El futuro de Cataluña

Torra inicia su mandato como 'president' redoblando el pulso con el Estado

El nuevo 'president' de la Generalitat, Quim Torra.

Cataluña ya tiene, casi seis meses después de las elecciones, nuevo president. Pero, lejos de suponer un cambio de ciclo, la investidura de Quim Torra llevada a cabo este lunes supone un paso más en la estrategia independentista de mantener el pulso con el Estado, y así lo ha dejado claro el propio Torra en los discursos que ofreció tanto este lunes como el pasado sábado, cuando su investidura fue rechazada en primera instancia al no conseguir reunir los votos de la mayoría absoluta del Parlament. El nuevo president invitó al Gobierno central a dialogar, pero también insistió en que no piensa renunciar al "mandato" del referéndum ilegal del 1 de octubre y a desarrollar las estructuras y leyes para la independencia, incluida una "Constitución" catalana.

Hace prácticamente siete meses, desde el pasado 27 de octubre, que la autonomía catalana se encuentra intervenida después de que el Gobierno decidiera aplicar el artículo 155 de la Constitución cuando Puigdemont declaró la independencia. El Ejecutivo se comprometió a levantar esta intervención cuando el Parlament escogiera un nuevo president, y en esta línea el presidente Mariano Rajoy ha afirmado que su intención es "juzgar los hechos", pese a que no le ha "gustado" lo que ha "escuchado a lo largo de las últimas horas".

Y es que Torra, lejos de dar un paso atrás o iniciar un repliegue para reorganizar sus filas e intentar ampliar la base social del independentismo –como pretendían, y así lo afirmaban en privado, muchos dirigentes de ERC y el PDeCAT– ha redoblado, al menos retóricamente, la apuesta por mantener el pulso contra el Estado. Rajoy se reunirá este martes con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el jueves con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para analizar la reacción que debe tener el Estado ante la investidura de Torra, y ambas formaciones ya han mostrado sus recelos: los socialistas han señalado que mantienen una "posición sin complejos" ante la posibilidad de tener que aplicar de nuevo el 155 si el nuevo president incurre en "supuestos que vulneren la legalidad", mientras Ciudadanos ha pedido directamente que el 155, en lugar de levantarse, se endurezca.

En cualquier caso, Torra ya ha ofrecido un esbozo de sus planes a través de los discursos que ofreció tanto este lunes como el pasado sábado en el Parlament. El dirigente, pese a que legalmente ejercerá como president, no quiere asumir de cara a la opinión pública ese cargo, que según ha asegurado sigue perteneciendo a quien le ha designado: Puigdemont. Tanto este lunes como el sábado, Torra se autoproclamó president "provisional" president en una situación de "excepcionalidad", y aseguró que la legitimidad sigue teniéndola el anterior Govern, por lo que Puigdemont, sostuvo, será investido de nuevo más tarde o más temprano.

Un poder dividido en tres instituciones

En cualquier caso, aun sin tener ningún cargo institucional, el expresident seguirá siendo una figura clave al menos durante los próximos meses. Puigdemont mantendrá una influencia de primera magnitud como líder del Consell de la República, una de las instituciones que creará el independentismo y que servirá al dirigente para seguir marcando las líneas maestras de la política catalana en los próximos meses y para tutelar el verdadero Govern, el dirigido por Torra. De hecho, el primer acto del nuevo president tendrá lugar este martes en Berlín, donde se reunirá con Puigdemont y tras el que ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta.

Pero este desdoblamiento de la presidencia no es la única novedad, ya que los planes del independentismo pasan por que, a partir de ahora, el poder resida en tres instituciones diferentes, que Torra definió como "de acción política republicana". Y es que, además del Consell de la República que presidirá Puigdemont desde el "exilio" en Berlín, y del Govern y el Parlament –las únicas instituciones que recoge el marco legal como representantes de Cataluña–, el nuevo president planteó la reactivación de la "Asamblea de Cargos Electos" (AECAT).

La AECAT es un órgano que data de 2016, cuando fue fundado, pero que nunca se ha llegado a reunir. Carece de cualquier papel institucional, ya que fue promovido por la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI) con la intención de reunir a los más de 9.000 cargos públicos catalanes en un sólo organismo que incluyese a diputados, concejales o alcaldes. Torra aseguró que la AECAT tendrá "un papel muy importante" durante la legislatura, pero por el momento sólo ha recibido el reconocimiento de una parte de los diputados, alcaldes y regidores independentistas.

La otra pata en la que Torra quiere apoyarse durante los próximos meses para mantener la confrontación con el Estado es la movilización ciudadana, que mencionó tanto en su discurso de este lunes como en el que ofreció en la investidura fallida del sábado. El nuevo president llamó a la "resistencia" de la ciudadanía ante "la celebración de los juicios contra los políticos demócratas catalanes", que pondrán "a prueba" al "país", y hace apenas unos días Torra apeló directamente a la población para que no renuncie "nunca" a defender "pacífica y radicalmente" la república. Este mismo lunes, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ya le ha respondido por boca de su presidenta, Elisenda Paluzie, que ha exigido a Torra "pasar de las palabras a los hechos" y dar "pasos firmes hacia la república catalana".

 

La nueva constitución y el desafío al TC

Esos "pasos" podrían traducirse en tres acciones concretas, anunciadas por Torra en sus discursos: la recuperación de las leyes aprobadas por el Parlament y recurridas ante el Tribunal Constitucional, el inicio de un proceso de elaboración de una Constitución catalana y la puesta en marcha de un comisionado para investigar las consecuencias del artículo 155, reabrir las delegaciones de la Generalitat en el exterior cerradas y ampliarlas e "internacionalizar el caso catalán".

El nuevo president afirmó este sábado que tiene intención de volver "a impulsar todas las leyes que el Gobierno del PP ha llevado al TC", que cifró en 16 y entre las que mencionó normas como la de cambio climático, la de pobreza energética y la de igualdad. Pero lo cierto es que, en los últimos meses, el Ejecutivo también ha recurrido leyes mucho más controvertidas, como la de transitoriedad jurídica, la de referéndum, la que pretendía impulsar una Hacienda catalana o la que creaba la Agencia Catalana de Ciberseguridad.

Torra no ha ofrecido ningún detalle sobre cómo volver a poner en marcha las leyes suspendidas por el Constitucional, y tampoco ha ahondado en su intención de iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva ley fundamental para Cataluña. De hecho, el nuevo president sólo mencionó explícitamente esta meta en su discurso del sábado, cuando planteó la necesidad de impulsar un proceso en el que participen ciudadanía e instituciones y que derive en "una propuesta de Constitución de la república de Cataluña".

Esta es una vieja ambición del independentismo que ya figuraba en la hoja de ruta aprobada por el Parlament el día en el que se proclamó la independencia. En esa resolución, promovida y aprobada por los secesionistas se declaraba "la apertura del proceso constituyente", cuyos pasos detallaba la ley de transitoriedad suspendida por el Tribunal Constitucional y que estaba previsto que comenzara con un "proceso participativo". Esa primera fase debería durar seis meses, y empezaría con "un proceso deliberativo a nivel sectorial y territorial" que, posteriormente, daría paso a la convocatoria de un "Foro Social Constituyente formado por representantes de la sociedad civil y los partidos políticos" para debatir propuestas para la nueva Constitución catalana. Un grupo de expertos académicos elegidos por el Gobierno catalán tendría la responsabilidad de "asesorar" a este foro.

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