Me ha costado asignarle título a esta tribuna. La escribo apresurada para fijar todos los recuerdos y las sensaciones que me están despertando los sucesivos acontecimientos del pasado, por fin desvelados sobre los actos de una persona. 

Hay personas que despliegan mucho mejor todas sus destrezas y habilidades desde unos discretos segundos planos que, por discretos y secundarios, son estratégicos e hiperconectados. 

Un ejemplo de discreto y aparente segundo plano es el de la figura ministerial imprescindible de la Subsecretaría de Estado. Pareciera que el prefijo “Sub” degrada su importancia respecto a la de, por ejemplo, la Secretaría de Estado, nuestro equivalente a un viceministerio. Pues bien, las Secretarías de Estado son opcionales, no todos los ministros o ministras consideran necesario crearlas. En cambio, las Subsecretarías de Estado son parte consustancial de un ministerio y entre muchas otras funciones, son las encargadas, en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de coordinar y examinar todos los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo de Ministros y Ministras, según la ley del Gobierno. La suele presidir el ministro de la Presidencia, quien decide qué asuntos integran el orden del día (el llamado “índice negro”), con dos índices: uno verde, en el que aparecen los asuntos con informe favorable de la Comisión y que están listos para aprobación por el Consejo de Ministros; uno rojo, de asuntos que no cuentan con dicho informe por discrepancias de algún ministerio y, por tanto, han de someterse a deliberación. F. Álvarez-Cascos, J.J. Lucas, M. Rajoy, y J. Arenas fueron ministros de Presidencia con J.M. Aznar; S. Sáenz de Santamaría lo fue ininterrumpidamente durante los casi ocho años del gobierno de M. Rajoy (2011-2018).

Tras ocupar un par de direcciones generales en la Administración General del Estado-AGE, Rafael Catalá fue subsecretario del Ministerio de Hacienda entre mayo de 2000 y julio de 2002 (con la llegada de C. Montoro a su primer mandato); Secretario de Estado de Justicia (con J.M. Michavilla como ministro) entre 2002 y 2004, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (con A. Pastor como ministra de M. Rajoy) entre 2011 y 2014 cuando escala a Ministro de Justicia y Notario mayor del Reino de España hasta 2018, simultaneando en 2016 como ministro de Fomento en funciones cuando la ministra Pastor pasó a presidir la Cámara Baja. Tiene el honor de haber sido el primer ministro de la democracia reprobado por el Congreso de los Diputados, “como consecuencia de las maniobras que se han producido en el Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas”. La hemeroteca y el Diario de Sesiones del Congreso (el de todos nuestros parlamentos y plenos municipales) le dan un millón de vueltas a ChatGPT.   

Todo esto que os cuento, más deslavazado, lo encontráis en Wikipedia con enlaces a fuentes oficiales. Os animo a buscar dónde han estado y a qué se han dedicado estos altos cargos de la AGE del pasado desde entonces.

Uno de estos altos cargos, Rafael Catalá, ha sido muchos años en mi cabeza colaborador necesario del crecimiento de una lacra perfectamente evitable, o al menos controlable, que sufrimos en nuestro país. Me refiero a la ludopatía. Y lo que creo peor aún, colaborador necesario para garantizar que permanece muy al alcance de nuestros hijos e hijas; responsable de nutrirla, de facilitarla y con todo ello, de perpetuarla. La ludopatía, que algunas personas la consideramos una enfermedad evitable, para otras, como Rafael Catalá, es una magnífica oportunidad de negocio, un hábito a fomentar y difundir y del que lucrarse a manos llenas, es algo a lo que dedicarse en la vida con su posición, sus conocimientos y sus juramentos o promesas, aunque conseguirlo conlleve la presunta concurrencia de numerosos actos presuntamente delictivos. 

Desde 2018, Rafael Catalá ha estado abiertamente dedicado, como consejero y secretario del consejo de administración de una multinacional de las apuestas, a hacer lobby por la ludopatía. No como ocupación exclusiva; son muchas otras las responsabilidades que su huella digital desvela. Además, estos “profesionales”, visto lo visto, no conciben la exclusividad, el régimen de incompatibilidades y los conflictos de interés como asuntos a los que se encuentren sujetos. Aparece en su bio que ha sido miembro del Consejo Asesor de Herbert Smith Freehills hasta abril de 2021, y socio de Carles-Cuesta y Asociados, un equipo económico y legal de Madrid que desde 2011 dice su web que “ofrece soluciones prácticas, creativas, rigurosas y adaptadas a las necesidades de cada cliente”. Es también patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, y de algunas otras que, gracias a la deficiente supervisión que ejercen los casi sesenta protectorados de las 15.000 fundaciones que tenemos en España, no puedo saber cuáles son. 

Hasta pocos días antes del confinamiento decretado por motivo de la pandemia de la COVID-19, en la ciudad de Madrid se solapaban numerosas protestas vecinales, especialmente en los barrios y distritos por entonces (y también ahora) plagados de casas de apuestas, los barrios y distritos más vulnerables, cómo no. Éramos muchas las personas que desplegamos diversas modalidades de activismo para luchar contra esa malsana proliferación de puntos negros en nuestras ciudades, de lugares demasiado cercanos a colegios e institutos, demasiado presentes y accesibles en nuestro paisaje urbano, demasiado atractivos para nuestros adolescentes que viven en una ciudad sin opciones asequibles de ocio saludable (y fresquito). 

Pues esto último, a pesar de la gravedad de todo lo que estamos conociendo estos días, es lo que me más me está removiendo.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

La exvicepresidenta del Gobierno con el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este lunes que no tiene "ningún conocimiento" ni de la creación de la llamada policía política ni de la existencia de ninguna operación Cataluña, que, en su opinión "no existió", según recoge EFE. La que fue número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018 protagoniza este lunes junto con el expresidente de la Generalitat una nueva sesión de la comisión parlamentaria de investigación sobre la supuesta existencia de una trama parapolicial creada presuntamente bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes.

Al igual que hiciera el expresidente Mariano Rajoy o la exministra Dolores de Cospedal, Sáenz de Santamaría también ha negado tener conocimiento de la operación Cataluña ni dar "ninguna instrucción de crear ninguna policía patriótica ni de investigar a nadie de ningún partido. Tenía otras ocupaciones".

"A todas luces para mí no existió la policía patriótica", ha sentenciado a preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha afeado a la compareciente por "sacar la carta de hacerse la tonta cuando era la segunda persona con más poder dentro del Gobierno". Porque para Belarra, la policía patriótica existió y "usted era la número dos del gobierno que la creó", ha reiterado la diputada.

Sáenz de Santamaría ha dejado claro que jamás despachó ni tuvo relación alguna con el excomisario José Manuel Villarejo y ha insistido en que la única guía que siguió durante su mandato fue intentar "dejar el país algo mejor" de lo que lo encontró, "con pleno respeto al resto de los poderes del Estado y de los partidos".

Respecto al llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) en 2016 la presunta financiación iraní de Podemos, la exvicepresidenta ha indicado que el único informe PISA que manejó en su etapa de gobierno fue el que lleva el mismo nombre pero relacionado con la educación. "En mi vida he dado ninguna instrucción de investigar a ningún partido. Mi única guía era defender la Constitución y las leyes", ha enfatizado en respuesta a Belarra, a la que le ha dejado claro que para ella el único referente político que ha tenido ha sido Mariano Rajoy, un hombre "recto y cabal".

Ya en el turno del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, la exdirigente del PP ha asegurado que no conocía el informe de Citizen Lab desvelado por RAC 1 y que señala que el expresidente catalán Artur Mas fue el primer político espiado con Pegasus en España y que su móvil estuvo infectado con ese programa espía al menos desde julio de 2015. Sobre ello, Sáenz de Santamaría le ha preguntado a Iñarritu si no le extrañaba que ese informe haya sido publicado justo el mismo día que en la comisión comparecían ella y, esta tarde, Artur Mas. "Es curioso, cuanto menos", ha apostillado.

La compareciente, que ha tomado nota de las preguntas que le han formulado los diputados, también se ha referido al que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, al que su gobierno decidió mantener, y al que "jamás" dio ninguna instrucción "que no fuera cumplir con la directiva nacional de inteligencia". "Jamás algo que pudiera contravenir la Constitución y el ordenamiento jurídico en general", ha dicho la exvicepresidenta, a cuyo departamento estaba adscrito el CNI.

Iñarritu ha preguntado a Sáenz de Santamaría si le sorprendía que el CNI no le informara de las actuaciones que se llevaban a cabo contra el proceso independentista catalán. A esta pregunta, la exvicepresidenta ha respondido: "Es difícil que a uno le informen de lo que no ha tenido lugar". Y ha precisado que durante su mandato compareció en la comisión correspondiente de gastos reservados e informó de lo que le preguntaron. "De lo que no ha ocurrido es muy difícil que se informe", ha repetido.

Al diputado de EH Bildu no le ha satisfecho la respuesta y ha vuelto a mostrarse sorprendido de que Sáenz de Santamaría fuera informada de lo que hacía el pequeño Nicolás y "no de lo que hacían algunos comisarios para investigar a políticos catalanes". De lo que estaba haciendo el pequeño Nicolás le informó su equipo en Asturias, "no el CNI. Comprenderá que no era un asunto de seguridad nacional", ha respondido la compareciente.

Hace seis años, Soraya Sáenz de Santamaría pudo haberse convertido en la primera mujer presidenta de España. Un caso similar al de Kamala Harris en Estados Unidos. Tanto Soraya como Kamala eran vicepresidentas con un presidente que de pronto estaba inhabilitado para gobernar. Mientras Biden ha apoyado que sea Kamala quien le sustituya, Rajoy no movió ni un dedo para que Soraya ocupará su lugar, lo que habría evitado que el PNV apoyará la moción de censura de Pedro Sánchez, que desalojó al PP de Moncloa. Una decisión poco inteligente y cero generosa con la vicepresidenta, que cargaba con todo el peso sobre sus espaldas. 

Rajoy, entonces presidente del Gobierno, no padecía síntomas de demencia senil como Biden. La Audiencia Nacional, en sentencia sobre la Gürtel del 24 de mayo de 2018, condenó al PP por corrupción y puso en duda la credibilidad de Rajoy, es decir señalaba que mintió ante el juez. En ambas situaciones había que actuar con urgencia. Tanto los votantes demócratas como los populares estaban escandalizados. En España los medios abrían un día sí y otro también con los detalles de la trama corrupta y los llamativos nombres de los políticos del PP implicados. 

Aún no están claras las razones por las que Rajoy negó su apoyo a Soraya, pero entre los sorayos, el grupo unido como una piña en torno a la vice, la falta de gratitud de Rajoy fue una enorme decepción. Así como los demócratas se han unido rápidamente a la causa de Kamala Harris, el presidente habría logrado también que el PP cerrará filas en torno a Sáenz de Santamaría. La razón era fácil de entender: o Soraya o pasar a la Oposición. Los nacionalistas vascos, pieza clave en la moción de censura, habrían visto con buenos ojos que la vicepresidenta se convirtiera en presidenta tras la renuncia de Rajoy. Al fin y al cabo, era ella la responsable última de todo lo que se cocía en Moncloa. A pesar del hedor que soltaba el PP, Soraya había logrado mantenerse al margen de la corrupción. No estaba pringada como María Dolores de Cospedal, su máxima adversaria. Tenía un halo más limpio frente a la negrura que envolvía Génova, que habría complicado mucho a Sánchez que prosperara la moción si hubiese sido contra ella en vez de Rajoy.

