Las imágenes de la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta en los últimos días han dado la vuelta al mundo, situando a la Ciudad Autónoma en el mapa y generando un gran impacto en la actualidad política nacional e internacional.

Para cualquier persona resulta impactante contemplar a miles de personas concentradas en distintos puntos de Ceuta, agolpándose en las playas, buscando agua y comida, esperando conocer cuál será su futuro. Estas escenas han sido utilizadas por la derecha y la extrema derecha para reforzar su discurso antiinmigración. 

Los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han aprovechado la situación para sembrar el miedo y la desconfianza, valiéndose sobre todo de las redes sociales para difundir vídeos y fotografías de la llegada y concentración de miles de personas en Ceuta. Por su parte, grupos neonazis como Núcleo Nacional también han utilizado esos contenidos para avivar un discurso xenófobo. 

Pero estos discursos podrían verse indirectamente reforzados por un fenómeno que afecta a la sociedad en este tipo de situaciones –y con el que los partidos políticos pueden jugar a su favor–: el efecto de la víctima identificable.

La primera vez que se puso nombre a este fenómeno fue en el ensayo del economista y premio Nobel Thomas Schelling, La vida que salvas puede ser la tuya, publicado en 1968. 

A grandes rasgos, el efecto de la víctima identificable describe una mayor probabilidad de que una persona sienta más empatía por un único individuo en situación de vulnerabilidad que por un amplio grupo de personas afectadas.

Schelling sostiene en su ensayo que respondemos de forma muy diferente cuando se trata de salvar la vida de víctimas concretas, a las que se puede poner rostro y nombre, que cuando hablamos de salvar la vida de un pueblo en general.

Desde entonces, diferentes investigaciones han respaldado empíricamente este fenómeno. Entre ellas figura el estudio Desensibilización a la violencia en los medios de comunicación: vínculos con la exposición habitual a la violencia en los medios, las cogniciones agresivas y el comportamiento agresivo (Krahé, B., Möller, I., Huesmann, L. R., Kirwil, L., Felber, J., & Berger, A.; 2011) u otro más reciente, de 2021, mencionado por la corresponsal jefe de CNN Clarisa Ward en un vídeo en el que explica la crisis en Ceuta.

En el artículo Cuando la lente es demasiado amplia, las consecuencias políticas de la deshumanización visual de los refugiados, Ruben T. Azevedo, Sophie De Beukelaer, Isla L. Jones, Lou Safra y Manos Tsakiris parten del denominado efecto de la víctima identificable para analizar cómo la representación visual de las personas refugiadas en los medios de comunicación influye en la percepción que la ciudadanía tiene de ellas y en su deshumanización visual. Para ello, tomaron como caso de estudio la crisis de los refugiados sirios. 

A través de diez estudios realizados con 3.951 ciudadanos europeos, comprobaron que quienes veían imágenes de refugiados sirios en grandes grupos, en vez de imágenes individuales, mostraban una menor capacidad para sentir culpa, ternura o compasión por esas personas.

“Las imágenes de grupos grandes también fueron percibidas como más deshumanizantes y, cuando se combinan con elementos como titulares de prensa, siguen desempeñando un papel significativo e independiente en la percepción de la deshumanización de dicha cobertura informativa”, subraya el artículo. 

Los autores sostienen que estos hallazgos ayudan a entender cómo la forma en que se representan las crisis migratorias puede influir en la opinión pública. Aunque la investigación no analiza estrategias de partidos políticos concretos, sí concluye que la exposición a este tipo de imágenes puede modificar la percepción de la ciudadanía y su actitud hacia las personas refugiadas. 

De hecho, encontraron otro dato relevante: “Además, después de ver imágenes de grupos grandes, los participantes mostraron una mayor preferencia por líderes políticos de apariencia más dominante y menos confiable, y apoyaron menos políticas favorables a los refugiados y más políticas contrarias a ellos”. En el caso de Ceuta, dirigentes del PP y Vox han difundido de forma reiterada imágenes de la crisis migratoria en Ceuta para reforzar sus mensajes sobre inmigración. Declaraciones como las de Juan Bravo alertando sobre intentos de asalto a viviendas, o las de Ester Muñoz, vinculando la regularización de migrantes con el derecho al voto, son algunos ejemplos de relatos construidos en torno al miedo y la inseguridad.

“Lo que vemos en los medios de comunicación y cómo se muestra no solo tiene consecuencias para la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos y nuestro comportamiento hacia ellos, sino que, en última instancia, afecta al funcionamiento de nuestros sistemas políticos”, concluyen los investigadores.

Con frecuencia escuchamos en nuestras conversaciones que “oír hablar de política me pone enfermo”. Más allá de esta frase hecha, ya hay investigaciones que apuntan a que el ambiente de crispación política pasa factura a la salud de las personas y a sus relaciones sociales.

Por ejemplo, una encuesta asoció la percepción de mayor polarización partidista con hasta un 57% más de probabilidades de depresión y ansiedad, y un trabajo posterior del mismo grupo encontró que quienes perciben más polarización acumulan hasta dos días más de mala salud física y mental al mes.

Otro interesante hallazgo viene de la mano del equipo de la profesora de Psicología Brett Ford, de la Universidad de Toronto. Estos investigadores solicitaron a unos voluntarios que anotaran cada noche cómo les hacía sentir la política. En el 81% de los días, solo pensar en un acontecimiento político bastaba para desencadenar fatiga, insatisfacción vital o síntomas depresivos.

Sobre la consolidación de la política como potencial estresor ya advirtió la American Psychological Association. Su informe de 2017 Stress in America: Coping with Change detectó un aumento de las conversaciones sobre política en las sesiones clínicas tras la primera victoria de Donald Trump. Algo más de la mitad de sus asociados indicaron que el clima político se había convertido en un disparador de ansiedad y malestar. Pero este malestar no se queda solo en la mente: algunos trabajos han documentado incluso consecuencias fisiológicas.

La mayor parte de estos hallazgos provienen de Estados Unidos; en España apenas hay pruebas que confirmen esta relación. Para comenzar a explorarla pusimos en marcha el proyecto europeo POLEMO (Managing Political Emotions), financiado por la alianza de universidades EUniWell (Universidad Europea del Bienestar), en el que participaron 2 446 estudiantes de las universidades de Murcia y Santiago de Compostela.

Les preguntamos a los participantes qué emociones sienten cuando leen noticias o escuchan hablar de política y con qué intensidad las experimentan, en una escala de 1 a 5. El resultado está claramente inclinado hacia lo negativo: más de tres de cada cuatro (77%) dice sentir bastante o mucha (4-5) preocupación; dos de cada tres (67%), vergüenza, y un 63%, enfado. Más de la mitad (53%) reconoce experimentar desprecio con esa misma intensidad y casi uno de cada dos (47%), miedo. Las emociones positivas, en cambio, casi no aparecen: solo un 8% dice sentir esperanza u orgullo con intensidad; un 7%, entusiasmo, y un 5%, tranquilidad.

El odio merece una mención aparte: un tercio de los estudiantes (34%) afirma sentirlo con intensidad al pensar en política. Y este dato es especialmente relevante porque es la antesala de comportamientos intolerantes o de exclusión más preocupantes que los creados por el simple desacuerdo.

Estas siete emociones pueden agruparse en tres bloques diferenciados: uno de hostilidad (odio, enfado, desprecio, vergüenza), otro de ansiedad (miedo, preocupación, ansiedad) y uno positivo (orgullo, entusiasmo, esperanza, tranquilidad).

Con esta muestra exploratoria queda claro que para los estudiantes entrevistados la política es, sobre todo, una actividad que genera hostilidad y ansiedad. Este cóctel emocional puede resolverse de dos maneras, y ninguna es especialmente buena para la convivencia democrática. Por un lado está la desafección, dejar de participar y desengancharse de la política al ser fuente de vivencias negativas. Y por otro, la radicalización, culpar al rival del malestar que provoca la actualidad política e incrementar la hostilidad para tratar de derrotarlo y superar el estado emocional desagradable.

Una forma de calibrar cuánto puede llegar a pesar la política en el bienestar emocional de alguien pasa por plantearle un escenario concreto de máxima tensión: ¿qué pasaría si mañana mismo nuestro partido perdiera las elecciones con claridad y gobernara uno con ideas muy distintas a las nuestras? Formulamos esta pregunta a los estudiantes y los resultados nos sorprendieron. Más de la mitad (51%) anticipa que esa derrota tendría un impacto alto en su bienestar emocional (7 o más sobre 10).

Esto sugiere que las elecciones, el momento político por excelencia, se viven cada vez más como escenarios de alta activación emocional. Eventos que la gente vive de forma visceral y personal, donde no solo están en juego unos escaños, también la felicidad de los simpatizantes de cada grupo.

Cuando la victoria de los nuestros se siente así de importante para el propio bienestar, cuando existe una fuerte percepción de amenaza para los propios intereses, el riesgo es que crezca la disposición a que nuestro grupo gane, cueste lo que cueste.

En definitiva, estos resultados nos animan a pensar que una política menos tóxica, es decir, una confrontación partidista más saludable y con menos dinámicas que no aportan nada, no solo será buena para las instituciones, sino también para el bienestar emocional de la ciudadanía.

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José Miguel Rojo Martínez es profesor del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. Alejandro Soler Contreras es contratado predoctoral FPU - en el departamento de Ciencia Política, Antropología Social y Hacienda Pública de la Universidad de Murcia. Diego Mo Groba es profesor (PAD) en Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela. María Isabel López Palazón es PhD Candidate / FPU Predoctoral Researcher in Political Science de la Universidad de Murcia. Paloma Castro Martínez es profesora de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

A pesar del monzón que azota Nueva Delhi, cientos de jóvenes indios e indias ocupan Jantar Mantar, lugar emblemático de las manifestaciones políticas de la capital, famoso por su observatorio astronómico del siglo XVIII. Esta sentada pacífica se prolonga sin interrupción desde el 20 de junio. “En total, cerca de 200.000 personas se han unido a nosotros aquí”, afirma a Mediapart Saurav Das, portavoz del Partido Popular de las Cucarachas. “¡Es una cifra enorme para un movimiento que nació hace solo dos meses!”

Bajo lonas de plástico, los jóvenes indios exigen en sus pancartas la dimisión de Dharmendra Pradhan, ministro de Educación, al que consideran responsable del fiasco de la filtración de los temas de examen y, posteriormente, de la anulación del examen de acceso a la carrera de Medicina de 2026, para el que se habían preparado más de dos millones de candidatos. A pesar de un crecimiento del 6 %, la India no crea suficientes puestos de trabajo para sus 600 millones de habitantes menores de 25 años.

Los repetidos escándalos de este tipo, relacionados con la corrupción, frustran las esperanzas de quienes buscan un empleo formal. Algunos llegan incluso al suicidio. El último movimiento estudiantil, contra una reforma de la ciudadanía criticada por su islamofobia, había llegado a su fin con el covid-19 y la detención de sus líderes, algunos de los cuales siguen pudriéndose en la cárcel. Aunque estamos lejos de las multitudes de 2020, salir a la calle requiere cada vez más valor en la India.

Hasta ahora, el Gobierno no ha reprimido brutalmente a las “cucarachas”, pero tampoco ha accedido a sus demandas. Se ha instalado una especie de guerra fría entre el movimiento contestatario y las autoridades, que los manifestantes esperan romper marchando hacia el Parlamento el lunes 20 de julio.

El padre involuntario del Partido Popular de las Cucarachas es el máximo magistrado del país. Durante una vista celebrada el 15 de mayo, Surya Kant, presidente del Tribunal Supremo, arremetió contra “esos jóvenes que, como las cucarachas, no encuentran trabajo […] y atacan a todo el mundo”. Tres días después de la anulación de las pruebas de acceso a la carrera de Medicina, sus declaraciones causan impacto.

Con el objetivo de darle la vuelta al estigma, Abhijeet Dipke, un estudiante indio en Estados Unidos, fundó en la red social X el Partido Popular de las Cucarachas (Cockroach Janta Party, CJP), cuyo nombre es una burla al Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP) de Narendra Modi, el líder hindú de la derecha radical en el poder desde 2014.

La broma, que podría haberse quedado ahí, se vuelve viral. La cuenta de X es bloqueada brevemente por el Gobierno, pero la de Instagram sigue creciendo. Hoy cuenta con más de 21 millones de seguidores, más del doble que la cuenta del BJP, a pesar de que este cuenta con equipos digitales muy experimentados.

