Los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf registraron este lunes masivas manifestaciones contra la propuesta de resolución estadounidense que prioriza una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y que, previsiblemente, se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves 30 de octubre. La Administración de Estados Unidos, dirigida por Donald Trump, reconoció en 2020 la soberanía de Marruecos sobre la excolonia española pese a las resoluciones de la ONU, que lo considera un "territorio no autónomo". Los territorios han convocado nuevas protestas para este martes, informa EFE.

El Frente Polisario consideró que la propuesta de resolución redactada por Estados Unidos supone "una desviación muy peligrosa y sin precedentes de los principios del derecho internacional" que sustentan la cuestión saharaui desde la perspectiva de la "descolonización", y rechazará negociar con Marruecos si la resolución establece precondiciones que excluyan el referendo de autodeterminación y se posicionen solo a favor de una autonomía marroquí del Sáhara Occidental. "Como ha subrayado en su carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad (Rusia), el 23 de octubre de 2025, el Frente Polisario reafirma su rechazo categórico a cualquier enfoque que establezca un marco prefijado para las negociaciones o predetermine su resultado", declaró este lunes en un comunicado firmado en Bir Lehlou, establecido en el 20% del Sáhara Occidental que controla el movimiento saharaui.

Miles de personas se manifestaron en los campamentos de refugiados levantados hace 50 años en el desierto argelino para acoger a quienes huían del Sáhara Occidental, coincidiendo con la Marcha Verde que lanzó Marruecos en 1975 tras la retirada de España. "Nos hemos arrepentido de tantas palabras que no son verdaderas. Es el fin de las palabras y del cuento de mentiras, lo que queremos es un Sáhara libre. Intentamos luchar por nuestro país", declaró una joven manifestante, Lila Salama.

El representante del Frente Polisario en Asia, Ibrahim al Mujtar Boumokhrota, valoró el masivo encuentro en el campamento de El Aaiún, una de las cinco zonas que componen el asentamiento de refugiados, en el rechazo a "ser parte de una autonomía en el Estado de Marruecos". "Marruecos es un poder ocupante. Ellos no tiene ningún derecho a decidir nuestro futuro. Pedimos al Consejo de Seguridad aprobar una resolución que respete la ley internacional y la legalidad y sobre ella decir que el pueblo tiene el derecho a la autodeterminación", consideró al Mujtar.

Hoy Rabat controla el 80% de esta excolonia española, sobre la que el Frente Polisario reclama un referendo de autodeterminación que incluya la independencia del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el jueves la continuidad de la llamada Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991.

Según el Polisario, en función del borrador distribuido el 22 de octubre pasado y redactado por Washington, la resolución prioriza la autonomía dentro de las fronteras marroquíes relegando la celebración de un referendo, mientras que el movimiento independentista saharaui considera la futura votación un aspecto "innegociable".

El Polisario aseguró que sigue de cerca las consultas sobre el proyecto de resolución de Washington, y que pidió a todos los miembros del Consejo de Seguridad que "utilicen su influencia de manera constructiva" para facilitar unas negociaciones directas "sin condiciones previas y de buena fe, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con miras a lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

Días antes, había abierto la puerta, mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, a unas negociaciones directas con Marruecos para alcanzar una solución "justa y duradera" en la que la autonomía marroquí constara entre las opciones de un referendo y que no fuera la "única" solución y la "impuesta". El movimiento independentista ha asegurado este lunes que "no participará en ningún proceso político o negociación basados en propuestas, independientemente de su origen, que tengan por objeto 'legitimar' la ocupación militar ilegal" de Marruecos.

Así fue hace un año. El 30 de julio de 2024, Emmanuel Macron revelaba la fórmula mágica que reconciliaría a París y Rabat, con motivo del vigésimo quinto aniversario del reinado de Mohammed VI: “El presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí.” Tras años de desavenencias y en contra del derecho internacional, Francia se alineaba con Marruecos en el conflicto que enfrenta al reino con los independentistas saharauis del Frente Polisario desde hace casi medio siglo.

Este año, en su tradicional discurso del Trono pronunciado el martes 29 de julio, Mohammed VI se congratuló por el “creciente apoyo internacional a la propuesta de autonomía” y agradeció al Reino Unido y a Portugal “sus posiciones constructivas”. Ambos países anunciaron recientemente que consideraban el plan de autonomía marroquí como “la base más seria” para la resolución del conflicto. Establecido en 2007, este plan propone situar la zona bajo soberanía marroquí, al tiempo que permite a los saharauis elegir a sus propios representantes en un parlamento local.

“Estas posiciones [...] nos impulsan aún más a buscar una solución consensuada que salve las apariencias de todas las partes, en la que no haya ganadores ni perdedores”, prosiguió el rey.

Sin embargo, en las Naciones Unidas la situación sigue estancada. Desde 1991, la ONU no ha hecho más que prorrogar su Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), que nunca ha logrado poner en marcha la famosa votación. En noviembre de 2020, se rompió el alto el fuego y se reanudaron los disparos esporádicos en este territorio que sigue siendo “no autónomo” para el derecho internacional.

A la diplomacia marroquí le gusta hacer creer que está a punto de ganar la partida, a medida que acumula apoyos para su plan de autonomía. Pero para Fouad Abdelmoumni, economista marroquí y activista por los derechos humanos, “la posición jurídica de Marruecos sigue siendo incómoda”.

Para Khadija Mohsen-Finan, politóloga e investigadora asociada al laboratorio Sirice (Sorbona, identidades, relaciones internacionales y civilizaciones de Europa), Marruecos se ha beneficiado del reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos en 2020. “Se ha roto una barrera”, nos confiesa. “Marruecos ha jugado la baza aritmética —conseguir el mayor número de apoyos— y también la de los países más importantes. Esto puede cambiar la situación, tanto en lo que respecta a su imagen como a la influencia que pueden ejercer sobre las Naciones Unidas.”

En opinión del reino, quedan dos países por convencer en el Consejo de Seguridad: China y Rusia. La prensa cercana al poder afirma, con informes que lo respaldan, que ambas potencias estarían dispuestas a alinearse. Fouad Abdelmoumni, por su parte, se muestra muy escéptico. “Para China y Rusia, renunciar a una cuestión de autodeterminación como esta, sin que haya avances serios en beneficio de la población afectada, sería muy costoso en términos de imagen”, explica el economista, que concluye: “Y Marruecos no tiene mucho que ofrecerles”.

Para él, Marruecos “aprovecha cualquier cosa para alimentar la sensación de que las cosas le son favorables”, a veces “yendo de farol”.

La visita del expresidente sudafricano Jacob Zuma a Rabat, el 15 de julio, es un ejemplo de ello. Zuma acudió a declarar su apoyo al plan de autonomía marroquí en nombre del partido que él mismo creó... y recibió una acogida formal, con el uso de la bandera nacional sudafricana. El Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC), partido del actual presidente, emitió un comunicado para condenar ese acto “provocador” y recordar que Zuma no representa al Gobierno sudafricano. El ANC también “condenó la maquinaria propagandística marroquí” que quiso ver en esta visita el inicio de un cambio de postura oficial y reafirmó su apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por Sudáfrica desde 2004.

Pero tras los apretones de manos y los comunicados conjuntos, los nuevos amigos de Marruecos tienen en el punto de mira contratos económicos con un horizonte muy concreto: la Copa del Mundo de fútbol, que organizarán conjuntamente Marruecos, España y Portugal en 2030. David Lammy, ministro de Exteriores británico, fue explícito al expresar su deseo de que “las empresas británicas puedan ganar mucho dinero con la celebración de la Copa del Mundo de 2030”.

Por su parte, Francia ya se ha asegurado el suyo. En su visita oficial a Rabat, a finales de septiembre de 2024, Macron fue acompañado de unos cuarenta empresarios. Alstom, en particular, consiguió un importante pedido: dieciocho trenes, en el marco de la ampliación de la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech. Un pedido financiado, por cierto, con un préstamo de Francia.

“Marruecos está hablando de 100.000 millones de dólares de inversión en proyectos que no tienen ningún sentido económico, pero son estratégicos, en particular en lo que respecta al Sáhara y a la viabilidad del régimen monárquico”, analiza Fouad Abdelmoumni.

El Sáhara Occidental también presenta un potencial directo que explotar. Las compañías francesas Engie y Total ya han colocado sus fichas para el desarrollo del hidrógeno verde. Y Rémy Rioux, director de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), acudió en persona a El Aaiún, en mayo, para anunciar una inversión de 150 millones de euros en la región. Por su parte, el Reino Unido también ha confesado que UK Export Finance, su agencia, podría “apoyar proyectos en el Sáhara Occidental”, siempre que se respeten sus “obligaciones de diligencia debida”.

En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que había recurrido el Frente Polisario, infligió sin embargo un revés a Marruecos. Anuló dos acuerdos de libre comercio entre la UE y Marruecos, argumentando que “los acuerdos comerciales UE-Marruecos de 2019 en materia de pesca y productos agrícolas, a los que no ha dado su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental, se celebraron sin respetar los principios de autodeterminación y efecto relativo de los tratados”.

Para Khadija Mohsen-Finan, esos grandes contratos no son las únicas bazas que la diplomacia marroquí ha utilizado para seducir a sus aliados. “Marruecos también representa una puerta abierta a África. Se ha vuelto indispensable para Europa en cuestiones migratorias, así como para la negociación con los países del Sahel”, explica la investigadora. “Y ha construido una alianza con Israel... que es lo que Trump quiere que hagan otros países árabes”, añade.

En diciembre de 2020, Marruecos e Israel firmaron los acuerdos de Abraham. Era la condición impuesta por la Casa Blanca para apoyar al reino alauita en el asunto del Sáhara... y ha abierto una brecha entre el poder y la población marroquí. El 20 de julio, decenas de miles de marroquíes volvieron a manifestarse en Rabat, denunciando esta normalización como una “traición”. Pero el reino mantiene el rumbo, pensando así conservar el apoyo de Donald Trump.

A finales de junio de 2025, dos congresistas estadounidenses, uno republicano y otro demócrata, propusieron una ley para añadir al Frente Polisario a la lista de organizaciones terroristas. Khadija Mohsen-Finan relativiza: “Demonizar un poco más al Polisario no cambiará nada. El bloqueo está en la ONU, que negocia con el Frente como representante del pueblo saharaui.”