Soraya prometía estabilidad y tranquilizaba a sus socios, incluido Ciudadanos, que se sentía muy incómodo con la sentencia. Quedaban aún dos años y medio de legislatura y la vicepresidenta resultaba de fiar para una clase empresarial de la que era interlocutora directa. Son famosas las reuniones de Rajoy en su despacho de Moncloa, en las que consumía el tiempo hablando de deportes. Entonces, el empresario de turno al que tanto le había costado lograr audiencia le preguntaba ¿qué hay de lo mío? y el presidente contestaba invariablemente: “Háblalo con Soraya”. El votante popular se habría sentido satisfecho de que el PP mantuviera el poder y la propia Soraya habría preferido no alborotar el gallinero interno del partido, centrada como estaba en gobernar. 

El MeToo hacía solo unos meses que acababa de arrancar, las mujeres habrían visto con satisfacción que una mujer se sentará por fin en un sillón vetado hasta ahora para una de ellas. Las mujeres son mayoría entre el electorado y en las últimas generales de 2023 dejaron claro su poder. Entre PSOE y PP se decantan más por los socialistas, sobre todo por la espiral antifeminista en que ha caído la derecha arrastrada por la ultraderecha. A pesar del peso de la ideología, Sáenz de Santamaría habría podido sumar votos porque jamás se presentó como enemiga del feminismo. Cuando Rajoy no se quiso mojar y la echó definitivamente a los perros en las primarias para buscar un nuevo líder popular tras la moción, uno de los hits de su campaña era la defensa de la igualdad de las mujeres. No tuvo el apoyo que está teniendo Kamala Harris, esa es la gran diferencia. La pereza de Rajoy, ya saben.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este martes se sienta en el banquillo por presuntamente ordenar grabar y difundir una reunión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre El Pequeño Nicolás, ha acusado a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, de utilizar este organismo estatal como si fuera una agencia privada de detectives, según informa Europa Press.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid y en declaraciones a los medios, Villarejo ha achacado a Santamaría que usara al CNI, "un cuerpo tan importante y fundamental para la seguridad del Estado, para perseguir y pincharle el teléfono a un jovenzuelo", en referencia a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. "Lo más aberrante es que esta señora haya utilizado el CNI como si fuera una agencia de detectives privados porque un jovenzuelo estaba hablando de ella", ha asegurado.

Antes de cargar expresamente contra la exvicepresidenta, Villarejo ha afirmado que afronta este juicio con "mucha ilusión", ya que entiende que "por fin" va a haber una "catarsis" con la que se va a "demostrar" que una institución como el CNI fue utilizada por "un individuo que ya no está afortunadamente, en su venganza personal", en una velada alusión al exdirector del centro Félix Sanz Roldán.

"Solicito la nulidad de toda la causa por vulneración de derechos, porque se ha contaminado toda la causa. Se ha vulnerado su derecho a defensa desde el principio", ha señalado el abogado del excomisario Antonio García Cabrera.

El letrado ha insistido en que se han vulnerado los derechos de Villarejo porque este procedimiento es "un ejemplo paradigmático de una investigación exenta de control judicial". "Se coloca al frente de la investigación a los propios policías que intervienen en la grabación", ha asegurado.

La defensa ha cuestionado, además, la legitimidad de la Abogacía del Estado para participar en el juicio como acusación. "Se presenta en esta pieza con un escrito genérico en el que no justifica la acusación particular. ¿En interés de quién se presenta?", ha señalado.

La Fiscalía pide para el comisario una pena de cuatro años de prisión por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel como cooperadores necesarios para la mujer del comisario y titular del medio Información Sensible, Gemma Alcalá, y para el periodista Carlos Mier. La Abogacía del Estado solicitó las mismas penas por los mismos delitos.

La acusación ejercida por Podemos eleva a cuatro años de prisión su petición por revelación de secretos para Alcalá y Mier y a cinco años la pena que insta para Villarejo. Además, acusó a los tres de un delito de estafa procesal por el que reclama ocho meses de cárcel a cada uno.

Por su parte, la acusación que ejerce la Plataforma x la Honestidad solicita seis años de prisión para Villarejo y cinco para Mier y para Alcalá por revelación de secretos y por pertenencia o integración en grupo criminal. Añade, además, un delito de estafa procesal por el que pidió ocho meses de cárcel para cada uno, y otro de injurias y calumnias a funcionarios públicos en el que reclamó seis meses más de prisión.

Los hechos se remontan a una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre el comisario entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y unos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los que iba a informar sobre la investigación en curso sobre El Pequeño Nicolás, a quien tenían bajo sospecha por presuntamente hacerse pasar —ante varios empresarios— como enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real, y como agente de Inteligencia.

Según la Fiscalía, Villarejo tuvo conocimiento de la convocatoria para aquella reunión "y planeó grabar la conversación" con el propósito de difundirla posteriormente en 'Información Sensible' y otros medios de comunicación "y lograr así obstaculizar, entorpecer o bloquear la investigación en curso" sobre Gómez Iglesias.

El contenido de la reunión fue grabado y posteriormente difundido en dicho portal, del que era titular Alcalá, y en el que trabajaba Mier. La Fiscalía sostiene que fue la mujer de Villarejo quien ordenó al periodista grabar aquel encuentro.

Las cosas son como son: por más que se lo quiera usar como arma arrojadiza, un martillo es un martillo y sirve para clavar. Un servicio secreto es secreto, como su nombre indica, pero también es servicio, servicio público por más señas. Esto significa que, en las democracias, toma su sentido en el ámbito de la gestión de lo público propia de la Administración Pública al servicio del poder ejecutivo. En otras palabras, que no es posible, no debiera ser posible, ninguna acción del servicio secreto al margen del poder político de turno.

Viene esto a cuento de la reciente polémica respecto del uso del programa Pegasus para monitorizar la actividad de ciudadanos por parte del Centro Nacional de Inteligencia. El CNI es un servicio público, como lo es la Seguridad Social, aunque dedicado a otros menesteres que le debe indicar de manera pormenorizada el poder ejecutivo mediante una Directiva de inteligencia. Este es el marco de actuación del Centro y no otro. Si se ve en la necesidad de superarlo precisará de una autorización judicial a cargo de un magistrado del Tribunal Supremo expresamente encargado de ello. Es precisamente lo que ha justificado muy atinadamente en comparecencia parlamentaria la directora del Centro. Quedan, por tanto, fuera del foco de este problema otros sucesos como la intrusión en los teléfonos del presidente, ministros y altos cargos (gravísimo problema), o la monitorización de ciudadanos sin autorización judicial (igualmente gravísima).

Tanto la gravedad de estos dos últimos hechos como la “normalidad” del primero se ubican, sin embargo, en un marco fáctico que sorprende que pase desapercibido por la multitud de opinadores y políticos airados que están desmenuzando los hechos. Sospecho que intereses políticos de distinto pelaje se han aliado para pasar de puntillas por lo que les voy a exponer a renglón seguido.

La crisis catalana, que emerge en 2011 por la negativa a negociar del primer gobierno Rajoy (investido el 20 de diciembre de ese año), se consolida en las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 y cristaliza en el “referéndum de autodeterminación” del 1 de octubre de 2017 y la posterior aplicación, el 27 de octubre, del artículo 155 de la Constitución por el que el gobierno de Rajoy suspendió la autonomía de Catalunya. El 1 de junio de 2018, Rajoy perdió la moción de censura y el cargo de presidente del Gobierno. Distintas fuentes apuntan que el CNI adquirió Pegasus entre 2011 y 2015, y que en este último año se creó en el Centro una “Unidad de defensa de los principios constitucionales” al amparo de la Directiva de inteligencia entonces vigente. Seamos claros: los hechos acontecidos entre 2011 y junio 2018 se producen bajo mandato del gobierno Rajoy; esto incluye que tanto la crisis catalana como la actuación del CNI en ese período incluía la monitorización de Puigdemont y de otros políticos y activistas.

No hay que mirar al dedo, sino a lo que este apunta: a la luna. Y la luna se llama gobierno Rajoy y en esa luna de 2011 el CNI estaba adscrito al ministerio de Presidencia cuya titular era la vicepresidenta Sra. Soraya Sáenz de Santamaría. En la luna del Gobierno de Pedro Sánchez el CNI vuelve a estar bajo el paraguas del Ministerio de Defensa cuya titular es Margarita Robles. Claro y catalán: la responsabilidad política de lo acontecido en el catalangate no es del CNI ni de su ahora directora (Sra. Paz Esteban), sino de los políticos entonces al mando: hasta 2018 doña Soraya y desde junio de 2018 doña Margarita. Parte de esa responsabilidad puede estar cubierta por autorizaciones judiciales al respecto. Parte puede que no y habría que ver a quién alcanza esa gravísima responsabilidad. Así, tanto en este último hecho como en el caso de los agujeros de seguridad en las comunicaciones del Gobierno, habría que dilucidar a quién, cómo y en qué medida hay que depurar.

Lo que está claro es que en el catalangate, en la parte que se acredita, el Centro actuó con supervisión judicial a las órdenes del Gobierno de entonces, a cuyos miembros en su caso deberíamos exigir responsabilidades, y también a sus sucesores en el Gobierno por no haber revisado lo actuado hasta entonces (a no ser que quieran ser solidarios de dicha actuación). Para resumir, si se quieren otras actuaciones del Centro modifíquense las reglas del juego: las Directivas de inteligencia, las instrucciones o incluso los principios constitucionales (hasta qué punto deben ser estos inalterables puede ser tema de otro artículo). Mientras tanto, los excargos del gobierno Rajoy pasan de puntillas por Pegasus. Haya Paz.

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Ramon J. Moles es profesor de Derecho Administrativo.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha insistido este viernes ante el juez que investiga la Operación Kitchen en que se mensajeó con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, implicando también a otros miembros de su Ejecutivo, como María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría, de la que ha dicho que tenía copia de la documentación intervenida a Bárcenas, ha informado Europa Press.

Villarejo ha ratificado de esta forma gran parte de lo ya declarado ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y en un escrito enviado al magistrado Manuel García-Castellón esta misma semana, donde avanzaba el relato que le haría sobre el operativo parapolicial que se habría montado en 2013 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su entorno con el objetivo de sustraer la información comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes.

El policía ha reiterado que comenzó a trabajar para la Kitchen porque así se lo pidieron desde el Ministerio de Interior, apuntando esta vez a toda al cadena de mando: Fernández Díaz; el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; y la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Y con un encargo concreto, que hiciera labores de inteligencia sobre Bárcenas y su entorno, las cuales se llegaron a extender a una casa de la madre del ex tesorero, para localizar el material que guardaba y que podía comprometer al PP o al Estado. Para ello, ha indicado –confirmando sus manifestaciones anteriores– que convenció al chofer de la familia Bárcenas para que les espiara.

Ha incidido en que, en un momento dado, le facilitaron números de teléfono del propio Rajoy que usó para comunicarse con él mediante mensajes. Este contacto directo, ha explicado, se debe a que el presidente del Gobierno no se fiaría de la información que se le transmitía desde el Ministerio de Interior sobre la Kitchen y quería otro canal de comunicación.

Describe contactos habituales con el Gobierno

De acuerdo con su versión, Rajoy no era la única persona a la que reportaba. Ha dicho que hablaba también con algún enlace que le enviaba la entonces vicepresidenta del Gobierno. Le consta –ha aseverado– que Sáenz de Santamaría tenía copia de los papeles sustraídos del estudio de restauración de arte que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tenía en la madrileña calle de General Díaz-Porlier, una operación cuya existencia ha respaldado.

Otro de sus principales contactos, ha añadido, era la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa. Al igual que hicieran ella y su marido, Ignacio López del Hierro, en sus comparecencias judiciales, Villarejo ha contado que el esposo les presentó y que se reunió con Cospedal en la sede de Génova, a donde accedía por el garaje tras ser recogido en coche oficial en las inmediaciones, así como en el Ministerio de Defensa y en restaurantes de Marbella.