“¿Cuántos partidos bien financiados y con gran presencia mediática darían lo que fuera por tener la visibilidad que ha conseguido este grupo satírico?”, se pregunta Sudhanshu Kaushik, autor de The Future Is Ours: The Political Promise of India’s Youth (El futuro es nuestro: la promesa política de la juventud india, edit. Harper Collins, 2023).

De inmediato, el CJP ya no se conforma con exigir la dimisión del ministro de Educación y formula un manifiesto contra el amiguismo político-judicial, el fraude electoral, la concentración de los medios de comunicación y los tránsfugas políticos. “Llamamientos llegados de todos los ámbitos nos pedían que hiciéramos algo más que sátira, que pasáramos a la acción”, cuenta Saurav Das, periodista y activista, para quien el movimiento se ha convertido en “la plataforma para un cambio real”.

El 6 de junio, cuando Abhijeet Dipke, fundador del movimiento desde Estados Unidos, aterrizó en Nueva Delhi para la primera manifestación del CJP, la policía le dejo pasar. “El Gobierno está paralizado, porque sabe que existe un profundo malestar en el país, sobre todo entre los jóvenes”, afirma Saurav Das. “No puede expulsarnos, porque eso nos daría más credibilidad ante la opinión pública, y se limita a esperar. Pero nosotros, los jóvenes, nos quedaremos para cambiar este sistema corrupto”.

Recientemente, una ola de revueltas impulsadas por la juventud ha derrocado a tres gobiernos en las fronteras de la India. En 2022, el presidente Gotabaya Rajapaksa fue derrocado en Sri Lanka, antes de que la ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, corriera la misma suerte en 2024 (a costa de cientos de muertes de estudiantes) y de que la juventud de Nepal incendiara su Parlamento en 2025.

En estos tres países, la represión de los gobernantes no ha hecho más que avivar la indignación. Nueva Delhi ha seguido esos disturbios con inquietud y quiere evitar que se repitan en su territorio. Por su parte, el Partido Popular de las Cucarachas retoma los códigos de estas revueltas denominadas de la “Generación Z” —humor, organización en redes, público joven y lucha contra la corrupción—, aunque no reivindique ser parte de ellas.

“La India es el país que ha unido la palabra ‘pacífica’ a la palabra ‘manifestación’. No hay ninguna posibilidad de violencia, como se ha podido ver en otros países con regímenes opresivos”, asegura Saurav Das. “El CJP es más hábil que los movimientos juveniles anteriores porque se moviliza en torno a cuestiones cercanas a la vida de la gente”, añade el ensayista Sudhanshu Kaushik.

El movimiento puede crecer o diluirse en función de acontecimientos imprevisibles, en un país que cuenta con 1.430 millones de habitantes, veintidós lenguas oficiales y numerosas comunidades con intereses divergentes. Aunque el CJP ha creado cuentas en las redes sociales para los veintiocho estados de este país federal, parecen poco activas. “Las manifestaciones se concentran por ahora en la capital, pero los participantes también proceden de ciudades medianas”, afirma Saurav Das, quien anuncia una futura “gira por la India”.

Algunos estudiantes, contactados por Mediapart, han oído hablar del CJP, pero no esperan que se produzca un gran cambio. “He visto sus reels en Instagram. Se necesitan reformas en la educación, pero sigue siendo un puñado de personas que no representan a la juventud”, afirma, por ejemplo, Abhinav Pandey, estudiante de la Universidad Hindú de Benarés, en Uttar Pradesh, el Estado más pobre y más poblado de la India, con 240 millones de habitantes. “Es demasiado pronto para saber si el movimiento puede ganar terreno aquí, pero considero que sus manifestaciones son legítimas”, opina Anjali Pandey, una joven trabajadora de Lucknow, capital de Uttar Pradesh.

La alianza entre las “cucarachas” y la sociedad civil o los partidos existentes forma parte de la ecuación de su futuro. Varias fuerzas de la oposición les han brindado apoyo con cautela. Algunos políticos acudieron a la concentración de Nueva Delhi, en particular los del AAP (Aam Aadmi Party, Partido del Hombre Corriente), un partido debilitado pero que se vio impulsado por una inmensa ola de manifestaciones contra la corrupción a partir de 2011. Pero muchos jóvenes indios muestran una gran desconfianza hacia los partidos.

Las “cucarachas” han recibido el apoyo de Sonam Wangchuk, profesor y figura destacada de la lucha por los derechos humanos en el Himalaya, admirado por muchos jóvenes. Recién salido de prisión, el 28 de junio inició una huelga de hambre en el recinto de Jantar Mantar para exigir la dimisión del ministro. Su estado físico se está deteriorando. “Tengo la sensación de que el Gobierno quiere que Sonam y el resto de personas en huelga de hambre se mueran”, denuncia Abhijeet Dipke.

El sábado 18 de julio, Sonam Wangchuk fue sacado a la fuerza de la manifestación por la policía de Nueva Delhi y trasladado a un hospital. “Una detención forzosa”, considera su esposa, que ha recurrido, en vano, al Tribunal Superior de Delhi para que lo pongan en libertad. En respuesta, Abhijeet Dipke ha anunciado que él también iniciará una huelga de hambre, y el Partido de las Cucarachas exige ahora la dimisión de Narendra Modi. La marcha del 20 de julio se perfila como una prueba tanto para las “cucarachas” como para el Gobierno.

Traducción de Miguel López

¿Dónde ha quedado la pasión? A un año de las elecciones presidenciales, el último capítulo del macronismo ha sumido a muchos diputados centristas en un abismo de perplejidad. Las divisiones de la derecha moderada, la creciente influencia de los medios del grupo Bolloré en sus filas y el fracaso del presidente de la República a la hora de consolidar una organización capaz de sobrevivirle les producen vértigo.

En un acto de desesperación, el diputado Stéphane Travert, exsocialista que se unió a Emmanuel Macron en 2017 y que después fue su ministro de Agricultura entre 2017 y 2018, se ha sumado a la iniciativa de Élisabeth Borne: la creación de un pequeño partido que aspira a pesar en el debate de ideas. "Los moderados deben ir a la guerra" para abrirse paso entre La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN), sostiene el diputado. Aunque admite que, por ahora, "no tiene candidato".

Junto con otros macronistas históricos, como el diputado Marc Ferracci, exministro de Industria entre 2024 y 2025, Travert abogó ante Gabriel Attal por recuperar el nombre original de Renacimiento: "¡En Marcha!". "Hay que asumir una vuelta a los orígenes, una historia. Somos un partido joven", defendía Ferracci hace apenas unas semanas, preocupado por la confusión del panorama político. De poco le ha servido.

Para expresar su escepticismo ante la candidatura ya oficial de Gabriel Attal, el diputado del MoDem Richard Ramos recurre a un aforismo: "En una tormenta, la fuerza de un árbol se mide por la profundidad de sus raíces".

Consciente de esta crisis de identidad política, consecuencia del hundimiento de los antiguos partidos de gobierno y del fracaso de Emmanuel Macron en su intento de reorganizar la vida política en torno a una división entre "conservadores reaccionarios" y "progresistas reformistas", como prometía en su libro Révolution (XO Éditions, 2016), Édouard Philippe intenta, por su parte, invocar el legado de la derecha clásica.

El 10 de mayo, Philippe, presidente de Horizontes, reivindicó con firmeza su identidad de derechas, como ya había hecho desde su llegada a Matignon en 2017. "Sé de dónde vengo: de la derecha. Fui el primer director general del mayor partido que la derecha y el centro han creado en Francia, la UMP [Unión por un Movimiento Popular]", repitió ante los cuadros y diputados de su partido reunidos en Reims (Marne). Y, tras explicar que quería construir una mayoría "disciplinada, alineada en lo esencial, pero también diversa", añadió: "Sin volver a crear la UMP, porque no se puede ser y haber sido".

La alusión no es inocente. Al afirmar que quiere pasar página del "al mismo tiempo", el ex primer ministro de Emmanuel Macron entre 2017 y 2020 reactiva el recuerdo de un mito: el del partido común en el que la Agrupación por la República (RPR), Democracia Liberal y tres componentes de la Unión por la Democracia Francesa (UDF) se fusionaron para gobernar juntos en 2002, bajo los auspicios de Jacques Chirac y Alain Juppé, tras el impacto que supuso el paso de Jean-Marie Le Pen a la segunda vuelta de las presidenciales.

"La UMP es la unión de todas las corrientes de derechas en un solo partido por primera vez en su historia. Philippe instrumentaliza este legado para decir que, aunque no todos piensen necesariamente lo mismo, pueden unirse para ganar", explica el politólogo Vincent Martigny.

El argumento que Serge Lepeltier, secretario general del RPR favorable a la fusión, desarrolló en Le Monde en 2002 encaja especialmente bien con el momento actual: "El resultado de la primera vuelta ha demostrado que las luchas internas y las divisiones no estaban justificadas. Ante el auge de los extremos, hay que replantearse nuestra visión de la política". A menos de un año de la primera vuelta de las presidenciales de 2027, en el campo centrista se escucha la misma narrativa que agrupa a "los extremos" para enfrentarse mejor con el bando de "la gente razonable".

La referencia está calculada. Remite a un periodo envidiable, en el que el partido de derechas podía contar con 300.000 afiliados. Hoy, Los Republicanos (LR), lejano heredero del general de Gaulle y de Chirac, cuenta oficialmente con 76.000.

"¿La UMP, por qué no? No funcionaba tan mal", reconoce Laurent Marcangeli, presidente del grupo Horizontes en la Asamblea Nacional. "Sin nostalgia, aquella alianza, que iba de Charles Pasqua a Jean-Louis Borloo, permitió gobernar durante diez años. La gente ya no quiere el 'al mismo tiempo', sino un discurso de derecha republicana moderada. La vida política francesa tiene que dejar de ser tripartita".

En las elecciones legislativas de 2002, la UMP despegó al obtener 358 escaños. LR cuenta hoy con 39, lo que da una idea de la pendiente que tiene por delante. Mientras se perfila una posible disolución tras las presidenciales de 2027, ese recuerdo puede influir en los diputados de la antigua "base común".

"Todo el reto para el próximo candidato del centro en las presidenciales es saber si será capaz de aglutinar a gente más allá de su propio partido. La referencia a la UMP resulta atractiva porque encarna la capacidad de la derecha y del centro para abandonar las viejas etiquetas y formar una mayoría única", explica el historiador del gaullismo Pierre Manenti, autor de Le RPR. Une certaine idée de la droite (El RPR. Una cierta idea de la derecha, Passés Composés, 2026).

El recuerdo de aquella unión, sin embargo, incomoda a Marc Fesneau, líder del MoDem en la Asamblea. "¿No habría sido distinta la vida política si se hubiera considerado que lo mejor era respetar el pluralismo que estaba consolidándose? Quizás habríamos ganado algo de tiempo, de energía y de diálogo entre nosotros y nuestros conciudadanos. No vamos a volver a crear el partido único de la derecha y el centro. ¡Esto es el cuento de nunca acabar!", zanja.

En 2002, François Bayrou ya dejó huella al oponerse a la convergencia chiraquiana. "Si todos pensamos lo mismo, es que ya no pensamos", lanzó entonces, entre abucheos, en la convención de la Unión en Movimiento (UEM), antecesora de la UMP. Durante un coloquio sobre el Estado de derecho celebrado el 18 de mayo en la Asamblea, el ex primer ministro, recientemente destronado por la izquierda en Pau (Pirineos Atlánticos) en el contexto del caso Bétharram, mantuvo esa misma posición ante algunos periodistas: "No en el 'bloque central', sino en el centro, hay fuerzas dispersas cuya lógica debería ser reunirse, midiendo los peligros a los que nos enfrentamos. Todo eso está en proceso de definición".

Édouard Philippe no es el único que hace guiños al pasado. Como Jacques Chirac, que anunció su candidatura a las presidenciales de 2002 durante una conversación forzada con la alcaldesa de Aviñón (Vaucluse), Gabriel Attal lanzó la suya desde la pequeña localidad rural de Mur-de-Barrez (Aveyron), el 22 de mayo.