Pero para la politóloga, la situación en Oriente Próximo demuestra un debilitamiento del derecho internacional que podría beneficiar al reino. “Las Naciones Unidas son muy débiles. Es posible que tiren la toalla y acaben reconociendo el plan marroquí, sobre todo porque, en la práctica, Marruecos ya controla el Sáhara Occidental”. Marruecos controla el 80 % de ese territorio.

Por su parte, Fouad Abdelmoumni ve difícil una solución diplomática al conflicto: “Mientras Marruecos no sea una democracia y un Estado de derecho, el plan de autonomía no podrá ser aceptado por los saharauis, por muy atractivo que parezca.”

En su opinión, el conflicto tardará mucho tiempo en resolverse. “La verdadera estrategia es dejar que las cosas se pudran”, afirma el activista. “En cinco décadas, los saharauis se convertirán en una minoría. La batalla habrá terminado, por falta de combatientes”.

En su última resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó su voluntad de ayudar a las partes a alcanzar “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en el compromiso, que permita la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental” (octubre de 2024).

Algunos Estados han tomado la decisión política de acercarse a Marruecos, en diferentes grados:

· Los aliados más cercanos consideran el plan marroquí como “la única” base para la resolución del conflicto. Esa es la posición de Francia. Algunos países llegan incluso a abrir consulados en El Aaiún o Dajla, como Senegal, los Emiratos Árabes Unidos o Guatemala.

· Otros aliados más cautelosos consideran el plan de autonomía como “la base más seria” para la resolución del conflicto. Esta es la posición defendida por España desde 2022, a la que se sumaron el Reino Unido y Portugal en 2025.

Fouad Abdelmoumni, entrevistado en el marco de este artículo, fue condenado en Marruecos a seis meses de prisión y a una multa de 200 euros por “difusión de información falsa” tras publicar un post en Facebook que difundía acusaciones de “espionaje” a Francia por parte de Marruecos (caso Pegasus). Está a la espera de que se celebre su juicio de apelación.

Traducción de Miguel López

Las autoridades de Argelia han denunciado este jueves las "acusaciones falaces" de Marruecos sobre Sáhara Occidental y ha reiterado que la situación "seguirá siendo una cuestión de descolonización hasta que el pueblo saharaui ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación a través de un referéndum libre".

La delegación argelina en la Asamblea General de Naciones Unidas ha dicho que Marruecos lleva a cabo "un intento desesperado de explotar tribunas para lanzar su propaganda y sus mentiras sobre el conflicto de Sáhara Occidental" y ha recordado que todas las resoluciones de la ONU han dicho que el conflicto está a la orden del día en línea con las resoluciones 1514 y 1541, según informa Europa Press.

"Esas resoluciones señalan de forma clara las dos partes en conflicto: Marruecos y el Frente Polisario, reconocido internacionalmente como el único representante legítimo del pueblo de Sáhara Occidental", ha señalado, antes de hacer hincapié en que la propuesta sobre una autonomía "supone un precedente que amenaza los pilares de la legitimidad internacional de la Carta de Naciones Unidas" y "contradice la doctrina bien establecida en materia de descolonización".

Asimismo, ha criticado que "Marruecos, fiel a su postura colonial, ha explotado el mecanismo (de mesas redondas) para intentar desesperadamente introducir la confusión sobre la naturaleza del conflicto, sortear la legitimidad internacional y transformar la naturaleza del conflicto de una cuestión de descolonización a un conflicto bilateral", según ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.

En este sentido, la delegación argelina ha resaltado que "la acogida por parte de Argelia de refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf a partir del 31 de octubre de 1975 es resultado de la ocupación ilegal de Sáhara Occidental por parte de Marruecos tras la retirada de la antigua potencia colonial", en referencia a España, antes de incidir en que "el censo de los refugiados es (una cuestión) puramente técnica y parte integral de un plan político global en el plano de la paz".

La delegación argelina ha reseñado que este censo "sólo tiene sentido si se inscribe en el marco de un referéndum justo y libre destinado a permitir al pueblo de Sáhara Occidental ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación, en línea con la legalidad internacional", antes de rechazar las "acusaciones falsas" de Rabat sobre las "supuestas relaciones entre los refugiados saharauis y grupos terroristas".

"No es más que un nuevo episodio de una serie de acusaciones miserables destinadas a deformar la lucha del pueblo de Sáhara Occidental, que aspira a ejercer su derecho a la autodeterminación, como todos los pueblos del mundo", ha zanjado la delegación, en medio de las tensiones entre Marruecos y Argelia, con la cuestión saharaui en el centro de la disputa.

La declaración de la delegación argelina ha llegado después de que el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, defendiera el martes ante la Asamblea General de la ONU la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara, que calificó como "una solución realista y justa al problema", reivindicando una vez más la marroquinidad de la antigua colonia española.

Ajanuch reiteró el compromiso de Marruecos con una "solución política definitiva" a lo que tildó de "conflicto regional artificial" respecto al Sáhara, pero dejó claro que dicha solución debe basarse en "la iniciativa marroquí de autonomía, la única solución a este diferendo", y enmarcarse en "la integridad territorial y la soberanía nacional del reino".

Por otra parte, dijo que Rabat apoya los esfuerzos del enviado de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura, para relanzar el proceso de mesas redondas con la participación de Marruecos, el Frente Polisario, Mauritania y Argelia. "La participación de Argelia, con seriedad y buena fe, en el proceso de mesas redondas (...) es una cuestión sine qua non para conseguir un arreglo definitivo a esta cuestión", señaló, tras acusar a Argel de ser responsable de "la creación y mantenimiento de este diferendo artificial".

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El pasado 14 de noviembre de 2020, el Frente Polisario declaró roto el alto el fuego con Marruecos en respuesta a una acción militar marroquí contra activistas saharauis en Guerguerat, en la zona de distensión pactada, lo que supuso para los saharauis una violación de las condiciones del alto el fuego.

ERC ha elaborado una nueva ponencia política que se aprobará en la Conferencia Nacional de la formación entre el 12 y 13 de marzo, que reafirma la apuesta por la mesa de diálogo para resolver el conflicto catalán pero defiende "construir alternativas democráticas" si la negociación con el Gobierno central no funciona.

La ponencia, titulada Escrivim el futur republicà (Escribimos el futuro republicano) y recogida por Europa Press, argumenta que tanto para reforzar la posición del Govern en la mesa de diálogo como para estar preparados si la negociación no da los resultados esperados, deben "mantener el trabajo constante para construir alternativas democráticas para afrontar el embate democrático".

Así, los republicanos sitúan la desobediencia política y social y las "acciones de desbordamiento democrático" como posibles alternativas para lograr un referéndum de autodeterminación, aunque no concreta cómo se deben llevar a cabo ni en qué deben consistir, al igual que tampoco detalla en qué momento ERC dará por fracasada la mesa de diálogo.

"No renunciamos ni renunciaremos a ningún instrumento democrático que nos permita decidir nuestro futuro colectivo para llegar a la república catalana, desde acciones de desobediencia política y social hasta a acciones de desbordamiento democrático para hacer posible el derecho a la autodeterminación", afirma la ponencia.

En el documento, ERC considera que el camino hacia la independencia es irreversible y que el reconocimiento del conflicto por parte del Gobierno abre una oportunidad para una negociación "sin condiciones, en la que se pueda hablar de todo".

"Nuestra apuesta por una negociación política es coherente con la demanda histórica del derecho a la autodeterminación por vías pacíficas. Sin embargo, sabemos que el éxito dependerá en gran medida de la capacidad de movilización del pueblo catalán a favor de una resolución democrática del conflicto y de la unidad en la defensa de este objetivo", afirma el texto.

Los republicanos piden al Gobierno central que se dedique a esta mesa de diálogo "con responsabilidad histórica y espíritu democrático", y reiteran que sus demandas en esta negociación son la amnistía y un referéndum que sea vinculante y con reconocimiento.

La ponencia insiste en la necesidad de aprovechar las fortalezas del independentismo y de poner en práctica los aprendizajes de los últimos años, y pese a que admite que falta un consenso estratégico, plantea que "la unidad estratégica es clave, determinante", pero que se debe basar en el respeto entre independentistas y rechaza que se vincule el proyecto soberanista con un movimiento nacionalista identitario.

También advierte de que no se pueden poner "fechas fijas u hojas de ruta inamovibles", porque cree que esto los debilita y limita el margen de maniobra.

"No hablamos de cuándo se producirá la independencia, sino de cuáles son las condiciones que son necesarias para llegar. Y por esto nuestro compromiso se basa en trabajar cada día para que se den estas condiciones los más pronto posible que nos permitan alcanzar el objetivo de la independencia", subraya.

Los republicanos creen que habrá más apoyo a la independencia a medida que "más gente entienda que es una herramienta útil y al servicio del bienestar colectivo", por lo que una de las prioridades de ERC es dar respuesta a las necesidades sociales, económicas, políticas y ecológicas de la ciudadanía.

En este sentido, defienden hacer un "buen gobierno" desde la Generalitat contrapuesto a las políticas que se llevan a cabo desde el Estado, aunque avisan de que no podrán hacer las mejores políticas para la población hasta que no tengan las herramientas de un Estado independiente.

En una de las partes de la ponencia, ERC sitúa los seis objetivos estratégicos que quieren alcanzar antes de 2030: el primero es la "ciudadanía republicana", basada en una democracia participativa en la que el catalán esté garantizado y se haya avanzado en la erradicación de desigualdades.

El segundo es una "nación diversa", que pasa por una transformación feminista, el respeto a la diversidad, y la interculturalidad, y el tercero es la "sociedad del bienestar y la justicia social", para reforzar el estado del bienestar y el modelo de escuela catalana.

Otro de los objetivos es el "país en red y entero", para que haya equidad territorial y mejores infraestructuras; el quinto es "un ecosistema descarbonizado y vivo", en la que ERC fija su apuesta por un modelo energético descarbonizado, desnuclearizado y democrático, y el último es la "economía del bien común", para acabar con el marco neoliberal y establecer una fiscalidad progresiva y un trabajo digno.

Además, otro eje de la ponencia fija el horizonte para la década de 2040, que "pasa necesariamente por haber alcanzado la independencia" y están convencidos de que entonces ya será una realidad.

