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Memoria histórica

Los vecinos del edificio fotografiado por Capa insisten en su protección: “Un rincón olvidado de la memoria"

El historiador Ian Gibson leyendo una carta abierta a Cristina Cifuentes durante el acto de #SalvaPeironcely10.

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“Vivo en un rincón olvidado de la memoria de Europa”. Así titulaban su alegato los vecinos de Peironcely 10, el edificio vallecano inmortalizado por Robert Capa tras un bombardeo durante la Guerra Civil, con el que este sábado reivindicaron una vivienda digna y la protección del inmueble como Bien de Interés Patrimonial (BIP).

En el acto, organizado por la plataforma #SalvaPeironcely10, participó el hispanista Ian Gibson, quien leyó una carta abierta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la que recordó que la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid incluye dentro de la categoría que quieren que se le aplique al edificio aquellos bienes que “sin tener valor excepcional, posean una especial significación histórica”. Definió el lugar como “referencia histórica” e “icono del horror de la guerra y de la vulnerabilidad de la infancia”.

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“Reconocer y dotar de la protección necesaria a este inmueble sólo puede aportar beneficios políticos a su administración, y ello sin suponer coste alguno para las arcas públicas de la Comunidad”, aseguró el historiador irlandés, apelando a la presidenta autonómica. Esta petición está firmada por numerosos rostros de la cultura, el arte y la política, además de por las 21 entidades que componen la plataforma.

Varios niños recrearon la fotografía original frente la fachada –ahora sin marcas de metralla tras haber sido enyesada por el dueño del edificio– para recordar que allí siguen viviendo menores en una situación tan precaria como la de hace 80 años, esta vez motivada por la desigualdad económica.

“Ahora que se habla tanto de la aplicación de nuestra Carta Magna en los asuntos de Estado, reclamamos en voz alta que nuestros gobernantes pongan el mismo empeño en la aplicación del artículo 47”, exigieron en referencia al derecho de todos los españoles a tener una vivienda digna y adecuada. “El futuro de nuestros hijos no puede esperar más”, terminó el alegato.

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