Su entorno también invoca, con cierto interés, la dinámica de la campaña de Jacques Chirac en 1995, cuando este partía como rival de la derecha frente al favorito Édouard Balladur. Pero Gabriel Attal no tiene nada en común con la derecha: procede del Partido Socialista (PS).

En el fondo, estos paralelismos revelan la crisis de liderazgo que atraviesa la derecha. A falta de una figura tutelar contemporánea, recurre a una historia relativamente lejana, mientras que su último gran líder, Nicolas Sarkozy —cuyo juicio de apelación por la financiación libia acaba de concluir—, ha dado su bendición a la RN de Jordan Bardella al compararla con el RPR de Jacques Chirac.

En este terreno, la extrema derecha ha dado un golpe de fuerza al apropiarse con eficacia del legado gaullista y chiraquiano. En marzo de 2024, Jordan Bardella siguió los pasos del RPR al organizar sus "estados generales de la inmigración". "El programa del RPR de los años 90, cuando el RPR era verdaderamente de derechas, es hoy el programa de la RN, al menos en materia de seguridad e inmigración", declaró entonces.

En 2023, Franck Allisio, tránsfuga de la UMP, ya había lanzado una campaña para apropiarse de la marca RPR, que recuperó para crear su propio movimiento, hoy con unos 10.000 afiliados. "Con esta referencia al RPR, la extrema derecha culmina su proceso de normalización al intentar borrar la parte controvertida de su historia. Tras las derrotas de Nicolas Sarkozy en 2012, François Fillon en 2017 y Valérie Pécresse en 2022, también se vincula a la imagen de una derecha que sí ha ganado", analiza Pierre Manenti.

Para Vincent Martigny, este éxito es "una señal de debilidad de la derecha". "Si hay un legado que recoger, es que no se le respetó del todo", sostiene. Una debilidad que no solo debe atribuirse al macronismo, sino también a la propia derecha.

"En 2012, Nicolas Sarkozy perdió con una línea muy radicalizada, sin el ala izquierda que sí había incorporado en 2007. Desde entonces, rompió el equilibrio de un movimiento que se ha desplazado por completo hacia la derecha sin decirlo realmente, ignorando la diversidad de su familia política", detalla el investigador.

Mientras el componente gaullista de LR se ha vuelto claramente minoritario, la reivindicación de ese legado por parte de Bruno Retailleau, designado candidato para 2027, resulta significativa. Iniciado en política en el Movimiento por Francia (MPF) de Philippe de Villiers, Retailleau, representante de Vendée, nunca perteneció a la familia gaullista y encarna una corriente católica, conservadora y nacionalista.

"Lo que predomina claramente entre estos candidatos es la sensación de que la derecha nunca ha aplicado realmente una política de derechas. Entre los simpatizantes, algunos se preguntan si la 'verdadera derecha' no estará del lado de Jordan Bardella y Marine Le Pen. Hay, por tanto, una ambivalencia entre los candidatos: reivindican filiaciones tranquilizadoras y, al mismo tiempo, prometen a ese electorado de derechas que no van a fingir", observa Vincent Martigny.

De esas contradicciones nace su falta de claridad identitaria.

Traducción de Miguel López

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un gobierno en solitario del PP en la comunidad andaluza ante los "contundentes resultados" de su formación en las elecciones de este domingo, según recoge EFE. 

Moreno ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede nacional del PP para asistir a la Junta Directiva Nacional del partido, donde ha subrayado que lo que el domingo sentenciaron las urnas les puede permitir un gobierno "monocolor", sin que Vox entre en el mismo.

Ha insistido en que el resultado, se quedaron -ha recordado- a 21.000 votos de la mayoría absoluta, le da al PP "un margen de maniobra" y una "mayoría solvente" para ese gobierno en solitario. 

Aun así, el presidente en funciones también ha matizado que la dinámica parlamentaria les llevará a buscar acuerdos en vía parlamentaria, en referencia a la formación que lidera Santiago Abascal.

"Ante la ciudadanía andaluza (...) no tendría ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón que creo no sería razonable y comprensible para una mayoría de andaluces que han optado claramente por el PP".

Preguntado si aceptaría el concepto de prioridad nacional de Vox si esa fuera su condición para apoyarle desde fuera del Gobierno, ha insistido en que su prioridad es la "prioridad andaluza".

Ha señalado además que por ahora no hay ningún tipo de contactos ya que siguen con la resaca de las elecciones de este domingo y ha recordado que hasta el 11 de junio, cuando se constituye el Parlamento andaluz, hay margen de tiempo y de maniobra para, de manera "serena", ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.

En mi centro, antes de entrar a clase a primera hora, existe el ritual del café. Ahí se mezclan conversaciones de todo tipo y a veces también sobre política. Cuando suena el timbre, todo queda ahí y nos ponemos el disfraz de profesores, con la careta de la neutralidad y la imparcialidad: hubo elecciones autonómicas, pero no puede notarse mi opinión si algún alumno me pregunta. 

A lo largo de mi trayectoria profesional, algún que otro compañero me ha comentado que a veces los estudiantes levantan la mano y les hacen preguntas comprometedoras como, por ejemplo, esta: profe, ¿a quién vas a votar en las elecciones?

La escena parece entrañable, reflejo del desparpajo de esos chavales que siempre nos sorprenden. El aula no está aislada del mundo y ellos están más al tanto de lo que ocurre de lo que parece. Cuando se mueven en sus redes sociales la información les llega sin filtro. Es normal que a través de sus docentes quieran conocer otros puntos de vista.

Todos tenemos claro que un profesional de la pública no puede desvelar en clase su opción política, pero es que la conversación no termina ahí. Inmediatamente surgen otras preguntas más complejas: ¿por qué nos hablas tanto de derechos humanos o de igualdad? ¿Eso no es también política? Es ahí cuando empieza el verdadero debate.

La ley es clara: quienes trabajamos en la función pública debemos actuar con objetividad, imparcialidad y neutralidad política. Esto implica no hacer propaganda, no sugerir preferencias y no utilizar el aula para inclinar al alumnado hacia una opción partidista.

Pero conviene no confundir neutralidad con vacío. La escuela no es un espacio aséptico ni puede serlo. Educar no consiste en suspender el juicio sobre todo, sino en enseñar a pensar con criterios.

La neutralidad que se exige al profesorado es político-partidista, no moral. Porque la propia Constitución no es neutral en términos axiológicos: establece un marco de valores que deben ser enseñados. No es una opción personal del docente, sino una obligación profesional. Educar en derechos humanos, igualdad o justicia social no es adoctrinar: es cumplir la ley.

Sin embargo, noto que, de un tiempo a esta parte especialmente, la palabra "adoctrinamiento" se usa con excesiva ligereza en debates educativos y críticas hacia la profesión docente. Imponer una ideología, presentar opiniones como verdades, negar el pluralismo o descalificar opciones políticas legítimas… Quien crea que el profesorado se dedica a eso dentro de las aulas está equivocado. Educar es abrir preguntas, ofrecer herramientas para pensar, contextualizar hechos, fomentar el espíritu crítico y garantizar que el alumnado pueda construir su propio criterio. Tal vez sea un tema no tanto de contenido, sino de método.

Si hay un espacio donde el adoctrinamiento encuentra terreno fértil hoy no es la educación pública, sino el ecosistema digital en el que crecen nuestros alumnos: algoritmos que refuerzan estereotipos, desinformación constante y discursos simplificados que premian la emoción sobre el análisis. Frente a eso, la escuela sigue siendo uno de los pocos lugares donde se exige argumentar, contrastar y escuchar.

¿Y van a seguir haciéndome preguntas comprometedoras, como cuál es mi opción política? Por supuesto. Aprovecho entonces para explicarles cómo funciona un proceso electoral, qué significa el pluralismo político y por qué es importante la participación ciudadana. 

Pero también nos harán otras más complejas, ligadas a la actualidad: qué está ocurriendo en Gaza, cómo interpretar un conflicto internacional o por qué distintos medios ofrecen versiones tan diferentes sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán. No rehúyo esas conversaciones, sino que las convierto en oportunidad para explicarles cómo contrastar fuentes, cómo distinguir entre información y propaganda o cómo entender que los conflictos rara vez admiten lecturas simples.

En un contexto donde la polarización convierte cualquier conversación en un campo minado, la educación democrática es más importante que nunca. Tras el telón oscuro de la dictadura, el aula del presente se ha ido convirtiendo en ese lugar donde se aprende a hablar sin miedo. 

Cuando en clase hablamos de Miguel Hernández, de exilio o de Lorca, estoy ejerciendo una forma de compromiso con los derechos humanos, con la igualdad, con la convivencia. Cuando comentamos un poema de Luis Cernuda como Un español habla de su tierra, les ofrezco una visión del patriotismo desconocida y les aliento a pensar sobre ello a través de las distintas connotaciones del lenguaje. Como diría Alejandra Pizarnik, "cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa".

Cuando un alumno se interese por a quién voy a votar, le diré que esa respuesta pertenece a mi esfera privada. Pero cuando me pregunte por qué hablamos de derechos, de justicia o de democracia, le explicaré que esa es precisamente mi función.

Porque una escuela que renuncia a formar ciudadanos críticos en nombre de una falsa neutralidad no es más imparcial: es simplemente más débil.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

Las ruedas de prensa con preguntas ilimitadas —y repreguntas— ya son una rareza en España. Pero es que, además, las comparecencias ante periodistas en las que los líderes del PSOE, el PP y Vox —Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal— se someten a responder a los medios se cuentan cada año con los dedos de una mano. Y a veces sobran dedos.

Los equipos de comunicación de los grandes partidos —los pequeños suelen ser otra historia, porque están mucho más necesitados de presencia mediática— llevan tiempo asumiendo como prioritaria la tarea de mantener a sus máximos dirigentes fuera del alcance de la prensa en general, y de los periodistas de televisiones, diarios y radios que consideran no afines, en particular.

En lo que va de legislatura, Sánchez, Feijóo y Abascal no solo han ofrecido contadas ruedas de prensa en las que los periodistas tienen oportunidad de preguntarles sobre temas de actualidad, sino que tampoco han concedido entrevistas a medios que sus directores de comunicación no consideran afines. La idea es simple: someter a sus líderes exclusivamente a cuestionarios supuestamente previsibles, que pueden hasta cierto punto controlar, y evitar así las preguntas incómodas.

No encontraréis entrevistas de Pedro Sánchez en El Mundo, elconfidencial.com o Abc. Tampoco de Feijóo en eldiario.es o infoLibre —este periódico las ha solicitado, sin éxito, desde 2022—. Sí se han publicado a la inversa. Lo mismo sucede con Abascal, que tampoco se expone a ser entrevistado por medios que considera hostiles, entre los que incluye algunos de la derecha como Abc o El Mundo. Sí acude, cuando le llaman, a programas de Antena 3 y Telecinco.

Este comportamiento no siempre fue la norma. Hace algunos años, los dirigentes de los diferentes partidos se sometían no solo a ruedas de prensa con cierta frecuencia, sino que concedían entrevistas a medios de diferente orientación editorial. Hasta el punto de que no hacerlo representaba un estigma. Y tenía un coste ante la opinión pública.

Hoy eso ya no sucede. Los políticos, pero también los medios, han normalizado una situación que no solo deteriora el ecosistema mediático español, sino que condiciona el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

Todos los representantes de organizaciones de periodistas consultados por infoLibre están de acuerdo en que esta situación representa, como mínimo, una “anomalía”.

Los dirigentes políticos, recuerda Joan Maria Morro, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), “tienen la obligación de pasar cuentas y de dirigirse a toda la sociedad. No es sano ni deseable que sólo concedan entrevistas a medios o a periodistas que son afines a sus creencias. Para garantizar la máxima pluralidad, las entrevistas deberían realizarse en todo tipo de medios, públicos y privados, de audiencia estatal o autonómica”.

En su opinión, no hay duda de que este comportamiento afecta al derecho de los ciudadanos a recibir la máxima información de los líderes políticos y dirigentes institucionales. Algo que solo se “garantiza si hay entrevistas y comparecencias en las cuales todos los periodistas de todos los medios pueden realizar las preguntas libremente”.

En algunos casos, añade, se convocan comparecencias sin preguntas invocando como excusa situaciones extraordinarias o de emergencia, cuando “lo saludable e idóneo es que, incluyendo esos casos, los periodistas puedan realizar preguntas para saber qué está pasando, por qué está pasando y qué consecuencias tiene para la sociedad”.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey, no cree que estemos ante un fenómeno nuevo. “Quizás con el tiempo se está haciendo más acuciante un problema que ya existía o que se está disimulando menos a la hora de elegir las preferencias de los gobiernos”, pero en su opinión “siempre ha sido así”.

