Igualdad

¿Testigos o tres meses de reflexión? PSOE, Unidas Podemos y colectivos LGTBI aceleran para presentar la ley trans antes del Orgullo

Activistas trans celebran el registro de su ley en el Congreso.
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La cuenta atrás hacia el Orgullo LGTBI aprieta y el Gobierno empieza a acelerar la aprobación de una ley trans, uno de los grandes compromisos de los socios de coalición en materia de igualdad. En la última semana, las reuniones entre el Ministerio de Igualdad, Justicia y Vicepresidencia Primera han ido sucediéndose con vistas a alcanzar un acuerdo para sacar adelante la ley antes de la última semana de junio. Algunos de los principales colectivos también han mantenido, esta última semana, diversos encuentros para consensuar una propuesta que parece empezar a tomar forma. Sobre la mesa, se debaten dos modelos. De un lado, la libre determinación de género mediante una doble comparecencia de la persona interesada, con tres meses de trámite administrativo de por medio. Del otro lado, la intervención de testigos para acreditar el cambio registral con garantías.

¿En qué punto están las negociaciones? La última propuesta del Ministerio de Igualdad, presentada formalmente al Ministerio de Justicia la semana pasada, busca evitar los medios de prueba o testimoniales, apostando por una solicitud basada en la doble comparecencia. Es decir, una primera petición ante el Registro Civil de la persona interesada, quien tres meses después se presentará de nuevo en las oficinas para la firma y cambio de su sexo registral. De esta forma, defienden los partidarios de esta opción, se estaría concediendo un plazo lo suficientemente garantista para evitar cualquier irregularidad jurídica, al tiempo que se eliminarían medios de prueba que los colectivos vinculan a la patologización de las personas trans. "Justicia estaba analizando y estudiando dicha propuesta" al término de la semana pasada, detallan fuentes de Igualdad.

Una propuesta que los colectivos celebran, hacen suya y ven factible. Fuentes de las organizaciones expresan su optimismo y confían en que la sugerencia de una doble comparecencia con tres meses de trámite administrativo cristalizará más pronto que tarde. Por otro lado, la gran apuesta de los socialistas, la intervención de testigos, despierta no sólo el recelo del Ministerio de Igualdad, sino una firme oposición por parte de los colectivos. A las puertas del Orgullo LGTBI, para el que más de 70 entidades han pedido el veto del PSOE, las partes implicadas sopesan a contrarreloj las concesiones que están dispuestas a hacer.

Este lunes, confirman desde diversos frentes, los colectivos se han reunido con Justicia y Vicepresidencia Primera. Un encuentro cuya segunda parte se prevé para este martes o miércoles, según señalan distintas voces presentes en la cita. Fuentes de Moncloa coinciden en que la ley estará lista "lo antes posible", aunque creen precipitado definir una fecha concreta. Recuerdan que es "una ley muy complicada" que acumula "meses de trabajo previo", por lo que se inclinan por el trabajo pausado y garantista.

Para que la ley aterrice en el Consejo de Ministros del próximo 15 de junio, una primera propuesta consolidada tendría que ir esta semana la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Igualdad, quien tampoco es partidaria de concretar fechas, remacha que su compromiso pasa por "seguir negociando como hasta ahora" para tener lista una norma antes del Orgullo. Como línea roja, el departamento mantiene la "despatologización y la libre determinación de género". Las mismas fuentes ponen en valor el "gran esfuerzo" por parte de los equipos presentes en la negociación y recalcan que sí hay acuerdo a la hora de respetar esas dos condiciones.

A pesar de los avances, no está tan claro que haya acuerdo final en la forma. El ala socialista del Gobierno apuesta por una única ley, en lugar de las dos comprometidas –ley trans y ley de igualdad LGTBI–, por una cuestión de "economía legislativa". Fuentes de Moncloa subrayan que en una eventual ley LGTBI "está incluida la T", relativa a las personas trans, así que los derechos del colectivo podrían quedar perfectamente blindados en una única norma. Del lado de Igualdad, sin embargo, matizan que la negociación se está realizando en base a dos proyectos legislativos, tal y como está recogido en el acuerdo de Gobierno.

La posición de los colectivos

El Gobierno acepta la libre determinación de género en la  ley trans, que se fusionará con la de igualdad LGTBI

El Gobierno acepta la libre determinación de género en la ley trans, que se fusionará con la de igualdad LGTBI

Este mismo lunes, tanto la Federación Estatal LGTB (FELGTB), como Triángulo y Chrysallis presentaron públicamente la propuesta de "garantizar la seguridad jurídica" del cambio registral a través de un plazo administrativo de tres meses. Uge Sangil, presidenta de la Federación, ha recordado que actualmente el procedimiento va acompañado de una tramitación que puede llegar a dilatarse hasta los dos o tres años, desde que se solicita el cambio hasta que la persona recoge la documentación, así que la propuesta de tres meses vendría a acortar considerablemente los tiempos. Sangil ha insistido, además, en que el ejercicio de la libre determinación no puede estar "condicionado por terceras personas, por testigos, testimonios, pruebas, documentación médica, informes o cualquier otra valoración de terceros".

En cuanto a los menores, Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, ha puesto en valor la reciente ley de protección a la infancia y la adolescencia, según la cual "los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida". En base a ello, Valenzuela ha puesto sobre la mesa que los menores de entre doce y dieciséis años puedan "solicitar el cambio registral acompañados de sus familias o tutores legales".

El consenso, sin embargo, no es ni mucho menos absoluto entre las organizaciones que conforman el tejido asociativo del movimiento. La Federación de Plataformas Trans, Euforia Familias Trans-Aliadas y No Binaries España distan mucho de estos planteamientos. Las organizaciones, quienes en su día consiguieron el registro de una ley trans en el Congreso, han cargado contra la propuesta, especialmente en lo relativo a la autodeterminación de los menores y a la fusión de las dos leyes. Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, critica con severidad la "violencia institucional" de los socialistas y la "relación clientelar" con las organizaciones que a su juicio han cedido ante la "transfobia" del partido.

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