Sobre Cospedal, ha especificado que le presentaron como un antiguo agente que conocía a todo el mundo, pero que nunca hubo un encargo concreto y nunca le pagaron nada. A veces Cospedal salía del despacho –no ha concretado cuál– y comentaba con Rajoy, ha ilutrado. Otras, transmitía a Villarejo que el presidente del Gobierno estaba muy preocupado. Cree que, cuando departía con ella, lo hacía más como Gobierno que como PP. Era información judicializada, ha afirmado.

Villarejo ha apostillado que también informaba de alguna cosa a la sede del PP, sin detallar a quién o quiénes, y que en todo caso transmitía a Fernández Díaz, a quien ha atribuido un papel esencial en el desarrollo de la Kitchen, si bien sospecha que la iniciativa de montar el operativo no fue suya, sino que lo habría consensuado con Rajoy o la vicepresidenta. Asimismo, ha sostenido que hablaba con el secretario de Estado y el DAO.

"Me pedían que mandara mensajes" para transmitir las novedades de la operación Kitchen y al otro lado del teféfono estaba "Mariano Rajoy"operación Kitchen. Así lo ha afirmado el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el Congreso, en una comparecencia que ha despertado importante expectación política y mediática. Le ha costado arrancar, pero cuando ha empezado, no ha parado de implicar a altos cargos del Gobierno y del PP en el espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Aparte del expresidente, ha mencionado a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó...

Villarejo ha comenzado respondiendo al PSOE, pero en esta parte de la comparecencia apenas se ha explayado; se ha limitado a decir que duda de que Rajoy "desconociera" el operativo parapolicial de espionaje a Bárcenas para supuestamente localizar información que se habría llevado del partido al ser despedido. Ha preferido el comisario jubilado esperar al interrogatorio de Vox para detallar cómo, según su versión, informaba a unos y a otros sobre los seguimientos y la información que se iba obteniendo del extesorero.

"Yo consideré la operación como una operación de inteligencia, no sólo para documentos que pudieran comprometer al PP, sino porque me dijeron que Bárcenas podía tener información que afectaba a altas instituciones del Estado. Rajoy tenía interés por una cuestión de Estado, por informaciones de cuentas en el extranjero que afectaban a altas instituciones del Estado", ha declarado el expolicía en respuesta a las preguntas de la diputada de ultraderecha Macarena Olona.

Según Villarejo, "había una serie de personas", como Francisco Martínez, Cospedal y el presidente de La Razón Mauricio Casals que le "trasladaban inquietudes del presidente del Gobierno" y le pedían que mandara mensajes "con lo que ya les había dicho a ellos". Era un número, ha dicho, que empezaba por 650 y al otro lado estaba Rajoy, que le preguntaba si lo que le habían transmitido era así. El comisario jubilado, sin embargo, no ha aportado ninguna prueba de esos mensajes. Los teléfonos, ha matizado, se los hacían llegar.

La versión del expolicía es que numerosos altos cargos del Gobierno de Rajoy y del PP de 2013 estaban al tanto de la operación: Sáenz de Santamaría, quien se informaba a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Martínez y Fernández Díaz por lo que él mismo les reportaba, sobre todo al primero; Cosidó porque fue la persona que supuestamente le llamó para decirle que se pusiera a disposición de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para una misión especial...

Pero Villarejo ha llevado munición para todos y a preguntas del portavoz del PP se ha despachado también sobre sus trabajos con gobiernos del PSOE. El diputado del partido conservador se ha olvidado del objeto de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen y se ha centrado en preguntar al compareciente por todas aquellas operaciones que dice haber realizado o conocido antes de la llegada de Rajoy al poder para así desprestigiar a los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El caso Faisán del chivatazo a ETA; el caso Roldán... Y, una vez más, para sembrar la duda sobre el comienzo de la investigación del caso Gürtel, que ha definido como "operación política"caso Gürtel.

La nueva temporada de la serie documental más longeva sobre corrupción política en España ha arrancado este lunes con el levantamiento del secreto de sumario sobre la llamada Operación Kitchen, la trama supuestamente organizada desde la mismísima cúpula del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de recuperar y eliminar pruebas de la financiación ilegal del partido y contra los intereses personales de altos dirigentes del mismo y del Gobierno de entonces. Hasta ahora el reparto oficial de la serie estaba encabezado por un actor secundario, el ex número dos de Interior Francisco Martínez, pero un escrito de 52 páginas de la Fiscalía desvela nuevos documentos, mensajes y testimonios que incorporan como protagonistas a estrellas de mayor peso como su jefe Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y su marido e incluso a Mariano Rajoy (veremos si en un papel principal o sólo con algún cameo).

No tiene, efectivamente, la menor gracia esta introducción al relato, cuya única intención es advertir sobre el riesgo de que caigamos en la trampa de pensar en lo ocurrido como una especie de ficción, un asunto de entretenimiento que simplemente añade nuevos episodios a una trama ya conocida, perteneciente al “pasado” y amortizada desde el punto de vista político. Es lo que parecen intentar desde el Partido Popular y sus múltiples aliados mediáticos, aplicando además unas cuantas vueltas al ventilador populista para intentar confundirlo todo y difuminar responsabilidades políticas y/o penales a costa de ensuciar una vez más todo el sistema.

El alcance de las imputaciones por delitos concretos dependerá en primer lugar de si Francisco Martínez confirma ante el juez lo que aparece en sus mensajes desvelados por la documentación manejada por la Fiscalía, y que apuntan directamente al exministro del Interior, a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (ver aquí). Parece obvio que alguien del rango de Martínez no tenía poder suficiente como para ordenar una operación policial ilegal, pagada con fondos reservados, para espiar y robar a Luis Bárcenas y destruir ordenadores y todo tipo de pruebas que pudieran perjudicar al partido o a sus dirigentes. Por lo que conocemos de las interioridades del PP de esos años, y de la guerra interna que sostenían la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la citada Cospedal, no se puede descartar que sigan apareciendo nuevos nombres de relieve en el reparto, entre otras razones porque Interior recibía instrucciones directas de Moncloa, del antedespacho de Santamaría, donde también se concentraba la información procedente del CNI. Con todos esos ingredientes y las aportaciones imprescindibles del ínclito Villarejo y su banda, cualquier guion es susceptible de complicarse muchísimo. Todo eso habrá que verlo a lo largo de la instrucción judicial.

Lo que no precisa ya muchas más pruebas es la rima de fondo entre esta causa y otras cuantas abiertas (o cerradas) en torno a la corrupción protagonizada por el PP durante décadas. Hay una concordancia clave entre la creación de la llamada Policía Patriótica encargada de ensuciar y calumniar a adversarios políticos del independentismoPolicía Patriótica (ver aquí) y la invención del famoso informe PISA que pretendía hundir personal y políticamente a Pablo Iglesias y a Podemos (ver aquí). Hay una coherencia entre las frases que en su día escuchamos al ministro Fernández Díaz hablando en su despacho con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña y las que pronunciaba el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre su amigo y protegido fiscal Moix (ver aquí). Hay una sintonía evidente entre “esto la Fiscalía te lo afina…” (ver aquí) y el SMS reenviado por Cosidó presumiendo de que el juez Marchena permitiría al PP controlar “desde detrás” la Sala de lo Penal del Supremo (ver aquí).

Pablo Casado ha reaccionado al nuevo estallido con un argumentario cansino y gastado (ver aquí). “Yo era entonces diputado por Ávila”. “Reivindico la presunción de inocencia para los afectados”. “Es el pasado”. “Pido la misma contundencia para el escándalo de financiación de Podemos”. “Recuerden el caso de los fondos reservados del PSOE en los años noventa…” El derecho fundamental a la presunción de inocencia no puede servir para enterrar permanentemente montañas de indicios de responsabilidad. Como tampoco es aceptable a estas alturas seguir enganchado a un ventilador que no resiste la más mínima comparación empírica. Basta leer el escrito de la Fiscalía conocido este mismo martes sobre Podemos y las acusaciones de Calvente (ver aquí).

El problema que debe resolver Casado es si está dispuesto o no a terminar con esa “rima” que ha definido determinados comportamientos en el PP más cercanos a los de una organización criminal que a los de una formación política clave para el funcionamiento democrático. La reiterada tendencia a manejar lo público como si de un cortijo particular se tratara; los esfuerzos constantes por obstaculizar la actuación de los tribunales o por influir en sus decisiones “por la puerta de detrás”; la insistencia en utilizar informes falsificados o manipulados para deslegitimar a adversarios políticos… son rasgos más propios de fuerzas antisistema que de partidos democráticos.

En este nuevo lote de documentos “desclasificados” por el juez hay un dato que quizás no se resalta suficientemente. ¿Cómo es posible que hace sólo un año (el 5 de junio de 2019), Francisco Martínez intercambiara mensajes sobre la causa abierta con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que hoy sigue en el cargo? Si Casado quisiera demostrar que ese serial de corrupción sistémica es el pasado, podría empezar por aceptar democráticamente la legitimidad de otras fuerzas políticas con millones de votos, y cumplir su obligación de pactar la renovación de órganos constitucionales que llevan casi dos años caducados. Porque si no, cada vez que repite que con el bloqueo en la elección de un nuevo Poder Judicial “el Gobierno tiene un problema, no nosotros”, se le entiende todo. Y lo que confirma es que el problema en realidad lo tenemos todos. Esto no es una serie, ni un concurso de cocina. Es una democracia cuyas cloacas apestan.

Caixabank y Bankia pasarán el otoño estudiando cómo fundir sus negocios en un nuevo banco que se anuncia ya como el primero de España por volumen de activos, 665.000 millones de euros, por delante del que poseen, en territorio nacional, Santander y BBVA. La entidad resultante de la operación sumará unos 21 millones de clientes y una cuota de mercado del 28%. Éste es, en realidad, el segundo intento de unir ambas entidades, tras fracasar el breve que abrieron en 2012 Rodrigo Rato e Isidro Fainé. También es una de las opciones que acariciaba el sector, donde desde hace meses se suceden los rumores sobre posibles novios para Bankia y sobre conatos de fusión entre entidades menores, como Liberbank y Unicaja. “Los números llevan hechos mucho tiempo”, recuerda José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “pero el mercado ha cambiado y ahora habrá que hacer otros”.

En efecto, aun superada la crisis financiera, el panorama dista de ser halagüeño. A los tipos de interés en mínimos históricos, el euríbor en negativo, las bajísimas rentabilidades del negocio bancario y el desplome de las entidades financieras en las bolsas, se les acaba de unir la crisis del covid-19. El contexto empuja a los bancos a ganar tamaño y el BCE no ha cesado de presionar sin descanso en esa dirección. De momento, el Ministerio de Economía, que debe aprobar la operación, se ha limitado a recordar que su prioridad, en relación con Bankia, es “proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país”. Porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 61,8% de las acciones de Bankia, que fue rescatada en 2012 con 24.069 millones de euros. Un dinero público del que sólo se han recuperado, ocho años después, 3.303 millones: 2.122 millones procedieron de dos ventas de acciones, en febrero de 2014 –un 7,5%, que reportó 1.304 millones de euros– y en diciembre de 2017 –un 7%, 818,3 millones–, los 1.181 millones restantes corresponden a los dividendos pagados al FROB desde 2015 hasta 2019.

El Banco de España, que revisa cada fin de año las cuentas del rescate financiero, calcula en Bankia como “recuperables” 9.560 millones de euros, una cantidad que ha ido rebajando cada año, a la vista de cómo iba cayendo el valor de la entidad en Bolsa. Ése es el importe en que cifra el 61,8% del FROB en Bankia. Desde que fue rescatada, sus acciones han pasado de 132,7 euros a costar poco más de un euro. Sólo desde 2016 ha perdido un 63,22% de su valor en Bolsa. Este viernes, y tras subir sus títulos casi un 30% por efecto del anuncio de fusión, la capitalización bursátil de la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri era de sólo 4.113 millones de euros. La de Caixabank, 12.094 millones. Sumadas ambas, superan en muy poco el volumen de dinero del rescate a Bankia que, según el Banco de España, jamás se recuperará: 14.509 millones de euros.