En este apartado, sitúan varios aspectos que deberían haber ocurrido en esa década, como erradicar la corrupción; democratizar el poder judicial; impulsar mecanismos de democracia participativa; que haya igualdad de oportunidades en el territorio; reindustrializar Cataluña y establecer un modelo de economía descarbonizada y circular; que Cataluña tenga "voz propia" en la UE; que toda la ciudadanía conozca el catalán y su uso esté garantizado, entre otros.

Este lunes la ponencia, que está coordinada por el exconseller y actual vicesecretario general de prospectiva y Agenda 2030 de ERC, Raül Romeva, se ha hecho pública y se ha enviado a la militancia del partido, y hasta el 31 de enero las bases de la formación pueden presentar enmiendas.

Luego, entre el 12 y 23 de febrero se reunirán los congresos territoriales y asambleas sectoriales para debatir las enmiendas, y se decidirán si se incorporan al texto o no, y finalmente el 12 y 13 de marzo se debatirá y votará de forma definitiva en la Conferencia Nacional que se hará en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde ya se celebraron las dos últimas conferencias de los republicanos.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ofreció a los independentistas negociar sobre todos los puntos que le presentaron menos sobre el referéndum, tal y como ahora ha hecho Pedro Sánchez en el inicio de la Mesa de Diálogo que ha tenido lugar hoy en Barcelona, con el encuentro bilateral del jefe del Ejecutivo y el del presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, informa Europa Press.

El 20 de abril de 2016, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entregó a Mariano Rajoy un documento con 46 peticiones en la primera reunión pública que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa. Un documento más voluminoso que el de las 26 propuestas que le había presentado el anterior presidente catalán, Artur Mas.

Aquel documento de 46 puntos se dividía en cinco partes: La relación entre Cataluña y España; la garantía de los derechos sociales; el incumplimiento del Estado con Cataluña; la invasión de competencias en la acción de Gobierno y evitar la judicialización de la política.

En diciembre de ese mismo año, el Gobierno afirmaba que estaba dispuesto a dialogar sobre 45 de las 46 propuestas, excluyendo del paquete de negociación, el referéndum de autodeterminación que le pedía el gobierno catalán. De hecho, Rajoy encargó a sus ministros que le dieran una respuesta "financiera, competencial y jurídica" sobre la viabilidad que podían tener las demandas que le había formulado Puigdemont.

Incluso la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expuso en sede parlamentaria la disposición del Ejecutivo a abordar 45 de los 46 puntos que Puigdemont les había puesto encima de la mesa. Todos menos el referéndum por ser "ilegal". Pidió a cambio un "gesto" del Ejecutivo autonómico a su voluntad de abrir un diálogo.

Casi un año después de la entrevista con el expresidente de la Generalitat catalana, el propio presidente Mariano Rajoy visitaba Barcelona, en marzo de 2017, para anunciar un paquete de inversiones en Cataluña y dejar claro que se "tomaba en serio" las demandas que le habían hecho.

Pero a pesar de todos los intentos, los independentistas convocaron un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, después de haber aprobado en el Parlamento catalán un paquete de leyes de ruptura con España.

Hoy, cinco años después de aquella visita de Puigdemont a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala también que está dispuesto a dialogar sobre todas las propuestas menos sobre la del referéndum de autodeterminación.

En esta ocasión, el jefe del Ejecutivo asegura que su Gobierno ha hecho un examen de las demandas, que cifra en 45 puntos, que ha venido realizando el Gobierno de Cataluña en los últimos años. "Hay uno en el que no nos encontramos, tenemos posturas radicalmente distintas, pero hay otros 44 en los que podemos avanzar", ha afirmado Sánchez tras mantener un encuentro de dos horas con Pere Aragonés y constatar las "grandes diferencias" que les separan.

Pedro Sánchez justifica su propuesta alegando que si realmente se quiere llevar a cabo un "diálogo verdadero y sincero" se debe empezar por las cuestiones en las que se pueden encontrar de una manera más fácil. Recordando que el Gobierno de España "siempre va a respetar la legalidad democrática y el orden constitucional". En la misma línea que se expresaba Mariano Rajoy cuando ofrecía diálogo a Cataluña en los puntos en los que podían tener más cercanía.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que ese diálogo tiene que ser "sin plazos" porque el problema, según ha dicho, se viene larvando desde hace diez años. Los plazos, según ha señalado, tienen que ser "lo más laxos posible" porque considera que lo importante "no es el tiempo" sino llegar a "buen puerto".

El PP espera que la mayoría del Congreso que rechaza la autodeterminación de género que contempla el anteproyecto de la Ley Trans lo acabe corriendo cuando ese proyecto inicie su trámite parlamentario, y no ha descartado que su partido acabe llevando el texto resultante al Tribunal de Cuentas, según informa Europa Press.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha defendido que el país necesita una Ley Trans pero no el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes que, a su juicio, sólo genera "inseguridad jurídica" y "desprotección" a los menores.

En concreto, la dirigente conservadora ha señalado que su partido no está de acuerdo con la autodeterminación de género por suponer en la práctica "el borrado de las mujeres" y de las políticas para su protección.

"No hemos llegado hasta aquí para que ahora se nos comience a invisibilizar", ha clamado Gamarra, quien ha dicho entender que las mujeres que han luchado durante décadas por sus derechos se sientan "especialmente defraudas y borradas" con la iniciativa del Ejecutivo.

Sánchez, preso de "minorías ideológicas radicales"

Gamarra ha subrayado que esta Ley Trans vuelve a evidenciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, depende de "minorías ideológicas radicales" para mantenerse en el poder para cuestionar, a renglón seguido, que el Consejo de Ministros apruebe un anteproyecto incluyendo la autodeterminación de género, un asunto que, según sus cálculos, la mayoría del Congreso rechaza.

A esos diputados contrarios a ese concepto se ha dirigido la portavoz parlamentaria del PP para animarles a que apoyen las enmiendas que en este sentido su grupo presentará al proyecto del Gobierno durante su tramitación en el Congreso.

Preguntada sobre si el PP se plantea recurrir al Tribunal Constitucional la Ley Trans, Gamarra no lo ha descartado pero ha recordado que el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros es aún un anteproyecto y que estarán atentos no sólo a los informes de los órganos consultivos, sino también al resultado de la tramitación parlamentaria antes de tomar ninguna decisión.

El Gobierno cumplirá su compromiso de volver a reunir la mesa de diálogo sobre Cataluña, paralizada desde hace cuatro meses por la pandemia del covid-19. Pero el presidente Pedro Sánchez, concentrado en la salida de la crisis, no tiene prisa y las desavenencias entre los socios del Govern —Junts y Esquerra— le han brindado la excusa perfecta para demorar la cita, de momento hasta finales de julio.

Salvador Illa, que además de liderar la lucha contra la pandemia sigue siendo una pieza clave de la mesa de diálogo sobre Cataluña, de la que depende a su vez la mayoría política que Sánchez necesita para sacar adelante los Presupuestos y dar continuidad a la legislatura, confirmó este lunes el compromiso del presidente y aseguró que el foro de negociación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat volverá a reunirse en julio, con toda probabilidad en la segunda mitad del mes.

Lo hizo en una entrevista en la emisora catalana RAC1 en la que, sin embargo, puso una condición: que se den “las condiciones para que funcione”.

El ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC se refiere, sin decirlo explícitamente, a dos cosas. En primer lugar, a la conveniencia de que la parte catalana de la mesa —Junts y ERC— se ponga de acuerdo en sus demandas. Y, en segundo lugar, a la necesidad de consensuar un orden del día viable, que se pueda traducir en acuerdos y no se limite exclusivamente a dejar constancia de las desavenencias entre las dos partes. La cita, subrayó Illa, tiene que ser “útil” y no lo será si no se resuelven previamente las discrepancias entre JxCat y ERC.

Con sus palabras, el ministro de Sanidad no hizo más que insistir en algo que había hecho una semana antes el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en unas declaraciones en las que afirmó que el problema para reanudar la mesa de diálogo no es otro que la “división” en el seno del Govern sobre esta cuestión.

Las dos partes que integran la mesa acordaron el 26 de febrero, en su primera y única cita hasta la fecha, celebrada en el Palacio de La Moncloa, reunirse con periodicidad mensual alternando las sedes del Govern y del Gobierno español —la próxima, pospuesta desde marzo, tiene que celebrarse en Barcelona— ya sin la presencia de los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, quienes se reservarían la tarea de hacer balance del diálogo acudiendo a las reuniones cada seis meses y dejarían el resto para delegaciones de menor nivel. No obstante, esos seis meses están a punto de cumplirse —será en agosto— sin que haya habido nuevos encuentros, lo que abre la posibilidad de que de nuevo los dos presidentes encabecen sus respectivas delegaciones.

Aquella primera reunión sirvió “para sentar las bases del diálogo, abordando algunos aspectos metodológicos, y para constatar la naturaleza política del conflicto y que este requiere de una solución política”, un elemento que ya estaba en el centro del acuerdo suscrito en enero por PSOE y Esquerra Republicana que dio lugar a la creación de la mesa. Ambas delegaciones valoraron “positivamente la primera reunión y coincidieron “en que la mesa de gobiernos es un instrumento para vehicular una solución”, razón por la cual se emplazaron “a continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo”, señalaron los dos gobiernos en un comunicado conjunto.

En aquella ocasión, además del calendario, Gobierno y Govern habilitaron “un grupo de trabajo integrado por una delegación por cada parte” a la que los presidentes y vicepresidentes se incorporarán “cuando sea necesario ratificar acuerdos políticos, salvo que alguna de las partes decida otra composición”, pero de cuyo trabajo no ha habido constancia durante la pandemia. Y proclamaron un marco común para negociar: “Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”.

¿Qué significa “en el marco de la seguridad jurídica”? Que el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat se comprometieron a impulsar las reformas legislativas que sean necesarias de acuerdo con la legalidad vigente para hacer realidad un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto catalán.

Superada la fase más complicada de la pandemia y con España acostumbrándose a la nueva normalidad —pese a los rebrotes— a ERC le urge una nueva reunión de la Mesa. El diálogo directo entre los dos gobiernos es, desde el fracaso de la declaración unilateral de independencia, la piedra angular de la estrategia del presidente republicano, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación en relación con aquellos hechos. Una hoja de ruta muy diferente de la Junts per Catalunya y su máximo líder, el expresident y actual eurodiputado Carles Puigdemont, que no disimula la escasa credibilidad que le merece la voluntad de Sánchez de llegar a acuerdos y apuesta una y otra vez por la ruptura unilateral.