Lo que en realidad está pasando, explica, es que nos encontramos en un momento de polarización en el que se hace mucho más evidente que hay medios y periodistas que nunca tienen acceso a determinados personajes públicos para conseguir una entrevista y plantear sus preguntas en profundidad, y que “cada vez vemos a los mismos políticos en los mismos medios”.

“Esto no solo le pasa al Gobierno central”, puntualiza. “También pasa a los gobiernos autonómicos. Es una actitud que busca la comodidad y el confort de los poderes y eso me preocupa porque me parece que algo hacemos mal de los dos lados. Si los poderes buscan solo a sus periodistas afines y hay medios que transmiten la sensación de que ‘aquí vas a estar cómodo y en mí puedes confiar, que no te haré ninguna pregunta incómoda’, entonces lo estamos haciendo mal”.

En todo caso, la representante de los periodistas que operan en la capital añade que le “preocupa muchísimo más” que “no haya pluralidad a la hora de plantear preguntas en las ruedas de prensa”. En eso, sostiene, “no se puede ser absolutamente nada tolerante. Ni consejos de ministros, ni consejos de Gobierno, ni ningún tipo de rueda de prensa posterior a reuniones institucionales puede delimitar el acceso de un grupo variado y plural de periodistas”.

“Ya sé que siempre van a dar la palabra prioritariamente a determinados corresponsales políticos, pero eso no es malo en sí mismo. Eso quiere decir que esos corresponsales políticos son personas que han ganado relevancia y pueden tener ese trato privilegiado de ser los primeros en preguntar. Pasa aquí y pasa en todos los países del mundo. Pero a partir de ahí, en el turno de preguntas siempre tiene que haber medios más pequeños, más discrepantes, más críticos. Hay periodistas que llevan años yendo al Consejo de Ministros”, afirma con rotundidad, “sin poder levantar la mano y que les den el turno de palabra. Eso sí que me parece grave y absolutamente denunciable. Todos sabemos perfectamente a quién le dan la palabra y a quién no. Y ante eso hay que rebelarse”.

Sonia Vizoso, vicedecana del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), no tiene dudas. Negar entrevistas a medios no afines “es una clara erosión democrática”, pero también “una consecuencia del descrédito que sufre la profesión periodística”. Ese descrédito, explica, es un problema del que se está sirviendo “la ola reaccionaria que sacude el mundo para crecer, pero desgraciadamente lleva tiempo siendo alimentado también por los intereses cortoplacistas de los partidos democráticos”.

En esa misma línea, denuncia, “se reducen las comparecencias con preguntas y cada vez se envían más comunicaciones unidireccionales como vídeos o audios”.

Esta práctica, efectivamente, es cada vez más frecuente. Los medios, en particular televisiones y radios, pero también algunos digitales, emiten después esos audios o vídeos sin rotular o explicar, en la mayoría de los casos, que son contenidos suministrados directamente por los partidos, no el producto de la exposición de los dirigentes políticos a las preguntas de los periodistas.

En opinión de Vizoso, “para que se cumpla el derecho a la información, los dirigentes políticos tienen la obligación de someterse al escrutinio de los periodistas y de los medios de comunicación, sin adjetivos”. Es una obligación con la ciudadanía que lee, escucha o ve esos medios. “Y quienes no lo hacen, ya sea por comodidad, cobardía o falta de consistencia en su discurso, actúan igual que un algoritmo sesgado, promoviendo la polarización y la desinformación”, denuncia.

Lorena Mejías, decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), sostiene que el hecho de que los principales líderes políticos solo concedan entrevistas a medios afines para evitar las preguntas incómodas “define la altura o la calidad de los dirigentes políticos que existen hoy en día”.

“Me preocupa la capacidad que tienen los dirigentes políticos a la hora de enfrentarse a preguntas que les pueden resultar incómodas, porque eso también implica cómo pueden enfrentarse a situaciones incómodas a la hora de ejercer en un momento dado un gobierno”.

“Comprar medios de comunicación”

Aunque deberían tener la capacidad de “responder ante las adversidades”, “creo que hoy en día no están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a, entre comillas, comprar medios de comunicación, a que solo les hagan preguntas que les resultan cómodas, incluso en muchas ocasiones preguntas pactadas, a no someterse a las preguntas”.

Frente a este diagnóstico compartido, la pregunta más incómoda de contestar es por qué los periodistas no responden colectivamente. Las voces consultadas por infoLibre apuntan en una misma dirección, aunque con matices distintos.

Hace unos años, sobre todo entre 2011 y 2013, parecía haber fraguado un movimiento que denunciaba al menos las convocatorias sin preguntas y proponía un boicot activo. Pero no se consolidó. La falta de unanimidad en la respuesta fue la causa.

Por eso, recuerda el decano del colegio catalán de periodistas, las protestas “deberían ser unánimes por parte de todos los periodistas y todos los medios”. “Debería haber una actuación conjunta cuando se coarta el derecho a entrevistar y acceder a los dirigentes políticos”, subraya Morro.

Para Mejías, la explicación de la falta de respuesta del gremio es estructural y tiene que ver con la precariedad que atraviesa la profesión. “Una persona que está temiendo continuamente perder su puesto de trabajo no es capaz de enfrentarse ni a su empresa ni, por supuesto, al político”.

A eso se suma, en su opinión, un olvido colectivo sobre la naturaleza de los medios: “Todo el mundo ha olvidado que las empresas de comunicación son, sobre todo, empresas que desarrollan servicios públicos. Y pensar que los medios de comunicación no son eso es un error y es el motivo por el que nos encontramos en la situación en la que nos encontramos ahora”.

El resultado no es indignación, sino resignación: “Los periodistas no es que estén hartos ni que haya desazón. Se trata de que nos hemos acostumbrado”. Y lo dice con humor y un punto de sarcasmo: “Me río yo de la precariedad que dicen los médicos que tienen, comparada con la que tienen los periodistas. Y estamos nosotros en la calle cubriendo las protestas de los médicos y de todos los trabajadores y no somos capaces de reunirnos y de organizarnos”.

Vizoso, por su parte, añade una dimensión que cierra el círculo: “Somos una profesión encerrada en una paradoja, ya que nuestros problemas como gremio están invisibilizados en los medios en los que trabajamos”. Eso, dice, “ha coartado siempre nuestra capacidad de movilización para reclamar mejores condiciones laborales y profesionales, vitales no solo para nosotros sino también para la salud democrática”.

Sin embargo, la vicedecana gallega no renuncia a señalar una salida. Aunque los periodistas “estamos debilitados, es crucial que nos defendamos. Y en este caso concreto, quizás deberíamos buscar la complicidad de nuestras empresas, sea cual sea su línea editorial, para empezar a destapar a aquellos que no se someten a nuestro escrutinio. Al menos, para sembrar una reprobación social que desaliente esa estrategia entre los asesores políticos”.

Y concluye con una distinción que resume el problema en una frase: “Periodismo crítico es una redundancia. Lo otro, cuando hablamos de partidos y dirigentes, se llama comunicación política”.

El economista Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE, ha fallecido este lunes a los 79 años, según recoge EFE.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la noticia en un mensaje que ha publicado en la red social X, en el que traslada su cariño a la familia y a sus seres queridos y asegura que le echarán de menos.

"Hoy nos deja un compañero y amigo, Manuel Escudero. Siempre militó en la vanguardia de las ideas. Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos", ha escrito.

También el PSOE ha lamentado profundamente el fallecimiento de Escudero, al que se refiere como "un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país".

"Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos. Que la tierra te sea leve", señala en un mensaje que ha publicado en la misma red social. 

Escudero, natural de San Sebastián, fue un histórico del PSOE y ocupó numerosos cargos en el sector público y privado, entre ellos fue secretario de Política Económica y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.

Fue también embajador de España ante la OCDE en París y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE, fundado en 1961 por John F. Kennedy.

El ex primer ministro Lionel Jospin, figura destacada del socialismo francés, ha fallecido este lunes a los 88 años, anunció su familia y recoge EFE.

Jospin se había sometido en enero pasado a una intervención quirúrgica importante, de la que no transcendieron detalles.

Además de jefe del Ejecutivo de cohabitación entre 1997 y 2002, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, Jospin fue primer secretario del Partido Socialista, diputado y ministro en los gobiernos de François Mitterrand.

Perdió dos veces las elecciones presidenciales, siendo eliminado en la primera vuelta en 2002, frente al líder del ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.

Se da la circunstancia de que este eminente socialista francés falleció el domingo, el día que se celebraba la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, en las que dos candidatos de su partido consiguieron mantener en manos de la izquierda las dos ciudades más importantes de Francia, París y Marsella.

En declaraciones a France Info, el actual líder del Partido Socialista, Olivier Faure, expresó su "profunda tristeza" y "gran emoción" por el fallecimiento de Jospin, a quien designó como un maestro.

"Él era el elegido. Nos educó y nos formó a todos. Todos pertenecemos a esa generación que se forjó con Lionel Jospin, con la izquierda plural. Y fue él quien nos apoyó con su bondad. Fue él quien participó en cada lucha y quien fue un referente, un modelo a seguir para muchos de nosotros", declaró Faure. Era, añadió, "un hombre íntegro, un hombre de principios" y, con él, durante su gobierno "fueron sin duda los últimos años en que la izquierda estuvo unida".

Pero esa historia de unidad terminó mal el 21 de abril de 2002, que marcó un punto de inflexión, reconoció Faure, en alusión a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que Jospin terminó en tercera posición, desbancado por Le Pen, algo que el ex primer ministro definió como la caía de un "rayo" sobre el socialismo francés.

"Por primera vez en mi vida, vi no al héroe que él representaba para mí, sino a un hombre golpeado por el destino. Y fue una imagen terrible. Incluso mencionó un rayo. Fue como si el cielo se nos hubiera caído encima ese día, y, sinceramente, no se lo merecía", lamentó Faure retrospectivamente.

La noche del 21 de abril de 2002, tras quedar eliminado en la primera vuelta de las presidenciales francesas, Jospin pronunció una breve declaración que marcó la vida política del país. Su frase más recordada fue: "Asumo plenamente la responsabilidad de este fracaso y saco las consecuencias retirándome de la vida política tras el final de la elección presidencial".

Con este anuncio, Jospin no solo reconocía la derrota, al haber quedado por detrás de Chirac y de Le Pen, sino que también comunicaba su retirada inmediata de la política, lo que constituye unas de las declaraciones más contundentes de la política francesa reciente.

"Recuerdo que a Lionel Jospin le faltaron solo dos votos para pasar a la segunda vuelta. Y lo más probable es que, de haberlo logrado, la historia hubiera sido diferente, ya que todos creían que la victoria contra Jacques Chirac era posible. Las cosas siempre se han dado de forma distinta. Así es el destino y lo acepté", dijo Faure.

El Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar la guerra de Irán y las medidas que se adoptarán para proteger a trabajadores, hogares y empresas, ha informado este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y recoge EFE.

Además de esta ronda, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 25 de marzo para abordar el conflicto y la posición de España. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" y ha asegurado que el Ejecutivo lleva tiempo preparando un plan de respuesta "integral" ante los efecto de una guerra que España, ha recordado, no avala.

El objetivo ahora es intercambiar ideas con los grupos parlamentarios, los empresarios y los sindicatos, escuchar sus propuestas y seguir monitorizando la situación para poner en marcha una respuesta "calibrada y eficaz".

Saiz ha planteado una respuesta con una doble vertiente: un plano coyuntural, con medidas para proteger a hogares, trabajadores y empresas; y en un plano estructural, con programas para acelerar la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica del país.

"Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos como en el de Ucrania y lo volveremos a hacer, porque estamos preparados", ha recalcado la portavoz, quien ha ratificado el "no a la guerra" y la apuesta "firme" del Gobierno por el derecho internacional y la vía diplomática como "única salida responsable" al conflicto.

Saiz ha garantizado que el Gobierno se está volcando en garantizar los intereses de todos los españoles y, en ese contexto, ha destacado también la labor del Ministerio de Exteriores para proteger a los nacionales que viven en Oriente Medio y facilitar las evacuaciones.