“No es un rescate, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, aseguró en junio de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Un mes más tarde fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el objetivo del rescate era que no costase “ni un euro al contribuyente”.

El FROB debe vender cuanto antes

“Recuperar el dinero del rescate va a ser muy complicado”, explica García Montalvo, “y es el mercado el que va a marcar la capacidad que tienen de hacer un tipo de operación u otra”. Para recobrar lo que inyectó, el FROB deberá vender su participación en el futuro banco, que quedará diluida probablemente hasta un 14%. De forma que la mayor o menor recuperación del dinero público “no depende de cómo se haga la fusión, sino de cómo vaya el sector”, aclara el catedrático de la Pompeu Fabrea. Y el sector lleva de capa caída demasiado tiempo, con un futuro que tampoco se antoja mucho mejor. A su juicio, el objetivo es “minimizar en lo posible la pérdida, no maximizar el importe de la recuperación”. Teniendo en cuenta la devaluación bursátil de la entidad, la estrategia para recobrar el rescate es precisamente la fusión, apunta García Montalvo.

Para Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, la fusión “sólo tiene sentido si el FROB sale del capital de Bankia”. Además, cree que debe hacerlo cuanto antes. “Esperar no es la solución”, asegura. “¿Cuántos años más pueden esperar?”, se pregunta, después de una primera venta en 2014 y una segunda que se demoró tres años y por la que se ingresó casi la mitad. “No hay forma de acertar cuál es el momento adecuado para vender”, corrobora José García Montalvo. De hecho, recuerda, no se han repetido las ventas desde 2017 ante el temor a malvender las participaciones en un mercado que no cree en los bancos. Ese año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, urgía a privatizar Bankia “lo antes posible”. Un “lo antes posible” que nunca llegó.

Tampoco ven Carbó y García Montalvo que mantenerse en el capital del futuro banco y recuperar el rescate a través de los dividendos que perciba el FROB como accionista sea una opción. “Sin duda, con la fusión habrá una ganancia, en sinergias y en rentabilidad”, apunta el catedrático de la Pompeu Fabra, pero no será suficiente para devolver tanto dinero en un plazo razonable.

Caída de beneficios

La operación, por tanto, mejorará el valor de Bankia, pero al tratarse de una “situación forzada, primada por los reguladores”, García Montalvo descarta que se pague una prima por acción, o ésta será “muy pequeña”. En todo caso, ve muy difícil que se acuda a una ampliación de capital, “una operación arriesgada” considerando que los inversores no tienen a los bancos entre sus favoritos.

El covid-19, además, ha contribuido aún más si cabe a la debilidad bancaria. Todas las entidades han tenido que recortar sus beneficios apuntando cuantiosas provisiones para hacer frente a las incertidumbres que ha traído aparejadas la pandemia. Así, en los primeros seis meses del año, el beneficio de Bankia ha caído un 64,4% respecto al mismo periodo de 2019: ha ganado 142 millones de euros tras haber provisionado otros 310 millones. Las ganancias de Caixabank han menguado un 67% hasta junio, por lo que su resultado se ha quedado en 205 millones de euros. Sus provisiones anti-Covid se elevan a 1.155 millones.

Así que crecer se presenta como la única solución para aumentar la eficiencia e intentar escapar a las flaquezas descritas. De culminar con éxito las negociaciones, el banco resultante sumará 350.000 millones en créditos y 363.000 millones en depósitos. Tendrá 43.000 trabajadores repartidos en 6.279 oficinas. Carbó cree que Bankia y Caixabank “encajan my bien geográficamente” y comparten un perfil de negocio similar, familias y pymes, al proceder ambas entidades de cajas de ahorro. Ni él ni García Montalvo temen que el nacimiento de un nuevo gigante vaya a perturbar demasiado a las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, que ya llevan tiempo apoyándose en su negocio internacional. Curiosamente, el nuevo banco líder del mercado nacional estará formado por dos antiguas cajas de ahorro. Y puede dar ahora el primer paso para abrirse al extranjero. “Tamaño tendrá [para hacerlo] y Caixabank ya está en Portugal [compró BPI en 2018]”, apunta Santiago Carbó.

Más fusiones y miles de despidos

Que la operación sea, además, la mecha que encienda nuevas fusiones bancarias, está por ver, dudan los dos expertos consultados. La de Bankia ya estaba “cantada”, replica García Montalvo. La de Liberbank lleva algún tiempo en barbecho, tras el fracaso de la operación con Unicaja y la huida de Abanca hace sólo unos meses. Tanto el BCE, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, como el Banco de España y la misma patronal bancaria han sustentado los continuados rumores sobre posibles fusiones con sus declaraciones animando la acción. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, llegó a hablar de “caldo de cultivo” propicio en España para unir entidades. La Bolsa, al menos de momento, parece también dispuesta a apostar por las fusiones bancarias, a tenor del empujón que recibieron este viernes todas las cotizadas del sector nada más conocerse la noticia e Bankia y Caixabank.

Más preocupados se han quedado los trabajadores de ambas entidades, que aventuran nuevos cierres de oficinas y despidos. Los sindicatos lo han dado por hecho cuando han pedido medidas “acordadas y no traumáticas”. Un informe de Barclays ya ha calculado que el recorte afectará a 4.995 trabajadores y que el coste de la reducción de plantilla ascenderá a 1.099 millones de euros, 220.000 euros por persona, pero redundará en un ahorro en costes laborales de 481 millones. De las 6.279 sucursales con que cuentan ambos bancos, se solapan, dice Barclays, 1.411. Caixabank ha ejecutado tres ERE desde 2013, por los que han dejado la entidad más de 5.300 empleados. En Bankia, el rescate vino acompañado de un ERE que finalmente superó los 4.200 despidos inicialmente previstos y tuvo un largo recorrido en los tribunales por las demandas de los trabajadores. El cierre de oficinas, en un goteo sin pausa durante la última década, es una tendencia imparable. “El sector no tiene futuro con esa cantidad estratosférica de sucursales que tiene en España”, destaca José García Montalvo.

Lo que ambos catedráticos desechan es que la fusión vaya a ser una amenaza para la competencia. “En otros países, la concentración es aún mayor”, opone Carbó. Para García Montalvo, la competencia ahora es “digital”, no sucursal a sucursal, y cada vez mayor “en medios de pago y en gestión de activos, con neobancos y nuevos actores tecnológicos que ya dan créditos al consumo e incluso hipotecas”, detalla.

El precedente de Abanca

Contentos los reguladores, el Ministerio de Economía, los mercados y los expertos, y ni siquiera especialmente nerviosos los sindicatos, sólo Unidas Podemos ha mostrado sus reparos a la fusión. Exceso de concentración, pérdida de empleos, privatización del banco y dilapidación del rescate público han sido sus objeciones. Tampoco ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores y usuarios de banca, que recuerdan el gran número de litigios que acumulan Bankia y Caixabank por vender productos financieros con cláusulas abusivas y resaltan que son las entidades que mantienen el mayor número de hipotecas referenciadas al IRPH.

Si la fusión llega a hacerse realidad, también habrá que observar si se repite la trayectoria de otra entidad salvada por el rescate, Abanca. De los 9.404 millones de euros que le inyectó el Estado, sólo se han recuperado 783 millones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. La entidad, resultado de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, fue vendida por 1.003 millones de euros al banquero venezolano Juan Carlos Escotet en 2013. Desde entonces ha sumado casi 3.556 millones de euros en beneficios y no ha dejado de repartir dividendos millonarios todos los años. El Banco de España dice que el contribuyente, en cambio, jamás recuperará 8.621 millones de aquel rescate que, sostenía el Gobierno de entonces, no le iba a costar ni un euro.

Hace ahora dos años, el sábado 21 de julio de 2018, el Partido Popular escribía una nueva página de su historia. El hotel Auditorium de Madrid acogía la última de las votaciones para elegir al presidente nacional de los conservadores. Dos candidatos, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de SantamaríaSáenz de Santamaría y el responsable de Comunicación de la formación, Pablo Casado, medían sus fuerzas para tomar las riendas de un PP en estado de shock desde que Mariano Rajoy fuese derribado por Pedro Sánchez en la moción de censura que registró tras conocerse la sentencia de la primera etapa de Gürtel. A grandes rasgos, se enfrentaban el aparato del partido del saliente Rajoy –aunque el exlíder del PP nunca hizo una apuesta en público por su exmano derecha en el Gobierno– y un joven dirigente que ya tenía un pie en Génova pero que también tenía fuertes lazos con el aznarismoaznarismo y el aguirrismo. Si Santamaría había sido la candidata favorita de la militancia en la primera fase de las primarias, los compromisarios optaron por respaldar de forma mayoritaria a Casado. El 57% de los apoyos frente al 42%. Es decir, los delegados corregían la votación que habían hecho semanas antes los militantes.

En estos dos años ha pasado de todo: dos elecciones generales, autonómicas, municipales, europeas. El PP perdió todas en el cómputo nacional y las únicas alegrías vinieron del ámbito autonómico: conquistó Andalucía por primera vez y mantuvo Madrid, Murcia y Castilla y León —en todos los casos salvo este último gracias al apoyo de Cs y de la extrema derecha de Vox— y Alberto Núñez Feijóo alcanzó su cuarta mayoría absoluta consecutiva el pasado 12 de julio. Todo lo demás fueron derrotas, alguna estrepitosa como en las generales de abril de 2019, cuando el PP sufrió su mínimo histórico: 66 escaños.

"Ha vivido una carrera de obstáculos. Ha sido un no parar. No ha tenido un par de meses tranquilos. Prácticamente nada más llegar se enfrenta a unas elecciones, que van muy seguidas de la foto de Colón, que acabó perjudicándonos. Por no hablar de cómo desde Moncloa se ha engordado a Vox", dice una de las personas que ha vivido cerca lo que ocurría estos años en la séptima planta de Génova 13, la que alberga el despacho del líder.

Casado no ha logrado, hasta la fecha, la "refundación" o "refundición" del espacio de la derecha, como se había propuesto cuando se presentó a presidir el partido. Confiaba, dicen en su entorno, en poder hacerlo desde el Gobierno central. Pero las dos elecciones generales consecutivas le cambiaron el paso y sin variar de objetivo, dicen las mismas fuentes, el jefe de los conservadores trabaja por atraer a los votantes que en su día apoyaron al PP y ahora están en Vox o Cs. En el caso del partido naranja, PP y Cs han testado con nulo éxito una coalición en Euskadi, donde se han despeñado de los nueve a los seis escaños. En el caso de la extrema derecha, el partido vive un debate permanente sobre cómo diferenciarse de la formación de Santiago Abascal, si compitiendo en dureza en los mensajes o arrinconándole con un discurso de centro.

En los últimos días, a raíz del éxito de Feijóo en Galicia, se han incrementado las voces internas que hacen una llamada a moderar el mensaje y apartarse de las posiciones más duras. Un mensaje que Casado se resiste a captar con el argumento de que su partido nunca ha abandonado la moderación y que es la izquierda la que construye ese relato de "crispación" para dividir al PP y "engordar"a Vox.

Pero frente a este discurso que niega dos almas en el Partido Popular y una división de sus dirigentes entre "duros y blandos" o "halcones y palomas" hay una serie de hechos y decisiones de su líder que lo ponen en cuarentena. Uno de ellos tiene que ver con los equipos de los que se ha rodeado en los últimos dos años y el perfil de aquellos a los que se ha ubicado en posiciones menos relevantes o, simplemente, se les ha dejado marchar.