Margen de maniobra

A esas diferencias es a lo que se agarra el Gobierno para condicionar la reunión. A lo que se suma el hecho de que el Ejecutivo ya no se siente en la indigencia política de tener que elegir entre las urgencias de Esquerra y la continuidad de la legislatura: ahora cuenta con Ciudadanos, siquiera como posibilidad, lo que otorga a Sánchez un margen de negociación con el que no contaba antes de la pandemia.

En ese contexto, ERC volvió a insistir este lunes en la necesidad de retomar la mesa, aunque admitió que tal y como están las cosas no será algo inmediato. “Lo importante no es tanto el día exacto”, sino que se celebre la reunión y “llegar lo más preparados posibles”, declaró su secretaria general adjunta, Marta Vilalta.

Los republicanos llevan semanas presionando a Unidas Podemos para que ahuyente a Cs de la mayoría en el Congreso y Vilalba insistió en esa línea. “Esperábamos más de Podemos, que estuvieran comprometidos con poder celebrar la segunda reunión de la mesa de negociación lo antes posible”. Porque ERC tiene mucho interés en conocer hasta dónde puede jugar a su favor la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno. La formación que lidera Pablo Iglesias, ausente por enfermedad de la primera reunión, siempre ha defendido la convocatoria de un referéndum, aunque esta posibilidad no forma parte del programa de coalición con el PSOE por expreso deseo de los socialistas.

La prioridad ahora de Esquerra es ponerse de acuerdo con Junts, algo cada vez más difícil en el ambiente preelectoral en el que se han instalado la política catalana a pesar de que la convocatoria sigue sin fecha. fechaHay que acudir a la reanudación de la mesa de diálogo "lo más preparados posibles y en consenso”, insistió Vilalba. “La foto ya la tenemos del primer día, ahora conviene que la mesa de negociación comience a avanzar y camine con ambición para poder obtener resultados más pronto que tarde”.

Torra, fiel a la estrategia hegemónica de Puigdemont, antes de hablar de fechas quiere convocar un encuentro de partidos y entidades exclusivamente independentistas para abordar la reanudación de la mesa de diálogo, pero ni en eso se ha puesto de acuerdo con Esquerra, que quiere extender la reunión a la búsqueda de “consensos estratégicos” sobre el calendario electoral en Cataluña y las votaciones del soberanismo en el Congreso y el Parlament.

“La mesa de negociación es imprescindible. Hace falta fijar una fecha con urgencia y especialmente acordar el orden del día”, insistieron Junqueras y el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, en un artículo en La Vanguardia.

Para complicar más el escenario, la pelea por el control de las siglas que representarán a la actual Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas ha hecho que el espacio posconvergente entre en ebullición. Puigdemont presiona para que el PdeCAT se disuelva en Junts, pero lo que queda de la antigua Convergència se resiste a consumar su desmantelamiento, especialmente ahora que su antigua responsable, Marta Pascal, avanza en la puesta en marcha del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) con la intención, nada disimulada, de independizar el soberanismo posconvergente no rupturista de la mano de hierro con la que Puigdemont toma toda las decisiones en Junts desde el 1 de octubre de 2017.

La batalla preelectoral catalana entre Junts y Esquerra por la hegemonía del espacio soberanista ha tomado como escenario la mesa de diálogo formada por el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat el pasado 26 de febrero. De acuerdo con la literalidad del acuerdo alcanzado ese día, la segunda ronda de conversaciones deberá tener lugar antes de que termine el mes de marzo en Barcelona, pero de momento sólo Esquerra enfatiza la necesidad de fijar fecha lo antes posible para dar cumplimiento estricto a lo acordado. La Moncloa no pone reparos, pero se muestra más flexible y no descarta, según fuentes consultadas por infoLibre, que la cita no tenga lugar hasta los primeros días de abril. Quizá después de las elecciones gallegas y vascas que tendrán lugar el día 5.

Los gabinetes de Moncloa y del Palau trabajan en la sombra, lo más discretamente posible, en la preparación de la segunda reunión, en la que ya no estarán presentes Pedro Sánchez ni Quim Torra y en la que está por determinar la composición de las dos delegaciones.

Sea como fuere, las escaramuzas entre los socios del Govern, los republicanos de Oriol Junqueras y los posconvergentes de Carles Puigdemont, no dejan de sucederse. Las dos fuerzas mayoritarias dentro del soberanismo pugnan por dar sentido a la mesa de diálogo mientras avanza la tramitación de los presupuestos catalanes y permanecen a la espera de que el president Quim Torra despeje el calendario y aclare si el adelanto electoral tendrá lugar antes o después del verano —septiembre u octubre, con su fuerte significado para el independentismo, son los meses más probables—.

La estrategia de Junts per Catalunya combina desde hace tiempo la defensa de la unilateralidad y el simbolismo político. En esta última categoría encaja la pretensión de Puigdemont de que el Govern ponga encima de la mesa el reconocimiento de Cataluña como nación, algo que Esquerra considera un asunto superado. “El primer paso de la próxima mesa de diálogo es que el Gobierno reconozca a Cataluña como nación. Esto abriría las puertas a seguir avanzando en las siguientes mesas, porque se trata de avanzar”, defendió el expresident en una entrevista a la Agence France Press (AFP). “Que Cataluña es una nación es un hecho. Bienvenidos sean los reconocimientos, pero ya lo hemos reconocido nosotros”, le replicó el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC).

Por parte de los socialistas catalanes “no habrá ningún problema” en “reconocer a Cataluña como nación”, respondió a su vez el ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa. Su partido, recordó, “hace mucho tiempo” que lo defiende y emplazó al Govern a ponerlo encima de la mesa de diálogo.

La propuesta de Puigdemont encaja con el objetivo de Junts de cimentar la condición de Cataluña como “sujeto político”, que es la base sobre la cual confían en afianzar su derecho a la soberanía y, a partir de ahí, hacer viable una solución legal a la autodeterminación.

Sánchez mantiene su confianza en el PSC y, a pesar de las reticencias de algunos barones, especialmente del aragonés Javier Lambán y del castellano manchego Emiliano García Page, ha respaldado todos los documentos en los que los de Miquel Iceta han defendido esta idea a lo largo de los últimos años. Otra cosa es que en esa estrategia de construir complicidades entre independentistas y no independentistas vaya a aceptar una declaración de reconocimiento de Cataluña como nación sin obtener algo a cambio por parte del Govern. Y ahí la lista de demandas del Gobierno hace referencia materias muy variadas, desde el inicio de un diálogo en Cataluña que incluya a los no soberanistas —algo que Torra se comprometió a intentar pero que no ha llevado a la práctica— a una renuncia expresa a la unilateralidad.

La importancia de votar

Esquerra no está en el simbolismo de Junts y pone en valor que la mera constitución de la mesa haya comprometido al Gobierno de España a votar una solución si en algún momento el diálogo es capaz de concretar un acuerdo. Los republicanos quieren “que de una vez por todas se cumpla con uno de los grandes consensos de la población de Cataluña, que es que se vote su status político” pero están dispuestos, avanzó, a aceptar que se pueda votar una propuesta de la mesa aunque no estén de acuerdo y vayan a pedir el ‘no’. “Sería importante que el independentismo permita que la propuesta que surja de esa mesa se vote”, declaró este fin de semana el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Porque para Esquerra lo crucial, lo que supone un “cambio de paradigma” que abre la puerta a “días históricos” que “hay que preservar como sea”, es que ambas partes hayan fijado que la solución pasa por votar. De aquí que no quiera meter presión cuando el diálogo apenas acaba de empezar. Se trata de un "conflicto político de tal envergadura que todo el mundo podría entender que no se va a solucionar ni en una reunión, ni en dos, ni en cuatro". En esto coinciden con Sánchez, convencido también de que sería un error esperar acuerdos a corto o medio plazo en una controversia que acumula una década de agravios.

Mientras tanto, declaró Rufián, a Esquerra no se la verá “sentada entre semana en una mesa en Moncloa y criticándola el fin de semana en Cataluña”, en referencia a la exconsellera Clraa Ponsatí, que la calificó de “engañifa”.

La primera reunión de la mesa acabó tal y como el Gobierno de Sánchez y Esquerra pretendían: con Quim Torra abrazando el diálogo y declarando solemnemente que el Govern nunca se levantará de las negociaciones. Sánchez y Aragonès se necesitan. El primero precisa de los votos de Esquerra para sacar adelante los Presupuestos y prolongar así la legislatura y los de Esquerra desean hacer de la mesa y del diálogo mismo, cuya paternidad reclaman, el principal valor de la campaña electoral que se avecina y en la que esperan batir a Junts, conquistar la Presidencia y hacerse así con el timón del espacio soberanista después de años obligados a lidiar con las estrategias de Puigdemont.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dejado en el aire la mesa de diálogo entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central. La ha condicionado a lo que le plantee el presidente Pedro Sánchez en la reunión que está prevista para el 6 de febrero. Un planteamiento que después trasladará en una reunión a los partidos independentistas para valorar su opinión.

Su exigencia es que en esa mesa se negocie la autodeterminación y la amnistía de los presos condenados por el procés. "Necesito saber en qué condiciones negociaremos lo que sea necesario negociar, que es el ejercicio al derecho autodeterminación y la amnistía. Es el encargo que tenemos. No es una cuestión del presidente, es también de ERC y la CUP", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Según Torra, las negociaciones con el Gobierno deben hacerse con el acuerdo de todas las fuerzas independentistas, y ha preguntado a Sánchez qué propuesta le pondrá sobre la mesa.

"La pregunta no es qué le ofreceremos nosotros. El Estado debe hacerse preguntas", ha asegurado el presidente de la Generalitat, tras reivindicar que tienen en su favor la fuerza de la voluntad de los ciudadanos frente a los poderes del Estado y la Constitución.

En su opinión, no se puede abordar una negociación con el Gobierno sin unos acuerdos mínimos entre los independentistas, pero ha advertido de que no cree "que la movilización de tantos catalanes sea para negociar una reforma del Estatut".

"Si el Aran me pide un referéndum, yo pondré las urnas. Es una exigencia democrática, y lo que está en cuestión en este país es cuánta democracia está dispuesta a asumir el Estado", ha apuntado.

También ha explicado que no ha hablado con Sánchez para comunicarle la decisión de aprobar los Presupuestos de 2020 y convocar luego elecciones, y ha llamado a aprovechar los meses de legislatura que quedan para recomponer la "unidad".

