21D | Elecciones en Cataluña

Los tres modelos de reforma territorial propuestos desde Podemos y los 'comuns'

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Desde que estalló la crisis territorial en Cataluña, la reforma del modelo territorial es un tema de discusión recurrente entre los partidos. Tal y como explicó este lunes su secretario de Organización, Pablo Echenique, Podemos está elaborando un documento donde abordará esta cuestión a través de una propuesta de reforma constitucional. Pero, mientras llega ese documento, diferentes líderes van avanzando sus ideas.

El pasado domingo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que España tiene tres grandes retos a corto plazo: la reforma de la Justicia y la lucha contra la corrupción, el blindaje en la Constitución de los derechos sociales, y "la necesaria solución territorial" en "una dirección federal o confederal". La diputada Carolina Bescansa, por su parte, presentó la semana pasada su propia iniciativa en este sentido, que contempla la reforma del Senado en clave federal, la reducción de los poderes del ejecutivo en pro del legislativo y de las comunidades y la reforma de la Constitución dejando el referéndum en Cataluña como una opción de último recurso de muy difícil activación. Y Domènech, este mismo lunes, ha señalado los tres pilares de su propuesta de reforma: la aprobación en el Congreso de una ley que regule la consulta de autodeterminación, la implantación de una Hacienda propia en Cataluña y la sustitución del Estado autonómico por uno confederal.

El propio Echenique, este lunes, señalaba que lo primero para Podemos es reformar la ley electoral para hacerla más proporcional, especialmente en el Senado, una cámara donde el PP puede en la práctica vetar cualquier reforma del modelo territorial que implique cambios en la Constitución –las reformas de la Ley Fundamental requieren mayorías reforzadas de las Cortes– con la mayoría absoluta que mantiene, pese a haber conseguido poco más del 30% de los votos.

Con el reparto actual de fuerzas en las cámaras, Podemos no cree que pueda abordarse una reforma constitucional "en el sentido progresista" en la actualidad, cuando el PP es "llave" para ello. Pero, no obstante, el partido morado hará pública en las próximas semanas su propuesta en este sentido, y en ella será clave la cuestión territorial, a la que Unidos Podemos dedicó un apartado en su programa del 26J. Allí, la coalición planteaba implantar "un nuevo modelo territorial" basado en la "construcción de una nueva gobernanza democrática e inclusiva", así como la "reducción de niveles institucionales ineficientes" –con la desaparición gradual de las diputaciones– y la puesta en marcha de un "sistema de financiación equitativo y suficiente para garantizar los servicios públicos esenciales". No se hacía referencia a si el modelo debería ser federal o confederal: sólo se habla de "plurinacionalidad".

La reforma del Senado para transformarlo en "una cámara de representación de derechos e intereses territoriales" también estaba incluida en el programa de Unidos Podemos. Su propuesta pasaba por reducir el número de senadores y conformar la Cámara alta con "representantes de los gobiernos regionales, intercambiables y con voto en bloque". La coalición también le otorgaría nuevas competencias: la "participación en la aprobación de leyes que afecten a los intereses territoriales", la "participación en los Presupuestos Generales del Estado para fijar las partidas que se atribuyen a los distintos territorios" y el "nombramiento de los miembros de órganos del Estado e instituciones centrales, como los magistrados del Tribunal Constitucional".

Además, la propuesta que Podemos hizo llegar al PSOE tras las elecciones del 20D para negociar un posible pacto de Gobierno incluía propuestas como la revisión del modelo de financiación autonómico –sin muchos más detalles– o la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas cooficiales en todo el Estado. Sin embargo, la propuesta estrella de Unidos Podemos en lo territorial es el referéndum en Cataluña pactado con el Estado. "Reconoceremos constitucionalmente la naturaleza plurinacional de España, como también aseguraremos el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país", señalaba la coalición en su programa para el 26J.

