Cada mes de abril, millones de españoles abren el borrador de su declaración de la renta con la discreción de quien maneja información clasificada. Lo que uno paga a Hacienda es, aquí, una cuestión íntima. Casi tabú. En cambio, en Noruega, cada octubre, la administración tributaria publica en internet los ingresos netos, el patrimonio y los impuestos satisfechos de todos los ciudadanos mayores de 16 años. Cualquiera puede consultar lo que paga su vecino, su jefe o el más rico del país. Y nadie (casi nadie) lo tacha de invasión de la privacidad. Lo consideran, simplemente, un gesto de transparencia democrática.

La diferencia no es una cuestión técnica. Es política, cultural e histórica. ¿Estaría usted dispuesto a que sus datos fiscales fuesen del dominio público a cambio de conocer los de todo el mundo? ¿Tiene sentido que el conjunto de los ciudadanos sepa lo que aporta cada individuo al sostenimiento del bien común?

Noruega lleva publicando datos fiscales individuales desde 1863. Suecia, desde el siglo XIX. Finlandia hace lo propio cada noviembre: la agencia tributaria publica el nombre, el municipio de residencia, las rentas del trabajo, las rentas de capital y los impuestos pagados de todos los contribuyentes. En estos países, el fundamento de esa apertura no es la curiosidad ni el castigo. Es la confianza.

La lógica que impulsa este comportamiento es más sencilla de lo que parece. Si el Estado exige tipos impositivos elevados, los ciudadanos necesitan saber que todos los demás contribuyen de forma equitativa. La transparencia fiscal no se considera una amenaza al sistema, sino su condición de legitimidad. Saber lo que aporta cada cual refuerza la confianza institucional y reduce la tentación de evadir. Los nórdicos tienen la presión fiscal entre las más altas del mundo y también las tasas de cumplimiento voluntario más elevadas. No debe de ser una simple coincidencia.

El modelo no ha permanecido intacto a lo largo del tiempo, pero sí ha sobrevivido a sus propias tensiones. Una de las más notables tuvo lugar en Noruega en 2014. Hasta ese año, todas las consultas eran anónimas. Eso acabó generando un ecosistema de aplicaciones que permitían espiar, con solo un par de clics, los ingresos de citas personales, de los vecinos de al lado o de compañeros de trabajo.

Pero la respuesta no fue cerrar el sistema, sino hacerlo recíproco. Desde ese año, quien hace una consulta queda registrado y el consultado recibe una notificación con el nombre, año de nacimiento y código postal del curioso. ¿El resultado? Las búsquedas cayeron un 90% de inmediato. La transparencia se mantuvo; el chismorreo prácticamente despareció.

En Finlandia, entre 2019 y 2022, alrededor de un millar de contribuyentes de altos ingresos lograron excluirse de las listas que la agencia tributaria envía anualmente a los medios de comunicación, alegando riesgos de seguridad. Veinte medios finlandeses protestaron bloqueando su propio portal fiscal durante un mes.

El Tribunal Administrativo Supremo falló en diciembre de 2022: los datos fiscales de los grandes contribuyentes son información pública por ley y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo no ampara la exclusión cuando existe un interés público prevalente. Así que, desde 2023, ningún contribuyente puede optar por no aparecer. En noviembre de 2025, el cofundador de Wolt —una especie de Glovo finés—, Miki Kuusi, encabezó la lista con 80,6 millones de euros de ingresos declarados. Sin posibilidad de ocultarse.

Suecia atraviesa un conflicto de diferente naturaleza. En este caso fue la organización de defensa de la privacidad digital noyb —acrónimo de none of your business, "no es asunto tuyo"—, liderada por Max Schrems, un activista austriaco especializado en la protección de datos, la que puso en riesgo la transparencia al demandar a la agencia tributaria sueca por vender datos fiscales a empresas intermediarias como Dun & Bradstreet, que los revendían sin salvaguardas.

El Tribunal Supremo sueco dictaminó que la libertad de información y la privacidad deben equilibrarse, y que los datos deben marcarse como confidenciales solo si el receptor los va a procesar violando el RGPD europeo.

Los argumentos a favor de la transparencia fiscal no vienen solo de Escandinavia; forman parte también del discurso de los economistas que llevan décadas midiendo la brecha entre lo que los ricos declaran y lo que realmente poseen.

Thomas Piketty lleva años usando datos fiscales históricos públicos de Francia para reconstruir series de desigualdad. Su conclusión es directa: sin transparencia, no hay debate informado sobre justicia fiscal. Por eso ha elogiado explícitamente el modelo noruego y ha ido más lejos: propone un registro financiero global que incluya cuentas bancarias, acciones, bonos y propiedades de todos los contribuyentes, con independencia de dónde estén domiciliados. No por transparencia en sí misma, sino porque ese registro es la condición técnica indispensable para implementar cualquier impuesto progresivo sobre el capital. Si no sabes quién tiene qué, no puedes gravar con justicia.

Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal Europeo y profesor en la Universidad de Berkeley, sostiene que el secreto bancario y la opacidad fiscal actúan como un mecanismo que permite a los más ricos reducir su contribución, generando de facto un privilegio estructural dentro del sistema tributario. Según sus cálculos, hay decenas de billones de dólares ocultos en paraísos fiscales. Ninguna lista pública nacional lo desvelaría todo, pero es una evidencia que la opacidad doméstica facilita la opacidad global. Emmanuel Saez, coautor habitual de Zucman y Piketty, defiende que los datos fiscales son esenciales para medir con precisión la desigualdad y para comprobar si los sistemas tributarios son tan progresivos como afirman ser.

El argumento central de todos ellos es el mismo: la opacidad no protege a los ciudadanos en general. Ayuda, de forma estructuralmente selectiva, a quienes tienen más que ocultar. Un trabajador asalariado no posee activos en el extranjero ni estructuras societarias que el secreto fiscal preserve. Quienes se benefician del blindaje son las grandes fortunas que pagan tipos efectivos muy inferiores a los nominales gracias a deducciones y optimizaciones fiscales legales que el ciudadano medio no puede muchas veces ni llegar a imaginar.

La paradoja española lo ilustra bien. España publica la lista de deudores con Hacienda —lo que debes—, pero no la de contribuyentes —lo que aportas—. Se castiga públicamente al que no paga, pero se protege al que, siendo rico, paga poco o nada mientras lo haga dentro de la legalidad. La lógica cívica queda invertida.

No obstante, no todas las objeciones a la transparencia fiscal son de mala fe. Algunas merecen tomarse en serio. Por ejemplo, los riesgos de seguridad, que son reales en contextos con altas tasas de violencia. Un pequeño empresario en una zona conflictiva o una víctima de violencia de género que ha cambiado de identidad, por citar dos ejemplos que se entienden bien, tienen razones legítimas para no querer que sus ingresos sean públicos. El modelo noruego, con su sistema de identificación obligatoria del consultante, busca mitigar ese riesgo. Pero no lo elimina por completo.

Por otro lado, la estigmatización asociada a las rentas bajas también es un efecto documentado. Se han reportado casos de acoso escolar a hijos de familias con pocos recursos tras consultas a las listas. La intimidad no solo tapa a los ricos; también puede proteger a quienes declaran pérdidas, atraviesan una quiebra o tienen ingresos por debajo de la media.

Hay quien sostiene, además, que la transparencia no garantiza automáticamente la justicia fiscal. Los millonarios noruegos han seguido usando estructuras internacionales para reducir su carga tributaria, estructuras que las listas públicas nacionales no desvelan. La publicidad de los datos domésticos es una condición necesaria, pero no parece haber sido suficiente para mejorar la disciplina fiscal de las clases más acomodadas.

Lo que no es una objeción seria —aunque se presenta como tal— es esgrimir el RGPD europeo como barrera insalvable. Noruega, Suecia y Finlandia son miembros del Espacio Económico Europeo y aplican el reglamento sin problema. El RGPD no prohíbe la transparencia fiscal; permite el tratamiento de datos cuando existe un interés público prevalente. La cuestión es si los tribunales y los legisladores lo reconocen como tal. En los países nórdicos, llevan siglos haciéndolo.

En España, en cambio, el secreto tributario está consagrado en el artículo 95 de la Ley General Tributaria y amparado por una interpretación del artículo 18.1 de la Constitución —el derecho a la intimidad— que los tribunales han extendido a la información fiscal. De acuerdo con ese criterio, la Agencia Tributaria solo puede ceder datos a otras administraciones, a jueces y al propio contribuyente sobre sus propios datos. Nunca al público en general.

Lo llamativo es que ningún partido con representación parlamentaria incluye en su programa el objetivo de la publicación masiva de las declaraciones del IRPF. Ninguno. Sobre esto no es que haya consenso, es que hay unanimidad. Las propuestas fiscales se dirigen a otras materias. La transparencia individual, el modelo en el que cualquier ciudadano puede saber lo que aporta su vecino al bien común, no está en la agenda de nadie.

La única aproximación al debate la protagonizan periodistas de investigación que trabajan con filtraciones —Papeles de Panamá, Pandora Papers— porque el acceso legal es imposible. La transparencia entra por la ventana de los leaks porque la puerta del derecho está cerrada.