No se plantea que la inhabilitación llegue antes de aprobar las cuentas

Pese a que no ha aclarado la fecha de las elecciones, ha reiterado que se convocarán el día en que se aprueben las cuentas y que siempre dijo que no se volvería a presentar como candidato.

Sí ha admitido que actualmente la presidencia de la Generalitat está "a la intemperie" porque se le ha retirado su condición de diputado, pero que no se siente desautorizado y no tiene miedo de las eventuales nuevas querellas o denuncias que puedan interponer el PP y Cs.

Tras asegurar que no se plantea que su posible inhabilitación llegue antes de la aprobación de los Presupuestos, ha defendido la decisión que tomó en su momento de no retirar la pancarta en el Palau de la Generalitat tras la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC): "No me arrepiento en absoluto".

"Me hubiera gustado que en mi desobediencia me hubieran acompañado otros", ha destacado Torra, que ha reivindicado que siempre ha sido leal con todos los consellers del Govern, también con los de ERC, empezando por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès.

Para tomar la decisión que anunció el miércoles, ha explicado que mantuvo contactos con muchas personas de su espacio político, también con el expresidente de la Generaliat Carles Puigdemont, de la sociedad civil y con Aragonès, pero que la decisión la tomó él como presidente de la Generalitat.

"Era necesario poner el país por delante de cualquier decisión partidista", ha recalcado Torra, que ha admitido que no era partidario de expulsar a los consellers de ERC del Govern.

"Vengo del mundo de la unidad. Si algo he hecho estos años es velar para que los puentes entre independentistas no se rompan. Nos necesitaremos siempre", ha resaltado.

Calvo deja en el aire el encuentro entre Torra y Sánchez

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dejado este jueves en el aire la celebración de la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, el próximo día 6 de febrero en Barcelona.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de descubrir un monolito en memoria de las víctimas españolas del nazismo, Calvo ha asegurado que ese encuentro, "de producirse", se hará para hablar de los problemas de Cataluña en el marco de la "seguridad jurídica" del Estado español y no para afrontar esta conversación desde algunos planteamientos que ha visto reflejados en los medios de comunicación este mismo jueves por parte del independentismo.

“Sea cual fuere la evolución posterior de la política española, la independencia o la autonomía de Cataluña podría simplificar extraordinariamente las comunicaciones entre los puertos franceses del África del Norte y los del sur de Francia, sobre todo si, un día u otro, la Cataluña GranCataluña Gran, que llega hasta Cartagena y que constituye el objetivo histórico de todos los catalanistas, llega a realización, (significando) el paso natural entre Francia y sus inmensas riquezas africanas.

El sistema de ferrocarriles y carreteras catalanas…, facilitaría en gran manera este sueño imperial francés. Hay que evitar la amenaza de esta grandiosa realización y para ello tenemos un objetivo concreto en España: destruir toda posibilidad de una Cataluña autónoma o independiente que pudiera servir de puente entre Francia y sus colonias. Para llevar a cabo este proyecto,… tenemos preparado un plan: el traslado de la capital política de España a Barcelona, ya que esto destruiría para siempre toda posibilidad de autonomía catalana y daría a los castellanos la ocasión de obstaculizar el plan francés, al fijar la mirada de los españoles en el mar, que se convertiría pronto en el mar de las decisiones”.

Ignoro qué decisiones se pescarían en dicho mar, pero la cita pone de relieve la importancia geopolítica a nivel internacional que tiene una aventura de tal tipo. Y esto no es de ahora. El texto es un fragmento del informe que hizo el especialista geopolítico Franz Pauser para el III Reich, sobre la necesidad de la intervención alemana en los asuntos de la Península Ibérica y más concretamente catalanes, que el lector puede encontrar en el libro de Jaume Miravitlles titulado Los comunicados secretos de Franco, Hitler y Mussolini (Editorial Plaza y Janés, 1977, página 101). El estudio completo puede hallarse en el libro (no traducido) Spaniens Tor Zum Mittelmeer Und Die Katalanische Frage («La puerta española en el Mediterráneo y la cuestión catalana»), publicado en 1938 por la editorial B.G.Teubner (77 páginas y 11 mapas).

No es pues una ocurrencia original el compartir una capitalidad que, por ejemplo, podría incluir el traslado del Senado o algún ministerio. Tema para estudiar en alguna mesa donde el sosiego y la ecuanimidad no se vean interrumpidos constantemente por el dogmatismo y la unilateralidad.

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Antoni Cisteró es socio de infoLibre

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez no se estrenará hasta la semana que viene pero las expectativas que ha levantado en Cataluña el acuerdo con Esquerra que hizo posible su investidura el pasado martes siguen creciendo. Pese a sus reticencias iniciales, el president de la Generalitat, Quim Torra, todavía pendiente de aplazar la inhabilitación que la Junta Electoral quiere aplicarle, no sólo abraza ya la mesa de diálogo entre gobiernos sobre el conflicto político pactada con el PSOE sino que ahora se propone apoyarse en el conjunto del movimiento político independentista para endurecer tanto las condiciones como las garantías que los socialistas se comprometieron a cumplir.

De hecho, este mismo miércoles el gabinete de Torra se puso en contacto con el equipo de Sánchez en la Moncloa. Fuentes del Gobierno confirmaron las gestiones y aseguraron que ambos presidentes conversarían este jueves por teléfono. El objetivo del jefe del Govern es cerrar una fecha para la reunión que ambos acordaron durante la conversación que mantuvieron cuando Sánchez llamó, uno a uno, a los presidentes autonómicos en el marco de los contactos institucionales previos a la investidura y que, en realidad, era una condición impuesta por Esquerra Republicana para avanzar en el acuerdo que finalmente hizo posible la reelección del líder del PSOE.

“La voluntad es que las negociaciones entre los dos gobiernos puedan comenzar tan pronto como lo acuerden el presidente Torra y el presidente Sánchez”, reveló este miércoles en rueda de prensa la portavoz del Govern, Meritxell Budó. De hecho, el acuerdo entre ERC y el PSOE establece que la primera reunión deberá celebrarse en los primeros quince días después de la constitución del nuevo Gobierno, que si nada se tuerce tendrá lugar la semana que viene. Eso significa que la primera cita entre las delegaciones de la Generalitat y del Gobierno de España tendrá lugar antes de que termine el mes de enero.

A lo que el PSOE se comprometió con Esquerra es a crear “una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre Gobiernos, que partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas y que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”. Una mesa que estará formada por dos delegaciones paritarias  y “con los miembros que ambas partes decidan”, en la que tendrá lugar un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas. Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña". Y, tal y como reclamaba ERC, “se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta”.

El punto de partida es que se trata de un “conflicto político” que “sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”. El objetivo es “alcanzar un acuerdo que permita superar la situación actual”. “Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

Torra no se siente concernido por este acuerdo. Su formación, Junts per Catalunya, puso como condición para sentarse en esa mesa que el Gobierno de España anulase las penas impuestas a los presos del procés y que pusiese fecha a un referéndum de autodeterminación.

Reunión del soberanismo

Por eso, para reescribir el diseño de la mesa pactada por Esquerra con el PSOE, el president va a convocar a una reunión a todas las formaciones políticas independentistas —Junts, Esquerra, CUP, y Demócrates— y a las dos grandes organizaciones sociales soberanistas —la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural—. En ese encuentro, Torra quiere “establecer” no sólo “los contenidos” de la negociación sino también “las condiciones y las garantías para el diálogo con el Gobienro del Estado” que ya habían fijado los republicanos con los socialistas. Nuevas condiciones entre las que no descarta, por ejemplo, exigir la presencia de un relator, una condición que el Gobierno de Sánchez estuvo dispuesto a aceptar hace un año, antes dar por rotas las negociaciones que siguieron al acuerdo de Pedralbes.

Los plazos de las conversaciones entre Torra y Sánchez no son inocentes. El president está pendiente de que el Tribunal Supremo decida sobre su inhabilitación, ordenada por la Junta Electoral Central, lo que le invalidaría como interlocutor en la mesa de diálogo pero también podría desencadenar la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.

Al mismo tiempo, el Alto Tribunal debe tomar una decisión sobre el líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación pero a quien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han reconocido el derecho a tomar posesión como eurodiputado. De hecho, el expresidente Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, huidos de la justicia española, ya han asumido esa condición y el lunes acudirán a su primer pleno en Estrasburgo, en el que tiene previsto presentarse arropados por una marcha ciudadana en la que participarán el propio Torra y una representación del Govern de la Generalitat.

El vicepresident Pere Aragonès apoyó en una entrevista en Catalunya Ràdio la idea de Torra de consensuar las demandas independentistas pero obvió el deseo de su jefe en el Govern de modificar las condiciones y las garantías de las reuniones que Esquerra pactó con el PSOE. Los republicanos tienen intención de llevar a la mesa de diálogo su demanda de un referéndum de autodeterminación, así como la aprobación de una ley de amnistía para que Junqueras y los demás presos puedan salir de prisión.

Aragonès, que lleva el peso de la relación con el PSOE en ausencia del propio Junqueras, recordó que la Generalitat y el Gobierno tienen, en virtud del acuerdo firmado, libertad para designar a los miembros de las delegaciones que se sentarán a la mesa de diálogo, pero aseguró que “sería positivo” que participase algún representante de Unidas Podemos en el nuevo gobierno.

ERC, explicó el vicepresident en la misma entrevista, considera a Unidas Podemos un aliado en este asunto, toda vez que sus líderes consideran “presos políticos” a los condenados en el juicio del procés.

Aragonès subrayó también que Esquerra será muy exigente durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que situó en un “camino paralelo” al diálogo sobre el conflicto político catalán. La posibilidad de apoyar las cuentas de Sánchez para 2020, sin las cuales su Gobierno no tendrá apenas recorrido, o la disposición a participar en órganos sectoriales como la Comisión de Política Fiscal y Financiera, dependerá también de cómo vaya la mesa de diálogo, admitió.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura que los acuerdos que eventualmente pueda alcanzar la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de España prevista en el acuerdo suscrito con Esquerra se mantendrán dentro de los límites de la Constitución. El número tres de Pedro Sánchez realizó esta afirmación al término de una reunión extraordinaria de la Ejecutiva socialista y apenas unas horas después de que la secretaria general adjunta de ERC, Martta Vilalta, asegurase en una entrevista en Catalunya Ràdio que “el marco legal” de las futuras conversaciones “es el ordenamiento jurídico democrático, y esto va mucho más allá de la Constitución”.