"Hizo, desde sus orígenes, un equipo a su medida en el que apenas hay rastro de voces críticas o de dirigentes de la etapa de Mariano Rajoy en puestos relevantes", analiza un veterano líder provincial. Uno de los reproches que más se ha hecho a Casado desde su llegada al partido es precisamente el de haber orillado a dirigentes marianistas con experiencia de gestión y un amplio conocimiento de la estructura del partido. Y la de haber promovido el ascenso a puestos relevantes de dirigentes vinculados con el ala dura del partido y el aznarismo, como la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

En este contexto, cada vez son más las voces que demandan a Casado un cambio de caras en la cúpula para dar "un impulso" al partido en un momento en el que se avecina una etapa política "clave", dicen en alusión a los próximos meses en los que, junto a la negociación presupuestaria, Pedro Sánchez va a tener que gestionar los efectos económicos de la crisis mientras se temen los efectos de un segundo brote de covid-19.

"Introducir algunos cambios sería un gesto que se percibiría muy bien", resume un parlamentario.

¿Por dónde pasa ese impulso? Más que a nombres concretos, las fuentes consultadas apuntan a un modelo concreto. Mucho se ha hablado en la última semana, al hilo de la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, de cómo la moderación y la huida de la crispación habían mantenido a Vox al margen del Parlamento gallego. 

Pero esto, coinciden las fuentes consultadas, no sólo implica un cambio de tono. También exigiría el refuerzo de determinados perfiles.

López Miras (Murcia), Feijóo (Galicia), Casado y Moreno Bonilla (Andalucía), tras asistir al homenaje de Estado por las víctimas del covid-19.

Hasta la fecha, Casado parece no haber captado el mensaje. No obstante, en la dirección del partido recuerdan que en los últimos meses han recurrido a perfiles "muy vinculados con la gestión" como las exministras Ana Pastor o Elvira Rodríguez. Pastor, expresidenta del Congreso, exministra de Sanidad y médico de formación, ha estado volcada en cuestiones relacionadas con las crisis del covid-19. La rama económica ha quedado en manos de Rodríguez. Todo ello, dejando en un segundo plano, por ejemplo, a la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más criticadas por el sector moderado del PP. 

Algunos dirigentes incluso cercanos al líder del PP reconocen que Álvarez de Toledo es una portavoz para otra etapa. "Los meses que vienen van a ser muy duros en lo social y en lo económico y el PP tiene que estar más en presentarse como alternativa, con propuestas y vendiendo la experiencia de nuestros años de Gobierno, que en la confrontación", considera un senador.

En este contexto, dirigentes muy cercanos a Casado extendieron hace unos meses la tesis de que al PP le interesaba ir marcando distancias de forma muy clara con Sánchez porque se acercaban unas elecciones. Fueron los días en los que el Grupo Parlamentario Popular se desmarcó del Gobierno absteniéndose en la prórroga del estado de alarma —después llegaron dos votos en contra—. 

Quienes se declaraban convencidos de esto se atrevían a fijar la fecha de las elecciones en 2021, cuando, decían, la crisis económica vinculada a la crisis del covid-19 y las condiciones impuestas por Europa a la hora de acceder a los fondos comunitarios para la reconstrucción harían que la coalición PSOE-Unidas Podemos saltase por los aires. 

Sánchez e Iglesias se han esforzado en las últimas semanas en destacar la solidez de su alianza. Y la sensación de legislatura agotada no es compartida por todos en el PP, como ya adelantó este diario.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo contó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría maniobró para que el informe PISA –basado en la presunta obtención por el líder de Podemos Pablo Iglesias de subvenciones presuntamente ilícitas de los gobiernos venezolano e iraní– fuese un "bodrio" y "descafeinado" porque entonces no convenía al PP que el partido morado perdiera mucha fuerza, ya que le podía robar votos al PSOE, según informa Europa Press.

Así lo expresó Villarejo durante la declaración que prestó en sede judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que se abriera la pieza 10 de la macrocausa TandemTandem, que investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Según afirmó el expolicía a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, "en 2014 ó 2015" el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, "o los dos", le encargaron seguir una información según la cual "responsables de Podemos habían contactado en Venezuela con etarras, con el servicio secreto cubano y con el servicio secreto venezolano". Una información que, según dijo, había llegado a través de un miembro de la inteligencia venezolana.

Fue después, dijo Villarejo, cuando cree recordar que el secretario de Estado de Seguridad en esos años, Francisco Martínez, le contactó para comunicarle que la entonces vicepresidenta había "considerado que no interesaba" en aquel momento y envió a otro policía en su lugar para la investigación, el que fuera inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago.

"Vacuna" para no investigar a Iglesias

El resultado, según el comisario jubilado, fue "el famoso informe PISA absurdo", un documento que, en su opinión, "se ve claramente que es una vacuna para que nadie se atreva a investigar la actuación del señor Iglesias".

Según relató en la Audiencia Nacional, la explicación que le dieron fue que Sáenz de Santamaría opinaba que era "bueno" que Podemos creciera más para que el PSOE obtuviera menos apoyos. "Está clarísimo que, por lógica, no querían que yo profundizara sobre este tipo de cosas y lo que salió fue un bodrio, un esperpento", remarcó.

"Yo tenía una investigación en marcha que era una información que nos iba a pasar un miembro del servicio secreto venezolano; eso no tiene nada que ver con la mierda del informe PISA... con el bodrio del informe PISA. Creo que no se menciona las relaciones que tuvo Juan Carlos Monedero con etarras, reuniones que se organizaron, contactos, las actas que se hicieron para darle tal dinero.... esa información que yo sí preparé, creo que en el informe PISA no sale", añadió.

Villarejo también imagina que los mismos que ordenaron la elaboración de ese informe "se encargaron de filtrarlo" a los medios de comunicación. "Yo creo que Fuentes Gago fue enviado por Cosidó por órdenes de la vicepresidenta para hacer un informe descafeinado para soltarlo a la prensa para que nadie se atreviera a investigar a Iglesias. Y todo el mundo se empeñó en decirle a Iglesias que yo había hecho el informe. Si yo hubiese hecho un informe sobre ese chico, hubieran cambiado las cosas mucho. Pero esa mierda de informe PISA... Por favor, para mí es un insulto", dijo Villarejo.

Dina Bousselham, despechada

Además de negar la autoría de ese documento, el comisario jubilado, que está en prisión desde que fue detenido en noviembre de 2017, rechazó estar detrás del robo en otoño de 2015 del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, cuyo contenido fue hallado en el domicilio de Villarejo durante el registro policial. Asimismo, negó que nadie le hubiese dado tal orden.

El expolicía admitió que fue el exdirector de Interviú quien le dio el pendrive, el cual había llegado a la redacción de la revista en enero de 2016 de forma anónima. Pero añadió que habló con varios periodistas sobre el contenido del móvil en aquellos meses y que fueron estos los que le comentaron que había sido ella la que lo había filtrado porque estaba "muy despechada porque le prometió que se iba a casar con ella y no lo hizo y quería demostrar que es un machista, un manipulador".

A la pregunta de qué hizo con el pendrive, Villarejo respondió que lo entregó en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que entonces dirigía Eugenio Pino y que "seguramente" estará así registrado, "si no es una de las notas esas que purgan para que no salgan".

Según su relato, lo llevó a la DAO por si su contenido tenía "algún interés" policial o judicial, pero le respondieron negativamente. "Con posterioridad me contactan medios diciendo que les había llegado esta información y tal. Y yo dije que aparte de amores y de historias, no tenía mayor interés político ni policial ni judicial. Y eso es todo", apuntó.

El comisario jubilado reconoció que se quedó con una copia del pendrive que luego fue la que los investigadores hallaron en su domicilio. En su declaración en la Audiencia Nacional, no supo explicar si hizo una copia antes de entregársela a sus superiores o éstos se la devolvieron y fue la que finalmente almacenó.

En todo caso, subrayó que conservó esos archivos porque los había obtenido "fruto" de su trabajo como policía, pues a él se lo habían dado por su puesto como comisario "por si tenía interés policial y judicial".mprimir

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró este jueves que el mundo posterior a la crisis del covid-19 tiene que ser "mucho más colaborativo, mucho más permeable" entre instituciones. Y que esto, necesariamente, "obliga a un diálogo muy amplio".

"Yo recomendaría preservar todo lo que se pueda el diálogo social, también un diálogo político profundo. Yo creo que defender las convicciones en el fondo no es un obstáculo para ejercer la moderación en la forma. Pero yo no sé si la moderación en estos tiempos de polarización está de moda. Pero yo creo que es un buen elemento para el entendimiento", sostuvo en el encuentro virtual Gobernar el cambio. Un nuevo modelo de gobernanza para un mundo nuevo, organizado por la consultura Llorente y Cuenca, el Foro de Marcas Renombradas Españolas y el Grupo Godó.

La exvicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, que se enfrentó a Pablo Casado en el congreso para presidir el partido de hace casi dos años, hace estas declaraciones en un momento el que destacados dirigentes conservadores reclaman "moderación" al líder del PP y también que se abra a acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de la crisis del covid-19, al estilo de lo que la oposición está haciendo en otras comunidades autónomas como Castilla y León, gobernada por el PP.

Esas reflexiones, diría después la exdirigente del PP, "sirven para España y sirven para fuera", sin querer ir más allá. "Es momento de construir", añadió recordando que está fuera de la política.

Hace dos semanas, tras semanas de intervenciones durísimas contra Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el líder de los conservadores reunió a la Junta Directiva Nacional del PP de forma telemática y verbalizó su apuesta por la "moderación" rechazando que pueda dividirse a su partido entre "duros y blandos". Y esta misma semana, se ha abierto a llegar a acuerdos económicos con el Gobierno para hacer frente a los estragos de la pandemia. Unos acuerdos que, de momento, no abarcarían los Presupuestos Generales del Estado.

Soraya Sáenz de Santamaría se incorporó en marzo de 2019 al despacho de abogados Cuatrecasas como socia y miembro de su consejo de administración. Licenciada en Derecho y Abogada del Estado, Sáenz de Santamaría lidera y desarrolla la práctica de Corporate Governance y Compliance de la firma.

También se pronunció la exvicepresidenta en este foro sobre el plan de apoyo para la reconstrucción que ultima la Unión Europea. Al respecto, consideró que "sería malo que la ideología y el intervencionismo económico pesara más que una colaboración, un reparto de tareas". En los últimos días, el PP ha exportado el Parlamento Europeo su batalla contra Sánchez, alineándose con los países que piden condicionar la ayuda a España.

El "riesgo" del "dirigismo económico ideológico"

La exmano derecha de Rajoy alertó de un "riesgo" en esta materia: "Caer en un dirigismo económico muy ideológico", unas declaraciones que suenan bastante a las vertidas estos días por miembros del PP, como la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que consideró que "la solidaridad de Europa no es un cheque en blanco ni para el gobernante de turno ni para los caprichos comunistas de [Pablo] Iglesias".

"Yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Los estados, las autoridades públicas están para organizar, para regular –una regulación inteligente–, para promover, para impulsar. Pero no creo que esto deba ser una excusa para volver a incluir al Estado en algunos ámbitos económicos", valoró.

"El plan va a poner el foco donde, a mi juicio, debe estar, que es en la innovación", dijo. Ello debe ser aprovechado, consideró, por las empresas y por el modelo económico actual.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha reconvenido al Ministerio de la Presidencia por no facilitar el informe en el que se basó la Oficina de Conflicto de Intereses para autorizar el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría por parte del bufete de abogados Cuatrecasasbufete de abogados Cuatrecasas y le ha instado a remitírselo a la persona que se lo pidió haciendo uso del derecho reconocido en la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Según se relata en la resolución del CTBG, recogida por Europa Press, el pasado mes de marzo una persona solicitó al departamento que dirige Calvo una copia de los informes que, con fecha 7 y 8 de ese mes, realizaron la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad y la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno del ministerio sobre la compatibilidad de que Sáenz de Santamaría iniciara una actividad privada en la citada empresa.