“Cuando el resto de nosotros nos estamos matando para crear riqueza y casi nada de ella está volviendo a nuestras comunidades, se está yendo a otro lado. Hacia arriba, hacia los bolsillos de los superricos”. Quien habla es Zack Polanski, líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, en un vídeo de la formación que se ha viralizado en internet. Diversas personalidades, como el actor Dani Rovira o el político Gabriel Rufián, han compartido el spot del Green Party que denuncia el encarecimiento del coste de la vida y la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. La repentina popularidad de esta formación ha sido descrita por algunos medios de comunicación como el “efecto Polanski”, en alusión al conocido “efecto Mamdani” que llevó a la victoria en las urnas al ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. 

El Partido Verde inglés y galés crece en números, tanto en afiliados como en intención de voto, en un momento caótico para la izquierda de Reino Unido. Mientras que el Gobierno laborista se desploma en apoyo electoral, los cofundadores de la formación Your Party –Jeremy Corbyn y Zarah Sultana– han tenido varios encontronazos internos desde el anuncio de la creación del partido el pasado julio. Al otro lado del arco parlamentario, el partido de extrema derecha liderado por Nigel Farage, Reform UK, saldría vencedor si las elecciones se celebrasen ahora, según las encuestas.

Zack Polanski frecuentemente presenta a su formación como una alternativa al Partido Laborista para frenar al anteriormente conocido como Brexit Party. “Solo el Partido Verde puede parar a Reform”, aseguró en un post de X. Judío, pero antisionista, homosexual y actor, Polanski lidera el partido ecologista desde el pasado septiembre, cuando fue el ganador de las primarias con casi el 85% de apoyo. Nacido como David Paulden (Salford, 1982), a los 18 años escogió el apellido original de su abuelo, que este había sustituido para evitar el antisemitismo en Reino Unido. Antes de conseguir un escaño por los Verdes en la Asamblea de Londres, Polanski formó parte de los liberaldemócratas.

Desde su llegada a la dirección del partido, la intención de voto a los Verdes ha crecido entre cuatro y seis puntos (hasta llegar a en torno al 15%), según sondeos como los de Politico y YouGov. Incluso han llegado a estar cerca del empate con los laboristas de Keir Starmer, que atesoran alrededor del 20% de los votantes británicos. De hecho, una quinta parte de los electores del Partido Laborista en 2024 votaría ahora a los Verdes, según una encuesta de enero de YouGov. Este mismo sondeo apunta a un considerable respaldo joven: el 45% de los jóvenes de entre 18 y 24 años apoyaría electoralmente a la formación.

Los expertos consultados coinciden en que el creciente interés por el Partido Verde se debe a la figura del propio Polanski y también al rechazo hacia el jefe del Ejecutivo británico. “Polanski es un líder populista, y mucho más carismático que líderes anteriores o, incluso, que el actual primer ministro”, asegura a infoLibre Beatriz Valero, analista de El Orden Mundial. Según la experta, este político “no tiene miedo a hacer intervenciones polémicas o combativas”, algo aprendido de Farage, además de hablar desde el punto de vista “del hombre de a pie”.

Al igual que Valero, Louise Thompson, profesora de la Universidad de Manchester, incluye al Partido Conservador como responsable de la entrada en escena de nuevos partidos: “Nuestros gobiernos se ven cada vez más inestables, sacudidos por una serie de crisis aparentemente interminables que ha provocado la pérdida de confianza de los votantes. Polanski y los Verdes ofrecen una alternativa clara”. 

Valero señala que la economía es la principal preocupación de los británicos –y con ella el encarecimiento del coste de la vida–, y que los Verdes han sabido identificar este problema. Además de su compromiso medioambiental, el actual discurso de este partido, descrito por el propio Polanski como “eco-populista”, propone medidas como los impuestos a las grandes fortunas, la semana laboral de cuatro días o la legalización de ciertas drogas. 

“El cambio más grande no ha sido tanto el contenido del programa como la forma de comunicarlo”, asegura Valero. Precisamente, Thompson señala que lo que distingue a Polanski es el “excelente uso de los medios (tradicionales y online) para insertarse en la conversación nacional y mantener a los Verdes en la agenda política y noticiosa”. El dirigente de la formación está presente en varias redes sociales y también dirige el pódcast Bold Politics with Zack Polanski.

La victoria del socialista Zohran Mamdani en Nueva York trajo un halo de esperanza para las formaciones progresistas de todos los rincones del planeta en un momento de auge de las extremas derechas. La popularidad del líder de los Verdes ha provocado que se haya empezado a especular sobre un posible ‘efecto Polanski’, al igual que se habló del ‘efecto Mamdani’. Unai Gómez-Hernández, investigador de la Universidad de Edimburgo, explica que el interés por Polanski y su comparación con Mamdani se debe al “fenómeno mundial de rechazo a las derechas”, en el que también se incluye a políticos como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez.

Sin embargo, los expertos consultados están de acuerdo en que todavía es pronto para hablar de este posible ‘efecto’. Primero el Partido Verde tendrá que medir sus fuerzas en las elecciones parciales (by-election) de la circunscripción de Gorton y Denton el próximo 26 de febrero, además de los comicios locales de Inglaterra en mayo. “El ‘efecto Polanski’ todavía tiene que materializarse”, sostiene Valero. 

Según Gómez-Hernández, la circunscripción objetivo de los Verdes son las áreas urbanas de tradición laborista. “Los entornos rurales se les siguen escapando, con la excepción de Gales”, añade. Además, un obstáculo para los ecologistas es el sistema electoral first-past-the-post, en el que solo consigue escaño el candidato más votado, lo que perjudica a los partidos no bipartidistas. “No es imposible que otro partido gane unas elecciones, ahora mismo ganaría Reform”, recuerda Valero. 

A esta problemática se le añade la presencia de Your Party, formación liderada por el ex laborista Jeremy Corbyn y Zarah Sultana y que trata de captar el mismo electorado que los Verdes. Sin embargo, tanto Valero como Thompson no consideran que este nuevo partido sea “una amenaza” porque, según Valero, “no tiene la estructura política ni la base de votantes que los Verdes han ido construyendo a lo largo de los años”. “No tienen un líder claro y hay luchas internas constantes, con poca identidad real en torno a lo que realmente representan”, razona Thompson.

En cuanto a las citas electorales, el distrito de Gorton y Denton podría aupar al Green Party, pero el escaño está muy disputado. “Existe un peligro real de que la fuerte presencia de los Verdes pueda dividir el voto de izquierda y permitir a Reform una victoria fácil. A largo plazo, este será el problema de los Verdes”, apunta Thompson.

En cuanto a un hipotético enfrentamiento electoral con Reform, Valero descarta que Polanski pueda canalizar el voto protesta, que actualmente lidera Farage, mientras que Thompson considera que ambos capitalizan “el mismo sentimiento antipartido hacia los grandes partidos tradicionales”, pero que los ultras lo tienen más fácil por la falta de apoyos al Partido Conservador. Por su parte, Gómez-Hernández sostiene que “se hace difícil imaginar que la misma persona vaya a votar a un partido netamente pro-Brexit y a otro anti-Brexit”.

Sin embargo, existe un rincón oscuro donde este principio parece esfumarse: el de las pensiones. Y lo traigo a colación por la reciente —y traumática— modificación de la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), que perjudica a los futuros jubilados que espero sea una más de las aventuras de la actual ministra. No entraré hoy en los detalles técnicos de esa disposición concreta, porque mi reflexión pretende ir más allá, al corazón del problema filosófico y social que subyace.

Cuando un trabajador comienza su vida laboral, no solo firma un contrato con una empresa o la administración; suscribe un pacto social firme con la sociedad. Es un "contrato social" en toda regla. Los términos de ese acuerdo son claros y simples: trabajarás durante determinado tiempo, cederás una parte de tu salario durante décadas al sistema público. A cambio, la sociedad —a través del Estado— te promete que, tras unos años concretos de esfuerzo, podrás retirarte con dignidad, liberando tu puesto para las generaciones venideras.

Sobre la base de ese acuerdo explícito, recogido en las leyes vigentes en cada momento, las personas construyen su vida. Hacen sus previsiones, calculan sus ahorros, ingresos y gastos, valoran el desgaste físico y mental de una profesión, planifican un futuro. El minero, el oficinista, el funcionario el autónomo que empieza a determinados años, sabe —y si no lo sabe está escrito en la ley que acepta en el momento de empezar a trabajar—que tendrá que aguantar hasta los años que sean que en ese momento de firmar el contrato. 

Pero entonces ocurre lo inesperado. Una de las partes del contrato —no la sociedad en su conjunto, sino sus legítimos pero cambiantes representantes políticos— decide unilateralmente reescribir las cláusulas. Y uno, en su ingenuidad, se dice a sí mismo: "Tranquilo, las leyes que me perjudican no tienen efecto retroactivo, eso es sagrado. Solo me beneficiarán las que mejoren mis condiciones futuras". Error.

Porque lo que sucede es que te dicen: "Bien, sé que cuando empezaste a trabajar el contrato estipulaba la jubilación a los 65 años, pero la nueva cláusula dice que será a los 67. Y aunque hayas estado 35 años cumpliendo las reglas que firmaste, te aplicamos las nuevas". Y zas. Se te exigen más años cotizados. Se te retrasa la edad de jubilación. Se te reduce la cuantía. Se te aplican unos coeficientes reductores agresivos. Se ha aplicado una nueva ley a una situación que empezó hace 35 años, modificando las condiciones de un pacto que ya estaba en marcha perjudicando tus previsiones.

Y esto, ¿no es acaso una aplicación retroactiva de la ley que perjudica y restringe derechos individuales? Lo es, pero disfrazada. Se le llama "modulación", "transitoriedad larga" o "adaptación al envejecimiento de la población". Sin embargo, para el ciudadano de a pie el efecto es idéntico al de la retroactividad prohibida que restringe derechos: una ley nueva le exige más a cambio de lo que ya había pagado.

Me sorprende profundamente —y ahí reconozco mi desconocimiento jurídico— que no haya habido recursos masivos y exitosos contra esta aplicación encubierta del principio de retroactividad. ¿Dónde están las demandas por modificación unilateral de contrato? ¿Dónde está el clamor por la expropiación de derechos adquiridos?

Entiendo que el sistema necesita sostenerse. Entiendo que la demografía pone presión. Pero ¿la única forma es romper el “contrato social” firmado con los trabajadores que hicieron sus previsiones con unas determinadas cláusulas? La forma en que se hace es, cuando menos, perversa. Se utiliza la excusa de que "no hay derechos adquiridos a futuro" siendo uno mismo el mismo trabajador que aquel que firmó ese contrato, para dinamitar la confianza en el pacto intergeneracional.

Porque la cuestión de fondo es si el "contrato social" de la jubilación es una apuesta de futuro incierto o un derecho consolidado por el esfuerzo pasado. Si se permite que las reglas cambien constantemente a peor —en las mejoras, y ha habido muchas, no se aplica el principio de irretroactividad que solo actúa en aquellos aspectos perjudiciales— para quienes ya están dentro del juego, ¿qué seguridad jurídica nos queda? Se termina transmitiendo el mensaje de que el principio de irretroactividad es un adorno bonito para los manuales de derecho, pero que, en la práctica, todo contrato con el Estado puede ser reescrito cuando la caja está vacía.

Hay que entender que cuando se rompe esa confianza, el daño es casi irreversible. La sociedad no solo empobrece a sus mayores; deslegitima el propio sistema que los sustenta. Porque si el pacto de la jubilación no es firme, entonces todo el edificio de la contribución social empieza a tambalearse. Y ese, quizás, es el precio más alto que pagamos por esta excepción a la regla.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

El PSOE ganaría las elecciones con un 32,6% de los votos, casi diez puntos por encima del PP, que se queda en una estimación del 22,9%, según recoge EFE. Vox, con un 18,9% de los sufragios, iguala su mejor resultado, alcanzado en julio de 2025, en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio del CIS publicado este lunes se realizó del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, justo antes de las elecciones autonómicas en Aragón, que revelaron un fuerte empuje de Vox en esta comunidad que ahora se ratificaría en toda España.