Ábalos sostuvo que la consulta prevista en el acuerdo “no es un referéndum de autodeterminación”, aunque defendió el derecho de Esquerra a plantear esa posibilidad en la mesa de diálogo, igual que la voluntad del PSOE de mantenerse dentro del “ordenamiento jurídico”, algo que en su opinión va más allá de la Constitución. Las consultas que caben dentro de la ley, recordó, atañen a la reforma de los estatutos de autonomía o de la Constitución. Y cuando se trata de normas estatutarias, subrayó, no se consulta a toda España sino sólo a la comunidad autónoma afectada.

En rueda de prensa en la sede del PSOE explicó también que el acuerdo alcanzado con los republicanos afecta tan sólo a la investidura y no es un acuerdo de legislatura. No obstante, añadió que la única manera de que la negociación que van a iniciar ambas partes sobre el conflicto en Cataluña prospere y siga adelante es garantizando la continuidad y la estabilidad del nuevo Gobierno español.

Ábalos defendió el acuerdo alcanzado con Esquerra siendo extremadamente cuidadoso en el uso de las palabras para no incomodar a los republicanos, pero sin eludir que el PSOE sigue defendiendo una solución pactada y negociada compatible con la integridad territorial de España. El pacto, argumentó, es “coherente” con el “mandato de las urnas” y “congruente” con el ordenamiento jurídico, algo que en su opinión no hace sino “reforzar” la validez de la Constitución española.

En un “esfuerzo sin precedentes”, explicó, “nos hemos sentado a hablar con todos aquellos dispuestos” a encontrar “soluciones” y abandonar “el bloqueo”. “Lo que nos pueden hacer los bloqueadores es reprocharnos su irrelevancia”, subrayó en referencia al PP y a Ciudadanos.

El acuerdo con Esquerra, detalló, se basa en el reconocimiento de la existencia de un conflicto político que debe resolverse por la vía del diálogo, sobre todo a la vista de que el “no diálogo” sólo ha conducido al fracaso, y desde el “respeto a la ley”. En caso de alcanzar un acuerdo, deberá constar con “el respaldo mayoritario de la sociedad catalana”, añadió. 

Frente a quienes critican el pacto con los republicanos, Ábalos recordó que ka disposición del PSOE a dialogar, aunque la otra parte plantee un referéndum de autodeterminación, no implica aceptar los planteamientos del soberanismo, sino intentar encontrar una posición que pueda ser sostenida de común acuerdo.

Y defendió no sólo la “bilateralidad” de las relaciones entre “dos instituciones del Estado”, como son el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, sino el obligado “control parlamentario” de cualquier acuerdo.

El dirigente socialista manifestó también su respeto por la decisión del PRC de votar en contra de la investidura aunque lamentó que la hubiese tomado sin hablar antes con el PSOE. Sobre todo porque “si el argumento es la unidad de España ya estamos nosotros para defenderla”, señaló.

Ábalos fue particularmente crítico con la derecha y en especial con el PP, al que acusó de buscar únicamente “la vía judicial” para resolver los problemas. De ese modo “no están siendo útiles” y siguen una estrategia que “ya pagó Ciudadanos”. Los de Pablo Casado siguen el mismo camino y eso, advirtió, sólo favorece a los que de verdad temen, explicó en referencia a Vox.

¿No temen convertirse en rehenes de Esquerra?, preguntó una periodista, a la vista de que no hay un acuerdo de legislatura con los republicanos. “Somos rehenes de las mayorías del Parlamento, tanto de unos como de otros. Nos va a tocar negociar mucho”, admitió Ábalos.

Ciertamente podemos encontrar en ámbitos académicos literatura suficiente sobre este asunto tanto a favor como en contra, pero tengo la sensación de que, como sucede con otras cuestiones –por ejemplo, cómo luchar contra la corrupción–, el ámbito político es impermeable a lo que se debate en el mundo académico. Y yo me pregunto, ¿cuál es en realidad el problema en hablar sobre ello? Me refiero al hecho de que a lo largo de estos años desde el ámbito (mal llamado) constitucionalista no se ha dado la batalla discursiva sobre el derecho a la autodeterminación, no había nadie en la portería para intentar parar el gol que ha supuesto la construcción de un discurso independentista que, revestido de democracia, hace aguas por todos lados y es completamente falaz.

En lugar de eso, se ha preferido dar la batalla en una guerra perdida de antemano, que es la emocional. Digo perdida de antemano de cara a aquellos ciudadanos catalanes que han estado durante muchos años militando en el catalanismo no independentista y que, finalmente, llevados al terreno emocional, se han visto seducidos por un discurso más sexy de un independentismo que ha disfrazado de democracia el derecho a la autodeterminación (¿quién no está de acuerdo con votar?). Y ello en contraste con la defensa de la sagrada unidad de España, defendida por la derecha autobautizada como constitucionalista, que se ha situado en las mismas coordenadas emocionales e identitarias que el independentismo, con el fin de asegurar los votos extramuros de Cataluña, sopena de ser residuales en el territorio catalán (y vasco) y de exacerbar a la extrema derecha, con un discurso rancio y uniformador que se ha olvidado de defender la unidad en la diversidad de las nacionalidades y regiones y la descentralización territorial del poder, de defender que la Constitución no es nacionalista española, sino todo lo contrario (profesa un nacionalismo cosmopolita), que no pretende la uniformidad del castellano sino que reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones, que ha permitido recuperar instituciones como la Generalitat de Cataluña o la foralidad y los hechos históricos diferenciales, que admite sin tapujos la cooficialidad de las diferentes lenguas, que ha integrado a los nacionalismos en los procesos de toma de decisiones a través de los diferentes órganos constitucionales y estatutarios, que establece un sistema electoral generoso con tales territorios hasta el punto de poner y quitar Gobiernos en el conjunto del Estado o de resultar agraciados en los presupuestos anuales en detrimento de otras zonas de España más necesitadas, máxime cuando hemos decidido como país que buena parte de nuestro Estado social se gestione desde las comunidades autónomas.

El derecho de autodeterminación que pretende ser ejercido en un Estado democrático no es posible ni deseable. No es posible porque un territorio que forme parte de un Estado democrático no puede imponer una decisión de esa parte del territorio al resto, no sólo de su propio territorio sino del conjunto del Estado; no es difícil de entender que el resto de la población integrante de este Estado algo tendría que decir en cuanto al impacto en sus pensiones, salarios, servicios públicos, los cuales se verían seriamente afectados, en definitiva, a su nivel de vida y expectativas futuras de prosperidad.

En segundo lugar, no es deseable, porque no es posible sostener un Estado (del bienestar) que esté sometido a la permanente tensión de la amenaza de un referéndum de autodeterminación por parte de los territorios en cuanto sus pretensiones no sean acogidas. No es posible considerar a los territorios como entes preestatales que en cualquier momento pueden amenazar la integridad del Estado ante la más mínima tensión política. Precisamente para esto está la democracia: para canalizar las distintas preferencias. Cabe recordar que una aspiración política basada exclusivamente en lo territorial es muy legítima, pero también lo son las aspiraciones económicas o sociales que defienden diferentes opciones políticas en una democracia y lo mejor que tiene ésta es que ningún partido va a poder conseguir materializar su aspiración política máxima, ya sea para unos, una sociedad socialista, o para otros una sociedad neoliberal, por ejemplo. Por tanto, lo territorial no es diferente ni tiene más derecho que otro tipo de aspiraciones políticas como lo social o lo económico, que deberán sujetarse en todo momento a los procedimientos democráticos previamente establecidos como sucede con el resto de aspiraciones políticas.

Por este motivo, los partidos independentistas no pueden esperar que su aspiración sea cumplida en sus máximos, como el Partido Popular o Vox no pueden esperar que su aspiración más neoliberal o centralista sea atendida o que Unidas Podemos pretenda que su programa de gasto público sea asumido y en caso contrario “sacar las urnas a la calle”. Para que estas cosas sucedan, deben persuadir y convencer a una mayoría muy amplia del electorado no sólo de su territorio sino del conjunto del Estado, que difícilmente es alcanzable en una democracia pluralista.

¿Esto significa que es posible que nunca puedan cumplir su ideal? Es muy posible, pero los demás partidos políticos muy probablemente tampoco (Vox debe saber que difícilmente los españoles van a querer desmantelar el Estado de las autonomías y que el destino de los territorios se decida dependiendo de lo que diga Madrid). El independentismo debe entender que deben convencer y persuadir a los votantes de PSOE, PP y Cs (más los partidos regionalistas) para que la Constitución se reforme y permita el derecho de autodeterminación y realizar un referéndum. Es verdad que eso es muy difícil, pero en otras latitudes como el referéndum por la independencia de Escocia fue posible por un acuerdo de ambos gobiernos, el británico y el escocés, es decir, el partido conservador británico, entonces en el Gobierno británico, quería el acuerdo, pero si aquí no lo quiere ni lo desea ninguno de los partidos que defienden la integridad territorial de España, tal acuerdo no es posible y aunque se produjera habría que modificar la Constitución y dar la voz a los ciudadanos.

Por lo tanto, no hay que tener miedo a hablar de todo porque hablar no significa ceder y porque afortunadamente por mucho que se quiera hablar, nada puede pasar si la mayoría de ciudadanos no quiere y de eso debemos felicitarnos todos porque eso es la democracia. ______________

Luis Fernández Caballero Lamana es socio de infoLibre

El Parlament ha aprobado este martes una propuesta de resolución que reivindica poder debatir y votar sobre la autodeterminación en la Cámara pese a que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido un punto que hacía referencia al derecho de autodeterminación, informa Europa Press.

Concretamente, el punto suspendido por el TC reiteraba la defensa del derecho de autodeterminación y la reprobación de la Monarquía, por lo que quedó eliminado del texto, pero JxCat, ERC y la CUP registraron enmiendas que, o bien rechazan la suspensión del punto y, para ello, incluyen el redactado suspendido, o reivindican "poder debatir y votar" la autodeterminación

El independentismo pretendía que esta resolución fuera la respuesta conjunta a la sentencia del 1-O, sin embargo, los partidos no se han puesto de acuerdo en presentar una enmienda conjunta para sortear al TC, han presentado enmiendas por separado y han acordado apoyarse entre ellos, por lo que todas han salido adelante en el pleno del Parlament.