En todo caso, la distancia con el modelo nórdico no es solo legal. Es cultural. En España, como en Alemania o en los Países Bajos, hablar de los ingresos propios se percibe como de mal gusto, y conocer los ajenos, como una intromisión. En Noruega, en cambio, basta una gestión sencilla para conocer la renta de cualquier compatriota. Las sociedades nórdicas han construido su contrato social sobre la premisa contraria a la española: los impuestos son un acto público y colectivo, y su visibilidad es garantía de equidad, no una amenaza a la privacidad.

En el caso español, el elefante en la habitación es a quién beneficia exactamente el secreto tributario. La respuesta incómoda es que favorece, de forma desproporcionada, a quienes tienen más recursos para optimizar su contribución fiscal dentro de la ley. El asalariado que tributa por retención no tiene nada que ocultar. El patrimonio estructurado en varias capas societarias, sí.

Es cierto que el modelo nórdico no es exportable sin adaptaciones. Requiere niveles de confianza institucional que no se construyen por decreto, y plantea dilemas reales sobre seguridad y estigmatización que no son menores. Pero la pregunta de fondo que plantea —¿tiene la ciudadanía derecho a saber lo que cada cual aporta al bien común?— es una pregunta política legítima que en España ni siquiera se formulan quienes se presentan a las elecciones.

Mientras arranca la campaña de la renta y millones de contribuyentes abren sus borradores —a buen recaudo de las miradas de extraños—, vale la pena recordar que esa discreción no es un valor universal. En algunos países es, simplemente, una convención.

La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

España cerró 2025 con un déficit público de 40.330 millones de euros, un 2,39 % del PIB (incluido el impacto de la dana), con lo que cumple con el objetivo comprometido con Bruselas (2,5% del PIB) y marca el nivel más bajo desde el estallido de la crisis financiera.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda, el déficit público se redujo en 2025 en 10.937 millones de euros, un 21,3%, con respecto a 2024. Esto supone un descenso de 0,83 puntos con respecto al dato global de 2024 (3,22% del PIB).

Si se descuenta el impacto de la dana (3.550 millones), el déficit público habría cerrado en 36.780 millones, un 2,18% del PIB, 0,68 puntos menos que el dato de 2024 que incluía el gasto asociado a la catástrofe.

La ejecución presupuestaria ha sufrido fuertes oscilaciones en las últimas dos décadas, al pasar de los superávits del 'boom' inmobiliario (2005, 2006 y 2007) a los abultados déficits de la crisis financiera (superó el 11% del PIB en 2009 y 2011) y la pandemia (9,9% del PIB en 2020), con correcciones posteriores que, hasta ahora, no habían ido más allá del déficit del 2,6% del PIB anotado en 2018.

"Hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable", ha señalado el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en un comunicado.

El Ministerio de Hacienda ha explicado que esta corrección del déficit ha sido posible gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria, que aumentó un 10,4% en 2025, hasta los 325.356 millones de euros.

Según Hacienda, la mayor recaudación está relacionada con el crecimiento de la economía y las cifras récord de empleo, ya que la inflación explica solo 1,3 puntos de ese crecimiento.

La recaudación por IRPF ascendió a 142.466 millones, un 10,1% más, gracias al "dinamismo laboral"; la de IVA a 99.532 millones, un 9,9% más, por el impulso del consumo; y la del impuesto de sociedades a 42.266 millones, un 8,1% más, por los "altos beneficios obtenidos por las empresas".

El nuevo impuesto sobre las transacciones financieras recaudó 339 millones de euros.

En 2025, la administración central acumuló un déficit de 33.168 millones, un 29,26% menos y un 1,97% del PIB, a pesar del impacto de la dana.

Las comunidades autónomas, en cambio, duplicaron su déficit hasta los 6.650 millones (0,39% del PIB) debido a que la liquidación del ejercicio 2023, realizada en 2025, fue menos positiva que la del año anterior.

Ocho comunidades autónomas cerraron 2025 con superávit, encabezadas por Navarra (2,04% de su PIB) y Asturias (0,51%); mientras que los déficits más abultados se concentraron en Murcia (1,56%) y Comunitat Valenciana (1,54%).

La Seguridad Social registró un déficit de 5.580 millones (un 32,1% menos y un 0,33 % del PIB), una reducción que fue posible gracias a la buena evolución de las cotizaciones sociales.

Las corporaciones locales, en cambio, lograron un superávit de 5.068 millones (0,3% del PIB), un 28,4% inferior al de 2024.

El ministro con perfil de yerno ideal acaba de pasar de Cuerpo a Cuerpazo, por los poderes que le otorga la Vicepresidencia Primera del Gobierno a la que acaba de ascender esta semana. Y a pesar de su aspecto inofensivo, siempre sonriente, empático y al margen de polémicas, ese halo de osito de peluche no se corresponde con la realidad. Porque para abrirse paso hasta puestos tan altos siempre hay que trabajárselo concienzudamente. Y Cuerpo ha tenido una evolución fulgurante. En plan bien, eh. Que se lo digan a Gonzalo García, secretario de Estado de Economía con Nadia Calviño cuando vio que Cuerpo saltaba por encima, al ser elegido en su lugar como ministro en diciembre de 2023, y pasaba a ser su superior cuando hasta entonces él había sido su jefe. Algo que no sucedió con Sara Aagensen, para la que sí corrió el escalafón cuando Teresa Ribera se fue a Bruselas.

Cuerpo ya tenía cuerpazo de vice antes de ser designado, como él mismo evidenció cuando su nombre estaba en las quinielas y dijo que eso significaba que lo había hecho bien. Su nombramiento ha caído regular en el partido. Los militantes socialistas preferían a uno de los suyos, a Bolaños más concretamente. Ninguno de los tres vicepresidentes tiene carnet del partido. Ni Carlos Cuerpo ni Sara Aagensen ni, por supuesto, Yolanda Díaz. De hecho, Cuerpo es el que pone freno a las políticas más progresistas.

Sánchez ha optado por despolitizar el Gobierno, quiere perfiles que transmitan moderación. Busca acercarse a un votante liberal moderado, cuando el centro está desaparecido y resulta que su última resurrección se debe al 'No a la Guerra', un eslogan capaz de sacar del letargo a la izquierda, pero con exiguo impacto en el resto. Una quimera. Con esta decisión, la vicepresidencia primera ha dejado de ser política con la marcha de Montero a Andalucía y se ha transformado en económica. Pedro Solbes o Nadia Calviño fueron números uno claramente económicos, que no entraban en negociaciones con otros grupos parlamentarios o con socios de gobierno, mientras que Soraya Saénz de Santamaría o Carmen Calvo fueron muy políticas, y llevaron a sus espaldas el peso que eso supone.

A Cuerpo se le considera en el partido de la secta de los técnicos del Estado con propensión a tirar de compañeros cuyas credenciales ideológicas no son demasiado progresistas, sino más bien del ala derecha de la socialdemocracia, a los que el partido les sirve para llegar al poder, pero que luego montan su camarilla tecnócrata, nombrando a colegas que encajan mejor en el PP que en el PSOE. Su perfil angelical deja más expuesto a Sánchez, quien concentrará más los golpes de la oposición, aunque a Cuerpo le toca, sí o sí, mostrar un lado más político que hasta ahora, que se quejaba de que nadie le interpelaba en el parlamento ni tenía gran interés para los medios.

En el caso de Hacienda, en cambio, se ha buscado un perfil mixto. Arcadi España, aunque sea un desconocido para la ciudadanía, es un hombre de partido, un reputado fontanero. Aquí no ha funcionado sustituir a Montero por su secretario de Estado, Jesús Gascón, un inspector de Hacienda que no ha pasado a primera línea. Al nuevo ministro le va a tocar liderar bastantes negociaciones políticas hasta el fin de la legislatura. El único problema de Arcadi España es que acapare el foco que debería tener Diana Morant como figura del socialismo valenciano y le perjudique en su candidatura a la Generalitat.

Pedro Sánchez es economista de profesión. Y eso lo lleva grabado a fuego. La sustitución de María Jesús Montero en la Vicepresidencia Primera y en Hacienda era un reto mayúsculo para él. Tenía claro que quería mandar un mensaje claro: gestión en unos tiempos económicos convulsos marcados por la guerra de Irán. Para ello impulsa al tándem Carlos Cuerpo-Arcadi España.

Sánchez realizó este jueves su quinto cambio de Gobierno en lo que va de legislatura. No se adentró en una profunda crisis de varios ministerios, sino que optó por una remodelación quirúrgica con Cuerpo ascendiendo a la Vicepresidencia Primera, además de mantener la cartera de Economía, e incorporando a Arcadi España como responsable de Hacienda. Pero, a pesar de que los movimientos son concretos, los nombramientos tienen una honda carga política. 

A partir de este momento, Cuerpo se convierte en el número dos del Gobierno. Se trata de un perfil bastante técnico y con buena reputación dentro de la Administración, pero con una imagen que ha calado en la sociedad española. Sus formas educadas y tranquilas lo han aupado en estos tiempos de polarización a ser el ministro mejor valorado por los ciudadanos, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Al ministro de Economía le acompañan, además, las cifras macro, con España encabezando el crecimiento de las economías más desarrolladas. El modelo español es citado en foros y medios internacionales, incluso en los más conservadores. Desde el foro de Davos hasta Financial Times y The Economist. El ministro asimismo domina varios idiomas y muchos ciudadanos tienen en la retina su imagen hablando japonés durante una visita oficial a Tokio.