La ley establece un plazo de dos años de limitación para el ejercicio de actividades privadas tras el cese de los altos cargos, que no podrán incorporarse a entidades privadas que se hayan visto afectadas por decisiones en las que hayan participado. Su fichaje debe ser autorizado por la Oficina de Conflicto de Intereses.

El solicitante pidió los dos informes citados que sirvieron para dar la compatibilidad a Sáenz de Santamaría y todos los que se hubieran podido realizar en el ministerio sobre el mismo asunto, pero pasaron dos meses y no recibió respuesta. Por eso, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se encarga de velar por la buena aplicación de la citada norma.

El demandante de los informes presentó su reclamación el 24 de mayo, argumentando que no había ningún motivo para que se le denegara. Incidía, en concreto, en que carece de sentido que el Portal de Transparencia publique las autorizaciones de compatibilidad que realiza la Oficina de Conflicto de Intereses, pero no los informes en los que se basan y añadía que estos documentos sí han sido difundidos en otros casos por medios de comunicación.

En las alegaciones planteadas por el Ministerio de la Presidencia tras dar trámite el Consejo a la queja del solicitante, el departamento que dirige Calvo explicó que el 23 de mayo, justo un día antes de que se registrara la reclamación, la Secretaría General Técnica-Directora del Secretariado del Gobierno había acordado inadmitir la solicitud de información sobre los informes.

La denegación se fundamentaba en que se trataba de informes entre órganos administrativos recabados a instancias de la Oficina de Conflicto de Intereses y que encajaban, según Presidencia, en un artículo de la ley que permite inadmitir las solicitudes que se refieran a "información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones informes internos o entre órganos o entidades administrativas".

Un argumento que rebatió tanto el solicitante, tirando de argumentos del propio Consejo de Transparencia, como después este mismo organismo. Ambos coinciden en que no se puede considerar "información de apoyo" aquella que tenga "relevancia" en la tramitación de un expediente o en la conformación de la voluntad pública de un órgano y sea también relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación.

Esos informes, recalca el Consejo, "sirven para conformar la voluntad final" de la Oficina de Conflicto de Intereses que concede o no la compatibilidad en función de su contenido. "Así, debido a que dichos documentos forman parte del formación de voluntad del órgano decisorio, el conocimiento de su contenido es relevante en la media en que, en palabras de los tribunales de Justicia pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente aspectos relevantes que han de ser informados", señala el Consejo.

Por ello, el Consejo de Transparencia ordenó al Ministerio de la Presidencia que remitiera al reclamante los informes que le había solicitado y que enviara también una copia de esos documentos al propio Consejo.

Nueva irregularidad

Además, este organismo reconvino al Ministerio de Presidencia por haber cometido una "irregularidad" al tardar casi un mes en informar al reclamante de los informes de que su petición de información había sido inadmitida. Casualmente esa comunicación se produjo el 24 de mayo, justo un día después de que el solicitante, presentara su reclamación ante el Consejo por el silencio de Presidencia.

A esto se añade que el comienzo de la tramitación del expediente coincide con la resolución del mismo, lo que para el Consejo de Transparencia supone un hecho "claramente irregular en la medida en que no puede argumentarse que, en el mismo día en que se produce el comienzo de la tramitación de un expediente se produce la finalización del mismo mediante resolución expresa". De hecho, el propio Consejo recuerda que ya reconvino en otra ocasión al Ministerio de la Presidencia por una actuación similar.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que ella "nunca" ha jugado a las "descalificaciones ad hominem" contra una persona y ha subrayado que le ha "sorprendido mucho" que el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, la describa como "extranjera" cuando es un "anti nacionalista acérrimo".

Este domingo, durante la convención que ha celebrado el PP en el País Vasco, Alonso se refirió a la final del mundial de baloncesto asegurando entre risas que él quería que ganase España aunque respetaba "profundamente" a los argentinos. "Leen las cosas que pasan y parece que es una cosa terrible. ¡No es verdad! Somos compañeros y amigos. Ni polémicas ni polémicos", dijo, para pedir trabajar todos juntos porque no son "niños".

El cruce de reproches entre Álvarez de Toledo y el PP vasco arrancó el jueves cuando la portavoz del Grupo Popular aludió a la foralidad de Euskadi y criticó la supuesta "tibieza" del PP vasco contra el nacionalismo. El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, la respondió con dureza recalcando que "mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas", otros "se jugaban la vida".

Al ser preguntada cómo ha recibido el malestar del PP vasco por sus declaraciones, en especial las declaraciones de Sémper, Álvarez de Toledo ha señalado que no tenía "comentarios que hacer sobre las descalificaciones ad hominemad hominem". "Nunca he jugado a las descalificaciones y los ataques ad hominem. Creo que hay que debatir sobre políticas, estrategias, ideologías, pero nunca sobre cuestiones personales", ha proclamado.

Dicho esto, ha expresado su sorpresa por las palabras de Alonso. "A mi lo que me ha sorprendido mucho es que un anti nacionalista acérrimo como el señor Alonso me pudiera a mi calificar de extranjera", ha enfatizado ante los medios de comunicación tras asistir a la conferencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, organizada por el Fórum Europa.

Seguirá trabajando a favor de España Suma

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha agregado que seguirá trabajando dentro y fuera del PP a favor de España Suma, pensando en la "reagrupación de personas que piensan distinto" pero que "quieren un proyecto común en defensa de la libertad y la democracia en España".

En cuanto a la petición del PP vasco pidiéndole que rectifique y si se siente apoyada por Pablo Casado, Álvarez de Toledo ha asegurado que ya había dicho "lo que quería decir". "Lo único que me ha sorprendido es que se me califique como extranjera por parte de personas de mi propio partido", ha abundado.

Al ser preguntada cómo valora los comentarios de esos cargos del PP que apuntan a que está acumulando mucho poder y la comparan con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha contestado: "Nunca me había pasado que me compararan con Soraya Sáenz de Santamaría. Es una novedad dentro de las atribuciones que se me han asignado los últimos años".

Según recoge Europa Press, el Parlament llevará al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal a Fiscalía por no haber comparecido en la comisión de investigación del 155 del Parlament, donde fueron citados en dos ocasiones.

Así, lo ha explicado el presidente de la comisión, Toni Morral (JxCat), en la sesión de la comisión de este martes, donde estaban citados el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y el exjefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, que ya anunciaron que tampoco asistirían.

Rajoy, Santamaría y Cospedal fueron citados por la comisión por primera vez en abril y no asistieron esgrimiendo un informe del Consejo de Estado que les exime de comparecer, la comisión los volvió a llamar y, como tampoco asistieron, lo elevó a la Mesa de la Cámara.

Así, en la reunión del 15 de mayo, la Mesa decidió trasladar estas incomparecencias a Fiscalía, aunque todavía no lo han hecho.

Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa todavía no ha llevado a Rajoy, Santamaría y Cospedal a la Fiscalía porque estaban pendientes de recibir el informe del Consejo de Estado, y Morral ha informado que lo recibieron este lunes.

El informe del Consejo de Estado, recogido por Europa Press, concluye que esta comisión de investigación "desborda el ámbito de competencias de la Generalitat y del Parlament", ya que, a su juicio, pretende ejercer de control político de las instituciones del Estado.

En este sentido, considera que las comparecencias aprobadas en la comisión son una expresión de la extralimitación de las facultades del Parlament, por lo que "legitimaría la eventual desatención de las solicitudes de comparecencia".

Asimismo, señala que los miembros del Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos, "no vienen obligados a atender la solicitud" de comparecencia en la comisión, por lo que exime a Rajoy y a los exiministros a acudir al Parlament.

ZOIDO, MILLO Y MORAGAS

Zoido, Millo y Moragas también han esgrimido el mismo informe del Consejo de Estado para no asistir este martes a la Cámara catalana y Morral ha anunciado que serán citados de nuevo el próximo jueves, aunque reconoce que es "muy probable" que no asistan.

Si tampoco responden a esta segunda citación, la comisión lo trasladará a los servicios jurídicos del Parlament, como establece el reglamento de la Cámara y como hicieron con las incomparecencias de Rajoy, Santamaría y Cospedal.

De esta manera, previsiblemente la Mesa también los llevará a Fiscalía, y Morral ha confiado en que "la justicia haga sus trámites y comparezcan cuando corresponda".

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

El diputado de los comuns Marc Parés ha lamentado la ausencia de los citados, que creen que deberían comparecer porque lo consideran una "cuestión ética y de respeto institucional y político" hacia el Parlament.

Jordi Orobitg (ERC) ha sostenido que no comparecer es un menosprecio al Parlament y ha defendido que la Mesa "haga lo posible para que haya una respuesta judicial", pese a que ve improbable que tenga éxito.

Por parte de JxCat, Gemma Geis también ha asegurado que Zoido, Millo y Moragas están menospreciando la soberanía del Parlament al no responder a su citación, y ha criticado que el informe al que apelan está elaborado por el Consejo de Estado, que está "claramente politizado".

Pablo Casado llegó a la presidencia del Partido Popular a finales del pasado julio tras ganar a Soraya Sáenz de Santamaría en la última fase del congreso extraordinario que Mariano Rajoy puso en marcha tras perder la moción de censura. En el primer aniversario de esa moción de censura, un buen puñado de dirigentes clave de esta etapa de Rajoy ya no forman parte de la primera línea de la política. Han dado el salto al sector privado.

En la campaña que le condujo hacia la victoria en el congreso, Casado insistió mucho en la idea de que si él ganaba, nadie perdía. Pero no es ningún secreto que la mayoría de quienes se han ido en los últimos meses del partido han dado el paso porque no han encontrado acomodo en el nuevo PP. "Lo de que si ganaba nadie perdía era más un lema que un propósito", subraya un exdirigente conservador.

El exministro de Justicia Rafael Catalá, que apoyó a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el congreso extraordinario, ha sido el último hasta la fecha en anunciar que deja la política. 

El anuncio lo hizo esta última semana en una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP de Cuenca. Catalá se presentó a las generales como número uno por esta circunscripción. "Necesitamos personas nuevas, proyectos renovados, ilusionantes. Tras tantos años de servicio público no me siento ahora con la ilusión para liderar ni con la energía que hará falta en este proyecto", dijo.

En los comicios generales, en Cuenca los conservadores se hicieron con un escaño y el 26,79% de los votos. En 2016 fueron dos las actas obtenidas y el 45,75% de los apoyos.

A partir de ahora, Catalá se volcará en su actividad privada. Desde noviembre de 2018, el exministro tenía autorización para tres actividades diferentes: miembro de la Fundación Atlético de Madrid, consultor en la firma Herbert Smith Freehills y el ejercicio de la abogacía en su calidad de colegiado en Madrid.

Un goteo constante de bajas...

La primera gran baja en la etapa de Casado fue la de Soraya Sáenz de Santamaría, que perdió de forma clara el congreso extraordinario de julio. La exvicepresidenta dejó pasar el verano para reflexionar sobre su futuro y el 10 de septiembre anunció que se apartaba.

En un comunicado, la mujer con más peso en los Gobiernos de Mariano Rajoy anunció su decisión de "abandonar la actividad política y emprender otra etapa".

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en el despacho de abogados Cuatrecasas.

"Es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como mi familia y para mí", justificó. En marzo se anunció su fichaje por el despacho de abogados Cuatrecasas y su entrada en el consejo de administración de la firma. Abogada del Estado, Sáenz de Santamaría lidera en este despacho la práctica de Corporate Governance y Compliance.