La resolución, que se ha votado entera junto a las enmiendas, ha contado con 68 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, 21 en contra del PSC-Units y el PP, y 8 abstenciones de los comuns, mientras que Cs no ha participado en la votación porque ha abandonado el pleno.

La enmienda de la CUP rechaza la suspensión del TC del texto suspendido (y lo cita) y afirma que la actuación del tribunal es "contraria a los derechos fundamentales de libertad de expresión, ideológica y participación política".

Las enmiendas de ERC hacen lo mismo y además expresan su apoyo al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa investigados por la Fiscalía y considera que "la persecución judicial de la Mesa del Parlament constituye una grave vulneración de la autonomía parlamentaria y de la inviolabilidad de los diputados".

Las de JxCat también critican la suspensión del TC citando el texto suspendido, rechazan las injerencias del TC con el objetivo de limitar el debate democrático que lesionan la autonomía y la inviolabilidad de la cámara y atentan contra los derechos de los diputados", y acusan al tribunal de haberse convertido en un instrumento del Estado para silenciar las demandas democráticas de los catalanes, según el texto.

Además, "reivindica poder debatir y votar sobre el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la Monarquía y el reconocimiento de soberanía de Cataluña y su derecho a decidir", que son elementos del punto suspendido por el TC.

Rechazo a la sentencia

Del resto de la propuesta presentada por los tres grupos, destaca el objetivo por el que se presenta: el rechazo a la sentencia del 1-O porque es "injusta y limita el ejercicio de los derechos fundamentales y se enmarca en una deriva autoritaria del Estado que afecta a los demócratas".

También pide la libertad de los dirigentes políticos encarcelados, reitera que el conflicto en Cataluña es político y que no se puede resolver mediante los tribunales y acusa al Estado de estar "imponiendo la criminalización generalizada de la disidencia política".

Debate

Vidal Aragonès (CUP) ha hecho autocrítica por la respuesta a la sentencia, que ha tachado de salvajada, y ha criticado la suspensión del TC, al que ha avisado: "Nunca lo conseguirán. Ya nos pueden hacer lo que quieran, que nunca serán los que determinen de qué hablamos", y ha cargado contra la Monarquía, cuyo fin empezará con una república catalana, ha sostenido.

La portavoz de ERC, Malta Vilalta, ha destacado que la resolución aprobada no será la solución al conflicto y que, tras su aprobación, ha llegado el momento del diálogo con el Gobierno para apostar por la vía política con una mesa de negociación "al servicio del país, para comenzar a construir la solución democrática", y paralelamente ha instado a seguir fuertes en la calle, en las instituciones y a nivel internacional.

Por parte de JxCat, Elsa Artadi ha afirmado que la sentencia evidencia que los presos soberanistas son "presos políticos", ha defendido que, incluso en esta situación, están dispuestos a dialogar con el Estado, pero ha advertido de que no será posible si el Gobierno sigue recurriendo al TC iniciativas del Parlament, y ha reconocido que no han estado a la altura en la respuesta institucional a la sentencia.

Hacer ver que desobedecen sin desobedecer

Lorena Roldán (Cs) ha tachado al Govern de insurrecto como el anterior y ha señalado a Torrent como el que ha hecho posible que se debata y vote la resolución que ha afirmado que será tumbada por el TC: "Va en contra de la legalidad. ¿Qué pretenden con esta resolución? ¿Es que no han hecho ya suficiente daño a Cataluña?"; mientras Alejandro Fernández (PP) ha tachado la iniciativa independentista de enrevesada ingeniería jurídica para hacer ver que desobedecen sin desobedecer.

Ferran Pedret (PSC) cree que la propuesta es una "legítima expresión de disconformidad" con la sentencia y la suspensión del TC, pero que constata que están lejos de soluciones políticas —ha propuesto unos consensos mínimos para abordarlas—, tras lo que Marta Ribas (comuns) ha dicho que el Parlament debe poder hablar de todo y que la iniciativa llega tarde, en un momento de esperanza con el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, según ella.

La Fiscalía General del Estado ha ordenado este martes a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlament catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado ha informado de que ha instado la incoación de diligencias de investigación "a fin de valorar la posible trascendencia penal" tras las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Pleno del TC ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".

A pesar de haberse reunido de urgencia, no obstante, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

El Pleno del Tribunal de Constitucional se ha reunido a las 9.30 horas para actuar frente a la intención del Parlament de aprobar la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".

Así, ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción si bien no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

Concretamente, el tribunal de garantías ha acordado por unanimidad admitir a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de España contra los acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019 y ha suspendido su vigencia.

La actuación del TC ha supuesto adelantar en media hora el inicio de su Pleno ordinario, que habitualmente se reúne a las 10.00 horas, si bien por parte del Parlament se había cambiado el orden del día del Pleno para poner en primer lugar el debate de la moción de la CUP.

La Mesa del Parlament tramitó esta moción el 29 de octubre pese a las advertencias del TC en las últimas semanas, en las que ha avisado de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir al tramitar propuestas contrarias a las resoluciones del tribunal, como las que hacen referencia a la autodeterminación.

Rechazaron las reconsideraciones del PSC, Cs y PP

El acuerdo del 29 de octubre suponía admitir una moción de la CUP y en el se expresa la "voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".

En el Acuerdo de 5 de noviembre de 2019 se rechazan las solicitudes de reconsideración presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialistes y Units per Avançar y Ciudadanos y el Subgrupo Parlamentario Popular. El Gobierno señalaba en sus recursos que ambos acuerdos contravienen directrices anteriores del TC.

Por otro lado, y también a petición del Gobierno, el TC acuerda notificar personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros".

A todos "se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El Tribunal también requiere al Parlamento de Cataluña que, en un plazo de tres días, remita el acta de la sesión de la Mesa de 29 de octubre así como los informes y documentos relativos al citado Acuerdo.

También deberá enviar el acta de la Mesa del 5 de noviembre junto con los informes, si existen, y la resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario Popular. Una vez que el Tribunal reciba los documentos solicitados, dará traslado de los mismos al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.

El Parlament desobedece al Constitucional

A peae de esto, el Parlament ha aprobado este martes expresar su voluntad de "ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán", con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comuns, mientras que el PSC-Units y PP no han votado y los diputados de Cs tampoco lo han hecho y han salido del hemiciclo.

La moción de la CUP se ha debatido finalmente a primera hora de este martes después de que el Parlament haya cambiado el orden del día para poder aprobarla antes de que se reunieran el pleno del Tribunal Constitucional, lo que ha generado quejas de los grupos que no han votado.

Antes de que se votara la moción, el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha preguntado al presidente del Parlament, Roger Torrent, si habían recibido el aviso del TC, lo que ha negado: "No hemos recibido ninguna notificación".

Para el diputado del PSC Ferran Pedret, una mayoría no lo puede decidir todo "ni en este ni en ningún parlamento, tampoco en la Asamblea de Madrid", criticando así el debate de la moción.

Desde el PP, el diputado Alejandro Fernández considera que el gesto de avanzar el debate y la aprobación de la moción ha sido "una pérdida de tiempo porque no hay heroicidad ni se avanza hacia la independencia, pero sí se pisotean los derechos y libertades de la mitad de catalanes".

"Hay que poder hablar de todo"

Sin embargo, el diputado de CatECP Lucas Ferro ha llamado a que no recaiga sobre la Mesa responsabilidades que no le tocan porque considera que en el Parlament "hay que poder hablar de todo, incluso de los que no aparece en la Constitución", y ha argumentado que una mayoría parlamentaria no da derecho a declarar la independencia de forma unilateral pero sí a plantear un debate parlamentario.

El diputado de JxCat Jordi Munell ha coincidido con Ferro en que en la Cámara hay que poder debatir de todo lo que preocupa a la ciudadanía, "como el derecho a la autodeterminación, y el TC no se puede poner por encima del parlamentarismo y prohibir hablar de ciertos temas".

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de ERC Ernest Maragall, que con Munell han lamentado las "injerencias" del Alto Tribunal en el debate parlamentario.

Dimisión de Buch

Pese a todo, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha cargado contra JxCat y ERC por votar en contra de otros puntos de la moción, también el que pedía al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que cesara al conseller de Interior, Miquel Buch.

Los diputados de la CUP y CatECP han votado a favor de este punto, mientras que JxCat, PSC-Units y la mayoría de diputados de ERC, salvo tres que se han abstenido, lo han hecho en contra.

"Con vosotros no queremos ninguna unidad. Basta de aplicar políticas antisociales, basta de venderse el país y basta de privatizar. Tanta corbata y tan poca vergüenza", ha zanjado Sirvent.

La Mesa del Parlament ha tramitado este martes la moción de la CUP que pide a la Cámara expresar su "voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán", un texto que podría votarse en el próximo pleno, previsto para después de las elecciones generales. 

Así lo han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, con lo que la Mesa da un paso más respecto a la propuesta de resolución acordada la semana pasada por JxCat, ERC y la CUP, en la que pedían a la Cámara reiterar poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.

El Tribunal Constitucional (TC) ya advirtió a la Mesa del Parlament paralizar el trámite de propuestas que vayan en este sentido, después de haber anulado propuestas de resolución aprobadas en la Cámara sobre este y otros aspectos.

Entre el mitin y la técnica. La primera semana del juicio a los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia ha sido un cóctel que durante tres jornadas ha combinado en el Tribunal Supremo defensas puramente técnicas con alegatos exclusivamente políticos. Así, durante las primeras horas de un proceso que se alargará casi tres meses, a pesar del adelanto electoral anunciado este viernes por el presidente del Gobierno, se pudo escuchar a alguno de los encausados utilizar expresiones como “silencio forzado”, “juicio político” o “derecho a votar”, mientras las acusaciones rechazaban categóricamente la “falacia de colosales dimensiones” de la tan alegada “causa general” contra el independentismo. Pero también pudieron verse trabajadas defensas técnicas enfocadas a desmontar –o al menos a intentarlo– cada incriminación que la Fiscalía del Alto Tribunal y la Abogacía del Estado reflejaron en sus extensos escritos de acusación.