Ese perfil políglota e internacional es una debilidad para el presidente del Gobierno. Cuerpo entronca en ese sentido con dirigentes como Nadia Calviño, Teresa Ribera, José Manuel Albares, Luis Planas y Sara Aagesen. Precisamente Calviño es su gran madre política. Él creció dentro de Economía junto a ella, que lo nombró secretario del Tesoro. Y también fue ella quien convenció a Sánchez de que lo nombrara en su puesto cuando dio el salto al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Cuerpo ha cogido desde entonces mucho vuelo y también hizo muy buen equipo con la todopoderosa María Jesús Montero. Y eso que el esquema es complicado y dado a las rivalidades por la separación de Economía y Hacienda. Además, su protagonismo ha ido in crescendo por su papel durante la guerra arancelaria iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, y especialmente por ser el encargado de pilotar el paquete de ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán.

Precisamente su nombramiento como vicepresidente primero llegó poco más de una hora después de que el Congreso diera su visto bueno al real decreto con las medidas, que el propio Cuerpo defendió desde la tribuna de oradores. Moncloa ha mimado la figura del responsable de Economía en las últimas semanas, multiplicando sus apariciones en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

Pero no todo es placidez en el trayecto político de Cuerpo. Dentro del Ejecutivo son conocidos sus enfrentamientos con el ala de Sumar, especialmente con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con quien mantiene actualmente un duro pulso por la aprobación del reglamento para endurecer el registro horario. La lucha fue también encarnizada durante la negociación interna para el fallido proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, con Díaz llegando a llamar “mala persona” al titular de Economía. El socio minoritario del Ejecutivo lo suele calificar como un “liberal con zapatillas”.

La figura de Cuerpo, en cambio, responde a las esencias de la socialdemocracia. Proveniente de una familia extremeña muy humilde, se crio en Suiza donde emigraron sus padres buscando progresar. Él luego estudiaría en la Universidad de Extremadura y pasaría por la London School of Economics y la Autónoma de Madrid. Posteriormente se sacaría la oposición para el Cuerpo de Economistas del Estado.

La defensa de lo público está en su ADN. Es su historia familiar. La de miles de extremeños. Él mismo la verbalizó el día que tomó posesión como ministro de Economía: “Soy consciente de las oportunidades que he ido teniendo porque estoy sentado a hombros de gigantes. Mi abuelo nació en los años veinte y cuando era muy pequeño estalló la Guerra Civil. Apenas pudo estudiar y con nueve años tuvo que empezar a trabajar arrimando arena y subiéndola a su burro o haciendo de pinche en la mina de wolframio. Era de Valle de la Serena, en Extremadura. La obsesión de mi abuelo era poder dar una educación a sus hijos. A fuerza de sacrificio consiguió mandar a mi madre y a mi tío también con nueve años al colegio de la capital. A Madrid no, a Badajoz”.

“Siguiente generación: este sentimiento queda marcado a fuego en mi madre. Junto con mi padre, tiene la valentía de tomar la decisión importante de emigrar. Nos vamos a Suiza. Nos quisieron dar las oportunidades que ellos no habían tenido como aprender idiomas y tener una visión del mundo más abierta. Yo tenía nueve años también”, comentó, para luego decir que su hija tiene ahora esa edad.

Ahora Cuerpo tendrá que formar tándem profesional con Arcadi España, que coge las riendas del Palacio de la Aduana para capitanear Hacienda. Aunque su nombre es desconocido para el gran público, este dirigente socialista está fuertemente asentado en el Gobierno (hasta ahora ha sido secretario de Estado de Política Territorial) y en el partido (forma parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE).

Su nombramiento tiene varias lecturas políticas. Y una de ellas es que el socialismo valenciano coge todavía más poder en un momento en el que los socialistas se han marcado como una de sus grandes metas recuperar esa comunidad autónoma. Sánchez está rodeado ahora mismo de valencianos. En el Ejecutivo están Diana Morant, al frente del Ministerio de Ciencia, y Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación. Además, en Ferraz están Rebeca Torró (secretaria de Organización) y Pilar Bernabé (responsable de Igualdad).

España es una de las personas de máxima confianza del expresidente valenciano Ximo Puig, muchos lo definían como el gran delfín para la sucesión levantina. No es un novato en la cartera que asume, ya que fue el conseller de Hacienda de la Generalitat, donde llevó a cabo una profunda reforma fiscal. 

Esa experiencia ha sido determinante para llegar hasta el ministerio, pero también su sensibilidad para tejer consensos en una coalición como la actual con Sumar. España sabe lo que es tener que lograr puntos de encuentro con su izquierda en un tema tan delicado como son los impuestos. Ya lo vivió en primera persona durante aquellos años en el Govern junto a Compromís. 

Pero hay otro flanco importantísimo en el nombramiento de España: es un convencido federalista. Este punto es esencial para un Gobierno que depende de socios como Esquerra, Junts, el PNV, EH Bildu, Compromís y el BNG. Tiene, por ejemplo, por delante el gran reto de sacar adelante en el Congreso la reforma de la financiación autonómica planteada por Montero. 

El otro gran reto que tiene ahora es pilotar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que están presentes las comunidades (la mayoría de ellas en manos del Partido Popular). Su papel como secretario de Estado de Política Territorial le ha servido durante estos años para ir tejiendo relaciones con las diferentes autonomías y conocer de primera mano las necesidades de cada territorio. 

Y, por supuesto, le tocará liderar la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado, que el Gobierno quería presentar en las próximas semanas, pero que se ha aplazado por la presentación del decreto de medidas por la guerra de Irán. Este punto puede ser crucial para poder agotar lo que queda de legislatura, aunque Sánchez ya ha dicho que no adelantará las elecciones aunque el Congreso no dé el visto bueno a las cuentas públicas.

El tándem Cuerpo-España llega con galones económicos. Pero, ahora, le toca jugar en la primera línea política, donde no valen solo los números. 

El PSOE niega que el secretario adjunto de Organización y responsable de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón, tenga algún tipo de acción o participación "directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera": "Su ámbito siempre ha sido España".

"Sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados", señalan fuentes de Ferraz después de que El Confidencial haya publicado que Cabezón controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria.

Según esta información, Cabezón habría utilizado durante años una estructura societaria administrada por testaferros diseñada para evadir impuestos con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica que ocultaban su identidad.

Desde el PSOE niegan que tenga algún tipo de acción o participación en una sociedad mercantil extranjera. Cabezón es ahora mismo uno de los dirigentes más fuertes del partido desde que Pedro Sánchez lo integró en un puesto clave en la Comisión Ejecutiva Federal en la remodelación que hizo en julio del año pasado para reestructurar el equipo de Ferraz tras el caso Cerdán.

Cabezón es una de las manos derechas de la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró. Antes de ocupar este puesto en la dirección, el socialista madrileño ha sido consejero delegado de ENISA, embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global del Gobierno de España, director general de Asuntos Nacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de España y diputado en la Asamblea de Madrid.

Un informe de Hacienda cifra en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como "prima de éxito", coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.

Hacienda pide en su informe al juez que requiera más informaciones sobre cuentas vinculadas a Montoro, los socios de su despacho y sus cónyuges, pero, con la información que ya tiene en su poder, sostiene que los pagos a Equipo Económico vinculados a las reformas legislativas que beneficiaban a las gasísticas ascenderían a 991.613 euros.

Esos pagos de las gasísticas, según Hacienda, "se producirían coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".

El informe advierte también de que no pueden descartarse otras "transferencias adicionales a las localizadas", que puedan estar "veladas" tras cheques y facturas que no han podido ser analizados.

Según el informe, de más de 250 páginas, los pagos de las empresas estarían "fragmentados", no solo respecto a su pagador e importe, sino también en distintas cuentas bancarias y sociedades "por las que trasiegan dichos fondos para desembocar, entre otros, en consumos o utilidades" de socios del despacho, personas y cuentas bancarias o activos de los que no se ha podido hallar información.

Esa fragmentación de pagos, mantiene Hacienda, "sería indiciariamente instada por el despacho investigado" y presuntamente se diferían "bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar a los mismos de su origen temporal".

A raíz del análisis de los correos y las actas del despacho intervenidas en la causa, las gasísticas investigadas eran "conscientes, pagaban y se vanagloriaban muchos antes" de obtener lo pactado.

El informe detalla también pagos fragmentados, "al albur de facturas que formal e indiciariamente permitirían frente a terceros justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa".

De hecho, el informe señala casos en los que en las cuentas bancarias controladas por los socios del despacho, exsocios, cónyuges y sus sociedades, los fondos se destinarían a "mínimos consumos" para ser después agrupados y transferidos a "otras cuentas desconocidas, bajo conceptos bancarios genéricos o que impiden la identificación de los destinatarios".

Por ese motivo, la Agencia Tributaria plantea al juez que emita un nuevo mandamiento o requerimiento a las entidades bancarias para solicitar esos datos "de forma ampliada, con el máximo detalle del que se disponga sobre el origen y destino de los fondos". 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que prorrogue seis meses la causa ante la necesidad de practicar nuevas diligencias, informa EFE.