"Los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al estado de derecho en diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de profesionales de Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años", destacó la protagonista en su vuelta al sector privado.

El adiós de Cospedal... empujada por los audios de Villarejo

El pasado 5 de noviembre, la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal renunciaba a su puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional. De momento, mantenía su escaño en el Congreso, su cargo de presidenta de la Comisión de Exteriores y un puesto en la Diputación Permanente de la Cámara, el órgano parlamentario que desempeña las funciones del pleno fuera del periodo ordinario de sesiones.

La renuncia llegaba tras días de filtraciones de conversaciones entre ella, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Conversaciones en las que encarga al agente dossieres sobre el dirigente del PP Javier Arenas o Alejandro Rubalcaba, hermano del exministro del Interior fallecido hace unas semanas.

Cospedal, en el hemiciclo del Congreso. EFE

La presión, unida a que la dirección del PP marcó claras distancias con ella, provocó que dos días después Cospedal renunciase también a su escaño. En un comunicado, difundido desde su perfil de la red social Twitter, Cospedal enmarcaba la decisión en el contexto de "liberar al PP de cualquier ataque". Y en el de que su partido se sienta "libre" a la hora de "denunciar" la situación que vivía un Gobierno como el del socialista Pedro Sánchez, "con dos ministros cesados y otros cuatro seriamente cuestionados, respecto a los cuales la vara de medir parece ser muy distinta".

Pocos meses después, en enero se supo que había reingresado en la Abogacía del Estado y su nuevo destino estaba en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Otro de los miembros del Gobierno de Rajoy que ha sido baja en el PP de Casado ha sido la exministra de Empleo Fátima Báñez. Sobre su marcha hay dos versiones tan antagónicas como contradictorias. En Génova aseguran que no quiso escuchar ofertas; en su entorno mantienen que se sintió apartada. Y más allá de las opiniones la realidad es tozuda: el número uno del PP al Congreso por la provincia de Huelva, la circunscripción de Báñez, ha sido Juan José Cortés, padre la la niña Mari Luz, asesinada en 2008, y uno de los símbolos de la defensa de la Prisión Permanente Revisable.

"He comunicado al presidente del PP y del PP andaluz mi decisión de iniciar una nueva etapa en el ámbito privado. He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP. Donde esté, seguiré sumando con el mismo compromiso. Gracias Huelva, gracias España", escribió en Twitter el pasado 15 de marzo.

Sólo dos días antes, el hombre que había sido portavoz del Gobierno en la última etapa de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba que se apartaba de la política.

Como Báñez, el también exministro de Educación se había decantado por Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de sucesión que tuvo lugar el verano pasado.

José Luis Ayllón fue otro de los puntales de los gobiernos de Mariano Rajoy y otro de los principales apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario. Primero fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; después, director de gabinete de Rajoy. El pasado 20 de mayo, menos de un mes después de las generales y a pocos días de las autonómicas y municipales, Ayllón decía adiós a la política. Su nuevo destino es la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), donde se ha incorporado como responsable del Área de Contexto Político.

Del mismo grupo que Ayllón es Álvaro Nadal, exministro de Energía y exresponsable de la Oficina Económica de la Moncloa. Nadal también está ya fuera de la primera línea de la política y su destino está en Londres, para ocupar su plaza de Técnico Comercial y Economista del Estado.

La presentación de su libro, Lo que no son cuentas son cuentos (Deusto), congregó en Madrid el pasado 20 de mayo a gran parte del marianismo, con el propio Rajoy a la cabeza.

En una entrevista concedida al diario El Mundo, Nadal cargaba contra los argumentos de integración de Casado. "No es verdad lo que dice Casado de que se ha integrado el que ha querido. Ha prescindido del equipo económico de Rajoy", señalaba. Él es uno de los ejemplos, pero también Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Rajoy, que se quedó fuera de las listas.

¿Hacia un equipo más "plural"?

A Casado se le critica por no haber hecho nada para evitar muchas de estas fugas en los últimos meses. Y por haber hecho un equipo muy a su medida prescindiendo de perfiles que tenían mucho que aportar. Los ganadores han sido personas ideológicamente mucho más conservadoras que quienes trabajaron codo a codo con Rajoy. Personas que se han caracterizado precisamente por ser muy críticas con el expresidente Rajoy y muy identificadas con el aznarismo.

Este diario ha informado de que sectores del PP esperan que, tras este intenso ciclo electoral, Casado introduzca cambios en el dirección del partido que trasladen la idea de que quiere que el partido se abra al centro. Esta cuestión fue uno de los argumentos que sobrevoló en la tensa reunión que el presidente del PP mantuvo el pasado lunes en Génova con los barones territoriales del partido. 

En el partido existe preocupación por los nombramientos que están por venir. Casado tiene pendiente elegir al portavoz en el Congreso. Los barones creen que apostar por Cayetana Álvarez de Toledo sería un error porque daría un mensaje contrario al giro al centro que creen necesario para que el partido vuelva a ganar elecciones generales. De momento, el jefe de los conservadores no ha descartado a la que fue número uno por Barcelona en las generales. Y es más: hay quienes creen que, tras los resultados de las municipales y autónomicas, ha ganado autoridad para seguir adelante con su apuesta. Es paradójico. Pero donde los barones del PP ven un giro al centro [en la campaña del 26M], Casado no ha visto cambio alguno.

La semana pasada se hizo público que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había alcanzado un acuerdo para fichar por el bufete de abogados Cuatrecasas, uno de los más importantes de España. Para acceder a su nuevo puesto, Santamaría tuvo que recibir el permiso de la Administración, que certificó que no existe conflicto de intereses por su pasado político. Pero el bufete al que accede la vicepresidenta es muy activo a la hora de litigar contra España: Cuatrecasas representa al menos a siete empresas que se encuentran pleiteando contra el Estado en tribunales de arbitraje para que se les compense por inversiones supuestamente perdidas por el hachazo a las renovables del Gobierno en el que Santamaría era vicepresidenta.

Fue el pasado lunes cuando se anunció que Santamaría volvía al sector privado por la puerta grande. La exvicepresidenta, abogada del Estado de profesión, ha fichado por Cuatrecasas con rango de socia de la empresa y entrando en su consejo de administración, después de que la Oficina de Conflictos de Intereses diese luz verde al entender que, durante su etapa en el Gobierno, no había tomado ninguna decisión relacionada con la firma. Pero, aunque no dependerá directamente de ella, la nueva empresa de Santamaría sí que está pleiteando contra el Estado en casos muy relacionados con decisiones tomadas durante su mandato como vicepresidenta.

A día de hoy, España se enfrenta a 32 procesos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje y resolución de conflictos dependiente del Banco Mundial a cuya jurisdicción se someten 150 países. En este tipo de tribunales, no compuestos por jueces sino por árbitros elegidos por las partes, las empresas que hayan invertido en un país pueden reclamar que ese Estado les compense si entienden que uno o varios cambios legislativos han perjudicado su inversión y les han hecho perder o, incluso, dejar de ganar dinero.

La mayor parte de los 32 procesos de arbitraje abiertos en el Ciadi contra España están impulsados por empresas que invirtieron en energías renovables antes del recorte que el Gobierno del PP llevó a cabo durante su última legislatura con mayoría absoluta. Y, de esa cifra, un total de siete compañías están representadas en sus reclamaciones por el bufete Cuatrecasas del que ahora Santamaría es socia y miembro de su consejo de administración.

infoLibre se puso en contacto con Cuatrecasas para conocer si, además de esos siete casos ante el Ciadi, el bufete también representa a empresas que pleitean contra España en otros tribunales de arbitraje similares como Uncitral –dependiente de la ONU– o el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, además de para conocer más detalles sobre otros casos en los que esté litigando con el Estado. El bufete, no obstante, se limitó a señalar que la única información disponible es la que hace pública Ciadi.

NextEra reclama 291 millones representada por Cuatrecasas

En estos procesos, la compañía en cuestión demanda al Estado y, si los árbitros concluyen que lleva razón en sus reclamaciones, posteriormente se fija la cuantía de la indemnización, por lo que es imposible conocer con exactitud cuál es la cantidad reclamada a España. Pero a finales de 2017, la Abogacía del Estado –que es quien defiende a España en los procedimientos abiertos en el Ciadi– aseguraba que la cifra global de reclamaciones ascendía a más de 7.000 millones de euros, en torno a un 0,7% de todo el PIB español.

Y, por el momento, Cuatrecasas parece estar teniendo bastante éxito con sus demandas, para perjuicio del Estado. El pasado jueves, el Ciadi se pronunció a favor de la empresa estadounidense NextEra Energy casi cinco años después de que la compañía registrase su demanda ante la corte de arbitraje. Pese a que el siguiente paso en el procedimiento es cifrar la cuantía de la indemnización y España aún puede reclamar una rebaja, la propia NextEra sostuvo hace unos días que, a su juicio, España les debe aproximadamente 291 millones de euros "más intereses".

España, de hecho, ya ha tenido que enfrentarse al pago de varias indemnizaciones desde que comenzó la avalancha de reclamaciones, que se incrementó especialmente a partir de 2013. De momento, el Ciadi ha fallado ya a favor de tres demandantes: Masdar –representante del fondo soberano de Abu Dabi–, por una cifra de 64,5 millones de euros, Eiser Infraestructure, por otra de 128 millones, y Antin, por 112 millones. Además de a NextEra, el bufete que ha fichado a Santamaría representa a dos compañías japonesas (JGC Corporation e Itochu Corporation), una alemana (BayWa r.e.), otra británica (InfraRed) y una luxemburguesa (Renergy), además de a un holding suizo (Schwab Holding AG). Esos seis procedimientos impulsados en el Ciadi por Cuatrecasas aún no tienen veredicto, aunque algunos de ellos llevan años en marcha y ya han pasado por varias fases.

Dinero público gastado en abogados

Pero el dinero utilizado para satisfacer las indemnizaciones determinadas por el Ciadi no es el único que está teniendo que gastar el Estado a la hora de pleitear contra las empresas afectadas por el recorte a las renovables del Gobierno del PP. Tal y como reconoció el Ejecutivo liderado entonces por Mariano Rajoy en una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos, el Gobierno se vio obligado a crear "dentro de la Abogacía General del Estado un departamento especializado en la llevanza de procedimientos de arbitrajes de inversión". Y, pese a que es este órgano el encargado de representar a España en los procedimientos de arbitraje, España ha tenido que contratar en varias ocasiones bufetes de abogados privados para continuar pleiteando en tribunales ordinarios estadounidenses o suecos, donde la Abogacía del Estado no puede intervenir.

La oleada de demandas contra España en los tribunales de arbitraje comenzó en el año 2013, cuando se aprobó la reforma del sistema eléctrico por el Ejecutivo de Rajoy, que supuso la aplicación de duros recortes en las subvenciones a las renovables. En esa reforma, el Gobierno estableció un nuevo sistema de cobro de las primas consistente no en ofrecer una cuantía por la cantidad de electricidad generada, sino en calcular una "rentabilidad razonable" ligada a la de la deuda pública española para toda la vida útil de cada instalación. En la práctica, esto significó que las subvenciones a las renovables descendiesen de golpe en 1.700 millones, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez deja la política y se marcha a la empresa privada. Pese a que no irá en las listas del PP a las elecciones generales, ha trasladado al líder del PP, Pablo Casado, su intención de ayudar a la formación en campaña, han informado a Europa Press fuentes del partido.

De hecho, este mismo viernes Báñez ha asistido a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP andaluz que se ha celebrado en Sevilla, donde Casado ha puesto en valor su gestión al frente del Ministerio de Empleo. La propia Báñez ha confirmado su marcha en su cuenta de Twitter: "He comunicado al presidente del PP y del PP andaluz mi decisión de iniciar una nueva etapa en el ámbito privado. He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP. Donde esté, seguiré sumando con el mismo compromiso. Gracias Huelva, gracias España", ha asegurado.