Hubo debate jurídico, por supuesto. Sobre todo en las dos primeras jornadas, que se dedicaron en exclusiva a resolver las cuestiones previas planteadas por las partes. Las defensas pusieron sobre la mesa del tribunal, que preside el magistrado Manuel Marchena, las “excepciones” provocadas en el proceso “que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales”. Las acusaciones, por su parte, dedicaron el grueso de sus intervenciones a desmontar las supuestas violaciones cometidas respecto al derecho a la autodeterminación, a la libertad ideológica o a la protesta. Lo hicieron trayendo a colación numerosas sentencias. Algunas dictadas por los propios tribunales españoles, sí. Pero una parte importante de la jurisprudencia a la que recurrieron, sobre todo las defensas de los doce acusados, fue a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Porque la práctica totalidad de los líderes independentistas sentados en el banquillo se muestran convencidos de que la batalla final de todo este proceso judicial acabará librándose en Estrasburgobatalla.

El caso Demirtaşcaso Demirtaş

El primero en sacar a colación una sentencia dictada por el TEDH fue el representante legal del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva. El abogado Andreu Van den Eynde hizo alusión, con la vista puesta en la situación de prisión provisional de sus defendidos, al conocido como caso Dermitaş. A esta sentencia han recurrido por activa y por pasiva las defensas de los nueve dirigentes independentistas encarcelados para exigir su puesta en libertad. La han incluido en sus recursos ante el Tribunal Constitucional. Y también en sus solicitudes realizadas ante el Supremo, que a finales de noviembre decidió rechazar la puesta en libertad de los encausados al considerar que no era equiparable el caso porque mientras Demirtaş “es un líder opositor cuyo encarcelamiento podría llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática”, ellos eran “líderes políticos integrados en el Gobierno de una comunidad autónoma en la que asumían la máxima representación del Estado en ese ámbito territorial”.

El líder kurdo Selahattin Demirtaş fue detenido en noviembre de 2016, cuando presidía el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y era diputado en la Asamblea Nacional de Turquía, por sus supuestos vínculos con el ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). En los meses posteriores, el dirigente político terminó llevando su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en noviembre de 2018 acabó exigiendo a Turquía que tomase “las medidas necesarias” para poner fin a la situación de prisión preventiva del líder político kurdo. En la sentencia, Estrasburgo, aunque dictaminó que la detención se había producido con “razones fundadas”, consideró que la prolongación del encarcelamiento perseguía “un objetivo predominante no reconocido, el de asfixiar el pluralismo y limitar el libre juego del debate político”. El fallo condenó por unanimidad a Ankara por vulnerar los derechos de toda persona privada de libertad a ser conducida ante un juez y a participar en elecciones libres por su condición de diputado.

En relación con las protestas que se produjeron durante los días previos al referéndum, entre ellas la concentración que se celebró el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía de la Generalitat, Fiscalía y Abogacía del Estado acusan a todos los encausados de haberlas “conocido, consentido y querido”. Sin embargo, la defensa de Junqueras y Romeva planteó esto como una violación del derecho de manifestación. Y en su argumentación recurrió a otra sentencia de 2015 del TEDH, la conocida como Kudrevicius y otros contra Lituania, en la que se analizaba una protesta de agricultores que terminó superando los límites autorizados cuando bloquearon durante dos días las autopistas principales. El fallo, y en este punto es en el que se centró el letrado Van den Eynde, establece que los ciudadanos no pierden su derecho a manifestarse –siempre que lo hagan de forma pacífica– “por la existencia de violencia esporádica o de cualquier acto punible” en el transcurso de la protesta.

Pussy Riot y símbolos en los tribunales

Otra de las defensas que más recurrió a la doctrina de Estrasburgo fue la del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Durante su intervención en la fase de cuestiones previas, el letrado Benet Salellas criticó que la Fiscalía señale en su escrito de acusación que su representado, en la protesta del 20-S, “apeló” a la “determinación mostrada durante la guerra civil” utilizando la expresión “¡No pasarán!”. En este sentido, el letrado recordó que ese lema también es el que ha utilizado en alguna ocasión el grupo de punk ruso Pussy Riot, que consiguió que Estrasburgo condenara a Rusia, entre otras cosas, porque los tribunales del país “solo dieron razones estereotipadas para mantenerlas en prisión provisional durante cinco meses” y porque la pena impuesta contra ellas fue “excesivamente severa”, lo que supuso una violación respecto a la libertad de expresión. “La próxima condena no será a Turquía o a Rusia, sino al Estado español”, apostilló Salellas, que recordó algún que otro varapalo que Estrasburgo ha dado a España, como por ejemplo en el caso de la quema de fotografías del rey.

Pero a la doctrina del TEDH no sólo recurrieron las defensas de los líderes independentistas. También lo hizo el propio presidente del tribunal cuando la acusación popular, representada por Vox, solicitó que se prohibiera a los acusados portar lazos amarillos por una cuestión de orden “que afecta al respeto y consideración de la justicia”. Marchena, que ya se esperaba peticiones de estas características, saltó como un resorte y puso sobre la mesa dos recientes sentencias de Estrasburgo para dejar claro que permitirá en la Sala simbología de ese tipo. Uno de estos fallos es el que condenó a Bélgica a indemnizar a una mujer musulmana a la que se impidió entrar en un tribunal con el velo alegando “protección del orden público”. El TEDH estimó que esta decisión suponía “una restricción en el ejercicio del derecho a manifestar su religión” que no está justificada “en una sociedad democrática”. Por analogía tanto con esta sentencia como con otra que condenaba a Bosnia por hechos similares, el magistrado dio el visto bueno a que los acusados lleven lazos amarillos.

La batalla jurídica sobre la autodeterminación

Una de las batallas jurídicas más intensas que se produjeron durante la primera semana del juicio del procés fue la relativa al derecho de autodeterminación de los pueblos. “Es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo”, aseveró el abogado de Junqueras. En este sentido, recordó que España ratificó en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un texto concebido en pleno proceso de descolonización que en su primer artículo establece que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación” y apunta que los Estados firmantes tendrán que promover y respetar ese derecho. “La época de la descolonización no tiene nada que ver con la actualidad, en la que el concepto de ese derecho se debe poder defender. Tienen el derecho a defender esa idea. De hecho, se les ha reconocido durante años, se han presentado a todas las elecciones defendiéndolo”, apuntó, añadiendo que “no hay ninguna ley, ni internacional ni de la UE, que impida la secesión de una entidad subestatal”.

La Fiscalía, en la segunda jornada del juicio, trabajó para desmontar esa tesis. “Este es un derecho que carece de cobertura normativa nacional o internacional”, aseveró el fiscal Javier Zaragoza, que criticó que las defensas citen el Pacto Internacional pero omitan las resoluciones de la ONU “que regulan el alcance del ámbito de aplicación de ese derecho”. Así, el Ministerio Público hizo referencia a la resolución 1514, que lo contempla para pueblos sujetos “a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”, la 1541 y la 2625, que establece: “Ninguna de las disposiciones (…) se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

La delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi, ha descrito como un "robo" el nuevo acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, del que considera a España "cómplice", y ha subrayado que el pacto ha salido adelante sin el "necesario consentimiento del pueblo saharaui", informa Europa Press.

La polémica gira en torno a la inclusión de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, en las que se realizan el 90 por ciento de las capturas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el acuerdo no es aplicable a un territorio pendiente de descolonización, pero la Comisión Europea sostiene que sí es posible si las poblaciones afectadas lo apoyan.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Ejecutivo comunitario llevaron a cabo un proceso de consulta entre poblaciones locales que, según la resolución de la Eurocámara, se saldó con una mayoría a favor del nuevo acuerdo. El Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y se negó a participar en la consulta, ha insistido en que se trata de un "robo".

Bulahi ha denunciado en un comunicado que el acuerdo "va en contra del Derecho Internacional y contradice la sentencia (...) que establece que no se pueden incluir las aguas territoriales del Sáhara Occidental". En este sentido, ha subrayado que "es necesario el consentimiento del pueblo saharaui" para un pacto de este tipo.

A juicio de la representante del Polisario en España, la resolución del Parlamento Europeo "obstaculiza" los esfuerzos de la ONU y la Unión Africana para llegar a una "solución definitiva del conflicto" que contemple la "autodeterminación" del pueblo saharaui.

Rabat, sin embargo, siempre se ha negado a la vía de la autodeterminación y tan solo contempla un plan de regionalización para el Sáhara Occidental. La inmovilidad de las dos partes ha lastrado las sucesivas rondas de contacto emprendidas por Naciones Unidas.

Recrimina la traición de España al pueblo saharaui

"Es lamentable el papel que juega España", ha lamentado Bulahi, al cuestionar su respaldo a "un acuerdo ilegal con el que el ocupante marroquí pretende seguir en un país sobre el que ningún Estado le reconoce soberanía". "El Gobierno de España vuelve a traicionar a un pueblo al que dio la nacionalidad española y lo hace sin tener en cuenta el sentir mayoritario del pueblo español, que apoya la justa causa saharaui", ha añadido.

La representante del Polisario ha aprovechado el arranque de la visita de Estado de los Reyes a Marrucos para reclamar que durante este viaje también se hable de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.

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En un auto en el que el magistrado rechaza la petición del Sindicato Profesional de Policía (SPP), personado en la causa, para que investigara a votantes de varios colegios, el juez considera que la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para impedir el referéndum no era para los votantes y que "no existía una prohibición general de acudir a los centros designados como colegios electorales".

El juez considera que, a pesar de que se publicase en todos los medios de comunicación que el TSJC había ordenado impedir la consulta, "cualquier ciudadano podía acudir a los centros electorales al no habérsele prohibido hacerlo". "Es más, no solo no se les había prohibido, sino que habían sido invitados a ello por el propio Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya y otras instituciones, existiendo un evidente conflicto de pretendidas legitimidades", abunda el auto judicial.

Para el magistrado Francisco Miralles, considerar como regla general que los votantes que intentaron "impedir con su propio cuerpo la actuación policial cometieron un delito de resistencia supondría, en realidad, trasladarles la responsabilidad del fracaso de las instituciones públicas", ya que se emitieron mensajes antagónicos sobre la cuestión, obligando a los ciudadanos a tomar partido.

Para el juez, solo se podría investigar por un delito de resistencia o atentado a determinadas personas concentradas en los casos de "verdadero acometimiento a los agentes de la autoridad". El delito de resistencia pasiva grave a agentes de la autoridad, previsto en el artículo 556.1 del Código Penal, prevé la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.