Así lo solicita la fiscala Carmen García Cerdá al juez de Tarragona que investiga al exministro del PP y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos. Una causa que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario.

La fiscala, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, interesa la prórroga de las diligencias por un periodo de 6 meses, "ya que la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación impide que pueda finalizar la instrucción antes del día 29 de enero de 2026", recalca.

Recuerda que en junio de 2025 se levantó el secreto de las actuaciones y se acordó dirigir el procedimiento contra Montoro y el resto de personas en calidad de investigados, que deben declarar sobre los hechos investigados.

Según la fiscala, la propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de los investigados, la declaración de testigos u otras diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, que analiza las cuentas bancarias de los investigados.

La cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada en la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades salvo Cataluña.

La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Juqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

La reunión ha terminado poco antes de las 14:30 horas de este mediodía tras de más de cuatro horas de debate, centrado fundamentalmente en que Montero expusiera los detalles del nuevo sistema, que necesitaría la mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor.

El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, o la consejera de Madrid, Rocío Albert, han expresado tras el encuentro, y en declaraciones a los periodistas, que todas las comunidades autónomas participantes en el encuentro, salvo Cataluña, han manifestado su desacuerdo.

Albert ha explicado que el sistema no va a salir adelante en el Congreso, porque la norma que lo regula no recibirá apoyos suficientes, ya que ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña. ¿Cómo va a aprobar este acuerdo”, se ha preguntado la consejera madrileña.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo modelo de financiación, que la mayoría de ellas rechaza, será voluntaria, según informa EFE.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado que Montero ha trasladado esta circunstancia a los representantes de las comunidades que asisten al Consejo de Política Fiscal y Financiera que este miércoles debate en Madrid la propuesta de financiación planteada por el Gobierno central.

Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, de acuerdo con una prerrogativa que no es nueva sino que ya aparece en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, aprobada en 2009.

La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema-, según las cifras facilitadas el pasado viernes por la propia ministra de Hacienda.

Además, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado a los representantes de las comunidades que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera está reunido en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid desde las 10:30 horas, con nulas perspectivas de consenso acerca del modelo de financiación planteado por el Gobierno y acordado previamente con ERC, de acuerdo con lo avanzado por las distintas comunidades.

Únicamente la consejera catalana de Economía y Finanzas ha mostrado, en declaraciones a la prensa a su llegada al Ministerio de Hacienda, una buena disposición hacia el nuevo sistema, mientras todas las comunidades gobernadas por el PP y al menos Castilla-La Mancha entre las socialistas, han expresado su rechazo.

El 2026 ha arrancado con uno de los 'melones' que el Gobierno se había resistido a abrir hasta ahora: el de la financiación autonómica. La propuesta busca renovar el actual modelo que data de la época de José Luis Rodríguez Zapatero y que está caducado desde hace doce años. La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez surge de un acuerdo con Esquerra Republicana en 2024 pero supone más recursos no solo para Cataluña sino para todas las autonomías, una mayor cesión de impuestos y una reducción de las brechas de financiación entre territorios.

La reforma deberá canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que integra al Gobierno central y a los autonómicos donde se debaten y votan las cuestiones que afectan a ambos organismos, y en el Congreso posteriormente. Este último será el escollo más difícil para el Gobierno, tanto por la negativa del Partido Popular como la de Junts, que tacha de insuficiente el acuerdo.

Este miércoles la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá el CPFF, con una mayoría de consejeros de ramo del Partido Popular, que acudirán a la cita pero que —como ya sucedió en el consejo que aprobó la quita de la deuda autonómica— podrían amagar con levantarse de la mesa en señal de protesta pese a que, según el reparto anunciado por Montero, las comunidades controladas por las derechas recibirán el 70% de los nuevos fondos.

Lo cierto es que la mayor parte de las autonomías del PP no están cómodas con el modelo actual, que caducó en 2014. En aquel entonces era Mariano Rajoy quien presidía el Gobierno, pero fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. En las dos primeras legislatura con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso y el complejo calendario electoral.

La propuesta que presentó la ministra de Hacienda el pasado viernes ampliaría en 21.000 millones los recursos que se reparten entre las comunidades y las principales beneficiarias serían Andalucía, Cataluña, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. Unos fondos que saldrían de una mayor cesión de impuestos a las autonomías, que pasarían a recaudar el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, en lugar del 50% actual, aunque el Estado aportaría también más. Una de las novedades pasaría por el cambio en las reglas de reparto, con el objetivo de que las autonomías dependan más de "lo que cuesta dar servicios", la llamada población ajustada, y de un mecanismo de solidaridad.

Con todo, todavía falta por conocer mucha "letra pequeña" de esta propuesta, tal y como subraya Jesús Ruiz-Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas. El experto, eso sí, destaca que la propuesta "trata de salir del impás" del modelo actual. "Lo más significativo es que hay un importante volumen de recursos. Eso significa poner trabas al desequilibrio vertical, es decir, a las autonomías que se encontraban con insuficiencia de recursos. Eso es importante y se hace realizando nuevas propuestas y ajustando los problemas actuales", explica a infoLibre.

Hacienda ha planteado ajustes metodológicos en el cálculo de la población ajustada, la principal variable de reparto de los recursos del sistema. Este indicador se corresponde a la población real de cada territorio, ponderada por variables que influyen en el coste de prestar los servicios públicos básicos, como el envejecimiento o la dispersión geográfica. Pero también garantiza a Cataluña el "principio de ordinalidad", que implica que las comunidades que más aportan a la financiación común no se queden después rezagadas en el reparto de los recursos del sistema.

Esto último es lo que ha provocado el enfado de algunas comunidades del PP y de otras socialistas como Castilla-La Macha, pero a juicio de Ruiz-Huerta no es "ninguna barbaridad" ya que "es lógico que haya una redistribución" pero también tiene sentido que las comunidades que más aporten pidan un retorno similar. "La filosofía general, y es necesario que la gente lo sepa, es que ordenamos las autonomías según su capacidad de obtención de recursos", señala. El experto afirma que hay muchas "variables" a tener en cuenta y a veces hay que "ajustar" el reparto, pero que con este modelo la diferencia entre "la que mas recibe y la que menos se recorta sustancialmente".

Tal y como explicó Montero, uno de los objetivos es ese. Es decir, reformar el "mecanismo de solidaridad interterritorial" para reducir la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor, una brecha que actualmente alcanza los 1.500 euros por habitante y que con el ajuste diseñado se estrecharía hasta los 700 euros. Frente al discurso enarbolado por la derecha de que 'España se rompe' con este reparto, Ruiz-Huerta subraya que, según lo que conocemos, se trata de "un reparto razonable" porque "ninguna autonomía va a perder": "Todas van a ganar", zanja.

Desde que se anunció el acuerdo en 2024, los barones autonómicos del PP han rechazado el modelo antes de conocer los detalles argumentando que únicamente iba a beneficiar a Cataluña y a conferirle unos privilegios territoriales sobre el resto. La realidad es mucho más compleja, ya que las autonomías del PP tienen intereses contrapuestos en función de las especificidades de sus territorios. Eso no ha impedido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cite a sus barones este domingo en Zaragoza para "fijar una postura común". El número dos de Feijóo, Miguel Tellado, también prometió que su formación aprobará un nuevo sistema de financiación autonómica "en un año" si llega a la Moncloa.

Las autonomías de la derecha se quejan de manera habitual de la cantidad de recursos que reciben por parte del Estado. Se trata de un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente, aunque después sus políticas fiscales vayan en otra dirección: la de bajar impuestos.

La dificultad del nuevo modelo es conciliar tres grandes posiciones entre comunidades del PP. La que defienden Juanfran Pérez Llorca, Juanma Moreno y Fernando López Miras es una reforma que "nivele las diferencias del sistema" porque entienden que están por debajo en proporción a su población. En el caso valenciano, se reconoce que la propuesta puede aportar un aumento "sustancial" de recursos, pero se insiste en que sin condonación de deuda ligada a la infrafinanciación —o con un fondo transitorio previo— el problema no queda resuelto. Todas ellas insisten en que el modelo debe ser multilateral y "sin singularidades" pese a que el actual reparto les beneficia.

Pero hay muchos intereses en juego y lo que defienden estas tres autonomías no es lo mismo que quieren Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PP), La Rioja (PP), Castilla y León (PP), Extremadura (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PP) que, en líneas generales, abogan por que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo. Algunas de ellas rechazan frontalmente la "ordinalidad", ya que según ese criterio serían las que menos fondos recibirían.

El mapa se completa con Illes Balears (PP), Cataluña (PSC) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio citado anteriormente: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la comunidad más beneficiada y la menos. En ese sentido, las dos comunidades presididas por Isabel Díaz Ayuso y por Marga Prohens critican que solo se aplique a Cataluña, lo que a su vez choca con lo que demandan otras autonomías del PP.

Para el director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas "es normal que los políticos de cada comunidad intenten defender sus intereses", pero cree que que es "importante romper la dinámica partidista" y califica de "lamentable" los intentos de hacer una "guerra" con esta cuestión. "En las negociaciones hay que ceder y es muy importante tener lealtad institucional, porque al final al quien acaba repercutiendo es a la ciudadanía", zanja.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este viernes que el nuevo sistema de financiación autonómica aportará unos 16.000 millones de euros adicionales a las regiones en 2027, gracias a la cesión de una mayor parte de la recaudación de IRPF e IVA, según recoge EFE.