Báñez, que en las últimas legislaturas ha encabezado la lista del PP por Huelva, ha afirmado además que "siempre estará agradecida" a sus compañeros, especialmente a los del PP de esta circunscripción por su confianza. "Y siempre con Huelva, mi provincia, en el corazón", ha proclamado.

Se suma a la salida de otros Ministros de Rajoy

Bañez fue una ministra muy cercana a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, quien anunció en julio que sería la secretaria general del PP si ella ganaba el congreso extraordinario del PP, en el que finalmente se impuso Pablo Casado. El nuevo líder del partido apostó por su integración y la designó hace unos meses presidenta de la Comisión de Exteriores del Congreso.

La salida de Báñez se suma a la de otros exministros del PP próximos a Sáenz de Santamaría, como Iñigo Méndez de Vigo (que anunció su marcha hace unos días) o el extitular de Energía, Álvaro Nadal, que también prevé incorporarse a la oficina económica y comercial de España en Reino Unido, con sede en Londres.

Una de las principales incógnitas que se planteaban sobre el Gobierno de Mariano Rajoy una vez que el expresidente se incorporó a su plaza de registrador de la propiedad tenía que ver con los pasos que daría Soraya Sáenz de Santamaría. La exvicepresidenta del Gobierno, que fue derrotada por Pablo Casado en el proceso para acceder a la presidencia del Partido Popular, dejó la política a la vuelta del verano y, desde ese momento su futuro ha sido objeto de especulaciones, rumores y todo tipo de interpretaciones. Había quienes decían que estaba preparando su regreso a la política intentando unir a los dirigentes del PP críticos con Casado. También había quienes apostaban a que esperaría los dos años que establece la ley para incorporarse con garantías al sector privado. Y quienes tenían claro que estaba estudiando varias ofertas, buscando la que menos chirriase con las leyes que vigilan el tránsito del sector público al privado. Este lunes se disiparon todas las dudas cuando se hizo público que había sido fichada por el despacho Cuatrecasas, uno de los principales de España.

Lo hace, señalaron desde la empresa, "después de cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas". Así lo confirmaron a infoLibre desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, departamento que controla la Oficina de Conflictos de Intereses. Santamaría, señalaron las citadas fuentes, solicitó autorización "en los primeros días del mes de febrero" y recibió el "informe favorable en los primeros días del mes de marzo". Antes de recibir el visto bueno, desde la Oficina de Conflictos de Intereses se solicitó información a los departamentos gubernamentales con los que tuvo relación Santamaría a los efectos de comprobar si había tomado "alguna decisión relacionada con esa firma". No hubo ningún informe negativo que frenase los planes de esta abogada del Estado en excendencia, destacan.

Más de una decena de cargos: desde la Vicepresidencia al control del CNI

Esto es lo que ocurre sobre el papel. Pero, en la práctica, es complicado que la exvicepresidenta, exministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y exportavoz del Gobierno vaya a encontrarse con cuestiones respecto a las que no haya tomado decisiones en su etapa como política. Porque además de estos cargos, Santamaría fue vicepresidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidenta de la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad y presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. Además de haber tenido a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

De especial relevancia fueron sus responsabilidades en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, el órgano que se encarga de estudiar y preparar los asuntos que se someten a deliberación en los Consejos de Ministros.

El Partido Popular llegó al Gobierno con varios casos de corrupción a sus espaldas y en un intento de marcar el fin de una etapa, intentó envolverse en la bandera de la transparencia y la regeneración. La Ley de Transparencia y del Alto Cargo de la Administración General del Estado se entienden en este contexto. Es precisamente la segunda de estas leyes la que limita el aterrizaje de expolíticos como Santamaría en el sector privado.

En su artículo 15 señala que "los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". También, que esta prohibición "se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario". Para facilitar el cumplimiento de la legislación, existe la posibilidad de solicitar una compensación económica mensual con dos años como tope.

El pacto de Emilio Cuatrecasas

Pese a contar con la autorización pertinente en estos casos, Santamaría formó parte del Gobierno que permitió que el expresidente del bufete de abogados Cuatrecasas Emilio Cuatrecasas eludiese en 2015 su ingreso en prisión después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado. Así lo adelantó este lunes elplural.com. El citado diario informa de que una querella, presentada un día antes de que Rajoy llegara a la Moncloa, pedía más de 20 años de prisión por ocho delitos fiscales. Al final, acabó en una condena de 24 meses.

El debate sobre la llamada puerta giratoria y sus límites es recurrente cada vez que un político da el salto a la actividad privada y viceversa. Casos hay en todos los partidos. Pero se concentran, sobre todo, en las grandes formaciones.

"Es habitual ver cómo giran las puertas giratorias en el PP y también en el PSOE", se quejó este lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en rueda de prensa.

"Por muy legal que sea, no es moral que una persona que ha estado trabajando en los ministerios del Estado traslade toda su agenda de contactos y todo lo que ha conseguido por ser representante público a un sector privado, porque muchas veces compiten contra el Estado de manera leal", defendió, según informa Europa Press.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recordó a la exvicepresidenta que "no se puede pronunciar o intervenir en situaciones o casos en los que haya podido participar". Y, en el PP optaron por la prudencia: "Todo aquel que abandona la política tiene derecho a rehacer su vida profesional", valoró Teodoro García Egea, secretario general del PP.

Sin mecanismos de seguimiento o control

Como norma general, la Oficina de Conflictos de Intereses concede las autorizaciones que le trasladan los ex cargos públicos. En diez años, las denegaciones por incompatibilidad no llegan a la decena, según informó el diario El País.Tampoco, como norma general, hay mecanismos de seguimiento ni control. Ni de que un ex cargo público que ha recibido la autorización es escrupuloso con la ley ni de que todos recurran a la Oficina de Conflictos de Intereses para pedir permiso. Es algo similar a lo que ocurre con el registro de actividades del Congreso de los Diputados.

El 17 de mayo de 2016, el Tribunal de Cuentas aprobó el "Informe de Fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012 a 2014". Muchas de las recomendaciones del documento iban dirigidas a la Oficina de Conflictos de Intereses "para la mejora de sus sistemas y procedimientos y para el desarrollo de las funciones de investigación y comprobación de las actividades de los altos cargos". Pese a que los partidos políticos nunca han negado que el funcionamiento de este organismo sea mejorable, no ha habido avances al respecto.

"Prevención del delito"

Fue el despacho Cuatrecasas el encargado de dar la noticia este lunes por la mañana con un comunicado en el que daba cuenta que la exmano derecha de Mariano Rajoy en el Gobierno se incorporaba a la firma como socia del área mercantil y miembro del Consejo de Administración. Su misión concreta, desde este mismo lunes, será liderar y desarrollar "la práctica de Corporate Compliance" de la firma. Una especialidad que, según puede leerse en la página web de Cuatrecasas, es "de alto valor añadido para la implantación de sistemas eficaces de control de cumplimiento normativo y prevención del delito".

Para Rafa Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas, su nuevo fichaje "es una abogada excepcional que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional su valía y grandes dotes de gestión". "Los socios de la forma estamos muy contentos de que haya decidido renovar su compromiso con la abogacía y de que lo haga desde Cuatrecasas. Estamos convencidos de que su enorme talento será muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integran en términos de cumplimiento normativo corporativo", puede leerse en el comunicado de la firma.

Lideró las abstenciones en los consejos de ministros

Santamaría encabezó el listado de abstenciones en los consejos de ministros de la primera legislatura de Rajoy para evitar conflictos de intereses, según adelantó infoLibre. En ese tiempo, los miembros de su Gobierno se abstuvieron 52 ocasiones en decisiones de las reuniones de gabinete de los viernes. La cifra ha sido facilitada a este diario por el Ministerio de la Presidencia después de registrar una petición a través del Portal de de la Transparencia de la Administración General del Estado. 

Por miembros del Ejecutivo, el ranking lo lideró Soraya Saenz de Santamaría, con 23 abstenciones en los Consejos de Ministros. Le siguen los entonces titulares de Economía, Luis de Guindos (10);  Defensa, Pedro Morenés (ocho); Empleo, Fátima Báñez (dos); Exteriores, José Manuel García Margallo (dos) y los exministros José Manuel Soria (Industria) y Miguel Arias Cañete(Agricultura), también con dos abstenciones cada uno de ellos.

El grueso de sus abstenciones tuvieron que ver con el trabajo de su marido, Iván Rosa. Abogado del Estado como Santamaría, Rosa fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012, un año después de que Santamaría fuese nombrada vicepresidenta.

Pese al elevado número de abstenciones de Santamaría, si se compara con el resto de compañeros del Consejo de Ministros, el trabajo de su marido para Telefónica no la obligaba por ley a inhibirse en estos asuntos. Así lo desveló el diario El País el 15 de julio de 2015 en una información en la que se señalaba que la Abogacía del Estado había rechazado en un informe ad hoc que tuviese que apartarse de esas cuestiones.

Puede seguir en el Consejo de Estado

El pasado octubre cuando el Gobierno del socialista Pedro Sánchez la nombró consejera de Estado. La exvicepresidenta podrá mantener este puesto al que se incorporó en el mes de noviembre siempre y cuando se abstenga de aquellas decisiones que tengan relación con su nuevo trabajo en el despacho de abogados.

Como consejera electiva, Santamaría puede percibir una cantidad máxima mensual de algo menos de 1.000 euros en concepto de asistencia a los plenos del Consejo de Estado. Para cobrarla, se tienen que celebrar plenos y ha de asistir a ellos.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se incorpora al despacho de abogados Cuatrecasas como socia y miembro de su consejo de administración, según ha informado este lunes la firma.

Licenciada en Derecho y Abogada del Estado, Sáenz de Santamaría liderará y desarrollará desde este lunes la práctica de Corporate Governance y Compliance de la firma, ha informado Europa Press.

La exvicepresidenta del Gobierno coordinará un equipo transversal y multidisciplinar integrado por expertos en asesorar a las empresas, desde todos los enfoques legales posibles, sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos. El equipo cuenta con especialistas en derecho societario, civil, penal, laboral y fiscal, entre otras prácticas.

De esta forma, la nueva socia de Cuatrecasas retoma su carrera profesional después de cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

"Los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al estado de derecho en diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de profesionales de Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años", ha resaltado Sáenz de Santamaría

El presidente ejecutivo de Cuatrecasas, Rafael Fontana, ha afirmado, por su parte, que Sáenz de Santamaría "es una abogada excepcional que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional su valía y grandes dotes de gestión".

"Los socios de la firma estamos muy contentos de que haya decidido renovar su compromiso con la abogacía y de que lo haga desde Cuatrecasas. Estamos convencidos de que su enorme talento será muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integral en términos de cumplimento normativo corporativo. Se incorpora a una práctica en crecimiento que es clave para la sostenibilidad de cualquier empresa", ha añadido.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, Sáenz de Santamaría ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1999. Ha sido Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, además de Portavoz del Gobierno. Diputada, fue portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso en la IX Legislatura. En la actualidad es Consejera electiva de Estado.

El exministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo ha anunciado por otra parte este lunes que abandona la política activa y no se presentará a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Méndez de Vigo ocupó la cartera de Educación entre junio de 2015 y junio de 2018 en el segundo Gobierno de Mariano Rajoy y fue además portavoz de su Ejecutivo desde noviembre de 2016.

Era diputado por la provincia de Palencia, desde donde el PP le ha trasladado su agradecimiento por "los 30 años que le ha dedicado al servicio público". "Soy yo quien agradece a los palentinos su ayuda y su cariño. Tienen en mi, y para siempre, a un palentino de adopción", ha respondido él en un comentario en su cuenta personal de Twitter.