Sumar le sigue en cuarta posición, con un 7% de estimación de voto (dos décimas menos que en enero) y Podemos se sitúa detrás con un 3,9% al subir cuatro décimas en este último muestreo. El anterior barómetro del CIS, publicado el pasado 16 de enero, dio un 31,7% de los votos al PSOE, un 23% al PP, un 17,7% a Vox, un 7,2% a Sumar y un 3,5% a Podemos.

De este modo, las mayores subidas detectadas en febrero corresponden al partido de Santiago Abascal, que sube 1,2 puntos; al PSOE, que sube nueve décimas; y Se Acabó la Fiesta, que escala seis décimas hasta alcanzar el 2,4% de los votos.

ERC pierde una décima y se queda con el 2,5% de los votos, mientras Junts gana dos décimas hasta el 1,2%; EH Bildu pierde cinco y se queda en el 1%, por delante del BNG y el PNV, ambos con el 0,8%, y CC y UPN, con el 0,1.

El barómetro de febrero confirma que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno ya que uno de cada cuatro españoles (25,3%) lo manifiesta así, en tanto que el dirigente de Vox, Santiago Abascal, lo es para el 10,2% y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es favorito para el 9,9%.

Eso sí, también una cuarta parte de los entrevistados (25,3%) dice que no tiene ningún favorito entre los dirigentes de las principales formaciones políticas para ocupar la Moncloa. Además, un barómetro más suspenden todos los líderes políticos al ser evaluados por los ciudadanos ya que ninguno alcanza el aprobado.

Sánchez sigue en primera posición, con 4,23 puntos de media, seguido de la vicepresidenta segunda y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz (3,97), con Feijóo en tercer lugar (3,45) y Santiago Abascal el último (2,97).

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un 42,8% de los encuestados, dos décimas más que en el anterior barómetro.

La inmigración sube a la segunda posición desde la cuarta en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, citada por el 20,3%, por delante de la crisis económica (18,1%), el Gobierno y los partidos políticos (17,8%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9%).

Una mayoría (55,4%) cree que la situación económica del país es "mala o muy mala" pero las respuestas se invierten cuando se pregunta al ciudadano por su situación económica personal. La mayoría (63,5 %) dice que es "buena o muy buena" y quienes dicen que es mala o muy mala bajan al 26,2%.

El 84,3% de los españoles cree que la Constitución necesita en estos momentos de alguna reforma, por un 12,5% que no lo ve necesario cuando la Carta Magna se convierte en la más longeva de la historia de España. De los que contestan afirmativamente a esa pregunta, dos de cada tres (66,5%) consideran que la Constitución de 1978 necesita reformas "importantes" y el 32,1% que "pequeñas".

Preguntados con más detalle -en este caso solo los partidarios de la reforma- en qué aspecto o cuestión concreta habría que introducir modificaciones -"importantes" o "pequeñas"-, más de un tercio (36,7%) señala en primera o segunda posición que en derechos sociales, económicos y laborales; un 16,6% que en el modelo de Estado (monarquía o república) y un 16,3% que en cuestiones territoriales.

Un 13,3% piensa que en transparencia y control de la actividad política; un 12,5% que en materia de justicia, defensa y seguridad; un 11,5% que en el sistema electoral, los procedimientos para elegir gobierno y en la participación política de los ciudadanos; y un 11,3% que en materia de derechos y libertades de los ciudadanos.

Otros aspectos mencionados en menor medida son migración y extranjería (5,1%), igualdad entre hombres y mujeres (3,9%), garantizar la separación de poderes (3,2%), igualdad ante la ley (1,1%), obligaciones de la ciudadanía (1,0 %), nuevas tecnologías (0,9%) y economía (0,7%). El 58% confía poco o nada en que la Constitución ayude a resolver los problemas actuales 

La encuesta del CIS, realizada del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, revela que el 58,1% de los españoles tiene poca (41,1%) o ninguna (17,0%) confianza en que la Constitución pueda ayudar a resolver los problemas actuales de los españoles, por un 37,3% que tiene bastante (25,0%) o mucha (12,3%) confianza en que sí tiene esa capacidad.

El 43,4% de los encuestados tiene ahora peor opinión sobre la Constitución que hace 10 años, el 20,3% mejor y el 27% la misma.

El 82,3% considera que ha contribuido al desarrollo de los derechos sociales en España -por un 15,2 que piensa lo contrario-; el 71,6% que ha ayudado a que el país tenga un papel más destacado en Europa y el mundo -un 24,7% lo rechaza-; y el 65,3% cree que ha contribuido a la prosperidad económica y a las mejoras de los empleos -un 20,9 entiende que no-.

Que garantiza la libertad es lo más importante y significativo de la Constitución para el 31,8% de los encuestados, que permite resolver los conflictos por medios pacíficos para el 21,2%, que se aprobó por acuerdo de casi todos/as para un 15,6%, que limita los poderes del Gobierno para un 10,0%, que reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones para el 8,3% y que restauró la monarquía para el 4%.

Según el CIS, casi la mitad de los españoles, el 49,2% sabe que la Constitución de 1978 se ha convertido este mes de febrero en la más longeva de la historia de España, mientras el 50,3% lo ignora.

Las evaluaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) trazan un diagnóstico incómodo para el sistema político español: la opacidad sobre las retribuciones de los máximos responsables de los partidos es absoluta y transversal. Ninguna de las seis principales formaciones de ámbito estatal (PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida) cumple, según el CTBG, con la obligación legal de publicar en sus páginas web cuánto cobran sus dirigentes, pese a recibir financiación pública y a estar obligadas a hacerlo en virtud de la Ley de Transparencia.

La falta no es nueva ni accidental. El propio Consejo ya la había señalado en 2024 y formuló recomendaciones expresas que, un año después, han sido ignoradas por todos.

El resultado es un panorama en el que la transparencia partidista avanza solo de forma parcial y selectiva. Los partidos mejoran en algunos indicadores formales —organigramas, estatutos, memorias de actividad—, pero mantienen blindada la información más sensible desde el punto de vista del control ciudadano: los sueldos de quienes toman las decisiones políticas y gestionan recursos públicos.

Aunque no todos son igual de opacos. El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) de 2025 refleja una evolución a dos velocidades. En la parte alta de la tabla se sitúan el PSOE, con un 83,1% de cumplimiento, y Podemos, con un 74 %. Ambas formaciones han mejorado de forma significativa respecto al año anterior y han aplicado aproximadamente la mitad de las recomendaciones formuladas por el CTBG en 2024. También Izquierda Unida y Sumar registran avances, aunque con puntuaciones más modestas, del 50,5% y el 46,1%, respectivamente.

Sin embargo, la mejora global no alcanza a la cuestión clave de las retribuciones. Ninguno de los partidos analizados, asegura el Consejo de Transparencia, publica de forma clara, accesible y actualizada el sueldo de sus máximos responsables, una obligación explícita en la normativa de transparencia. En este punto, no hay diferencias sustanciales entre formaciones: la opacidad es total.

En el extremo inferior del ranking se encuentran el Partido Popular y Vox, con índices de cumplimiento del 34,2% y el 33,2 %. Ambos no solo cierran la clasificación, sino que han desoído por completo las recomendaciones del Consejo: aplicaron cero de las doce que recibieron en la evaluación anterior.

El caso del PP destaca especialmente porque, además de no avanzar, retrocede. Su puntuación cae más de diez puntos tras haber eliminado de su página web información que anteriormente sí estaba disponible, como el organigrama del partido o la descripción de su estructura organizativa.

Los informes del CTBG muestran que la información económica es, con diferencia, el ámbito más problemático de la transparencia partidista. Más allá de los salarios ocultos, las carencias se repiten en varios frentes.

En materia de contratación pública, PP, Izquierda Unida y Vox no publican ningún dato sobre contratos o convenios con las administraciones. PSOE, Podemos y Sumar optan por una fórmula defensiva: declaran que no son adjudicatarios de contratos públicos, sin aportar documentación adicional que permita verificar esa afirmación o conocer la existencia de convenios, subvenciones finalistas u otras relaciones económicas.

Los presupuestos y las cuentas previsionales tampoco escapan a la opacidad. Vox mantiene como información presupuestaria más reciente la correspondiente a 2022, mientras que PP y Sumar ni siquiera publican sus cuentas previsionales actuales.

En otros casos, la información existe, pero carece de calidad mínima: no está fechada, no se indica cuándo fue actualizada o se presenta en formatos que impiden el tratamiento y el análisis de los datos. El CTBG señala expresamente el caso de Vox, cuyas cuentas anuales están publicadas en archivos que no permiten copiar ni reutilizar la información.

Esta combinación de ausencias, desactualización y formatos opacos vacía de contenido práctico el deber de publicidad activa y convierte los portales de transparencia de los partidos en repositorios incompletos, más orientados al cumplimiento formal que a la rendición de cuentas efectiva.

La base jurídica de estas exigencias no ofrece margen a la ambigüedad. Los partidos políticos están sujetos a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en tanto que perceptores de financiación pública. La norma les obliga a difundir de oficio información relevante sobre su organización, su actividad económica y la retribución de sus altos cargos.

Sin embargo, el propio diseño institucional del sistema de transparencia explica en parte la persistencia del incumplimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no dispone de un régimen sancionador efectivo en materia de publicidad activa. Su capacidad se limita a evaluar, formular recomendaciones e instar al cumplimiento, además de hacer públicos informes como los de 2025, cuyo principal efecto es el reproche reputacional. Las sanciones económicas y las consecuencias jurídicas más severas quedan, en la práctica, fuera de su alcance.

La citada norma establece que las obligaciones fijadas en su Capítulo II, entre ellas publicar “las retribuciones percibidas anualmente por sus altos cargos y máximos responsables”, así como “las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo” (artículo 8.1.f), son de aplicación a “los partidos políticos” (artículo 3).

Y deben cumplirse mediante su publicación “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización” (artículo 5.4).

Además, la ley establece que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos” (artículo 5.5).

El balance que dejan las evaluaciones de 2025 apunta a un patrón reconocible: los partidos cumplen cuando el coste político es bajo y se resisten cuando la información afecta al núcleo del poder interno. Publicar estatutos, códigos éticos o memorias de actividad tiene un impacto limitado; revelar cuánto cobran los líderes, en cambio, expone a las formaciones a la crítica pública y a comparaciones incómodas en un contexto de desafección política.

Bajo el título Los jóvenes son más de derechas que nunca,  El País (02/11/2025) destaca tres factores determinantes:

Este giro se confirma atendiendo al sondeo de Sigma Dos en El Mundo (17/01/2026) que subraya la consolidación de la desconexión con el Gobierno por parte de la juventud que critican ferozmente la gestión de fondos y la falta de soluciones reales al problema de la vivienda. Los jóvenes ya no compran el discurso de los "logros macroeconómicos" cuando su realidad microeconómica (alquileres que consumen el 70% del salario) es asfixiante, y revela una juventud que busca respuestas fuera de los partidos tradicionales (PSOE/PP), moviéndose hacia una derecha más radicalizada.

Estos datos parecen confirmarse si atendemos a los Barómetros del CIS (2023-2025) que muestran el cruce de curvas donde los jóvenes de 18-24 años superan en autoubicación ideológica (escala 1-10) al grupo de 45-55 años por primera vez.

Por otra parte una Encuesta Social Europea (ESS) confirma que la "reacción" contra el cambio cultural es el motor principal de los varones jóvenes, pues según la teoría de la "Sociedad del Riesgo" de Ulrich Beck) los jóvenes perciben que el Estado ya no les protege de los riesgos globales (clima, crisis, inmigración), por lo que optan por la seguridad del discurso de soberanía y fronteras, lo que explica que Vox y formaciones similares tengan su mayor nicho de crecimiento en los menores de 35 años, superando en intención de voto directa al PSOE en ciertos subgrupos.

Este cambio en la mentalidad juvenil no es uniforme, ya que parece que está surgiendo un abismo ideológico entre mujeres jóvenes (más escoradas al progresismo/feminismo) y hombres jóvenes (hacia el conservadurismo), aunque en ambos sectores los partidos de izquierda han perdido el monopolio de la esperanza y la innovación política y posiblemente esta tendencia se volverá irreversible, si los partidos de izquierda no reformulan su mensaje sobre vivienda y seguridad laboral, lo que implicaría una base de votantes fieles y renovada a la derecha que podría garantizarle  la hegemonía en la próxima década.