En la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, Montero ha señalado que la propuesta del Gobierno prevé incrementar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que se destina a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente.

Además, se incorporan a la cesta de tributos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.

Montero ha asegurado que el nuevo sistema de financiación autonómica reportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

En una rueda de prensa, la titular de Hacienda ha señalado también que los recursos que el nuevo sistema aportará a estas comunidades (todas menos Navarra y País Vasco) alcanzará ese año 2027, en que entraría en vigor si finalmente se aprueba, los 224.507 millones de euros, más de un 47% más que los 152.484 millones de 2023, que es el ultimo ejercicio liquidado.

Montero presentará este nuevo modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles para la próxima semana.

El Ministerio de Hacienda propondrá elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, según adelanta este viernes La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del pacto entre el Gobierno y ERC.

Este incremento, que supondría que la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones, se incluye dentro de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que este viernes presentará a los medios de comunicación la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La cesión de una mayor parte del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas incrementaría los recursos disponibles para financiar a las regiones en miles de millones de euros.

A modo de ejemplo, dado que en 2024 (último ejercicio cerrado) el IRPF recaudó 129.408 millones y el IVA, 90.541 millones, ese mayor porcentaje hubiera aportado en ese año 12.355 millones adicionales de financiación a las regiones: 6.470 millones de IRPF y 5.885 millones de IVA.

La propuesta que presentará este viernes Montero también dará a las comunidades autónomas la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Esto permitiría a las regiones obtener todos los recursos que les corresponden en tiempo real, sin tener que esperar dos años para obtener fondos adicionales cuando la recaudación supera las previsiones ni tener que devolver parte de las entregas a cuenta cuando las previsiones han sido demasiado optimistas.

Montero tendrá ahora que presentar la propuesta de reforma a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que todavía no ha sido convocado, aunque serán las Cortes quienes tendrán que aprobar el proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya avanzó el jueves tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "nadie pierde y todo el mundo gana" con la nueva propuesta, que, afirmó aportaría 4.700 millones de eros adicionales a Cataluña sin implicar una pérdida en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado este viernes en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación a la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, según recoge EFE.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, estos requerimientos de documentación forman parte de la operación puesta en marcha por el orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que los agentes se han personado esta mañana en su sede para solicitar "dos expedientes administrativos" en el marco de la investigación. "No se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información", puntualiza. El ministerio "ha facilitado rápidamente y con total colaboración la documentación requerida. Los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos", zanjan.

El Juzgado ordenó la practica de 19 registros y requerimientos de información el jueves y se conocieron algunos de ellos, como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada al igual que en Correos.

Las fuentes han precisado que los agentes se han desplazado a organismos dependientes de esos ministerios, como la Dirección General de patrimonio del Estado o el Tribunal de Recursos contractuales, entre otras.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación "y el ministerio la ha entregado a los agentes con total colaboración y transparencia".

Mientras, fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos, pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario.

El jueves la UCO requirió documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos por la UCO serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde el miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este viernes la "absoluta colaboración" de los ministerios con la UCO para trasladarles la información que requieran dentro de la investigación que están llevando a cabo "para llegar al esclarecimiento de la verdad".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero se ha referido a la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso

La fiscalidad en torno a las grandes tecnológicas es un tema que cada cierto tiempo resurge con fuerza en el debate nacional y europeo. Esta vez ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha vuelto a abrir el melón para pedir un impuesto más alto que ha denominado como “tasa Trump”. La idea, que detallaba la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, es que ese impuesto alcance el 15% para un sector que “ha operado sin reglas durante años y que ha tenido grandes beneficios operando con los datos de la población”, concluía. En el punto de mira están las llamadas big tech o GAFAM: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta y Microsoft.

Su modelo de negocio en “la nube” y la forma en la que funcionan ha hecho a los sistemas de control caminar siempre un paso por detrás. Por ejemplo, el juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid impuso a Meta una sanción de 542 millones por infringir la ley de protección de datos al emplear estos con usos publicitarios y lucrativos. De esta forma, ejercía una competencia desleal con respecto a los medios de comunicación tradicionales, considera la Justicia. Todo es nuevo en este ámbito, desde el modelo de negocio al pago de los tributos. Pero, ¿cómo es la fiscalidad de estas macroempresas que operan, muchas veces, sin presencia física o activos tangibles y que declaran el grueso de sus beneficios en países con ventajas fiscales como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos? 

Datos personales, algoritmos, plataformas, programas informáticos, aplicaciones, derechos digitales… El 8 de octubre de 2021 alrededor de 140 países de todo el mundo se reunieron para revisar las normas aplicables al impuesto de sociedades con un objetivo: “modernizar la fiscalidad de cara a la era digital y mitigar la competencia fiscal mundial”. El planteamiento tenía dos pilares: uno era crear un tipo impositivo efectivo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las empresas multinacionales, que entró en vigor en la Unión Europea en 2024. Pero en el otro pilar surgieron los problemas.

La propuesta pedía conceder a los países donde se encuentran los clientes de las empresas el derecho a gravar una parte de los beneficios, tengan o no presencia física en su territorio estas compañías. Y aquí fue donde Estados Unidos protestó y el acuerdo se estancó. “Este pilar, aún pendiente de aprobar, pretende reasignar parte de los beneficios de las big tech a los países donde realmente tienen usuarios y mercado, pero su implementación está siendo muy lenta por falta de consenso global”, resume Raquel Jurado, economista experta en fiscalidad y miembro del Consejo General de Economistas. De hecho, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, llegó a amenazar con represalias a los países que intenten hacer un seguimiento fiscal más exhaustivo.

Según un informe de la Comisión Europea, Estados Unidos, al que pertenecen la mayoría de las grandes multinacionales tecnológicas, alegó que este acuerdo perjudicaba “desproporcionadamente” a sus empresas. Para ponderar la magnitud de estas big tech (todas ellas estadounidenses) basta decir que juntas —y añadiendo la empresa de software Nvidia y Tesla a la cuenta—, rebasan los 20 billones en capitalización bursátil, una cifra que supera el PIB de China. Pero su alcance se mide también en lo más cotidiano: cuando compramos en Amazon o nos ponemos unos AirPods, cuando abrimos un ordenador, escribimos en un documento o abrimos Instagram. La nube se traduce en datos, algoritmos, plataformas y dinero, de forma que el negocio digital —que tan despistados ha tenido a los sistemas tributarios— se vuelve mucho más tangible. 

Hasta ahora, la estrategia de estas macroempresas ha sido trasladar el grueso de sus beneficios a países con sistemas fiscales beneficiosos, convirtiendo sus filiales en una especie de “clientes” de la compañía matriz, a través, por ejemplo, de la cesión de derechos de propiedad intelectual a las matrices para que luego cobren por ellos. “Las big tech en España tributan principalmente por el Impuesto sobre Sociedades a través de sus filiales, pero normalmente solo por una remuneración limitada, porque la mayor parte del beneficio se declara en otros países (Irlanda, Países Bajos…)”, explica Jurado.

Amazon posee siete filiales en España, pero su matriz europea está en Luxemburgo. En nuestro país, generó el año pasado unas ventas brutas de más de 8.000 millones, 3.350 millones de beneficios y, según sus propios datos, pagó 400 millones de euros en impuestos directos derivados de Sociedades, de la “tasa Google”, de derechos de importación o por la construcción o compra de terrenos. Por su parte, Microsoft, con sede en Irlanda, también cuenta con diversas filiales nacionales. La principal —Microsoft Ibérica— ingresó 1.688 millones y su beneficio después de impuestos fue de 35 millones tras un pago de tasas de 21 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 

En cuanto a la marca de la manzana, opera en España principalmente bajo Apple Retail Spain y Apple Marketing Iberia. Ambas sociedades dependen de Apple Retail Europe Limited, con sede en Irlanda y controlada, en última instancia, por Apple INC, con sede en California (EE UU). Sus ventas en Europa ascendieron a 33.861 millones, un 11% más que en el año previo, y en España Apple Retail facturó el año pasado 575 millones, ganó 21,4 antes de impuestos y pagó 4,6 en impuestos sobre beneficios, de acuerdo con su depósito de cuentas. Por su parte, Apple Marketing facturó 226,9 millones, obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 103 y pagó en impuestos aplicados sobre beneficios 25 millones. 

Meta, que agrupa a Facebook, Instagram o WhatsApp, trabaja en España a través de la sociedad Facebook Spain SL y sus números aquí no suelen ser buenos. En 2023 sus cuentas reflejan unas pérdidas de 36,3 millones, en 2024 (último ejercicio disponible) volvió a ofrecer unas pérdidas de 51 millones, con una cifra de ventas de 73 millones. La actividad de esta filial se ciñe en España, según sus cuentas, al negocio de la publicidad, todo lo demás pasa por su sede europea de Dublín. Sin embargo, la empresa matriz, con sede en California, ganó en conjunto el año pasado 62.360 millones, un 59% más. Su facturación, también de récord, llegó a los 164.501 millones. 

