiau, en la que reconoce una breve relación con el rey Juan Carlos a finales de 1965. El rechazo de la demanda de Solá ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que el reconocimiento de su supuesta primogenitura alterara los derechos sucesorios de la jefatura del Estado. No obstante, al haber sido Felipe VI proclamado rey por las Cortes Generales, la pretendida paternidad de Juan Carlos no afectaría a la institución.

El presidente de lo Civil, Francisco Marín Castán, elevó al Pleno el pasado diciembre este asunto, después de que entrara en vigor el pasado julio la ley que regula el aforamiento del monarca saliente y la Audiencia Provincial de Madrid le remitiera la demanda de Solá.

A partir de ahora, el Supremo emplazará a Juan Carlos de Borbón a que conteste a la demanda de paternidad, que viene acompañada de la petición de que se realice un análisis de ADN como prueba anticipada. El rey tiene 20 días hábiles para contestar a la demanda a partir de la notificación del auto de admisión.

La Sala nombrará un ponente y podrá pronunciarse sobre las pruebas reiteradas por la ciudadana belga. Si el Juan Carlos acepta someterse a esa prueba genética, se efectuará un análisis que será valorado en una vista, que puede celebrarse a puerta cerrada por tratar sobre la vida privada de las personas, como ocurre en la práctica habitual de los juzgados de familia.

Si hay acuerdo, no hay vista

Si Juan Carlos alcanza un acuerdo con la ciudadana belga se ahorrará la celebración de la vista, en la que podría estar representado por su defensa a no ser que la otra parte solicite su interrogatorio y se admita tal petición.

La negativa a ser interrogado se podrá valorar junto al resto de pruebas conforme a la doctrina jurisprudencial en esa vista que si se celebra se hará previsiblemente antes del verano. 

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La Zarzuela expresa su "respeto absoluto"

El rey Juan Carlos es aforado ante el Tribunal Supremo desde que abdicó y perdió la inmunidad. Las dos demandas fueron presentadas en juzgados ordinarios cuando el monarca era jefe de Estado y, por tanto, fueron rechazadas poque gozaba de inviolabilidad. Tras su abdicación en junio de 2014, los demandantes volvieron a presentar sus escritos y los juzgados las trasladaron al Tribunal Supremo.

La Casa del Rey expresó su "respeto absoluto" a la independencia del Poder Judicial, informa Europa Press.