Podríamos hablar de fractura generacional de género, donde el dato clave es que la suma de PP y Vox ronda el 51,5% del voto entre los menores de 30 años, pero este porcentaje esconde realidades muy distintas según el sexo:

Para los hombres jóvenes de la Generación Z/Alpha la derecha ha dejado de ser una opción de "orden" para convertirse en una opción de "resistencia", lo que ocasiona que un 21% se sitúe en la derecha radical causado por diversas causas como el sentimiento creciente de que la igualdad institucional y las leyes de género los señalan directamente, y les hacen percibir al feminismo actual como "excluyente", lo que se une al sentimiento de frustración por su difícil acceso a la vivienda y la inflación en todos los sectores que precariza sus salarios. Estas creencias son alimentadas por las redes sociales (TikTok, YouTube, Twitch) que son su principal dieta informativa,  y que les incitan a "reaccionar" contra los medios de comunicación tradicionales, que se consideran como parte del establishment progresista.

Resultado: El crecimiento de Vox es especialmente fuerte en este grupo, pasando del 13% a casi el 20% en algunos tramos de edad masculina.

Si analizamos al sector femenino joven también encontramos un ligero desplazamiento hacia el centro-derecha (especialmente hacia el PP),  ya que las mujeres mantienen un perfil mucho más vinculado a valores progresistas y solo un 11% se identifica con la derecha radical. La mayoría se sitúa en posiciones de centro-izquierda o progresismo liberal.

Esta disparidad viene originada porque para ellas las políticas de igualdad, diversidad y protección climática siguen siendo pilares fundamentales en su identidad política y aunque igual que los hombres, también sufren precariedad laboral,  su respuesta suele ser la demanda de mayores servicios públicos y protección social, no el desmantelamiento del Estado, a lo que se une la desconfianza al auge de figuras hipermasculinizadas en las redes sociales, generándose una barrera de entrada para votar a partidos que cuestionan consensos feministas.

Este hecho explica que aunque el PP crece entre ellas como opción de "gestión útil", el bloque de izquierdas (PSOE/Sumar) resiste mucho mejor en este segmento que entre los varones.

Es un hecho que el uso de las redes sociales es el motor de la fragmentación ideológica, pues para los jóvenes las redes ya no son solo herramientas de comunicación, sino espacios de socialización política, donde TikTok es la red principal para el votante de 18 a 24 años orientado al storytelling rápido, donde los hombres: consumen contenido de "reacción" y cortes de intervenciones parlamentarias agresivas y las mujeres un contenido más ligado a la identidad, derechos civiles y blogs personales de políticas que muestran su día a día (estilo Sumar o perfiles jóvenes del PSOE).

En segundo lugar esta Twitch que se ha convertido en el sustituto de las tertulias nocturnas, de perfil mayoritariamente masculino controlado por partidos como Vox o figuras como Alvise Pérez, que han capitalizado este formato participando en programas de streamers donde el tono es informal, permitiendo lanzar mensajes radicales sin el filtro de un periodista crítico.

Instagram esta más orientado a la mujer joven urbana y de clase media-alta, dominando aquí el PP con una estética muy cuidada, enfocándose en un estilo de vida aspiracional y en la "libertad" de gestión.

Esta separación en el uso de las redes está provocando que hombres y mujeres jóvenes vivan en realidades paralelas, donde los algoritmos que controlan las redes hace que a un hombre rara vez se le mostrará contenido sobre brecha salarial y una mujer joven rara vez le mostrará contenido sobre la crisis de la masculinidad o críticas a la ley de libertad sexual.

Esta segmentación algorítmica es la que explica por qué, en una misma cena, un hermano y una hermana pueden tener visiones del país que parecen de siglos diferentes.

 La diferenciación de contenidos de las redes no es fruto de una sola causa, sino de una confluencia perfecta de tres factores: el modelo de negocio, la psicología del usuario y la respuesta de los partidos políticos.

Para una red social (propiedad de corporaciones como Meta, ByteDance o Google), el contenido es secundario; lo primario es el tiempo de permanencia, para ello cada red vende un "estado de ánimo" distinto para atraer diferentes presupuestos publicitarios, mientras Instagram vende aspiración y estética (ideal para marcas de moda y partidos que quieren parecer modernos/moderados), TikTok vende entretenimiento y autenticidad cruda (perfecto para mensajes rápidos y emocionales). Su orientación esta orientada comercialmente, a la red le conviene mostrarte lo que ya te gusta para que no cierres la app. Esto crea las "cámaras de eco": si un joven interactúa con un video de "crítica al feminismo", el algoritmo le dará 100 más, no por ideología, sino porque sabe que eso lo mantiene conectado.

¿Por qué se orientan a los jóvenes? Porque la juventud es el grupo demográfico más valioso por dos razones que no son estrictamente comerciales: la primera es su plasticidad ideológica, ya que a diferencia de un votante de 60 años, que suele tener el voto decidido, el joven está en una etapa de formación de identidad. Es el momento donde los "impactos" pueden cambiar una trayectoria vital de voto. La segunda el que los jóvenes siempre buscan diferenciarse de la generación anterior. Si la generación de sus padres o profesores es percibida como "progresista institucional", la nueva rebeldía (y el algoritmo lo potencia) se mueve hacia el extremo opuesto.

Este hecho ha causado que los partidos políticos han entendido que las redes sociales son canales de desintermediación que evitan filtros periodísticos, así en un video de TikTok o un directo de Twitch, el político no tiene a un periodista que le repregunte o verifique sus datos. Pueden lanzar mensajes directos al "sentimiento" del joven. por otro lado la segmentación por género orienta a los partidos a lanzar mensajes "a medida, mensajes diferentes para los hombres jóvenes de Twitch/YouTube de los orientados a las mujeres en Instagram/TikTok". Esto no es casualidad; es microtargeting político.

En conclusión: La segmentación es una estrategia comercial (las redes quieren tu tiempo), pero su orientación política es una causa estratégica de los partidos, que aprovechan esa infraestructura para moldear a la generación que decidirá el futuro del país. 

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José Luis Carpintero Avellaneda es socio de infoLibre.

El mundo está en plena transformación, con un Donald Trump que parece más que dispuesto a golpear a quien no se muestre dispuesto a doblegarse a su dictado, empezando por Venezuela y siguiendo con Groenlandia. Sin embargo, y pese a las repercusiones geopolíticas de todos los movimientos del presidente de Estados Unidos, muchos actores políticos se resisten a analizar las consecuencias y a tomar partido de manera clara. En el plano europeo, Bruselas evita soliviantar al presidente estadounidense. En este contexto, la derecha europea está siendo especialmente tímida, tanto en gestos como en palabras.

Los políticos evitan, a menudo, realizar un análisis sosegado sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional. Un trabajo que sí le suelen dedicar las fundaciones de los partidos. El objetivo primordial de estas organizaciones es desarrollar el pensamiento político de una determinada ideología o grupo de interés. En el caso de la derecha española, son dos las fundaciones vinculadas a los dos grandes partidos: Reformismo21 (PP) y Disenso (Vox). Sin embargo, ninguna de ellas le ha dedicado ni una línea a Trump en las últimas semanas, aunque en el caso de la fundación de Vox sus análisis son mucho más numerosos.

La que sí lo ha hecho es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente José María Aznar, tras el ataque de EEUU sobre Venezuela en la madrugada del 3 de enero, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro. "Un relevo en el liderazgo sin una transición hacia la democracia no es la expectativa que merece una nación hecha prisionera por la narcodictadura que usurpa su Gobierno. Tutelar ese proceso es una cosa, colonizar el país con tal pretexto, otra muy distinta”, señaló FAES. "Lo que demanda la Venezuela devastada por el chavismo es un proceso de nation-building, precisamente el tipo de acción política denostada por el movimiento MAGA y del que Trump reniega cada vez que tiene oportunidad", añadió.

También calificó de "suma torpeza" que las declaraciones de Trump nada más producirse la intervención militar cuando denostó a la oposición venezolana. "En Venezuela no se puede ir 'de la ley a la ley' [como dijo Trump] porque no existe la mínima institucionalidad desde la que transitar, apoyándose en ningún 'chavismo reformista", remarcó la fundación de Aznar. Desde hace dos décadas FAES ha sido el sustento ideológico de la derecha, tanto en política nacional como, sobre todo, en política exterior, pero ni el PP ni Vox respaldaron el editorial. En el caso de la formación de Alberto Núñez Feijóo, insistieron en que "el PP no es FAES".

Lo cierto es que a pesar de la ruptura formalizada en el año 2016 tras años de tensiones, de lecturas de cartilla y de críticas a la gestión del expresidente Mariano Rajoy –el hombre que Aznar eligió para liderar el PP–, FAES sigue siendo una brújula para el PP. Es, sin dudas, más influyente que cualquiera de los intentos posteriores de Génova de crear una fundación propia. Ni Humanismo y Democracia (H+D), vinculada al PP de Rajoy, ni Concordia y Libertad, auspiciada por Pablo Casado, ni tampoco Reformismo 21, el nombre con el que la bautizó Alberto Núñez Feijóo en 2023, han logrado alcanzar el protagonismo que sí tiene FAES. Desde la dirección de Reformismo21 explican a infoLibre que su trabajo es "de puertas para dentro" y dejan el papel de laboratorio de ideas a la sombra del poder a la organización dirigida por Aznar, que también alberga a muchas caras conocidas del PP.

Un año después de su aterrizaje en Madrid, Feijóo marcó como uno de sus grandes objetivos relanzar la fundación del PP. El dirigente gallego presentó Reformismo21 en marzo de 2023. Su nombre, en palabras del líder del PP, se debe a que los mejores momentos de la historia coinciden "con periodos reformistas". "Todo lo que está llamado a perdurar, necesita reformarse", dijo durante su presentación, para añadir que "siempre es mejor modernizar que romper". Aunque el líder del PP aseguró que con este proyecto se buscaba la participación de la sociedad civil, ya desde el primer momento la presentó acompañado de exministros como Fátima Báñez, Román Escolano y exdirigentes como Luis Garicano. Todos ellos forman parte del Consejo Asesor, presidido por Feijóo.

El líder del PP eligió como director general a un gallego, Pablo Vázquez, un economista ligado a los Gobiernos de Aznar y de Rajoy: presidente de Ineco y de Renfe, pasó también por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo y formó parte del gabinete del presidente en La Moncloa. También hay nombres del mundo deportivo como el de Toni Nadal, tío y exentrenador del famoso tenista, y otros como el de Noah Higón, especialmente conocida tras su paso por La Revuelta, programa en el que contó cómo es vivir con siete enfermedades raras.

Reformismo 21 reconoce que "no es independiente del Partido Popular, al que está adscrito mediante un convenio", pero asegura que "es autónoma". La última publicación de la fundación del PP data del 24 de julio de 2025, y en ella se abordaba el "fenómeno complejo" de la inmigración tras los incidentes de Torre Pacheco bajo el título Inmigración: menos eslóganes y más acción. La anterior es del 6 de junio de ese mismo año, y en ese caso tenía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como protagonista, por la "estrategia de socavamiento de la independencia e imparcialidad de las instituciones", incidiendo en el caso del Banco de España.

Hay que remontarse al 14 de marzo del pasado año para encontrar en la web de Reformismo 21 un análisis en clave internacional. Con el título Europa dormía y ha despertado, la ilustración que lo acompaña es un montaje con las caras del estadounidense Donald Trump, su homólogo chino, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin. Así, el editorial afirma que "la hostilidad manifiesta de Trump a Europa, a quien considera un enemigo en lo comercial y un lastre en lo militar, y su cambio de postura sobre la invasión rusa de Ucrania dejan a la UE en una situación vulnerable e inédita". Una crítica que no ha verbalizado ningún dirigente del PP.

Es más, la publicación destaca que hay una "nota optimista" y es que PP y PSOE "comparten alineamiento con la causa europea, lo que demuestra que la más firme oposición al Gobierno es compatible con los consensos de Estado básicos". Lo cierto es que la postura del líder de la oposición no se aleja demasiado de la del presidente del Gobierno pese a sus ingentes esfuerzos por tratar de escenificar lo contrario. Es más, el internacional es un terreno de juego en el que Sánchez se maneja mucho mejor que él y que ha logrado auparlo como uno de los principales referentes de la socialdemocracia.