En su último encuentro con la regulación española, Meta ha sido sancionada por emplear los datos de sus usuarios sin consentimiento expreso para fines publicitarios. Algo que contraviene la ley y supone una competencia desleal por el mercado de la publicidad, una práctica abusiva a la que también se pretende poner límites.

Google (Alphabet), por su parte, ha tenido también algunos encontronazos con la Agencia Tributaria. En 2016 y 2017 el fisco les inspeccionó y la filial, centrada también en la venta de publicidad, pagó algo más de tres millones de euros para regular el impuesto de sociedades entre 2011 y 2015. El año pasado, su filial española ganó 78,5 millones de euros, con una cifra total de negocio de 328,5 millones. En impuesto de sociedades pagó, de acuerdo con su depósito de cuentas, 25 millones en 2024. Su matriz, en cambio, ingresó más de 88.000 millones, con un beneficio por encima de los 30.000.

En el caso de España, se han ido implementando medidas para gravar este tipo de empresas. La más conocida es la denominada “tasa Google”, que entró en vigor en 2021 y acumula una recaudación de 1.122 millones en estos cuatro años. La recaudación está muy por debajo de lo que el Gobierno estimaba en un primer momento (unos 969 millones anuales), pero ha ido aumentando. El último dato disponible en la Agencia Tributaria y relativo a 2024 llegó hasta los 375 millones, un 23% más que en el ejercicio previo. 

Este impuesto se aplica a ingresos derivados de servicios de publicidad en línea (ejemplo), de intermediación online y de transmisión de datos, un ámbito problemático como ya ha dejado claro la reciente multa a Meta. Deben pagarlo las compañías con una cifra de negocio superior a 750 millones y en las cuales el importe total de sus ingresos por servicios digitales del año anterior supere los tres millones de euros. De forma que a las multinacionales que deben abonarlo se les aplica un 3% sobre los ingresos generados por servicios digitales. Este impuesto, explica la economista, “grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en territorio español”, concluye.

La imposición de una nueva tasa, que Sumar pretendía incluir en los presupuestos generales del Estado, aún no es una “propuesta cerrada”, señalan fuentes del Ministerio, pero el debate lleva tiempo sobre la mesa y va más allá de las fronteras nacionales. “La dificultad para subirles más impuestos radica en que España no debería actuar unilateralmente: las normas de fiscalidad internacional deberían ser coordinadas”, señala la experta. Y concluye que “una vía realista” para hacerlo sería lograr una “coordinación a nivel internacional”.

El proceso para renovar la senda de déficit ha echado andar. Y el PP ya ha cerrado la puerta a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE a pesar de tener en su poder la mayoría de las comunidades autónomas y de que la propuesta colocada encima de la mesa por el Ministerio de Hacienda suponga un margen fiscal para las administraciones regionales en su conjunto de 5.485 millones de euros adicionales hasta 2028.

Ese abismo entre el Gobierno central y las administraciones del PP quedó reflejado en la reunión del lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien se encontró un frente constituido por las comunidades gobernadas por el PP, que se instalaron en el ‘no’ a pesar de esa capacidad de gasto extra que supone la hoja de ruta emprendida por el Ejecutivo central.

La nueva senda de estabilidad impulsada por el Gobierno, que pasa este martes su aprobación en Consejo de Ministros y que se enviará posteriormente al Congreso, fija para las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB en los tres próximos ejercicios. Esto supone, según los cálculos de Hacienda, un margen fiscal de 5.485 millones de euros.

Pero esa capacidad no está asegurada en estos momentos para las comunidades porque no goza de mayoría en la Cámara Baja. El Ejecutivo entiende, tras la reunión de este lunes, que Génova 13 no facilitará su tramitación en el Parlamento a pesar de que las autonomías populares son mayoría y podrían contar con más recursos para financiar competencias como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia.

El Gobierno quedará, si el PP no hace un sorpresivo giro final, otra vez en manos de Junts. Los de Carles Puigdemont ya hicieron caer, junto a populares y Vox, el último intento de Hacienda de aprobar una nueva senda en julio de 2024. Además, ahora siguen manteniendo que van a bloquear la legislatura. Según establece la ley de estabilidad presupuestaria (en el artículo 15.6), si el Ejecutivo no saca adelante los objetivos de estabilidad, tendrá que volver a presentarlos antes las Cortes en el plazo de un mes.

La intención de Hacienda es que esa votación, y la posible segunda ronda, se puedan celebrar en sesiones plenarias en el Congreso antes de que finalice el año. Y apelan directamente desde el Gobierno a los socios de investidura para que respalden los nuevos objetivos porque dan un mayor colchón de gasto a las autonomías. En caso de que se rechace las dos veces, el objetivo de las comunidades pasará a la estabilidad presupuestaria, es decir, un déficit cero. No podrán gastar más de lo que ingresan y perderán el colchón de déficit que el Gobierno propone para permitir algo más de gasto público.

La senda de déficit es el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. No obstante, si no sale, no impide al Ejecutivo que pueda presentar las cuentas públicas (sobre las que no tiene fecha aún). Pero sí supone una señal políticamente negativa de no tener ni siquiera una mayoría a la hora de distribuir esos objetivos de estabilidad en el conjunto de las administraciones.

No obstante, la propia vicepresidenta Montero puso la venda antes de la herida y recordó, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en caso de no salir su plan será la propia Administración General (AGE) la que salga beneficiada porque asumirá esa capacidad de margen fiscal que perderían las comunidades. El plan respecto a la AGE fija estas metas de déficit: 1,8% en 2026, 1,5% en 2027 y 1,4% en 2028. 

El Gobierno no ha logrado atraer al Partido Popular a pesar también de haber anunciado unas transferencias históricas para las autonomías. Las entregas a cuenta para el año que viene ascenderán hasta los 157.731 millones de euros (un 7% más que este año). A lo que hay que sumar, según trasladó Hacienda a los consejeros del ramo, la liquidación de 2024, que elevaría la cifra total hasta los 170.300 millones de euros.

Las comunidades del Partido Popular rechazaron la senda alegando principalmente que el reparto del déficit es “asimétrico” y tan sólo se da un 0,1% a las autonomías. Además, entienden desde el PP que todo es un “paripé” porque el Gobierno central no va a conseguir aprobar los presupuestos generales. Desde Hacienda rechazan, en cambio, esa crítica de “asimetría” porque indican que dentro del objetivo de la Administración General se incluye, por ejemplo, el 1,4% respecto a la Seguridad Social. Para los socialistas, se trata simplemente de una maniobra de Génova 13 pensando en su oposición a Pedro Sánchez y obviando los propios intereses de sus gobiernos regionales.

Este ‘no’ del Partido Popular también pone muy difícil la casilla de salida para el nuevo sistema de financiación autonómica. La idea que tiene el Ministerio de Hacienda es concretar ese modelo a las autonomías en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de enero. A María Jesús Montero le gustaría que se aprobara ese proyecto de ley durante esta legislatura y que estuviera ya en vigor en 2027. Al Gobierno le gustaría sacarla de la mano de PP (que pilota la mayoría de autonomías), aunque es consciente de que, ahora, ese respaldo parece imposible.

Hacienda no pone cifras concretas sobre ese modelo y no especifica qué intención tiene respecto a la cesión de impuestos a las autonomías para que tengan mayor capacidad fiscal. Lo que sí contempla es que haya espacios para la bilateralidad dentro del sistema multilateral de las comunidades del régimen común y sigue pensando que hay margen para introducir el polémico principio de ordinalidad que exigen las fuerzas independentistas catalanas.

El Ministerio de Hacienda presentará a finales de enero una propuesta de nuevo modelo de financiación de las comunidades de régimen común que englobará de forma conjunta a todas las autonomías y todas las variables de ingresos y gastos, y que espera que las Cortes aprueben esta legislatura y entre en vigor en 2027.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado su plan este lunes a los consejeros del ramo, reunidos en Madrid durante casi cuatro horas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y lo ha explicado después en una rueda de prensa.

Ha dicho que el Ministerio está trabajando en los cálculos y que ultimarán la propuesta en dos meses, para presentarla a finales de enero o en febrero a más tardar en otro CPFF, y que debido al novedoso diseño, concebido "por partes que se acoplan", no podrá dar cifras "hasta que no esté terminado", ya que si tocan una variable tienen que retocar otras.

Montero ha propuesto a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para cada uno de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que les ofrece un margen presupuestario adicional de 5.485 millones en este periodo, según sus cálculos. Las comunidades del PP han rechazado el objetivo de déficit por "asimétrico" a favor del Estado.

Hacienda tenía garantizada la aprobación de los objetivos de estabilidad, ya que cuenta con la mitad de los votos en el CPFF, por lo que le bastaba con los votos de las comunidades gobernadas por el PSOE, aunque las del PP hayan votado en contra y Canarias (con un gobierno de Coalición Canaria y PP) se haya abstenido.

Por tanto, Montero no ha detallado cómo será el nuevo modelo, pero sí ha señalado que no descarta que se incremente el porcentaje cedido a las comunidades autónomas del IRPF y el IVA, cuya parte autonómica es ahora del 50%. "Hemos dicho a las comunidades que de algunas figuras tributarias vamos a aumentar la gestión, no me pregunte cuál y cuánto", ha contestado Montero, en referencia a la explicación del modelo dada a los consejeros autonómicos en el CPFF.