Reforma federal y referéndum sólo en último término

Precisamente el gran cambio en la propuesta de Bescansa con respecto al discurso oficial que mantiene su partido tiene que ver con la convocatoria de un referéndum en Cataluña. La cofundadora de Podemos no renuncia a esa posibilidad, pero en su propuesta de reforma del modelo territorial la consulta de autodeterminación es sólo la última opción si la reforma de la Constitución que también plantea es rechazada en Cataluña. Y en su propuesta de reforma territorial sí se deja claro que el modelo es el federal, ya que las comunidades autónomas son mencionadas en varias ocasiones como "entes federados" en el nuevo Estado.

En este sentido, Bescansa también plantea como uno de los ejes de su reforma del modelo territorial la renovación del Senado para que "cuente con competencias exclusivas para legislar sobre la organización de la financiación autonómica, el cálculo del cupo [vasco] y los fondos de compensación". La nueva Cámara alta sería escogida a través de circunscripciones autonómicas –y no provinciales, como hasta ahora–, que elegirían 20 senadores si cuentan con más de cuatro millones de habitantes, 10 senadores si tienen entre uno y cuatro millones, y seis representantes si están pobladas por menos de un millón de personas. Ceuta y Melilla tendrían, cada una, tres senadores.

La propuesta de Bescansa también incluye una reducción de los poderes del ejecutivo –cuyo presidente sería elegido de manera directa y a doble vuelta, en lugar de por el Congreso como hasta ahora– en beneficio del legislativo y las comunidades autónomas. El Gobierno, por ejemplo, perdería la capacidad de nombrar al fiscal general del Estado, así como la competencia de solicitar al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Esta reforma constitucional tendría que ser aprobada en referéndum por todos los ciudadanos, y además tendría que recibir el beneplácito de la población de "cada una de las regiones, comunidades, países y naciones" de España. Y aquí es donde aparece la opción de convocar una consulta secesionista, aunque tras un complejo proceso. Si Cataluña –o cualquier otra comunidad– rechazase el nuevo texto, ese territorio tendría que disolver su parlamento autonómico y convocar nuevas elecciones; la nueva cámara, posteriormente, tendría que votar una propuesta de referéndum, en el que se preguntaría a la población si quiere una consulta de autodeterminación. 

Si al menos el 55% de los parlamentarios autonómicos apoyaran esta propuesta, el referéndum se convocaría en los siguientes 100 días, y si la mayor parte del electorado apoyase la convocatoria de una consulta sobre la independencia, ésta tendría que tener lugar entre 8 y 12 meses después. El resultado de esta consulta, en cualquier caso, tampoco sería definitivo: de vencer el a la secesión, se celebrarían nuevas elecciones autonómicas y la independencia sólo sería efectiva si tres quintos de la nueva cámara la apoyan. "De no lograrse esta mayoría, se procederá a la convocatoria de un nuevo referéndum en un plazo no inferior a 8 meses ni superior a 18", apunta la propuesta de Bescansa.

Una Cataluña confederada con España y con hacienda propia

Por su parte, Catalunya En Comú Podem todavía no tiene lista su propuesta de reforma territorial. No obstante, Xavier Domènech ofreció este lunes algunas claves de la iniciativa que incluirá la coalición en su programa, que presentará en los próximos días. Y, a diferencia de Podemos, Domènech sí tiene claro el modelo que seguirá su planteamiento de reforma territorial: la confederación, para que Cataluña tenga una "nueva relación de tú a tú" –de Estado a Estado– con España.

En este sentido, Domènech y su partido proponen "definir las competencias exclusivas" del Estado, así como "las compartidas" con los entes territoriales "y las cedidas" a éstos en la nueva Constitución. El modelo territorial de Catalunya en Comú Podem, señaló igualmente Domènech, incluye "un acuerdo fiscal" para Cataluña, que tendría "una hacienda propia y solidaria que tenga en cuenta la equidad y la ordinalidad". Y también se contempla la celebración de un referéndum de autodeterminación, aunque eso sí, precedido por la aprobación en el Congreso de una "ley de claridad" que sirva para determinar la organización de la consulta, las mayorías necesarias o la pregunta.

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