Tras la victoria del magnate, en noviembre del 2024, la fundación de referencia del PP también publicó una reflexión sobre lo que podría implicar un segundo mandato del estadounidense. "La victoria de Donald Trump es un indicador elocuente de la crisis del liberalismo, y no solo por su defensa de un orden económico que reniega del librecambio y evoca un proteccionismo de otro tiempo: ni sus problemas con la justicia, ni su desdén por las instituciones parecen pasarle factura, porque ha cundido el descreimiento en el sistema. Y esta es una verdad transoceánica", se lee. Sin embargo, en Génova se limitaron a felicitar a Trump, sin mayor análisis, y a través de su entonces secretaria general, Cuca Gamarra, pidieron "un tiempo de entendimiento con la Unión Europea y la OTAN".

De los recientes acontecimientos internacionales no hay rastro en en las publicaciones de Reformismo 21.

En el caso de la Fundación Disenso, se dio a conocer en octubre de 2020 con el lanzamiento de un manifiesto: la denominada Carta de Madrid. Según los datos de la fundación, lo suscribieron 10.000 firmantes de 27 países. Entre ellos se cuenta en uno de los primeros lugares Eduardo Bolsonaro, hijo y discípulo aventajado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. También aparece José Antonio Kast, presidente electo de Chile y defensor del golpe sangriento de Augusto Pinochet.

Su presidente es el líder del partido, Santiago Abascal, y tiene entre sus patronos al eurodiputado Herman Tertsch, al exministro de Relaciones Exteriores de Brasil con Bolsonaro, Ernesto Araújo, y al editor jefe de La Gaceta de la Iberosfera, Agustín Benito, entre otros. El programa de Disenso mira especialmente a Latinoamérica y reivindica la "Iberosfera", uno de los conceptos fetiche de Vox, que incluye España, Estados Unidos y América Latina.

Es más, la formación de líderes se inserta en una línea estratégica de Vox: la búsqueda de alianzas con derechas radicales americanas, incluido el trumpismo, y la incorporación de sus discursos y prácticas en España. Su objetivo es "dotar a los futuros líderes de la Iberosfera de herramientas para combatir el avance del comunismo", en palabras del director de la fundación, Jorge Martín Frías, que esta misma semana ha viajado a la capital estadounidense y ha mantenido reuniones y contactos en distintos niveles del Ejecutivo de Donald Trump y del Capitolio, según el diario ABC.

Sus publicaciones abordan desde asuntos como la catedral de Toledo (en su última publicación que data del 13 de enero, en el marco de su octavo centenario), a editoriales celebrando la victoria de Kast, pero no hay rastro del ataque sobre Venezuela y tampoco de sus amenazas sobre Groenlandia, una cuestión a la que Vox admitió no haber dedicado "ni medio nanosegundo" por ser "incompetentes" sobre la materia.

En el análisis sobre Kast, además de celebrar el éxito de uno de sus grandes aliados en Latinoamérica, también tratan de desmentir "la creencia demoscópica más dañina para la derecha española desde la Transición, la de que España es un país de centroizquierda". "El PP está convencido de que sólo puede derrotar a los socialistas cuando a éstos les sacude una crisis económica o una oleada de escándalos de corrupción, y siempre que prescinda de las ideas propias y sólo hable de 'gestión'", señalan.

Para encontrar una publicación con Trump en el titular hay que remontarse al 2 de diciembre, escrita por el periodista Víctor Leonore. En ella, titulada Trump y Ronaldo, encuentro en la Casa Blanca con 1500 millones de fondo, se aplaude la decisión de EEUU de "albergar la Copa del Mundo durante las celebraciones del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia" y se asegura que la cena posterior fue "uno de los más masivos y efectivos [acontecimientos] de 2025 en el plano mediático y diplomático".

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sigue dando la victoria electoral al PSOE, elaborada en pleno estallido del caso Salazar, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular, según informa EFE.

Según la encuesta, con 4.017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4%, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4% de respaldo electoral.

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6%, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8 %, Podemos se queda en el 4,1 % y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4% de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).

El PSOE ha concluido el expediente abierto al exasesor de Moncloa Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual presentadas por dos militantes y ha confirmado que su conducta supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales, contraria al Código ético y de conducta del partido, lo que impedirá su regreso automático como militante si lo solicita, según informa EFE.

En rueda de prensa, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado que el contenido del informe es confidencial, pero ha garantizado que si las denunciantes quieren acudir a la justicia contarán con el apoyo político del partido, que les ofrece también asistencia psicológica si lo precisan.

En el caso de Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, el partido ha decidido abrirle un expediente informativo como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado, con el fin de recabar información y esclarecer los presuntos hechos.

En el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 12 de noviembre, el presidente Sánchez denunció la corrupción inmoral de la privatización de servicios públicos que “… se sufre a diario. En las listas de espera…, y en los hospitales masificados…, y en los bolsillos de millones de hogares”. Ponía un ejemplo: “Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad que se apaga poco a poco, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas…”. Y añadía: “El patrón es claro. El PP se dedica a debilitar y vender la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a una clínica privada, pagada con los impuestos de todos, o con el dinero de su propio bolsillo”. La pregunta es: ¿el Gobierno de España no puede hacer nada frente a esta situación? Es cierto que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas (CCAA), que hoy el PP gobierna en la mayor parte de éstas, y que deben responder de su mala gestión. Pero conviene recordar también que el sistema de financiación, el catálogo de prestaciones, la política de medicamentos, la coordinación y planificación general de la sanidad, la alta inspección y otras funciones importantes del Sistema Nacional de Salud (SNS) son competencia del Gobierno y del Parlamento de la Nación.

El SNS, después de casi cuarenta años desde su creación, ha rendido un excelente servicio a la sociedad. Ha contribuido a lograr un buen nivel de salud de la población y un alto grado de cohesión social, ofreciendo una cartera de servicios completa, que incluye la salud pública, la atención primaria, la atención hospitalaria, los medicamentos y otros servicios complementarios. Pero desde 2010 se detecta un deterioro progresivo, con peor valoración de la población, y con aumento del número de personas que debe recurrir a la sanidad privada (un 25,9% de la población ya tiene seguro privado).

Sin duda parte de ese deterioro tiene que ver con las decisiones de algunos gobiernos autonómicos del PP que apuestan por la gestión privada de los servicios sanitarios. Pero la mayor parte de ese deterioro se debe a los recortes que se realizaron en 2010-2014, que no se han recuperado; a un aumento de la demanda por envejecimiento de la población; a un gasto ineficiente en medicamentos por sobre precios abusivos; y a dificultades de coordinación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las CCAA, incluyendo la capacidad de control y garantía de calidad para asegurar una atención sanitaria equitativa en todo el SNS. Es decir, la sanidad pública española, además de la orientación privatizadora de gobiernos del PP, tiene problemas de financiación y problemas estructurales (de coordinación y de gobierno) que requieren un replanteamiento a fondo. Por tanto, la salvación del SNS no depende solamente de una mejor gestión de las CCAA, depende, también, del liderazgo del Gobierno de España, asegurando, por un lado, la financiación suficiente en el nuevo modelo de financiación autonómica y, por otro lado, favoreciendo una gestión más eficiente con los cambios estructurales precisos.

En cuanto a los recursos necesarios, según el Ministerio de Hacienda, los ha habido: “Durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas habrán recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores”. Además, el Estado asume una deuda de 83.252 millones que pesaba sobre las CCAA. Esto habría supuesto 54.714 millones de euros anuales más para las mismas. Por otro lado, los recortes de la sanidad pública realizados en 2010 y años siguientes se estiman en 20.000 millones de euros anuales. Quiere decir que, en los últimos años, se han transferido a las CCAA recursos suficientes para haber podido recuperar el gasto sanitario público y responder a las necesidades de atención actuales. Pero, sin embargo, mientras la sanidad pública continuaba su lento proceso de deterioro, esos recursos se han destinado a otros fines. Esta cuestión debería resolverse en la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (anunciada por la ministra de Hacienda el pasado 17 de noviembre): el Gobierno de España y el Parlamento de la Nación deben asegurar que en el nuevo modelo la sanidad recibe los recursos necesarios y equitativos en todas las CCAA (instaurando los mecanismos de reparto, los controles de ejecución y los sistemas de corrección que se precisen).

En lo referido a los cambios estructurales nos referimos a la necesidad de refundar el SNS, dotándole de mayor capacidad de gobierno, reforzando el Ministerio de Sanidad y convirtiendo el Consejo Interterritorial del SNS en un órgano de carácter federal que pueda adoptar decisiones vinculantes, y se dote de unidades cualificadas (agencias o similares) que le permitan establecer estándares de calidad (incluyendo dotación suficiente de personal y tiempos máximos de espera), así como optimizar los sistemas de compras y fijación de precios (especialmente de medicamentos), los sistemas de información, la coordinación en la prestación de servicios, los sistemas de evaluación, la formación continuada de personal y la exigencia de unos mecanismos de remuneración adecuados. El SNS (Gobierno de España y de las CCAA) debe garantizar el acceso a servicios sanitarios públicos de calidad en cualquier lugar del territorio nacional, contemplando la posibilidad de recuperar, de forma excepcional, la gestión de los servicios transferidos en caso de incumplimiento de las obligaciones de las CCAA, para evitar el deterioro de la sanidad pública y el sufrimiento de los pacientes. Muchas de estas medidas requieren el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos y de los Gobiernos nacional y autonómicos. Parece imposible, pero es absolutamente necesario, y cada vez más urgente, si queremos consolidar y mejorar el SNS.

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

Los detenidos en la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Almería han subido a cinco, tras confirmarse el arresto de un técnico de Obras Públicas y del hijo del alcalde de Fines (Almería), según han señalado a EFE fuentes de la investigación y de la UCO.

Estos arrestados se suman a los tres cargos públicos arrestados inicialmente: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García (PP); el vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP).

El operativo, tutelado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, incluye el desarrollo de registros en distintos domicilios y dependencias oficiales durante la mañana, sin que por el momento hayan trascendido los delitos concretos investigados ni si esta actuación se enmarca directamente en el caso mascarillas, aunque fuentes cercanas al caso señalan que se trata de una pieza separada.

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado que la operación “viene a confirmar lo que veníamos diciendo desde el minuto uno”, al sostener que la UCO “ha encontrado los indicios que había desde hace años” y que apuntarían a la existencia de “una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del PP en Almería centrada en la manipulación de contratos públicos en el seno de la Diputación”.

Martín ha calificado los arrestos de este martes como “la punta del iceberg” y ha reclamado la salida inmediata de los detenidos “de las instituciones y de todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular”.

Ha añadido que esta exigencia política “recae sobre los hombros de Moreno Bonilla y de Feijóo”, a quienes ha pedido que “aparten urgentemente a Javier Aureliano García, a Fernando Giménez y a cualquier otra persona implicada en esta causa”.

El dirigente socialista ha recordado que el PP “ha sido capaz de mantener en sus puestos a altos cargos imputados en el caso mascarillas sin un solo reproche”, y que el propio presidente provincial “ha sido capaz de mantener durante años en sus cargos a un alcalde o a un vicepresidente de la Diputación pese a las imputaciones que hay sobre ellos”.

Martín ha explicado que, según la información que manejan, la operación incluye registros “en despachos oficiales y en domicilios particulares de las personas implicadas”, aunque ha reiterado que el PSOE evitará efectuar declaraciones que puedan interferir en la investigación judicial.

El caso mascarillas, en el que ya se encontraban investigados Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia.

A principios de mes, el PSOE había solicitado que se tomase declaración como testigo a Javier A. García por “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y por nuevos datos del atestado de la UCO fechado el 25 de abril.

La coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, ha exigido este martes la dimisión inmediata de todos sus cargos del presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, Javier Aureliano García, tras ser detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso mascarillas.

En dicha causa fue detenido e investigado el vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, quien es también sobrino de Rodrigo Sánchez. “Estaba claro que Liria no había actuado sin que los demás se enteraran”, ha manifestado Amate en declaraciones a EFE.

“Lo que esperamos es la dimisión inminente de Javier Aureliano de todos sus cargos. Óscar Liria dimitió de todos sus cargos inmediatamente, algo que fue solicitado por sus propios compañeros”, ha añadido.

Ha recordado que Giménez, investigado, no había dimitido, y ha precisado que aunque no fue detenido en su día, sí lo ha sido ahora junto a García. “Cuando lo han detenido es porque habrán visto algo en el grupo de WhatsApp de los Naranjitos, ha apostillado.