También ha apuntado que en la reunión no han hablado de la creación 'ex profeso' de nuevos impuestos para la financiación autonómica, pero sí de la posibilidad de que sea cedida la gestión de alguno ya existente, como el de la banca.

Además, Montero ha indicado que no descarta que el principio de ordinalidad esté incluido en el nuevo modelo, que "podría contemplarlo".

En declaraciones a la prensa, varios consejeros de comunidades gobernadas por el PP han indicado que no creen que Montero cumpla el plazo de presentar la nueva propuesta y, especialmente, que esté basada en la "bilateralidad", porque primero se negocia una financiación singular con Cataluña, lo que es "incompatible con la multilateralidad" del sistema de régimen común.

Al respecto, Montero ha subrayado que "se puede incorporar una bilateralidad sin que compita con el resto de las bilateralidades del sistema", para señalar así que el Gobierno puede simultanear las negociaciones con cada comunidad.

Ha recalcado que la intención del Ministerio en los años anteriores fue ofrecer una mayor participación de las comunidades en el diseño, al debatir "por trozos" cada variable, como dispersión poblacional o fondos de nivelación, y que no lo apoyaron, y que ahora el modelo que presentarán a principios de 2026 será íntegro, tras ajustar las piezas, se quejarán de que no pueden participar.

La ministra cree que el PP tendrá que decidir si apoyará un modelo para todas las comunidades, sin tener un discurso diferente en cada una sobre las variables de la financiación autonómica, pero que, según lo expuesto por los consejeros en el CPFF, no le permite ilusionarse en que el PP "quiera siquiera discutirlo".

La consejera madrileña, Rocío Albert, ha calificado la propuesta de Montero de "un maremágnum", en el que demuestra que "no tiene nada hecho" y que intenta "nadar y guardar la ropa para poderse presentar de candidata a Andalucía y cumplir con Cataluña".

Muy crítico ha sido también el murciano, Luis Alberto Marín, al señalar que Montero "ha tenido siete años" para su propuesta y la hará ahora en dos meses "de forma precipitada" y con unas "cuentas de la lechera". De que "la bilateralidad es incompatible con la multilateralidad" se ha quejado la consejera andaluza, Carolina España.

La valenciana, Ruth Merino, ha definido el plan de la ministra como "un espejismo", porque parecía que iba a dar explicaciones, "y luego te das cuenta de que no ha concretado nada, y nos ha emplazado a dentro de unos meses".

"Se tiene que debatir en un órgano en el que estemos todos representados", ha dicho la extremeña, Elena Manzano, al reclamar que la ministra tenga en cuenta al CPFF más que para informarle.

A la consellera catalana, Alícia Romero, le "suena bien" lo escuchado a la ministra, porque "se alinea mucho con lo que quiere Cataluña", mientras que el castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, también socialista, ha dicho que le gustaría que el plan esté en dos meses, pero que lo duda, porque habrá participación y no cree que todo esté "precocinado desde Barcelona". 

“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, suelen decir derechas y ultraderechas. Lógico, la política fiscal es uno de los campos de batalla que los conservadores españoles eligieron hace ya años para ganar apoyos. 

Corría el año 2006 cuando Esperanza Aguirre propuso un sistema de “cheque escolar” que consistía en devolverles a las familias que llevaban a sus hijos a la privada el importe de sus impuestos que se hubieran destinado a la escuela pública. Así, se suponía que se les devolvía lo que habían abonado dado que no hacían uso de ese “servicio”, y de esa manera podían pagar con lo recibido la cuota de su centro elegido, o parte de ella. Era un planteamiento descabellado, mucho más si se extendía al conjunto de los servicios públicos ¿Quien no usa la sanidad pública por tener un seguro privado debe recibir también la correspondiente devolución? ¿Y quien no discurre por las carreteras porque nunca sale de su ciudad? ¿Y quien jamás ha pisado ni pisará un parque ni paseará por un sendero en la montaña? La propuesta se descalifica por sí sola, pero sirve para entender a la perfección lo que significa, en el fondo, la política fiscal: decidir qué es lo que queremos garantizar para el conjunto de la sociedad y lo que queremos dejar a la suerte de cada cual.

El último ejemplo de esta pugna lo estamos viendo en la reacción de la derecha contra la propuesta (quizá globo sonda) del Gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos. Es, sin duda, una idea para pensar despacio, darle cuatro vueltas y diferenciar entre distintos colectivos y situaciones. Lo que no tiene sentido –o sí– es proponer que, si los conservadores gobernasen, esas cotizaciones no se tocarían, o incluso se bajarían, y además los autónomos que facturasen menos de 85.000 euros no tendrían que pagar IVA. ¿Qué tiene que ver la cotización de los autónomos, destinada a sufragar asistencia sanitaria, prestación por incapacidad temporal, baja por maternidad o paternidad –entre otros servicios y ayudas– con un impuesto sobre el consumo como es el IVA? Es como esa publicidad de los grandes almacenes que periódicamente anuncia descuentos de “días sin IVA”, mintiendo descaradamente. Una cosa es un descuento del 21% y otra muy distinta que no se pague IVA, lo que es claramente ilegal. Cuesta entender cómo esas campañas no son prohibidas por el efecto perverso que tienen sobre una cuestión tan delicada.

En el fondo, los conservadores hacen un totum revolutum con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar. Sin unos ingresos adecuados, los servicios públicos, las prestaciones sociales y los mecanismos de redistribución no son viables. El Estado se convertiría así en algo mínimo ocupado de gestionar policía, ejército y poco más. Una idea, por otro lado, que cuando la derecha gobierna tampoco aplica, pero eso no les impide mantener el mantra. 

Aquí no acaba el problema. El pensamiento mágico aparece por la derecha cuando al mismo tiempo que proclaman la bajada o desaparición de impuestos, reclaman al gobierno de España que incremente el gasto en defensa hasta el llegar al 5%, como pide Donald Trump. La pregunta que hay que plantearse es obvia: Si el Estado recorta impuestos y recauda menos, ¿de dónde obtendrían los fondos para ese incremento del gasto militar? Si, lo han adivinado: de los servicios públicos.

Este pensamiento, por muy mágico –y antisocial– que sea, tiene buena acogida por parte de la población, entre otras cosas porque tampoco la izquierda ha conseguido dar con la forma de explicar que no se “paga a Hacienda”, sino que con los impuestos se financia lo que es de todos y con las cotizaciones –de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena– las prestaciones que llevan aparejadas. 

La primera incapacidad de la izquierda para hacer pedagogía en política fiscal la muestra el mismo lenguaje. No se “paga a Hacienda”, ni “al Gobierno”, ni mucho menos a Sánchez, sino que los ingresos van a unas cuentas comunes para sufragar los gastos comunes, tanto por parte de municipios como de Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Por si fuera poco, se sigue hablando del gasto en educación en vez de inversión en educación, del gasto sanitario en lugar de la inversión en sanidad, del gasto público en lugar de la inversión en servicios públicos. ¿O acaso no es una inversión tener un sistema educativo público de calidad que facilite el ascensor social, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades en el derecho a la vida, o una administración pública con recursos suficientes para garantizar la eficacia de los sistemas democráticos? En aquellos casos donde esto no existe, se comprueba el coste de no tenerlo. El 42% de los enfermos de cáncer en EEUU pierden en su tratamiento todos sus ahorros (ver aquí), los jóvenes japoneses se hipotecan de por vida para financiar sus estudios (ver aquí), ancianos en Líbano que no pueden dejar de trabajar porque no existe una pensión pública ni nada que se le parezca… Sí, eso ocurre hoy en no pocos países del mundo.

En España empezamos a tener ejemplos. ¿O acaso el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es el producto de años de recortes de inversiones en el sistema público, derivación de recursos a la sanidad privada, externalizaciones mal hechas y falta de medios? Si el dinero destinado a sanidad, como a educación o a tantas otras cosas no es una inversión, basta con probar a dejar de invertir y comprobar cuánto nos cuesta. El coste de no invertir.

El debate sobre la fiscalidad debe alejarse de las campañas electorales. Necesita rigor, mucha pedagogía y altas dosis de corresponsabilidad. Los expertos en políticas económicas del bienestar insisten en la importancia de completar la redistribución –las medidas que se aplican para distribuir la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria– con medidas de predistribución, las orientadas a prevenir las desigualdades desde el origen, asegurando que existen suficientes guarderías públicas gratuitas, el acceso universal a educación y sanidad de calidad, etc. Máxime, en un momento donde desafíos como la crisis climática, la revolución digital o el incremento de movimientos migratorios nos exigen buenas dosis de inversión pública para garantizar la cohesión social y, en última instancia, la propia democracia.

Debatamos sobre el incremento de cotizaciones, sobre su progresividad o su forma de enfocarlo, pero no olvidemos que en el fondo de la política fiscal reside el modelo de sociedad en que queremos vivir.

La jefa de la inspección tributaria en Madrid, Mercedes Urbano, que inició en mayo de 2022 la investigación sobre el empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, detalló el pasado marzo en un juzgado los indicios que le llevaron a denunciar el caso a la Fiscalía por fraude fiscal: "Se utilizan facturas falsas". Además, añadió que González Amador "hace la regularización cuando ya le han pillado". El País, la Cadena Ser y elDiario.es publican este jueves la declaración de dos horas y media de la inspectora que explicó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, con argumentos técnicos, el caso por defraudar, presuntamente, 350.951 euros.

La jefa de la inspección tributaria detalló ante la jueza el trabajo que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2024, antes de que se conociera el caso. Durante ese año y medio examinó las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de las dos consultoras sanitarias de González Amador. Al comprobar que los hechos cumplían con los dos requisitos del delito de fraude fiscal —superaba los 120.000 euros defraudados por año y existía intención de delinquir— remitió a la Fiscalía el expediente de 187 páginas que incluía las 15 facturas que consideró falsas.

"Aquí tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública. Un primer delito del ejercicio 2020 por el que se acusa a la sociedad Maxwell Cremona de haber defraudado una cuota de 155.000 euros. Y un segundo delito en contra de la Hacienda Pública, igual por el Impuesto sobre Sociedades de 2021, al mismo obligado tributario, por un importe de 195.591 euros. Entendemos que hay dos delitos en contra de la Hacienda Pública, aunque los dos ejercicios están muy relacionados porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria", explicó la inspectora según se recogen en los audios publicados.

La jefa de la inspección tributaria también detalló los motivos por los que saltaron las alarmas en la Agencia Tributaria: los números de Maxwell Cremona no cuadraban. "Lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en 2020 respecto de 2019. En concreto, tiene unos ingresos de 2,3 millones de euros, aproximadamente", explica la inspectora a la jueza al tiempo que detalla que "el hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo": "Lo que es llamativo es que baja la tributación, lo que no nos resulta lógico. Si tengo 375.000 euros de ingresos en 2019 y paso a 2,3 millones en 2020, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. Y, por el contrario, nosotros verificamos que no".

En concreto, se trata de la justificación de varios trabajos con abultados ingresos: uno en México y otro en Costa de Marfil. En el país americano no encuentran el trabajo por el que la sociedad de González Amador había facturado supuestamente 620.000 euros en 2020. Y lo mismo sucede con el otro que era un encargo de una empresa por 900.000 euros.

"Cuando hemos detectado esta irregularidad, es el momento en que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Una factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Entonces, vamos a decir, esta regularización, la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria, cuando ya he necesitado procedimiento inspector [...]. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación", explica la jefa de la inspección tributaria.

Uno de los abogados de González Amador aprovechó su interrogatorio para preguntarle a la inspectora sobre cuándo tiene conocimiento de que es la pareja de Ayuso. "Esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder", responde la inspectora que repite esta idea ante las repreguntas del letrado.

El mismo día que declaró esta inspectora de Hacienda, también declaró durante cuatro minutos otra inspectora que fue la encargada de redactar el informe jurídico tras las averiguaciones de la primera.

El pasado 29 de mayo, la jueza dictó auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el marco de la pieza principal. González Amador recurrió en reforma ante la jueza pero esta rechazó su recurso al sostener que los indicios contra él se basan en informes de la Agencia Tributaria y en una serie de documentos que "ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales".

A la vez, continúa investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención, en la que las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que pagó a la mujer de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros.

“El PP tiene que retratarse y decirle a los ciudadanos qué va a hacer”. Esta expresión sale del corazón del Gobierno en el inicio del curso escolar, donde el PSOE y Sumar han puesto sobre la mesa dos grandes apuestas con una gran vertiente social: el proyecto de ley para la quita de deuda a las comunidades autónomas y la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.

En el Ejecutivo defienden durante estas horas que son dos iniciativas legislativas que afectarán directamente y diariamente a los ciudadanos en su beneficio. En el Ministerio de Hacienda subrayan que la quita de deuda conlleva un ahorro de más de 6.000 millones de euros en concepto de intereses a las autonomías, que podrán invertir más en los pilares del Estado del Bienestar en los que tienen competencias: educación, sanidad, dependencia y servicios sociales.

Por el momento la dirección pilotada por Alberto Núñez Feijóo ha dado la orden a sus barones de que rechacen esta propuesta. Pero todavía el camino es largo, señalan en el Ejecutivo, donde subrayan que tiene que pasar primero por el Parlamento ese proyecto de ley y luego deberán firmarse convenios bilaterales entre la administración central y la autonómica para la condonación. Por lo tanto, no se descarta que luego las autonomías populares se sumen a esa vía frente al ‘no’ que pueda mantener Génova 13 durante la tramitación del texto en las Cortes Generales.

Frente a las críticas del Partido Popular, el Gobierno se centra durante estos días en explicar la iniciativa, pactada con Esquerra Republicana, pero con efectos para todas las autonomías (incluida Madrid, que en su día no se acogió al FLA y se financió exclusivamente a través de los bancos). Pero la principal batalla sobre esta cuestión no está en Cataluña, sino en Andalucía, que es la comunidad que puede beneficiarse más con una quita de 18.791 millones de euros (una cantidad mayor a la que en su día pidió el propio Juanma Moreno).

Ahora hay un pulso directo, con las elecciones andaluzas del año que viene de fondo, entre Moreno y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE andaluz. Los socialistas ya enfatizan que el presidente andaluz tendrá que explicar por qué no acepta esa condonación para una comunidad donde los servicios sociales no dejan de erosionarse por la gestión del Partido Popular y en la que la sanidad se va a convertir en uno de los grandes temas de cara a las urnas.

Los socialistas se afanan en argumentar que no se trata de una mera cuestión de números, sino que detrás del proyecto de ley hay una medida “histórica” con efectos sociales. Frente al debate sobre la financiación singular catalana, en esta ocasión el PSOE está cómodo en la defensa de la quita porque beneficia a todas las autonomías, como señalan desde el Ministerio de Hacienda. Asimismo, subrayan en el equipo de Montero que supone una “mejora de la situación financiera” de las autonomías porque hoy algunas comunidades no pueden acceder a los mercados, y esto hace que puedan volver a tener autonomía financiera y política.

En el Gobierno subrayan que “no hay agravio para las comunidades del PP”, a las que corresponden de quita 60.000 millones de los 83.252 millones de euros de deuda. “Siete de cada diez euros condonados benefician a las autonomías donde gobierna el Partido Popular”, explican fuentes gubernamentales. Por ejemplo, la región con mayor condonación por habitante es la Comunidad Valenciana (2.284 euros). Y Canarias, donde hay una coalición de CC y populares, aparece como el Gobierno con mayor porcentajes de deuda condonado (el 50%). Por eso, desde el Ejecutivo esperan que los presidentes conservadores “recapaciten”: “Son rehenes de la oposición destructiva de Génova que busca enfrentar a unos territorios con otros”.

“Nadie entiende qué está haciendo Feijóo con su empeño en negarse a que las comunidades tengan más recursos o en la reducción de la jornada. Los presidentes del Partido Popular saben que no van a poder explicar a los ciudadanos cómo dejar perder todos esos recursos económicos. Básicamente porque no tiene explicación. Feijóo solo sabe decir ‘Cataluña nos roba’, pero deja de lado que la comunidad más beneficiada por la quita de la deuda es Andalucía”, subrayan fuentes de Ferraz, que reflexionan: “Feijóo va a destruir todo si cree que con ello se acerca a ser presidente del Gobierno. Se pondrá del lado de Vox y hará de sucursal de Abascal todo el tiempo que sea necesario. Sólo tiene una obsesión: La Moncloa. Todo lo demás es accesorio, incluido el bienestar de las personas”.

En el Gobierno están muy pendientes de las próximas votaciones en el Congreso en el primer pleno tras el inicio del curso político en septiembre. El miércoles los diputados tendrán que decidir sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto de reducción de jornada laboral, la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante esta legislatura. 

La gran incógnita está en qué hará Junts, con quien sigue negociando el Gobierno. Pero el foco lo ponen en Trabajo en el Partido Popular, que todavía no ha revelado cuál será su voto (aunque ha presentado una enmienda a la totalidad). Fuentes del departamento que dirige Díaz critican que el Partido Popular ha sido el único grupo parlamentario que se ha negado a sentarse con el Ejecutivo para debatir sobre la medida previamente. Y eso que desde el Ministerio se ha llamado en varias ocasiones al grupo parlamentario poniendo todas las facilidades sobre el lugar y la hora del encuentro.

En estos momentos Díaz no tiene los votos asegurados para sacar adelante el proyecto de ley. No obstante, en Trabajo reiteran que volverán a presentar la medida en el Congreso si es tumbada por los grupos. Por ejemplo, el PP ha cambiado de posición en ocasiones como sucedió con la revalorización de las pensiones y la creación de la Agencia Pública de Salud. “Tienen que retratarse y decir a los ciudadanos qué van a hacer”, señalan en el entorno de la vicepresidenta, donde comentan que esta medida beneficia también a cientos de miles de votantes del Partido Popular. Asimismo, dicen que ya toca que Núñez Feijóo diga, si vota en contra, que está a favor de que trabajen más sus votantes como pide la CEOE. Con un aviso desde el ministerio: el control de horarios se va aplicar sí o sí, aunque no salga la ley, porque pueden implementarlo a través de un reglamento.